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Robert Morrison Munro

Docente Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 02/04/2015

La guerra del agua

La reforma que el Gobierno tiene en carpeta busca intervenir en los derechos de agua inscritos sin recurrir a la expropiación de los mismos. Los detractores de la medida reclaman que no es efectivo que exista crisis hídrica. La “conflagración” recién comienza.

En su discurso del 21 de mayo pasado, la Presidenta de la República  anunció que se modificaría el Código de Aguas de 1981 elevando a la categoría de bien nacional de uso público al recurso. El tema es complejo y el Gobierno lo sabe. Hay que cambiar la estructura de cómo se han entregado los derechos en los últimos 34 años (hay unos 400 mil derechos de agua en manos privadas), y ello requiere una reforma constitucional para dar al agua la categoría de bien nacional de uso público, por sobre  los derechos de los particulares.

La Constitución Política en el artículo 19 Nº 24, señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos  en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. El Código de Aguas en el artículo 5  referido a la propiedad del recurso  entrega “a los particulares el derecho de aprovechamiento de aguas”, derechos que son inscritos en el registro de propiedad de aguas del respectivo Conservador.

Lo que se busca en el proyecto presentado  es que el Estado tenga la facultad de administrar directamente los caudales, y para fijar las prioridades en el uso que serían primero los fines sociales, luego los ambientales y por último los productivos.

Como  esto implica intervenir en los derechos de agua inscritos y constituidos conforme a la ley,  y en las facultades de uso, goce y disposición de los mismos, el proyecto plantea cambiar la condición de dueños de los derechos, por el de titulares del mismo. Teniendo claro que esa condición de titular la entrega el Estado, y por lo mismo puede quitarla.

Pero como constitucionalmente no puede privarse a alguien de su dominio sin una previa indemnización, el desafío para el Gobierno está en intervenir en los derechos sin recurrir a la expropiación de los mismos.

Actualmente, el 73% del agua se usa en el sector silvo-agropecuario, el 12%  lo usa la industria,  el 9% la minería y el 6% el sector sanitario, lo que claramente indica lo importante que el rubro es para la agricultura.

El fundamento para esta reforma es que el agua no es bien aprovechada, que se produce sequía, y además que la situación actual ha ayudado a la concentración de derechos en manos de pocos.

Los críticos de ella señalan que no es verdad que estemos en una crisis hídrica o que las cuencas estén sobrexplotadas. Tenemos cuatro mil kilómetros de costa, las mayores reservas de agua dulce del planeta, un embalse natural como Los Andes, acuíferos no estudiados, aguas subterráneas no reguladas, por ello no es efectivo que exista crisis  hídrica.

Por otra parte, el 84% del agua se va al mar sin  uso alguno, por ello es que faltan embalses que permitan su retención por más tiempo.

Se dice que es probable que la próxima  conflagración mundial sea a consecuencia del control del agua. Y nosotros  tenemos  esa  guerra  ad portas.

Comentarios del artículo: La guerra del agua - Publicado: a las 8:40 am

La Nación

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