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Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad

Etiquetas: celulares, chiloe, comunicaciones, telefonía » Publicado: 19/10/2012

Antenas truchas de telefonía móvil

Así las cosas, y como las autoridades locales de Castro no actúan, quisiéramos que el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Décima Región imparta las instrucciones de rigor para que esa torre antena ad portas desaparezca a la brevedad e invitamos a nuestros compatriotas para que visiten, no sólo la ciudad de Castro, sino todos los pueblitos que conforman el archipiélago de Chiloé.

En junio pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. Se le conoce como Ley de Antenas.

Vamos ahora a la instalación de las torres soporte de las antenas de teléfonos móviles, asunto que durante muchos años estuvo sin ningún tipo de reglamentación por parte de las 345 comunas que existen el país, ello porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se resistía a normarlo en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Las autoridades locales demostrando un desconocimiento total del marco regulatorio, titubeando respondieron a sus mandantes y electores que conversarían con la empresa CLARO y con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para saber a qué atenerse. Como la respuesta no se producía, los dirigentes del vecindario vinieron a Santiago para entrevistarse con Jorge Atton, titular de esa Subsecretaría. Esta autoridad del gobierno central sí conocía muy bien la normativa vigente: ¡era que no!

Los teléfonos celulares irrumpieron en Chile hace unos 18 años y para facilitarse la instalación de esos adminículos en cualquier lugar, se dijo que las compañías sólo le tenían que pedir autorización a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, permisos que fácilmente otorgaba este servicio público.

Las empresas privadas concesionarias de este negocio, que ha mejorado sustancialmente las comunicaciones de los individuos, presentaban unos papelitos con timbres de esa Subsecretaría en las distintas Direcciones de Obras Municipales, cuyos funcionarios les daban el visto bueno sin más trámite para que fueran emplazadas en cualquier lugar de sus territorios jurisdiccionales.

Todos conocemos los efectos en la salud humana que producen las radiaciones electromagnéticas de las antenas, las que han sido dadas a conocer, entre otros, por el doctor Andrei Tchernitchin, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico. En todo caso hay abundante información que ha entregado al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de la ONU.

Sobre esto es necesario que en Chile los consumidores conocieran el SAR (Specific Absorption Rate), es decir, el índice de absorción específica en el cuerpo de las radiaciones que producen los diferentes modelos de celulares y en tal sentido lanzamos la idea para que el gobierno exija a las compañías transparentar esta vital información.

Ahora bien, hemos sabido que en el sector urbano de Nercón, en la tradicional y emblemática ciudad de Castro, de la cual tanto se ha estado hablando en el último año por la irrupción del polémico mall, se ha emplazado la base y completas instalaciones para que allí opere una de estas torres antena que le pertenece a la Empresa CLARO del multimillonario mexicano Carlos Slim.

Los vecinos que se verían afectados por las radiaciones de esta antena, se organizaron representándole esta situación, en una sesión del Concejo Municipal de julio de 2012, al Alcalde Nelson Águila y colaboradores.

Las autoridades locales demostrando un desconocimiento total del marco regulatorio, titubeando respondieron a sus mandantes y electores que conversarían con la empresa CLARO y con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para saber a qué atenerse. Como la respuesta no se producía, los dirigentes del vecindario vinieron a Santiago para entrevistarse con Jorge Atton, titular de esa Subsecretaría. Esta autoridad del gobierno central sí conocía muy bien la normativa vigente: ¡era que no!

Atton, funcionario de excelencia, quién en la reunión sostenida se caracterizó por su asertividad, se explayó con certeza respecto de la aplicación de la normativa vigente y al respecto precisamos que, conforme a lo señalado por el anterior, el sector en donde se pretende instalar esa antena está definido por la Ley como “zona sensible”.

Estas zonas son aquellas áreas en donde se encuentran escuelas, jardines infantiles, hospitales, consultorios, asilos de ancianos y otras áreas similares que cumplan con la definición específica de “zona sensible” establecida por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, según lo consagrado en la Ley. Para tal propósito todos los municipios deben identificar, sin lugar a dudas, los sectores correspondientes dentro de sus territorios.

Atton expresó que esta construcción de obra soporte de antena se inició con posterioridad a la promulgación de la Ley, por lo que en mi opinión, corresponde su demolición inmediata y por lo tanto el retiro de la base de hormigón armado, cierro perimetral de fierro e instalaciones eléctricas, para que así el terreno vuelva a su condición natural; con lo cual los vecinos de la comunidad podrán seguir viviendo en paz, sin la amenaza latente de la antena de marras.

En todo caso indicamos que el sector de Nercón es una zona con vocación turística porque se encuentra en la ribera del magnífico fiordo de Castro, lo que está fijado en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal. Adicionalmente expresamos que esta hermosa zona acoge los astilleros de embarcaciones de madera, se emplaza la Iglesia Nuestra Señora de Gracia, Patrimonio de la Humanidad y se realiza la fiesta anual gastronómica costumbrista.

Así las cosas, y como las autoridades locales de Castro no actúan, quisiéramos que el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Décima Región imparta las instrucciones de rigor para que esa torre antena ad portas desaparezca a la brevedad e invitamos a nuestros compatriotas para que visiten, no sólo la ciudad de Castro, sino todos los pueblitos que conforman el archipiélago de Chiloé.

Lo anterior ahora será más fácil, ya que en noviembre próximo se inaugura un moderno aeropuerto situado en el área de Mocopulli a 20 km. al norte de Castro, base aérea que mejorará la conectividad con el continente porque tendrá el equipamiento apropiado para la operación de aviones para pasajeros y carga por instrumentos, ello en razón de las condiciones adversas de la meteorología, especialmente en el invierno.

Esperamos que ese aeropuerto se llame Francisco Coloane en honor del destacado hombre de letras nacido en Quemchi.

 

Etiquetas: celulares, chiloe, comunicaciones, telefonía » Publicado: a las 4:55 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: autopistas, carreteras, peajes » Publicado: 20/09/2012

Congestión en las autopistas interurbanas

Sabemos que en pocas ocasiones al año la gente utiliza masivamente las carreteras, también sabemos que el TAG no es la panacea absoluta porque los vehículos en circulación cada día son más y no es aceptable seguir ensanchando esas vialidades de alta velocidad, pero es evidente que con el pago automático de peajes se mejoraría en gran medida el desplazamiento de los mismos.

Con ocasión del largo feriado por la celebración de las Fiestas del 18 de Septiembre mucha gente salió de sus lugares habituales de residencia para dirigirse en sus vehículos a otras ciudades y todos ya sabemos lo que aconteció en las carreteras concesionadas en los últimos años a empresas extranjeras.

Vimos en las pantallas de televisión unas brutales congestiones que consideramos inéditas y con irritación contenida constatamos que las empresas que obtienen lucros muy altos con la explotación de ese negocio cobraban el peaje de los automovilistas en forma manual, es decir, cada conductor tenía que sacar la plata del bolsillo, entregársela a un cobrador, recibir de éste en ocasiones el vuelto y siempre un comprobante que generalmente muchos botan en cualquier lugar.

Esta estúpida tramitación para recolectar el dinero, que no se justifica actualmente habida cuenta la existencia de los adelantos tecnológicos conocidos, producía unos tacos interminables que ocasionaron el airado reclamo de aquellos que se desplazaban a sus distintos puntos de destino. En el sector de Angostura, en la ruta 5 al sur, el colapso vial era insoportable.

