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Rodrigo Díaz

Periodista y cientista político

Etiquetas: , , , , » Publicado: 12/09/2013

Las imágenes permitidas

Una sociedad en paz y en la cual se respeten los derechos de sus habitantes no deja nunca de ser el fruto de un penoso y difícil esfuerzo. Tal como señalaba el jurista alemán Ihering, no hay un solo derecho que no sea sino el fruto de sangre derramada en las calles, en otras palabras, los pueblos no alcanzan su dignidad sin dar una batalla por ella.

Pero ocurre en la práctica –y así ocurrió en Chile-, que hay veces en que se intenta evitar a toda costa el conflicto, sobre todo después de haber vivido una dictadura. ¿De qué vale obtener justicia y reparación a las víctimas de crueles atropellos a sus derechos más fundamentales si con ello se arriesga un nuevo enfrentamiento que puede costar la vida a miles de compatriotas más? ¿De qué sirve recuperar las empresas que fueron arrebatadas o terminar con una institucionalidad impuesta por la fuerza bruta si con ello se provoca otra vez un golpe de Estado?

Este suicidio moral es el legado de la mal llamada política de los consensos, una política de la cobardía que abandonó la obligación de la justicia, una política en que la concertación salvó el pellejo que otros sacrificaron por decencia y compromiso y que al paso del tiempo, transformó ese sacrificio de miles de chilenos en un sacrificio inútil, olvidado, guardado en un rincón de la historia.

El único problema de razonar así, es que se está dictando sobre la conciencia de un pueblo una auténtica sentencia de muerte. Un pueblo que permite que los culpables de crímenes atroces o de latrocinios gigantescos permanezcan impunes, es capaz de permitir que lo aniquilen. Por lo mismo es que las sociedades que hacen uso de su derecho a defenderse, lo hacen por su independencia y por proteger su existencia y su dignidad y por el dolor que produce la injusticia de que han sido víctimas.

Por lo anterior es que no resulta posible callar ante el legado vergonzoso que a 40 años del golpe nos dejaron los gobiernos de la concertación. Y no es cuestión de decir “Lo hicimos por la paz de Chile”. Con eso solo nos condenaron a naufragar en medio de injusticias gigantescas, siendo que resistirlas era el deber de todos quienes formábamos parte de la sociedad chilena veinte años atrás y lo sigue siendo. Este suicidio moral es el legado de la mal llamada política de los consensos, una política de la cobardía que abandonó la obligación de la justicia, una política en que la concertación salvó el pellejo que otros sacrificaron por decencia y compromiso y que al paso del tiempo, transformó ese sacrificio de miles de chilenos en un sacrificio inútil, olvidado, guardado en un rincón de la historia.

Y hoy, a 40 años del golpe, con un gobierno de distinto signo pero que sigue la misma política de los anteriores, aparecen súbitamente imágenes hoy permitidas de los que padecieron y sus victimarios,  de los cómplices y de jueces cobardes y toda una suerte de perdones y gestos éticos, como si hubiesen salido del escritorio de un grupo de publicistas. Todos somos responsables, por ende, nadie lo es. Parece ser la hora de que los chilenos recordemos con reality del dolor, imágenes morbosas, cascadas de espanto y horror.

¿Por qué ahora y de este modo? Sencillamente para repetir el guión incluso ahora, cuarenta años después. Para que una vez más un pueblo que se rebela contra la injusticia lo piense dos veces. Especialmente las nuevas generaciones que luchan contra la injusticia que se expresa en la educación, en la previsión, en el texto de nuestra vergonzosa constitución. En otras palabras, cuidado con arriesgarse más de lo debido. Miren las imágenes permitidas y dejen todo como está.

Para que nunca más se cometan crímenes y atropellos como los ocurridos en Chile, nunca más la injusticia, nunca más la paz al precio de servir la impunidad.

Comentarios del artículo: Las imágenes permitidas - Publicado: a las 11:38 am

Etiquetas: » Publicado: 03/02/2012

La educación y sus fines

La educación auténtica surge de una obligación moral ineludible: la de entender que una persona educada es el deseo de nuestra sociedad de formar hombres y mujeres libres dispuestos a tomar su vida con autonomía y capaces de preocuparse por su entorno teniendo un juicio crítico frente a lo que los rodea. Una persona que se involucra y participa.

