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Pedro Felipe Ramírez

Izquierda Ciudadana

Etiquetas: , , , , » Publicado: 22/05/2013

El apoyo de la Izquierda Ciudadana a Michelle Bachelet

La ventaja del camino de la Asamblea Constituyente es que generaría de inmediato una ampliación sustantiva del apoyo ciudadano. El camino del Congreso, en cambio, ofrece a la derecha la posibilidad de realizar maniobras dilatorias y de abrirse solo a fórmulas gatopardistas, con la consecuente desconfianza y desapego de la ciudadanía.

Hoy tenemos la oportunidad de llevar adelante las profundas transformaciones que se necesitan para lograr un país más igualitario y democrático. Esto, por la conjunción de dos factores fundamentales. La existencia de una ciudadanía más consciente y movilizada en torno a sus demandas. Y un enorme liderazgo, al cual hemos adherido lealmente, que reúne como nadie tres características fundamentales: la voluntad de emprender los cambios que se requieren, la fervorosa adhesión popular y el apoyo de una vasta estructura política. Difícilmente en el futuro contemos nuevamente con una oportunidad parecida.

Atender las demandas ciudadanas implica realizar cambios fundamentales en el sistema político y en el modelo económico y social vigentes; exige alterar las relaciones de poder entre la minoría dominante y la mayoría de las chilenas y chilenos. Claramente, la  derecha no está dispuesta a ello e intentará bloquear cualquier reforma significativa. Lo hará apelando al inmenso poder político, económico, social y comunicacional que detenta.

Por eso es indispensable construir desde la partida una amplia fuerza social y política que sustente este proceso de cambios; que desplace a la derecha del Gobierno y que conquiste por lo menos una sólida mayoría en ambas cámaras del Congreso.

De ahí en adelante habrá que desplegar una estrategia  que tenga como objetivo seguir acumulando fuerza. Y para ello, la ley de oro será tomar iniciativas destinadas a mantener siempre la conjunción del liderazgo con la ciudadanía demandante de los cambios.

Hemos escuchado a muchos decir que no se podrá hacer todo en los 4 años del próximo Gobierno. Es razonable. Pero lo que se pide no es eso. Lo que se pide es que desde la partida se marque un camino inequívoco de voluntad transformadora. Y eso se puede hacer impulsando al inicio unas pocas iniciativas emblemáticas en torno a ejes fundamentales del programa de Gobierno.

Ellas deben atender a las demandas más sentidas por los sectores populares y de clase media, por lo menos en educación, salud y vivienda, lo cual exige una profunda reforma tributaria para financiarlas. También cambios en la legislación laboral destinadas a disminuir la brecha de poder que existe entre trabajadores y empresarios. Además de ser iniciativas de alta comprensión y respaldo ciudadano, tienen la ventaja de que se pueden ejecutar mayoritariamente con actos autónomos del Ejecutivo o con leyes que no requieren de quórum especiales para ser aprobadas.

Esas acciones presumiblemente marcarán una acumulación positiva de fuerzas, necesaria para abordar, en un plazo breve, la más importante tarea histórica comprometida: la aprobación de una nueva Constitución.

Tanto quienes propician abordar esta tarea apelando al Congreso como quienes preferimos hacerlo a través de una Asamblea Constituyente tenemos que salvar cada cual un enorme problema.

Los primeros deben asegurar que la derecha se abra por lo menos a desarmar el mecanismo por el cual mantiene una capacidad de veto sobre proyectos que buscan cambios de fondo a nuestro sistema político, económico y social, mecanismo compuesto por el sistema electoral binominal y los requerimientos de quórum especiales para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales. Y aunque ello lo consiguieran, cosa probadamente difícil, habría que esperar hasta la instalación del siguiente Congreso en 2018, supuestamente más representativo, para abordar la tarea.

Los segundos tenemos el problema de que la Constitución que nos rige no contempla de manera clara mecanismo alguno que permita generar un órgano distinto al Congreso que represente al pueblo soberano, es decir, una Asamblea Constituyente. En algún momento habría que apelar al propio Congreso para que establezca tal mecanismo o imponer de hecho la voluntad mayoritaria del pueblo sobre la intransigencia del Congreso, generando muy probablemente, a pesar de lo legítimo del acto, un conflicto político de proporciones que es deseable evitar.

En ambos casos se requiere una gran acumulación de fuerzas. La ventaja del camino de la Asamblea Constituyente es que generaría de inmediato una ampliación sustantiva del apoyo ciudadano. El camino del Congreso, en cambio, ofrece a la derecha la posibilidad de realizar maniobras dilatorias y de abrirse solo a fórmulas gatopardistas, con la consecuente desconfianza  y desapego de la ciudadanía.