Esta estúpida tramitación para recolectar el dinero, que no se justifica actualmente habida cuenta la existencia de los adelantos tecnológicos conocidos, producía unos tacos interminables que ocasionaron el airado reclamo de aquellos que se desplazaban a sus distintos puntos de destino. En el sector de Angostura, en la ruta 5 al sur, el colapso vial era insoportable.

Ahora bien, en relación a esta desagradable situación, excusándonos por la autorreferencia, consideramos necesario dejar el testimonio que a continuación damos a conocer a los lectores.

Hace casi un año, exactamente en octubre de 2011, la Comisiónde Obras Públicas del Senado invitó a diferentes actores públicos y privados para que, en un seminario ad hoc en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, entregaran sus opiniones sobre el desarrollo de las concesiones, con el propósito de mejorar esta política sectorial.

Expusieron el Presidente de las empresas concesionarias, el Coordinador de Concesiones del MOP, el representante del Ministerio de Medio Ambiente, destacados académicos expertos en transporte, un senador dela República, un ex ministro de OOPP y quien suscribe esta columna.

En esa propicia ocasión, dado el creciente aumento del parque automotor y en razón a que sólo las autopistas urbanas operan con el sistema de pago automático de peajes (TAG), propuse que a la brevedad se pusieran de acuerdo las concesionarias con el MOP con la intención de que en forma gradual las autopistas interurbanas también dispusieran de ese eficiente sistema de pago con TAG. Lo anterior, ya que así, por razones más que obvias, se iba a mejorar sustancialmente la circulación vehicular.

También propusimos que en el mediano plazo, con el ánimo previsor que los distintos gobiernos chilenos no tienen, todos los vehículos nuevos se vendieran con el TAG instalado con la elemental idea de simplificar las cosas para los tiempos que vienen.

Al término de mi alocución hubo un interesante debate entre los asistentes al seminario y los expositores. Constatamos que nadie se opuso a la implementación del cobro automático en las autopistas interurbanas, lo que significa que tácitamente todos estaban de acuerdo con esa básica idea de sentido común.

Sabemos que en pocas ocasiones al año la gente utiliza masivamente las carreteras, también sabemos que el TAG no es la panacea absoluta porque los vehículos en circulación cada día son más y no es aceptable seguir ensanchando esas vialidades de alta velocidad, pero es evidente que con el pago automático de peajes se mejoraría en gran medida el desplazamiento de los mismos.

A pesar de que las concesionarias aducen que los contratos firmados no las obligan a disponer del mencionado cobro automático, lo que es verdad y que denota la negligencia, por no decir flojera o desinterés por la ciudadanía, de los funcionarios del Estado que redactaron las estipulaciones contractuales, ahora esperamos que esas empresas, cumpliendo con la cacareada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se allanen a instalar a la brevedad esta moderna y necesaria tecnología en los puntos de mayor congestión y en tal sentido el MOP, con su presidenciable Laurence Golborne a la cabeza, ejerciendo a cabalidad su rol público, tiene la última y concluyente palabra.

Etiquetas: autopistas, carreteras, peajes » Publicado: a las 12:03 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: las condes, lavín, lucro, santiago, urbanismo » Publicado: 03/09/2012

Lavín, la Casen y otras yerbas

Tres casos ponen en tela de juicio al titular del Ministerio de Desarrollo Social: la polémica por la encuesta Casen, su participación en la Universidad del Desarrollo, y la demolición de inmuebles en la comuna de Las Condes cuando era alcalde.

En días pasados, con abundante despliegue de prensa, el presidente Piñera con el ministro de Desarrollo Social, ex Mideplán, felices anunciaban que en el gobierno actual se había reducido la pobreza, gracias a las efectivas políticas sociales implementadas a partir de marzo de 2010, asunto que ha sido desvirtuado con datos y procedimientos a la vista revelados por los ministros sectoriales del gobierno de Bachelet y por varios renombrados especialistas de la plaza.

Ahora bien, haciendo honor a su nombre, el Centro de Investigación Periodística Ciperchile, entró al ruedo de esta interesante y controvertida discusión pública y debido a sus recientes publicaciones todos los ciudadanos interesados en la materia han conocido en detalle los vericuetos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que mide los niveles de pobreza, la que, digámoslo con claridad, se ha reducido enormemente en los últimos 20 años.

Sus ágiles periodistas entrevistaron al profesional Andrés Hernando, hoy renunciado a su cargo de Jefe de Estudios del Ministerio de Desarrollo Social, quien muy molesto declaró, entre otras cosas, que él se sentía utilizado por Lavín porque, de acuerdo a su discernimiento estadístico, la pobreza en Chile comparando la cifra actual con la anterior de 2009, no había disminuido. En sus afirmaciones se refirió a la CEPAL, organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas que quedó mal parada en este episodio, razón por la cual el funcionario jefe encargado del tema se vio en la obligación de renunciar con elástico a su cargo.

Recordemos que con la polémica variable “y11” la pobreza, que entonces era del 15,1%, bajó como por arte de magia al 14,4%, guarismo éste que fue objetado en un seminario llevado a cabo en el Centro de Estudios Públicos (CEP) por el economista de la Universidad de Chile que tuvo a su cargo la preparación de la cifras. En ese encuentro entre expertos, según comentarios de prensa, el ministro Lavín no defendió como era su obligación el método utilizado por su ministerio.

En Conferencia de Prensa del domingo 2 de septiembre reciente, Lavín, en compañía de la subsecretaria de su ministerio, despotricó en contra de todos aquellos que osaron poner en duda las cifras entregadas por él, señalando que sólo existió un intercambio de opiniones “técnicas” con la CEPAL y que, por lo tanto, eran infundadas y apresuradas las objeciones formuladas por políticos de la Concertación. Es más, llegó a decir que sus críticos estaban molestos por este estupendo resultado obtenido por un gobierno de derecha.

Pues bien, está claro que los funcionarios públicos, en ningún país del mundo, pueden mentir y abordando los dichos del diputado Moreira respecto al ministro: “si hay un hombre bueno, un pan de Dios, ese es Joaquín Lavín”, traemos a colación lo sucedido con la explotación comercial de la Universidad del Desarrollo (UDD), uno de cuyos socios fundadores es el mismo Lavín en compañía de políticos de su mismo partido. Esta universidad privada, de acuerdo al marco legal, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y las personas jurídicas que son dueñas de la misma son sociedades de inversión, inmobiliarias y de otros tipos, las cuales durante muchos años lucraron a destajo con los servicios y contratos formalizados con esa casa de estudios superiores.

Está claro que los funcionarios públicos, en ningún país del mundo, pueden mentir y abordando los dichos del diputado Moreira respecto al ministro: “si hay un hombre bueno, un pan de Dios, ese es Joaquín Lavín”, traemos a colación lo sucedido con la explotación comercial de la Universidad del Desarrollo (UDD), uno de cuyos socios fundadores es el mismo Lavín en compañía de políticos de su mismo partido.

Muchos reprocharon a Lavín, como co-dueño de esa universidad, su afán de lucro a través de la Sociedad Inmobiliaria Ainavillo, sobre todo en el período en que ejerció el cargo de Ministro de Educación y, hasta donde sabemos, él nunca demostró con documentos a la vista que ni esa empresa ni las otras controladoras de esa universidad no obtenían ganancias pecuniarias y que las utilidades resultantes eran todas reinvertidas en las labores propias de la educación.

