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Rodrigo Medina

Abogado, magíster en Derecho Penal U. Autónoma de Barcelona

Etiquetas: , , » Publicado: 29/11/2012

Reforma Penal y delitos contra la vida

No seria raro, por ende, hablar de una “sexualización de la respuesta penal” que, incluso, se refleja en el hecho de la introducción de una figura que apunta a una protección de genero, como es el “femicidio”.

Se ha recibido con beneplácito el anuncio presidencial (que no es el primero de un Presidente en los últimos diez años) para modificar nuestro vetusto Código Penal y no puedo dejar pasar la oportunidad para advertir sobre la necesaria modificación de los delitos contra la vida humana independiente.

Sea por olvido del legislador, confiándose en que el núcleo de lo punible es inalterable o por una particularización de la respuesta penal en estos delitos, lo cierto es que en aproximadamente veinte años sólo dos de cerca de dieciocho normas que han modificado la Parte General y Especial del Código Penal y, por contrapartida, diez de ellas han tenido cono objetivo la reforma de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

No seria raro, por ende, hablar de una “sexualización de la respuesta penal” que, incluso, se refleja en el hecho de la introducción de una figura que apunta a una protección de genero, como es el “femicidio”.

Creemos que el estado de los delitos del Titulo VIII del Libro II del Código Penal no resiste un minuto más. De partida su ubicación, debe ser modificada para dar primacía en un nuevo Código a los bienes jurídicos individuales y la nomenclatura (“Delitos contra las personas”) alterada, toda vez que esta referencia (“personas”) no contribuye a una correcta referencia de lo protegido y solo apunta a polémicas estériles.

Pero no sólo eso. Creemos que, aún cuando novel, el legislador debe abordar esta figura (¿o sólo nomen juris?) del femicidio, definiendo adecuadamente el interés protegido; debe decidir la continuidad o derogación del infanticidio como figura privilegiada y del propio parricidio, cuyos fundamentos han quedado en entredicho al incorporarse al conviviente como sujeto; debe hacerse cargo de mantener o no muchas de las actuales califica tes del homicidio y debe referirse en serio a la posibilidad de disposición, en ciertas circunstancias, del bien jurídico vida humana acogiendo ciertas formas de eutanasia.

Comentarios del artículo: Reforma Penal y delitos contra la vida - Publicado: a las 1:37 pm

Etiquetas: , , , , » Publicado: 26/10/2012

Caso Sobreprecios: algunas dudas

Debe aclararse que una tendencia a penalizar toda irregularidad administrativa puede resultar aliviadora a corto plazo, pero un signo de ineficiencia a mediano y largo. Una autoridad prudente, en ejercicio de su discrecionalidad, no puede ser una mera correa transmisora de hechos.

Acicateado por las palabras de mi ex compañero y tocayo, el ministro del Interior, quien ofreció una clase de Derecho a un periodista, quisiera pleantar algunas dudas que, humildemente, me surgen del caso Sobreprecios:

1.- ¿Por qué el ministro o el subsecretario no hicieron denuncia de este hecho? En este punto, hay que señalar que los funcionarios públicos y autoridades deben por Ley denunciar los hechos irregulares de que tengan conocimiento y los crímenes o simples delitos que conozcan en el ejercicio de sus cargos al Ministerio Público.

¿Por qué el tribunal le concedió al propio subsecretario no una, sino dos oportunidades para corregir la querella? Esto también es dudoso, dado que la ley permite otorgar un plazo de tres días para subsanar los defectos formales de ese libelo, nada más. El otorgamiento de un nuevo plazo resulta extraño.

Si es cierto lo que el ministro Hinzpeter expresó (esto es, que el subsecretario Ubilla se querelló y lo hizo como “persona natural”) nunca la autoridad hizo lo que debía, es decir, denunciar el hecho, y debe recordarse que la autoridad o funcionario que no denuncia un delito comete una falta penal. Esto lo aseveramos ateniéndonos a la voluntad declarada de acudir a la vía penal en desmedro de la administrativa, que ha señalado el Ministerio del Interior.