Más allá de la preferencia que tengamos unos y otros sobre el mejor camino a optar, no cabe la menor duda de que es un problema que debemos enfrentar como bloque, por lo que no caben posturas intransigentes ni menos descalificaciones entre nosotros.

En cualquier caso, nos parece indispensable desarrollar una campaña para explicar a la ciudadanía por qué razón queremos que Chile se dote de una nueva Constitución y cuáles son sus contenidos básicos. No son muchos los que conocen la ligazón que existe entre la actual Constitución y sus problemas cotidianos.

Quienes propiciamos una Asamblea Constituyente debemos despejar los fantasmas que la derecha ya ha empezado a levantar. Explicar que no se busca dar un salto al vacío institucional ni avasallar los legítimos derechos de nadie, ni siquiera de quienes han sido los principales beneficiarios de la Constitución que nos rige. Se trata de instalar un órgano representativo de toda la pluralidad que compone nuestro país, para crear una institucionalidad verdaderamente democrática y dotar a todos de derechos universales.

Los niveles de desigualdad y abuso en el ámbito económico y social ya se hacen intolerables para la inmensa mayoría. La población demanda grados de igualdad y participación en las decisiones públicas que no son compatibles con las instituciones políticas que nos rigen. La derecha debe entender entonces que el pacto que suscribió en 1989 con la Concertación por el que ésta reconoció la Constitución de Pinochet y que reguló el proceso de transición, está agotado. Un nuevo pacto de convivencia, ahora construido con la participación de todos, se hace necesario, donde ya no caben los privilegios que ella posee. Mientras más luego se haga, menos traumático será.

Comentarios del artículo: El apoyo de la Izquierda Ciudadana a Michelle Bachelet - Publicado: a las 12:45 pm

Etiquetas: , , , » Publicado: 11/04/2013

Lo justo: que los ricos paguen más impuestos

En principio aparece como muy justo que los ricos paguen por la educación de sus hijos, pero lo que es verdaderamente justo es que paguen mucho más impuestos de lo que pagan ahora, porque con ese dinero el Estado podría financiar, entre otras demandas sociales, una educación pública, gratuita y de calidad para todo el que la solicite.

¿Qué es más justo? ¿Qué los ricos paguen por la educación de sus hijos o que paguen más impuestos?

Hace días atrás El Mostrador publicó resultados del estudio sobre distribución del ingreso realizado por los economistas Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez en base a información obtenida del Servicio de Impuestos Internos, estudio que fue publicado en la página web de la Universidad de Chile.

En síntesis este estudio señala que el 99% de los chilenos se queda sólo con el 70% del Ingreso Nacional que alcanza a 270.000 millones de dólares anuales; y que el 1% de los chilenos más ricos, 170 mil personas, se queda con el 30% restante, esto es, 81.000 millones de dólares al año.

Suponiendo que la mitad de estos 170 mil chilenos sean jóvenes estudiantes en los distintos niveles de enseñanza y que cada uno de ellos deba pagar 15 mil dólares anuales por educación, en total pagarían 1.275 millones de dólares anuales, lo que significa menos del 1,6% de sus ingresos, que es sólo el 10% de los mayores impuestos que ellos deberían pagar para acercarse a lo que pagan personas con ingresos similares en muchos países desarrollados.

Ahora bien. Si este cálculo lo hacemos para el 1% más rico de estos 170 mil chilenos, es decir, las 1700 personas de mayores ingresos, que según el estudio en comento reciben el 10% del Ingreso Nacional, es decir, 27.000 millones de dólares anuales (cerca de 16 millones de dólares promedio por habitante al año), concluimos que tendrían que destinar sólo 13 millones de ese total para pagar la educación de sus hijos. Naturalmente que el más modesto de los aumentos de impuesto que se pudiera considerar como justo para estas personas supera con creces tal gasto educacional.

En principio aparece como muy justo que los ricos paguen por la educación de sus hijos, pero lo que es verdaderamente justo es que paguen mucho más impuestos de lo que pagan ahora, porque con ese dinero el Estado podría financiar, entre otras demandas sociales, una educación pública, gratuita y de calidad para todo el que la solicite, haciendo realidad entonces la educación como un derecho garantizado y no como un bien de consumo más o menos subvencionado por el Estado.

Comentarios del artículo: Lo justo: que los ricos paguen más impuestos - Publicado: a las 12:25 pm

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