Hace 11 años, cuando Lavín había decidido no postularse para continuar siendo alcalde de Las Condes, la influyente Prelatura del Opus Dei demolió ilegalmente 2 casonas de Conservación Histórica localizadas en la Av. Presidente Errázuriz 4114 y 4144, esquina de la calle Burgos en la comuna de Las Condes. En el terreno resultante de la fusión de los 2 predios en donde se emplazaban esas tradicionales viviendas de estilo, se construyó un edificio que acoge a las máximas autoridades de esa organización religiosa católica.

Con esta mala práctica privada, avalada en los hechos por el activo supernumerario Joaquín Lavín, conocedor como ninguno, por razones obvias, de las normas urbanísticas de Las Condes, se buscaba sólo disponer de un terreno en un sector de privilegio a un precio más barato que el de mercado.

Luego, se incurrió en una ilegalidad para satisfacer el lucro de quien deseaba edificar, lo que fue consentido por los obsecuentes funcionarios municipales de Las Condes, cuyo alcalde Francisco de la Maza había sido la mano derecha de Lavín cuando éste compitió en las presidenciales contra Ricardo Lagos.

Varios vecinos, incluyendo al suscriptor de esta columna, denunciaron el caso ante la  Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador que en su extemporáneo y completo dictamen Nº 35.145 del 10 de septiembre del 2002 resolvió que todo lo “autorizado” había transgredido la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, por si fuera poco, también la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes.

Si algún lector desea imponerse de lo relatado, puede acceder a la página web de la CGRy digitando el número y año del dictamen, conocerlo en toda su dimensión, ya que por estar ante un nuevo hecho ilegal consumado, de los tantos que se conocen pero se callan, sólo quedaba hacer efectivas las responsabilidades administrativas derivadas de la bribonada municipal. Nunca hubo sumarios y nadie dijo nada para no incomodar a la Prelatura.

En resumen : 1) en el caso de la Casen, veremos en el transcurso de esta semana quién tiene la razón, con lo cual sabremos quién mintió, 2) en el asunto de la universidad privada es evidente que la que lucra no es ella, sino las sociedades mercantiles que succionan de la misma los excesivos fondos por servicios entregados: así se diseñó este modelo de negocio y 3) respecto de la operación Opus Dei, con su comportamiento silente Lavín fue cómplice del pésimo proceder de su aliado político Francisco dela Maza.

Etiquetas: las condes, lavín, lucro, santiago, urbanismo » Publicado: a las 4:14 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: ciudad, crecimiento, santiago, urbanismo » Publicado: 09/08/2012

El más lucrativo de los negocios

Es imperioso evitar los comportamientos arbitrarios de los gobiernos de turno, ya que es inaceptable que, vía simples actos administrativos, se otorgue riqueza a algunos que ni se han movido de sus escritorios.

En todos los sectores de la economía existen nichos específicos que, bien explotados, generan excelentes ganancias a sus emprendedores. Estos negocios pueden ser legales como es la construcción inmobiliaria y otros tantos, o ilegales, como es el comercio de drogas, el lavado de dinero, la colusión entre privados para distorsionar al mercado, el tráfico de influencias cuyos elegantes actores tienen llegada a todos lados y, como está en la agenda noticiosa, el caso de la industria de las universidades privadas, teóricamente sin fines de lucro, pero en la práctica voraces para que sus controladores obtengan altas rentabilidades con el ardid ya conocido por todos.

Pero en esta ocasión nos vamos a referir al portentoso negocio del cambio de uso de suelo rural, fijado en los planes reguladores, decidido discrecionalmente por funcionarios dela Administracióncasi siempre para favorecer a los pedigüeños de turno y a las asociaciones gremiales empresariales que especulan con ese recurso.

A sabiendas que el lucro más espectacular se produce con los cambios de uso de suelo y como en Chile, por imposiciones de los poderes fácticos, no existe una legislación que contemple la captura parcial de estas plusvalías por parte del Estado, al menos los parlamentarios deberían abocarse a diseñar una ley que fije un procedimiento respecto de la expansión urbana a tierras agrícolas.

Ahora bien, accediendo a las solicitudes formuladas por varios poseedores de tierras rurales en la saturada Región Metropolitana, en diciembre de 2006, durante el gobierno de Bachelet, la ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de entonces dictóla CircularNº 41 que originó una forma de expansión horizontal en determinados terrenos agrícolas de 8 comunas periféricas: son 10 mil hectáreas.

Con esta expansión, por cierto injustificada porque al interior del radio urbano existen infinidad de predios aptos para la construcción, como lo han dicho expertos en la materia, se concibe la figura de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en terrenos de60 hectáreasy los sumisos funcionarios del Minvu, por su impericia, han debido soportar varios traspiés en la consecución de este proyecto denominado PRMS-100, hecho suyo por el actual gobierno.

En una ocasión los miembros del Consejo Regional (CORE) Metropolitano tuvieron que votar en 2 ocasiones esta antojadiza iniciativa mercantil, porque en la primera votación no se habían obtenido los sufragios necesarios para darle curso. Cuando se logró ese objetivo, después de las presiones ejercidas por el ex intendente Fernando Echeverría, con una imprudente felicitación pública del presidente Piñera al anterior, se envió la resolución ala Contraloríapara que tomara razón de la misma.

El ente fiscalizador, celoso guardián de la legalidad rechazó el proyecto, por contener más de 20 irregularidades de forma y fondo y después de un tiempo determinado, sin que se votara nuevamente en el CORE  y sin que se sometiera a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tal como lo ordena perentoriamente la nueva Ley 20.417 del Medio Ambiente, vigente desde enero del 2010, el avispado gobierno, ansioso en las utilidades que se generarían para los regalones particulares, se lo envió directamente ala Contraloríapara que le diera curso rápido.

Pero nuevamentela Contraloríadijo no y así fue como el 20 de julio pasado la intendenta Pérez se vio en la bochornosa necesidad de retirar el manoseando proyecto expansivo del ente fiscalizador. En conocimiento de este nuevo resbalón gubernamental, demostrativo de lo precaria que es nuestra institucionalidad sectorial, la senadora Soledad Alvear le envió una comunicación al ministro del ramo para que este caprichoso proyecto, al menos sea sometido a una EAE, la que contempla una efectiva participación ciudadana. No se conoce todavía la respuesta del ministro Pérez y por lo tanto no podemos vaticinar nada.

Para contextualizar el asunto, debemos tener presente que en el año 2003 se había  originado una expansión urbana que creó los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) normada en el PRMS para que los privados que dispusieran de300 hectáreasagrícolas pudieran cambiar sus uso de suelo a urbano y por lo tanto iniciar por etapas sus negocios inmobiliarios. Esta figura había sido calificada ambientalmente favorable porla CajaBuzónde la ex Corema y también contó con los votos necesarios en el ingenuo, por no decir perezoso, CORE.

Se acogieron a esta facilidad algunos particulares, uno de ellos Enea, relacionada con la muy conocida y polémica Enersis, la misma que le quería pasar un golazo a los accionistas minoritarios con una operación comercial calificada como abusiva. Cuento corto: todas estas iniciativas productivas no han prosperado porquela Contraloríafundadamente ha rechazado esos negocios.