Chile debate activamente en el presente sobre la necesidad de introducir cambios al modelo de educación nacional. Y ello por la conciencia del rol esencial que cumple la educación respecto al desarrollo y la mejora auténtica de las condiciones de vida de todas las personas. Pero cada vez que hablamos sobre este asunto, solemos colocar más el acento en los medios que en los auténticos fines educacionales a los que debemos aspirar en el Chile que soñamos, corriendo con ello el riesgo de perder de vista hacia dónde queremos avanzar.

En efecto, se piensa en la desmunicipalización, o en cambios al abusivo sistema del crédito con aval del Estado, o en el aumento de la jornada escolar, o en mayores exigencias en la formación del profesorado y en todos los casos, se asume que vamos en el camino correcto. Cierto, pero cuidado.

Lo esencial que no debe olvidarse es que el fin de la educación es la liberación del ser humano. Es darle alas, abrirlo a las posibilidades de la creación. Es volverlo capaz de aportar cosas nuevas al mundo. Es sacar al hombre de su condición de espectador pasivo y transformarlo en un actor, especialmente ahora que el poder mediático nos llena la vida con farándula, realitys y otros espectáculos que nos distraen y atrapan, haciéndonos hablar de la vida de los personajes que cada uno sigue en la comodidad de su propia casa.

Ninguna de estas cosas garantiza por sí sola que tendremos una sociedad más imaginativa o una sociedad que piense por sí misma y que no se avergüence de tener ideas propias ni menos garantiza una población que haya aprendido a desarrollar un auténtico respeto por el otro y sus preferencias. De hecho, en esta materia la UNESCO ha planteado que el proceso educativo es distinto de la mera recepción de información y sólo puede asegurarse a través de la relación de instituciones sociales tan importantes y complementarias como la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

No debemos olvidar ni perder de vista entonces cuáles son los fines que se persiguen con la reforma de la educación chilena. Dichos fines no consisten en tener individuos ni más instruidos ni más productivos per se. Tampoco se trata de que todo el mundo sepa inglés para atender mejor al turista o que cada chileno sea un experto en el manejo de las nuevas tecnologías, o bien que mágicamente la educación permita que se eleven los salarios. Lo esencial que no debe olvidarse es que el fin de la educación es la liberación del ser humano. Es darle alas, abrirlo a las posibilidades de la creación. Es volverlo capaz de aportar cosas nuevas al mundo. Es sacar al hombre de su condición de espectador pasivo y transformarlo en un actor, especialmente ahora que el poder mediático nos llena la vida con farándula, realitys y otros espectáculos que nos distraen y atrapan, haciéndonos hablar de la vida de los personajes que cada uno sigue en la comodidad de su propia casa.

La educación auténtica surge de una obligación moral ineludible: la de entender que una persona educada es el deseo de nuestra sociedad de formar hombres y mujeres libres dispuestos a tomar su vida con autonomía y capaces de preocuparse por su entorno teniendo un juicio crítico frente a lo que los rodea. Una persona que se involucra y participa. Que disiente y desconfía.

Así se construye una sociedad verdaderamente desarrollada. Por cierto, si eso nos vuelve también más instruidos y productivos, o más desenvueltos con los turistas y progresamos en el uso de nuevas tecnologías y por último los sueldos mejoran, todo ello vendrá por añadidura.

Comentarios del artículo: La educación y sus fines - Publicado: a las 4:17 pm

Etiquetas: , , » Publicado: 10/01/2012

La Previsión debe ser reformada

Las AFP y las compañías de seguros en conjunto, se ha apropiado de uno de cada tres pesos cotizados en forma obligatoria en el sistema.

El sistema de AFP ha fallado desde el punto de vista de su objetivo: construir un sistema de pensiones y resolver el tema de las jubilaciones de las personas. Por ello es urgente llevar a cabo una reforma sustancial del sistema.

En primer lugar, se decía que el régimen de pensiones privadas iba a disminuir las necesidades del Estado de recurrir a fondos tributarios, eso no sucedió: hoy, Chile destina a jubilaciones un 6% del PIB, que representa un tercio del gasto público total. Ello se debe a que el sistema de AFP tiene 7 millones de afiliados pero hay 3,5 millones que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de que las AFP se hagan cargo de ellos porque no tienen los 20 años de aportes que exige la ley.