2.- ¿Podía el subsecretario Ubilla querellarse como persona natural, tal como manifestó el ministro? Esto es mas que dudoso, porque el articulo 111 del Código Procesal Penal permite que se pueda querellar cualquier persona capaz de parar en juicio, tratándose, entre otros, de delitos “contra la probidad pública”. Lo que sucede es que esta última categoría no es una legal y debe hacerse un esfuerzo importante para sostener que es la “probidad pública” (interés no definido para efectos penales y ciertamente no aplicable a los privados prima facie) el interés afectado por los sobreprecios.

3.- ¿Por qué el tribunal le concedió al propio subsecretario no una, sino dos oportunidades para corregir la querella? Esto también es dudoso, dado que la ley permite otorgar un plazo de tres días para subsanar los defectos formales de ese libelo, nada más. El otorgamiento de un nuevo plazo resulta extraño.

4.- ¿Amerita el caso sobreprecios una acción penal? En este sentido, la autoridad tiene discrecionalidad aunque la prudencia recomienda haber comenzado previamente el sumario administrativo y cuando apareciesen indicios más o menos claros de ilícito penal (situación que podría darse, v.gr. cuando el Fiscal sumariante hubiese propuesto cargos) hacer la denuncia correspondiente.

A este respecto, debe aclararse que una tendencia a penalizar toda irregularidad administrativa puede resultar aliviadora a corto plazo, pero un signo de ineficiencia a mediano y largo. Una autoridad prudente, en ejercicio de su discrecionalidad, no puede ser una mera correa transmisora de hechos.

Comentarios del artículo: Caso Sobreprecios: algunas dudas - Publicado: a las 11:42 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 31/08/2012

Abusos sexuales y presunción de inocencia

La defensa del Estado democrático de derecho exige, a veces, no seguir las percepciones populares, máxime cuando ellas sólo apuntan a la vindicta privada.

Me llamó la atención una noticia de la semana pasada: un padre, movido por la ira, quemó el automóvil de una persona sindicada como autora del delito de abuso sexual. Al preguntársele el motivo de su actuación expresó: “Lo hice por mi hija y por las otras niñas abusadas”. El fiscal decidió no pedir la prisión preventiva porque había actuado, como padre, movido por ” motivaciones pasionales “.

Mi columna no será popular. Y no lo será porque me referiré a “pariente pobre” de la historia: la presunción de inocencia.

¿Es que acaso el sindicado por el delito de abuso no goza de este derecho? Lamentablemente, para los partidarios de quien quemó su vehículo, sí tiene ese derecho, tanto como quien comete un homicidio, un robo o maneja en estado de ebriedad. ¿Por que, entonces, parece no tenerlo? Me atrevo a dar una respuesta: porque los operadores jurídicos son sensibles a eso que La Tercera denominó las “percepciones ciudadanas” sobre lo justo o injusto.

Alguien podría pensar que las motivaciones del padre, abrumado por el presunto delito, lo autorizan a ejecutar ese hecho. Pero ¿no esgrimió o esgrimen los criminales motivos cuál mas profundos para la ejecución de estos hechos? “El infierno esta empedrado de buenas intenciones”, afirma la sabiduría popular acertadamente.

Pero ¿qué sería de nuestro Estado democrático de derecho si tales percepciones triunfaran en este ámbito? En mi humildísima opinión, sería el mayor retroceso cultural y político en años. Si cada cual enarbolase la potestad de decidir los conflictos significaría el retorno a eso que los abogados denominamos rimbombantemente los “antecedentes jurisdiccionales” que tienen un carácter excepcionalísimo, la auto tutela, la venganza privada.

Alguien podría pensar que las motivaciones del padre, abrumado por el presunto delito, lo autorizan a ejecutar ese hecho. Pero ¿no esgrimió o esgrimen los criminales motivos cuál mas profundos para la ejecución de estos hechos? “El infierno esta empedrado de buenas intenciones”, afirma la sabiduría popular acertadamente.