Los titulares de los PDUC pretendían sacar ventajas vía curiosas interpretaciones en la aplicación del marco regulatorio y por ello ahora están intentando que el gobierno cambie las reglas del juego, reduciendo las exigencias establecidas en el PRMS. En una de esas, Piñera podría instruir a sus colaboradores para que, vía decreto supremo, se haga más amigable la reglamentación de los PDUC y así estos prohombres del sistema salgan con la suya.

Como vemos, todos estos negocios inmobiliarios de particulares en suelos agrícolas no han prosperado por la lenidad del Estado y porque la ciudadanía organizada está ejerciendo un efectivo control, cautelando el interés público como contrapartida a la avidez del sector privado. Recordemos que 63 agrupaciones de la sociedad civil y el Colegio de Arquitectos de Chile han ingresado diversas presentaciones antela Contraloríaobjetando la expansión PRMS-100.

En resumen, a sabiendas que el lucro más espectacular se produce con los cambios de uso de suelo y como en Chile, por imposiciones de los poderes fácticos, no existe una legislación que contemple la captura parcial de estas plusvalías por parte del Estado, al menos los parlamentarios deberían abocarse a diseñar una ley que fije un procedimiento respecto de la expansión urbana a tierras agrícolas. Es imperioso evitar los comportamientos arbitrarios de los gobiernos de turno, ya que es inaceptable que, vía simples actos administrativos, se otorgue riqueza a algunos que ni se han movido de sus escritorios.

Etiquetas: ciudad, crecimiento, santiago, urbanismo » Publicado: a las 4:58 pm

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Etiquetas: ciudad, santiago, urbanismo » Publicado: 17/07/2012

Falla geológica de San Ramón

Ahora corresponderá incorporar en los PRC de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén ,La Florida y Puente Alto las disposiciones reglamentarias respectivas para así reducir los riesgos en la población.

Años atrás, a solicitud de vecinos, denunciamos en la Contraloría General de la República el deseo de la empresa Metrogas de instalar una planta de respaldo de gas propano en la Zona de Preservación Ecológica, específicamente en la comuna de Peñalolén, del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), ello por cuanto en ese territorio rural no se admitía el emplazamiento de esa peligrosa actividad industrial.

Tiempo después, el ente fiscalizador determinó que esa iniciativa era ilegal, lo que era sabido por todos aquellos que se desenvuelven en el tema, y para “solucionar” dicho inconveniente ya que la construcción, como un nuevo hecho consumado, se materializó, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como habitualmente lo hace en las ocasiones en que se detectan sus malas prácticas, modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con lo cual extemporáneamente se homologó la legalidad de esa planta, la que en todo caso no funciona por carecer de las patentes municipales de rigor.

Hace unos 3 años, en conocimiento de que la Municipalidad de La Reina estaba modificando su Plan Regulador Comunal (PRC), le hicimos notar a ella misma y a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, autoridad del gobierno central que le da curso o rechaza estos instrumentos de regulación urbana, que incorporara las afectaciones respectivas en los sectores adyacentes a la traza de la falla geológica activa de San Ramón… Ni esa municipalidad ni la autoridad de mayor rango se atrevieron a hacer lo que les correspondía…

El hospital Dipreca de Carabineros se localiza en la zona alta de la comuna de Las Condes y a principios de este año sus imprudentes autoridades permitieron que la empresa Mall Plaza, que demolió un establecimiento educacional situado a unas cuadras más abajo, arrojara en el terreno fiscal que ocupa dicho hospital una gran cantidad de escombros, situación vergonzosa que le representamos personalmente, en conjunto con lo dirigentes sindicales, al director de esa institución pública de salud.

En seguida nos reunimos con José Ignacio Pinochet, seremi de Medio Ambiente, para que este servicio del Estado fiscalizara in situ el daño ambiental provocado por esa conocida empresa privada de retail. Al anterior le solicitamos que, tan pronto sus inspectores verificaran la destrucción de la naturaleza en ese territorio fiscal, trasladara los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este organismo presente las acciones legales correspondientes en contra de los responsables, sean personas jurídicas o naturales.

Una organización religiosa está edificando en la parte alta de la comuna de Peñalolén el  templo Baha í, contando para ello con una Resolución Favorable de Calificación Ambiental de la ex Corema totalmente  trucha, en razón a que el acceso vial al mismo es insuficiente por la carga de ocupación de ese tipo de equipamiento que contempla más de 180 estacionamientos para sus fieles. La irregularidad anterior fue dictaminada por la Contraloría General de la República y por ello, con los vecinos que hicieron oportunamente los reclamos, recientemente entregamos los antecedentes al mismo seremi de Medio Ambiente con el propósito de que investigue lo acontecido en su dependencia técnica.

El Centro Nuclear de La Reina, administrado por el Ejército, está situado en la parte alta de la comuna de Las Condes y hace unos 7 años la Fundación Defendamos la Ciudad se opuso en la Contraloría a que se redujera el radio de protección del mismo. Unos privados, apoyados por el municipio, deseaban que sus terrenos afectados por ese resguardo urbanístico quedaran liberados para que así se incorporaran al mercado del suelo. No fue posible mantener la distancia de ese radio porque la Contraloría sucumbió ante las peticiones a ella formuladas por quienes querían obtener ganancias económicas.

Las construcciones de estos 4 casos sucintamente narrados se encuentran sobre o muy cercanos al trazado de la fractura geológica y por ello es necesario adoptar decisiones para que así las políticas públicas sectoriales, recogiendo la realidad de los hechos, establezcan las medidas respectivas.

Hace unos 3 años, en conocimiento de que la Municipalidad de La Reina estaba modificando su Plan Regulador Comunal (PRC), le hicimos notar a ella misma y a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, autoridad del gobierno central que le da curso o rechaza estos instrumentos de regulación urbana, que incorporara las afectaciones respectivas en los sectores adyacentes a la traza de la falla geológica activa de San Ramón, cuya existencia era y es conocida desde hace muchos años por la comunidad científica y por todos aquellos funcionarios públicos que se desenvuelven en el ámbito territorial.

Ni esa municipalidad ni la autoridad de mayor rango se atrevieron a hacer lo que les correspondía y por ello, con diversos grupos de la sociedad civil exigíamos con majadería a través de la prensa que se iniciaran los estudios para que la población estuviera mejor preparada ante el evento de un movimiento sísmico derivado de esas grietas inversas que corren, entre los ríos Mapocho y Maipo, en la parte oriente de la Región Metropolitana.

Como consecuencia de las presiones ciudadanas finalmente el Minvu le pidió a la consultora Burr y Bórquez y a los expertos dela Universidad de Chile que iniciaran la investigación geológica correspondiente y el resultado del mismo se conoció en días pasados: se concluyó que tenemos riesgo sísmico, aunque no se puede asegurar su ocurrencia en una fecha estimada.

Ahora corresponderá incorporar en los PRC de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén ,La Florida y Puente Alto las disposiciones reglamentarias respectivas para así reducir los riesgos en la población. En esta ocasión y por la evidencia advertida por los especialistas, esperamos que el Minvu, desatendiendo las presiones del sector de la construcción, actúe con responsabilidad  para que el ordenamiento territorial tenga un sesgo preventivo.

Etiquetas: ciudad, santiago, urbanismo » Publicado: a las 12:53 pm

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Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad

Etiquetas: ciudad, crecimiento, santiago, urbanismo » Publicado: 25/06/2012

La verdad sobre la expansión urbana

Estamos ante una situación absolutamente surrealista, propia de los países en donde las cosas se hacen de acuerdo a la discrecional decisión del jefe supremo y por ello estaremos atentos al desarrollo de los hechos.