En segundo lugar, hablamos de un sistema con muy baja cobertura. Existen solamente un 10% de cotizantes en las AFP que lo hacen todos los meses en el año. En promedio, la densidad del sistema es 5 meses al año. Entonces, el  50% de los trabajadores (5,5 millones personas) no tienen ninguna posibilidad de jubilarse por las AFP porque no les alcanza siquiera para el mínimo. ¿Qué ocurre con esas personas? Ya hay 1,5 millón de afiliados a las AFP que fueron socorridos por el Estado. El tema es qué va a pasar cuando sean 3,5 millones. En ese momento vendrá el desastre.

En tercer lugar, las AFP en Chile se hacen cargo del 5% de los adultos mayores de 65 años. La razón radica en que hay muchos cotizantes que todavía no se jubilan. Pero aquellos que lo han hecho tienen una pensión muy baja, y en consecuencia el Estado es quien debe hacerse cargo de completar la diferencia. El Estado se hace cargo del 80% de los mayores de 65 años y del 90% de los mayores de 70 años.

De este modo el Estado hoy atiende a 1,5 millones de personas y el sistema privado, a 550 mil. Por lo tanto, el sistema de reparto en Chile no ha terminado y mientras tanto, las AFP registran de manera estable una utilidad del 30% sobre aportes y de un 50% sobre patrimonio neto.

De este modo el Estado hoy atiende a 1,5 millones de personas y el sistema privado, a 550 mil. Por lo tanto, el sistema de reparto en Chile no ha terminado y mientras tanto, las AFP registran de manera estable una utilidad del 30% sobre aportes y de un 50% sobre patrimonio neto.

En cuarto lugar, entre 1982 y el año 2008 los afiliados han aportado 37,4 billones de pesos por concepto de cotizaciones obligatorias y 4,7 billones de pesos por concepto de cotizaciones voluntarias y otros aportes netos. En el mismo período, los pensionados en el sistema privado han percibido pensiones y otros beneficios por 6,3 billones de pesos de las AFP y adicionalmente, 8,2 billones de pesos en pensiones vitalicias y otras pagadas por las compañías de seguros. Sin embargo, al mismo tiempo el fisco ha aportado al sistema un total de 8,6 billones de pesos por concepto de bonos de reconocimiento y subsidios de pensiones mínimas que equivalen a un 60% de los beneficios pagados por el sistema privado. Lo impactante de todo esto, es comprobar que las AFP y compañías de seguros en conjunto se han apropiado de un saldo neto –es decir comisiones y primas menos beneficios pagados-, de 12,5 billones de pesos a favor de ellas mismas, del cual las primeras se apropiaron de 5,3 billones y las segundas de 7,2 billones. De este modo, las AFP y las compañías de seguros en conjunto, se ha apropiado de uno de cada tres pesos cotizados en forma obligatoria en el sistema.

Otro aspecto a considerar es además el impacto que tuvo en los fondos la crisis económica de 2007. Sin lugar a dudas que el impacto de la crisis fue letal. Baste pensar que en el curso del 2008, las AFP perdieron un 60% de todas las ganancias netas acumuladas por el fondo en los 26 años previos.

Finalmente, es necesario recordar que un 80% de los fondos de pensiones se encuentra en manos de unos pocos conglomerados privados, mientras el resto se ha invertido en bonos y empresas del Estado. Estos grupos han sido los verdaderos beneficiarios de la privatización del sistema chilenos de pensiones. Mientras tanto, el Estado deberá hacerse cargo de dos tercios de los afiliados, los de menores ingresos, quiénes no recibirán ningún beneficio significativo del sistema. Aquellos que los reciben, descubren que su monto es alrededor de la mitad de los que otorga el antiguo sistema público de reparto y mucho peor en el caso de las mujeres, que en virtud de su mayor esperanza de vida son discriminadas por el sistema, puesto que obtienen una pensión significativamente menor que los hombres de la misma edad y que han acumulado el mismo fondo al jubilar.

Todo esto debe cambiar. Debemos por el bien de Chile y el fortalecimiento de la paz social reformar con la mayor urgencia el sistema de previsión nacional.

Comentarios del artículo: La Previsión debe ser reformada - Publicado: a las 12:45 pm

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