Otros afirmarán que el actuar del padre tiene razón “en lo humano”, en el sustrato más íntimo que tienen los seres humanos, en eso que no es jurídico ni  legal. Yo replico a ello: Si hemos llegado a las democracias actuales es porque hemos hecho imperar, por sobre todas estas razones “no jurídicas”, la razón del derecho. Si el padre incendiario tiene razón, no es él ni este es el momento para declarar la culpabilidad del presunto abusador.

La defensa del Estado democrático de derecho exige, a veces, no seguir las percepciones populares, máxime cuando ellas sólo apuntan a la vindicta privada.

Comentarios del artículo: Abusos sexuales y presunción de inocencia - Publicado: a las 5:07 pm

Etiquetas: , , » Publicado: 08/08/2012

La muerte del tigre

La muerte de “Pampa”, el tigre blanco del Zoo Metropolitano, más allá de el tema del estado de necesidad que habría llevado a su sacrificio, esto es, la inevitable respuesta de los compañeros del guardia atacado frente a la agresión del animal, me ha llevado a algunas reflexiones y sobre todo preguntas. Si la muerte […]

La muerte de “Pampa”, el tigre blanco del Zoo Metropolitano, más allá de el tema del estado de necesidad que habría llevado a su sacrificio, esto es, la inevitable respuesta de los compañeros del guardia atacado frente a la agresión del animal, me ha llevado a algunas reflexiones y sobre todo preguntas.

Si la muerte de “Pampa” era inevitable, porque estaba en peligro inminente la vida del guardia… ¿qué llevó a que esa situación de necesidad existiese?

No debemos olvidar que el tigre es un animal salvaje y peligroso, pero era, a la vez, un bien del Estado. Y un bien muy valioso, por su escasez.

Entonces, ¿qué se hacia para cuidar y cuidarse de este bien peligroso y valioso a la vez?

Partamos por el peligro: ¿No era, acaso, preferible que el cuidado de un tigre estuviese reservado a más de una persona? ¿O que la alimentación estuviese reservada a dos cuidadores? Porque parece del todo inapropiado que se haya aludido a una supuesta “familiaridad” tratándose de la relación entre un animal salvaje y su cuidador. Ante esto, ¿Qué señala el famoso protocolo al que ha aludido el director del Zoo?

Enseguida, respecto del carácter valioso del bien (no hay más de 200 tigres blancos en cautiverio y menos en estado natural) ¿qué dice el famoso protocolo del cuidado de un animal en vías de extinción? Debemos recordar que el resguardo de los bienes públicos es un deber que le corresponde a todas las autoridades y funcionarios públicos, tal que su menoscabo o inutilización es considerado una falta a la probidad.

Creo, sin temor a equivocarme, que la muerte de “Pampa” se llevará al terreno del estado de necesidad y en ese escenario no hay nada que discutir porque el abrazo del tigre es suficiente situación de necesidad para cualquier hombre medio.

Pero, si nos atenemos a la falta de previsión que llevó a esa aparente situación de necesidad, a ese inevitable desequilibrio de bienes jurídicos, la discusión está lejos de encontrarse zanjada y especialmente la responsabilidad de las autoridades y jefaturas para averiguar qué se hizo o dejó de hacer para que esta muerte llegase a ser inevitable.

Comentarios del artículo: La muerte del tigre - Publicado: a las 12:58 pm

Etiquetas: , , , , » Publicado: 18/05/2012

La sabiduría de lo obvio

Una serie de afirmaciones desde el mundo jurídico y periodístico han surgido con motivo de las formalizaciones por el caso del tsunami del 27 de febrero de 2010. Aquí, una vista al mal uso del lenguaje (con o sin intención) que debe revertirse.

Para escribir esta columna, relacionada con el caso “tsunami” me he inspirado en la divertida columna de Juan José Millas, titulada “Aforismos”. La pregunta que subyace de ella es ¿Cuánta sabiduría hay en lo obvio? Esto que sirve de crítica en su caso, me sirve a mí para reafirmar obviedades de profesor de derecho penal que parecen olvidadas en este caso.

¿La formalización envuelve un juicio de culpabilidad?

Pues No, y terminantemente no. Esta obviedad se olvida con el circo en que unos tiran pullas a otros y se pierde el sentido último de ese trámite. Por ende, la audiencia de formalización no es una anticipación de juicio oral, como la prisión preventiva no es la anticipación de la pena.