Es evidente que hay una campaña de prensa orientada a desinformar a la opinión pública y a ablandar ala Contraloría General de la República para que finalmente ésta tome razón de una inicua resolución administrativa de la Intendencia que, obedeciendo ciegamente la instrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), contempla el cambio de uso de suelo de 10 mil hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas.

Si ello ocurriera los únicos ganadores serían los especuladores con el recurso suelo y esto lo saben todos aquellos que se desenvuelven en este sector de la economía. A los nuevos negocios inmobiliarios se les puso el rimbombante nombre de Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC) en terrenos de 60 hectáreas.

Con la idea de evitar esa acomodaticia y deshonrosa medida, denominada modificación PRMS-100, que generaría ingentes plusvalías patrimoniales a los regalones de siempre, recientemente 63 organizaciones ciudadanas y el Colegio de Arquitectos de Chile requirieron al ente fiscalizador que rechace esta pretensión plutocrática por razones de orden técnico y de procedimientos.

La modificación tampoco contó con la forzosa Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), exigida por la nueva legislación ad hoc, hasta estos días la opinión pública desconoce los nombres de aquellos particulares que obtendrían las plusvalías patrimoniales derivadas de los nuevos usos de suelo, no existió un adecuado proceso de participación ciudadana y se vulneró la restrictiva legislación que tienen los predios rústicos…

Recordemos que la Cámara de la Construcción, poder fáctico de excelencia, interesada en la materia, basada en un informe de una universidad privada que recibe cuantiosos recursos del Estado, pregona a través de la prensa con inusitada insistencia que en el Gran Santiago quedarían sólo 1.800 hectárea para construir viviendas, lo que nos trae a la memoria pretéritas campañas del terror.

Como es una falacia lo que plantean los interesados en esta ingeniosa fórmula para ganar plata, traemos a colación lo que afirma Pablo Trivelli, editor del “Boletín del Mercado del Suelo en Santiago”, documento que es utilizado recurrentemente por aquellos que se desenvuelven en estos negocios y por los propios funcionarios del Minvu.

Le manifestó a la radio de la UCH que “Las áreas urbanas ya ocupadas tienen como 83 mil hectáreas en la Región Metropolitana y las áreas normadas con uso urbano tienen 123 mil hectáreas, eso significa que quedan 40 mil hectáreas. Hay un informe del Minvu del año 2010 que dice que el consumo anual de suelo urbano en la Región Metropolitana es de 700 hectáreas, por lo tanto nos quedan 40 mil… son como casi 60 años… Hay terrenos de sobra”. Más claro imposible.

Trivelli es un profesional que no está en el juego de la especulación, porque es un reconocido académico universitario y dijo lo que muchos saben, pero que lo callan por conveniencia. Así las cosas, la difusión del supuesto déficit de suelo que ha contado con varios minutos en las pantallas de TV es para distorsionar los hechos y gracias a la libertad de expresión el ardid ha quedado al descubierto.

Es del caso señalar que el proyecto PRMS-100, ya fue rechazado en su oportunidad porla Contraloríapor motivos de forma y fondo. Pero el gobierno, para evitar la necesaria nueva votación en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, ingresó directamente en la Contraloría su mimado proyecto, para así evitarse el riesgo del rechazo, ya que en la votación anterior el intendente de la época mintió respecto a una gestión determinada, informada descriptivamente por nosotros al ministro Pérez Mackenna.

La modificación tampoco contó con la forzosa Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), exigida por la nueva legislación ad hoc, hasta estos días la opinión pública desconoce los nombres de aquellos particulares que obtendrían las plusvalías patrimoniales derivadas de los nuevos usos de suelo, no existió un adecuado proceso de participación ciudadana y se vulneró la restrictiva legislación que tienen los predios rústicos de 0,5 hectáreas (parcelas de agrado) acogidos al DL 3.516 de 1980, habida consideración que en esas 10 mil hectáreas hay un cierto porcentaje de esas subdivisiones que se deben mantener como agrícolas.

El domingo 24 de junio pasado El Mercurio publicó el reportaje “En tres décadas, el precio del suelo en el Gran Santiago subió casi 1.000%” y refiriéndose al PRMS-100 entrevistó a 2 especialistas, uno de los cuales era Trivelli, quien expresó algo así al periodista, aludiendo a una visita que él había hecho al Comité Inmobiliario de la Cámara de la Construcción : ”… lo que ustedes quieren no es más suelo, sino suelo a los precios que los harán felices o que generen plusvalías”, es decir, suelos agrícolas que, como todos sabemos, por estar localizados más allá de los límites urbanos, son baratos.

En síntesis, estamos ante una situación absolutamente surrealista, propia de los países en donde las cosas se hacen de acuerdo a la discrecional decisión del jefe supremo y por ello estaremos atentos al desarrollo de los hechos, ya que en una de esas Piñera opta por hacer bien las cosas y ordena a sus subordinados para que retiren de la Contraloría este proyectito tan vilipendiado por la ciudadanía y por los que saben de desarrollo urbano sustentable.

También nos extraña sobremanera que los parlamentarios mantengan una mudez absoluta en esta discusión. ¿Temen emitir sus puntos de vista o lisa y llanamente no les interesa para nada esta delicada materia?

Etiquetas: ciudad, crecimiento, santiago, urbanismo » Publicado: a las 3:25 pm

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Etiquetas: cobros, consumidores, estacionamientos, inversionistas, mall, sernac » Publicado: 04/06/2012

Distintos tipos de estacionamientos

Los malls, equipamientos de uso público, como es lógico, también deben disponer de la cantidad de estacionamientos exigidos por la regulación urbanística vigente y por ello el Sernac quiso obligarlos a que no cobraran una tarifa por su utilización por parte de sus clientes y proveedores.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y los Planos Reguladores Comunales (PRC) fijan la cantidad mínima de estacionamientos que deben tener tanto los edificios residenciales como los diferentes equipamientos (salud, educación, servicios públicos, supermercados, restaurantes, oficinas, industrias, etc), de acuerdo a los m2 construidos y sus destinos específicos.

Tratándose de edificaciones de viviendas se exigen estacionamientos en los espacios comunes para los residentes, visitas y discapacitados y desde hace algunos años, como consecuencia del explosivo aumento del parque automotor, si este tipo de proyectos inmobiliarios contemplan más de 250 estacionamientos, el titular debe someterlo a un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). Tratándose de edificios de oficinas que deban tener más de 150 estacionamientos se hace exigible este EISTU.

Algunos visionarios inversionistas, conscientes de la necesidad de estos espacios, han estado incursionando en el giro de negocios de arriendo de estacionamientos por horas, días y meses, es decir, se han levantado edificaciones con ese único propósito y les ha ido muy bien porque la demanda es progresiva. Otros más modestos, valiéndose de sitios eriazos, los explotan con el mismo objetivo y en ambos casos deben operar con las patentes comerciales de rigor que les otorgan las municipalidades.

Últimamente los municipios de casi todo el país han estado llamando a licitaciones para concesionar, por cierta cantidad de años, los bienes nacionales de uso público de sus territorios jurisdiccionales para que los actores privados construyan allí estos estacionamientos. Casi siempre estas construcciones se ejecutan en los sub-suelos de las calles y bajo el nivel natural del suelo de las plazas y parques. Este ha sido un lucrativo negocio y se aprecia la competencia en el cobro de las tarifas.

Los malls, equipamientos de uso público, como es lógico, también deben disponer de la cantidad de estacionamientos exigidos por la regulación urbanística vigente y por ello el Sernac quiso obligarlos a que no cobraran una tarifa por su utilización por parte de sus clientes y proveedores.

Hemos sabido que la organización gremial de los propietarios de estos malls ha puesto el grito en el cielo porque ellos quieren seguir lucrando con el indebido cobro de esos espacios necesarios para que funcionen tales centros comerciales. Es más, en forma temeraria y grandilocuente, para impresionar a los incautos, ha motejado de populista la correcta aplicación de la ley.

Algunos políticos de gobierno y los inefables grupos fácticos de poder también insisten en esa forma de exacción y para resolver el intríngulis, el ministro Pablo Longueira, quien en un principio había apoyado a su subordinado Juan Antonio Peribonio, ha conformado una denominada mesa “técnica” de trabajo con los ministerios de Vivienda y Transportes, ambos simples comparsas, el propio desminuido Sernac y como actor que lleva la batuta, dicha organización empresarial que insiste en que nada cambie. Su vocero llegó a decir que la ley no les prohíbe cobrar, olvidando eso sí que la ley tampoco les permite cobrar.

Así las cosas y con la sola idea de encontrar un punto de equilibrio en la situación reseñada, entendiendo que la gratuidad completa y a todo evento es imposible de aceptar por los abusos que inexorablemente se producirían por parte de numerosos automovilistas, estamos convencidos que los estacionamientos en los malls y en todas las edificaciones afines tienen que ser de uso liberado durante el período en que los consumidores o pacientes, en el caso de las clínicas, se encuentran dentro de esas instalaciones.

Su vocero llegó a decir que la ley no les prohíbe cobrar, olvidando eso sí que la ley tampoco les permite cobrar.

Ese plazo podría ser de 150 minutos (2 horas y media) por día y si la ocupación del estacionamiento se prolonga, por los motivos que sean, empezaría a operar en forma automática, a partir del minuto 151, el cobro fijado a discreción por el propietario de la edificación.

Para que haya fluidez en las circulaciones vehiculares será preciso instalar pórticos de medición de tiempos en los accesos y salidas de los malls para que así funcionen los tags instalados en cada automóvil, cobrándose por los minutos exactos de ocupación del estacionamiento después del período fijo gratuito. Tal como los concesionarios de autopistas envían una vez al mes a sus clientes la boleta de cobro por los peajes acumulados, los distintos malls deberían hacer lo mismo.

Está claro que el mercado no lo resuelve todo y por ello sostenemos que con este simple procedimiento los comerciantes venderían más, sus clientes los apreciarían en mayor medida y la utilización de los estacionamientos estaría bastante bien regulada por un activo Estado que, salvaguardando los intereses de los consumidores, también se preocupa de los inversionistas.

Por último, independientemente de lo que diga esa incompetente y presuntuosa mesa “técnica”, a la cual obviamente no fueron invitadas las organizaciones ciudadanas, es urgente que esta materia quede sistematizada por ley y en tal sentido los parlamentarios tienen mucho que decir.

Etiquetas: cobros, consumidores, estacionamientos, inversionistas, mall, sernac » Publicado: a las 2:10 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: boza, ciudad, errázuriz, labbé, providencia, santiago, urbanismo » Publicado: 18/05/2012

Un bozal para ese arquitecto

Tal como Boza se vio en la obligación de desdecirse de sus desfachatados dichos con sus ex alumnos, a través de esta columna le exigimos a ese arquitecto que haga lo mismo con Josefa Errázuriz, futura alcaldesa de Providencia.

Según Wikipedia el apellido Boza es originario de Portugal, pero donde este linaje adquirió importancia fue en las Islas Canarias, en las que se asentó en el siglo XVI, desde donde pasó al Nuevo Mundo, específicamente al Perú. No sabemos cuándo esta familia de alcurnia llegó a Chile, ni nos interesa conocer su ascendencia, pero lo que sí está claro es que el arquitecto Boza tiene un comportamiento despreciativo de señor feudal.

Cristián Boza, en una entrevista, trató de faltos de cultura y sofisticación a sus alumnos de la Escuelade Arquitectura de la UniversidadSanSebastián, lo que fue publicado en la revista Vivienda y Decoración del diario El Mercurio.

En la entrevista también aseguró que son los arquitectos los que diseñan la ciudad, ante lo cual le decimos que está profundamente equivocado ya que, por lo menos en Chile, las ciudades obedecen únicamente a las decisiones de negocios de los inversionistas inmobiliarios y de las constructoras que tienen el poder suficiente para influir en las medidas que adopta cada cierto tiempo el Ministerio de Vivienda y las propias municipalidades.

Boza ejercía el cargo de decano en esa Escuela y como sus alumnos reclamaron porque, tratándolos con las siglas C2 y C3 utilizadas por los publicistas, se sintieron insultados por las palabrotas de mal gusto que les lanzó para justificar su incapacidad de docente. Él quería tener en su aula a estudiantes sofisticados que vinieran de la cota 1.000, pero la realidad social de los alumnos en esa novísima universidad privada era otra. Lo despidieron por su falta de tino y por su comportamiento autorreferente.

En la entrevista también aseguró que son los arquitectos los que diseñan la ciudad, ante lo cual le decimos que está profundamente equivocado ya que, por lo menos en Chile, las ciudades obedecen únicamente a las decisiones de negocios de los inversionistas inmobiliarios y de las constructoras que tienen el poder suficiente para influir en las medidas que adopta cada cierto tiempo el Ministerio de Vivienda y las propias municipalidades.

Los arquitectos, en general, son simples instrumentos de sus mandantes con las excepciones de aquellos profesionales dignos que no se dejan utilizar. En nuestro país tenemos unos cuantos de estos profesionales que se la juegan, incluso pasando malos ratos, para que nuestras ciudades sean democráticas, sin segregación, se desarrollen con respeto por la sustentabilidad y adscribiéndose al bien público. Conocemos a varios de estos arquitectos y en esta oportunidad nombraremos a Christian de Groote y a Mathias Klotz, ejemplos que muchos debieran imitar.

Aparte del exabrupto cometido con sus estudiantes, en esa revista el atrevido Boza manifestó : “Me lo paso dando explicaciones y sospechando que hablan por hablar. Y aparecen unas organizaciones como Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad; hay una niña que publicó hace poco una crítica, la Pepa Errázuriz, ¿quién es la Pepa Errázuriz? Presidenta de Ciudad Viva. ¿Qué es Ciudad Viva, qué arquitectos tiene detrás?, si la ciudad la construyen los arquitectos”.

Periodista: Pero la viven los ciudadanos. Debe ser complicado ser arquitecto y someterse a las opiniones.

“Obviamente. Por eso cuando hacemos proyectos grandes, como Enea, en Pudahuel, usamos toda una metodología para consultarle a la comunidad. Ahora el input que ellos me dan lo proceso, si el arquitecto soy yo. Es como si fuera al médico y le dijera qué me tiene que recetar. Yo soy el experto. Tengo un postgrado en Edimburgo, he sido profesor de arquitectura y urbanismo por más de 30 años, probablemente soy la persona que más sabe de estos temas en Chile. Probablemente, mis discusiones no son a nivel de la Pepa Errázuriz, mis discusiones son con expertos como Marcial Echenique y se hacen en la Universidad o por el diario, con altura de miras. Pero no voy a estar contestando a esas personas que no entienden nada”.