¿Puede afirmarse que alguien jamás será formalizado? No y terminantemente no. Nadie es intocable en un proceso penal y esos juicios no son propios de abogados, sino de mentalistas o taumaturgos.

¿Puede hablarse de transmitir “información falsa” en un cuasidelito?

No y terminantemente no.  La falsedad envuelve el dolo de alterar o modificar una realidad o un hecho y ello es incompatible con un cuasidelito. El lenguaje debe cuidarse al máximo en este trámite, porque no es no mismo información “falsa” que “errada” o “equivocada”.

¿Puede decirse que hay “maquinaciones políticas” tras la formalización?

No, terminantemente no. Estos juicios no son apropiados en un trámite como éste. Primero, porque no sirven de nada a una defensa y segundo, porque corremos el riesgo de atraer la animadversión del tribunal.

¿Puede afirmarse que alguien jamás será formalizado?

No y terminantemente no. Nadie es intocable en un proceso penal y esos juicios no son propios de abogados, sino de mentalistas o taumaturgos.

Por ello, aunque no puede vivirse de obviedades, a veces es bueno recuperar su obvia sabiduría.

Comentarios del artículo: La sabiduría de lo obvio - Publicado: a las 3:38 pm

Etiquetas: , , » Publicado: 09/04/2012

La transparencia frívola

Los derechos de los empleados públicos se ven violados día a día con peticiones cuyo objetivo no es hacer control social, ni evaluación ciudadana, sino menoscabar y afectar el honor, la privacidad u otros derechos.

Quise usar este título, distinto a la expresión que ocupó el ex ministro Francisco Vidal, que habló de “falsa transparencia”, en el marco de la defensa al ministro Larroulet, respecto del cual el Consejo parala Transparenciaha obligado a entregar los correos electrónicos emanados dela SecretaríaGeneraldela Presidencia, aun los personales.

El presente comentario se efectúa en el marco de una sentencia dela Cortede Santiago que acoge mi reclamo de ilegalidad en contra del Consejo, por el cual se establece que los funcionarios públicos tenemos espacios de vida privada, por más estrecha o limitada que esta sea.

La opinión de la Corte es señera en este aspecto y es también prudente porque desmonta las interpretaciones frívolas o superficiales del asunto. ¿Qué dicela Corte? Que los funcionarios públicos tienen vida privada y no porque haya información de éstos en el servicio ésta va a ser pública per se.

Empleo la voz “frívolo” porque es interesante ser transparente con la información que es ajena. Parece sólido pontificar cuando la información son datos personales de los empleados y eso es lo que aparece de la interpretación del Consejo, que de tan aséptica, llega a ser descontextualizada.

Si antes negar la información o entregar la que el servicio público quería era prácticamente cultura general, hoy, con la ley de Transparencia, se ha transformado en un deporte frívolo “entregarlo todo”. Los servicios públicos creen que cumplen adecuadamente con la ley renunciando a su propia discreción sana y razonada, entregando todo lo que se les pide.

Empleo la voz “frívolo” porque es interesante ser transparente con la información que es ajena. Parece sólido pontificar cuando la información son datos personales de los empleados y eso es lo que aparece de la interpretación del Consejo, que de tan aséptica, llega a ser descontextualizada.

“Si está en poder del servicio, es pública” y “como no existe necesidad de colocar interés, este interés no existe”. Ese es el desiderátum de la interpretación del Consejo. Y es interpretación frívola porque los derechos de los empleados públicos se ven violados día a día con peticiones cuyo objetivo no es hacer control social, ni evaluación ciudadana, sino menoscabar y afectar el honor, la privacidad u otros derechos. No por no mencionarse el interés en la solicitud de información, este no existe y negarlo es actuar frívolamente.

Además, las personas no dejamos de serlo cuando cumplimos el rol de funcionarios públicos. Nuestra privacidad y nuestro honor no las dejamos aparcadas cuando entramos en el servicio.

Comentarios del artículo: La transparencia frívola - Publicado: a las 4:29 pm

La Nación

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