También le decimos a Boza que si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil que han emergido en el último tiempo, la corrupción inmobiliaria que se ha estado conociendo sería más descomunal que la actual y como un botón de muestra le representamos las 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una que se están construyendo, sin una calificación ambiental, en el amplio terreno comprado por los dueños de la Universidad San Sebastián, en cuya casa central él enseñaba hasta la semana pasada.

La altura máxima de esas 3 torres debía ser la contemplada en el Plan Regulador de Recoleta para esa zona de densidad media, que es bastante más reducida, tal como lo ha dictaminado formalmente el propio Ministerio de Vivienda en su ORD. Nº 18 del 11 de enero de 2010, criterio legal convalidado por el Consejo de Defensa del Estado. Asimismo existe un informe en derecho, elaborado por un conocido Estudio Jurídico de la plaza, a solicitud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que plantea lo mismo.  

Las dichosas torres se siguen edificando, con el aval del Director de Obras Municipales formalizado por el Ministerio Público, sin que las instituciones administrativas del Estado funcionen. El polémico arquitecto Boza ninguneó a Josefa Errázuriz porque tuvo el coraje de decir públicamente lo que estamos reseñando en los últimos párrafos. Esta valerosa dirigente social se enfrentará al coronel Labbé en octubre próximo.

Tal como Boza se vio en la obligación de desdecirse de sus desfachatados dichos con sus ex alumnos, a través de esta columna le exigimos a ese arquitecto que haga lo mismo con Josefa Errázuriz, futura alcaldesa de Providencia. 

Etiquetas: boza, ciudad, errázuriz, labbé, providencia, santiago, urbanismo » Publicado: a las 3:31 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: Bachelet, ciudad, Costanera Center, lagos, Paulmann, santiago, urbanismo » Publicado: 11/05/2012

Violar a veces es bueno

Para determinarse el número de estacionamientos se violó el artículo 7.1.2.9 dela Ordenanza del PRMS, instrumento que fija los estándares de estacionamientos según los destinos y metros cuadrados útiles de las edificaciones. Si Costanera Center se hubiera adscrito a la normativa vigente debió haber construido más de 10.000 estacionamientos, con lo cual se habría sobredimensionado el problema de los tacos ad portas.

A pesar de que en ocasiones anteriores ya hemos hablado acerca de las tremendas consecuencias en la trama urbana derivadas del megaproyecto Costanera Center y de sus infinitas irregularidades cometidas en la tramitación de los permisos, nos vemos obligados a escribir nuevamente para poner las cosas en su justo lugar a raíz de declaraciones públicas de algunos personeros.

En efecto, Cristián Labbé, alcalde de Providencia, impulsor acérrimo del megaproyecto,  ha dicho urbi et orbi que su municipio ha cumplido escrupulosamente con todas las normas fijadas en nuestro ordenamiento para este tipo de intervenciones en la ciudad. Asimismo, criticó a los ex Presidentes Lagos y Bachelet, quienes oportunamente apoyaron este negocio inmobiliario privado porque, empleando sus palabras, “se mantienen silentes” ante la ola de invectivas proferidas en contra de esa construcción.

Con desconocimiento, respecto de las materias de Vivienda y Urbanismo, pero reconociéndole su sólida capacidad técnica en los asuntos de transportes, el ingeniero Louis de Grange, manifiesta lo mismo que dicho alcalde en orden a que todos los permisos están correctamente otorgados, pero sí agregando que no hay que mirar para atrás porque es indispensable buscar soluciones que atenúen los impactos viales que se generarán.

Pero también no ejercieron sus roles las autoridades del gobierno pasado que ejercían en el Minvu, ex CONAMA, Ministerio de Transportes y MOP porque, invocando supuestas incompetencias sectoriales, no asumieron en plenitud sus responsabilidades como funcionarios públicos de verdad. En síntesis, Labbé fue muy complaciente con Paulmann y por ello ahora la ciudadanía tendrá que asumir los costos de la improvisación y del laissez faire.

El ingeniero Leonardo Basso, presidente de la Sociedad Chilena de Transportes (SOCHITRAN), uno de los profesionales más capacitados en su especialidad, refiriéndose a los problemas viales que se acrecentarán en la zona con la puesta en marcha de ese gigante egoísta señaló: “No es posible que los proyectos de impacto vial se presenten cuando las obras ya comenzaron. Eso demuestra que con el actual sistema la institucionalidad no funciona, está fallando” (sic).

Al ingeniero le contestamos de inmediato señalándole que la institucionalidad no falló, sino quela Direcciónde Obras de Providencia consintió en que se iniciaran las faenas y se cursara posteriormente el permiso de edificación saltándose la exigencia de contar previamente con el estudio vial.

Este megaproyecto inmobiliario es el más grande que se ha hecho en la historia del país, aprovechando las muy permisivas normas de edificación contenidas en el Plan Seccional CCU impuestas por el gobierno del general Pinochet para el terreno de4,5 hectáreasen donde se construye. Por su altísima carga de ocupación debía someterse a ciertos estudios que a continuación damos a conocer.

Pues bien, en las zonas declaradas latentes o saturadas, como es el caso de esta región, los proyectos inmobiliarios de cierta envergadura, de acuerdo a la letra h) del artículo 10º de la Ley Nº 19.300, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea a través de una “Declaración” o de un “Estudio”, dependiendo de los efectos, características o circunstancias de esas intervenciones en la trama urbana.

Sabemos que las obras de esos proyectos se pueden iniciar única y solamente cuando cuenten con una resolución de calificación ambiental favorable cursada por la autoridad competente, ello acorde al mandato del artículo 8º de la ley invocada.

Ahora bien, este megaproyecto que considera una construcción de 689.553 metros cuadrados, con una inversión privada del orden de los mil millones de dólares inició sus faenas el 3 de marzo de 2006 con una simple Declaración de Impacto Ambiental aprobada vía Resolución Exenta Nº 537/2001, es decir, acto administrativo cursado el año 2001, cuando el proyecto era sustancialmente más reducido en términos de metros cuadrados.

Como hemos visto, el proyecto se inició sin un permiso de edificación, con lo cual se infringió gravementela Ley Generalde Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el que se obtuvo un año después, Nº 71-A07 del 30 de marzo de 2007, adolece de varias ilegalidades, por una de las cuales,la Contraloría General de la República sancionó a los 3 arquitectos funcionarios de la Dirección de Obras que intervinieron en la tramitación de ese permiso porque no se habían fusionado los distintos predios que originaron el resultante.

En uno de estos sitios, indispensable para la consecución del Costanera Center, enfrentandola Av.Vitacura, se emplazaba el colegio municipal de niñas “Tajamares”, hoy demolido, comunidad de estudiantes que por imposición del empresario fue reasentada en otro lugar de la comuna de Providencia. Instamos a los interesados en esta materia que revisen la letra c) del artículo 11º dela Ley Nº 19.300 para validar el aserto en orden a que ese proyecto necesariamente debía ser sometido a un riguroso Estudio de Impacto Ambiental, el que, entre otras cosas, contempla la democrática participación ciudadana aunque no sea vinculante.

De acuerdo al mandato de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para que las Direcciones de Obras aprueben un permiso de edificación, los  titulares de los proyectos que consideren más de 150 y 250 estacionamientos, si son de oficinas o residenciales, respectivamente, deben someterlos a un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y con sus autorizaciones, por parte del Seremi de Transportes, podrán obtener los permisos de edificación.

En este caso, el EISTU se obtuvo en el año 2009, es decir, 3 años después de que se hubieran iniciado las faenas, con el agravante de que las medidas de mitigación vial, de exclusiva responsabilidad pecuniaria del empresario, se exigieron al goteo.

El proyecto cuenta con 5.600 estacionamientos, lo que ha sido criticado por los especialistas, porque esta gran cantidad de espacios para vehículos es la que producirá los atochamientos en las calles circundantes.

Afortunadamente, y por ello la columna tiene este título, para determinarse el número de estacionamientos se violó el artículo 7.1.2.9 dela Ordenanza del PRMS, instrumento que fija los estándares de estacionamientos según los destinos y metros cuadrados útiles de las edificaciones. Si Costanera Center se hubiera adscrito a la normativa vigente debió haber construido más de 10.000 estacionamientos, con lo cual se habría sobredimensionado el problema de los tacos ad portas.

Pero también no ejercieron sus roles las autoridades del gobierno pasado que ejercían en el Minvu, ex CONAMA, Ministerio de Transportes y MOP porque, invocando supuestas incompetencias sectoriales, no asumieron en plenitud sus responsabilidades como funcionarios públicos de verdad.

En síntesis, Labbé fue muy complaciente con Paulmann y por ello ahora la ciudadanía tendrá que asumir los costos de la improvisación y del laissez faire.

Etiquetas: Bachelet, ciudad, Costanera Center, lagos, Paulmann, santiago, urbanismo » Publicado: a las 11:01 am

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Patricio Herman

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Etiquetas: Costanera Center, Paulmann, santiago, urbanismo, vialidad » Publicado: 02/05/2012

Las torres de Paulmann y de Eiffel

A continuación relataremos algunas de las irregularidades detectadas, ello con el único propósito de transparentar las actuaciones dela Municipalidadde Providencia, cuya Dirección de Obras hizo la vista gorda en el respectivo proceso administrativo para así favorecer al titular de este negocio que le significó más de mil millones de pesos ingresados a la tesorería municipal.

El jactancioso empresario del retail se aventuró a decir que su alto edificio Costanera Center, por su pretendido impacto positivo en la ciudad, se parece a la hermosa y digna torre levantada en París, entre los años 1887 y 1889, por el insigne ingeniero Alexandre Gustave Eiffel.

La torre de Paulmann se inserta en un sector colapsado de la ciudad en donde se producirán  mayores y crecientes tacos en las vialidades aledañas, lo que ha sido profusamente informado por la comunidad de especialistas en transportes y urbanismo.

El hombre de negocios avecindado en Chile llenó su terreno de4 hectáreascon diversas construcciones y por ello se dice que exprimió el limón en su exclusivo beneficio. En cambio la torre de Eiffel está rodeada de magníficos y amplios espacios públicos verdes y peatonales.

Está sumamente claro que Horst, personaje dicharachero y vendedor de pomadas, sobre todo a aquellos que ejercen el poder político, se excedió en sus dichos con la idea de tranquilizar los ánimos de una opinión pública molesta con los tiempos que vendrán en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes.

Para otorgarse ese permiso debería haber existido previamente una aprobación, por parte del Seremi de Transportes, del estudio de impacto vial, el que se logró recién en el año 2009. Las faenas comenzaron en marzo de 2006 con una Declaración de Impacto Ambiental del año 2001, cuando el proyecto consultado era bastante más reducido. La calificación ambiental definitiva por los700.000 m2construidos, que no fue un Estudio, se obtuvo 2 años después de la iniciación de obras, en circunstancias que es requisito legal contar con la autorización ambiental para darle curso a la operación de las faenas.

En todo caso, nos ha llamado la atención que los canales de televisión, en las reiteradas ocasiones en que han tratado el asunto de este megaproyecto, se han referido exclusivamente a los problemas que se originarán en la trama urbana, soslayando extrañamente el cúmulo de ilegalidades cometidas en el proceso de los otorgamientos de permisos.

Posiblemente los editores de esos medios de prensa o bien sus directores no desean que los televidentes conozcan cómo los grandes empresarios llevan a cabo sus inversiones en Chile. Recordemos que los anteriores son avisadores millonarios de propaganda a quienes hay que cuidar para que no se vayan a la competencia.

A continuación relataremos algunas de las irregularidades detectadas, ello con el único propósito de transparentar las actuaciones dela Municipalidadde Providencia, cuya Dirección de Obras hizo la vista gorda en el respectivo proceso administrativo para así favorecer al titular de este negocio que le significó más de mil millones de pesos ingresados a la tesorería municipal por concepto de derechos por la obtención del extemporáneo permiso de edificación.

En efecto, tal permiso se obtuvo en marzo de 2007, un año después de iniciadas las obras, y como los distintos predios en donde se emplaza el proyecto no se habían fusionado,la ContraloríaGeneraldela Repúblicatuvo que sancionar a los 3 funcionarios que analizaron la solicitud del permiso.

Para otorgarse ese permiso debería haber existido previamente una aprobación, por parte del Seremi de Transportes, del estudio de impacto vial, el que se logró recién en el año 2009. Las faenas comenzaron en marzo de 2006 con una Declaración de Impacto Ambiental del año 2001, cuando el proyecto consultado era bastante más reducido. La calificación ambiental definitiva por los700.000 m2construidos, que no fue un Estudio, se obtuvo 2 años después de la iniciación de obras, en circunstancias que es requisito legal contar con la autorización ambiental para darle curso a la operación de las faenas.

Por la altísima carga de ocupación del proyecto se le considera equipamiento mayor, según las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y por ello debía enfrentar una vía expresa, lo que no acontecía porquela Avenida AndrésBello, en ese tramo, tiene36 metrosentre líneas oficiales y por ello tiene categoría de vía troncal.

Ante esta incómoda circunstancia, el siempre complaciente Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) modificó dicha OGUC fijando que los equipamientos mayores, como Costanera Center, sí podían enfrentar vías troncales, además de las expresas y así, con la firma de un Decreto publicado rápidamente en el Diario Oficial, se solucionó el inconveniente que perturbaba esta millonaria inversión.

Como Paulmann quería tener la torre “más alta de Sudamérica” fue necesario que los funcionarios municipales procedieran muy creativamente para satisfacer las aspiraciones de aquel y así fue como la rasante de 70º no se levantó a nivel del suelo natural desde eje de la vía troncal Andrés Bello, como lo prescribe con mucha claridad el artículo 2.6.3. dela OGUC, sino que se calculó desde un punto más alejado de la ribera del río Mapocho.

En todo caso hay una resolución del Seremi de Vivienda y Urbanismo, del año 2009, en la cual recoge algunas de las observaciones dadas a conocer en esta columna y como ese ministerio no ha ejercido en plenitud sus atribuciones para exigir el cumplimiento de la ley, ya le hemos solicitado al ministro Pérez Mackenna que, tanto él como el Presidente Piñera, se inhiban de asistir a la inauguración del fastuoso mall prevista para el mes de mayo próximo.

El hecho de que las mitigaciones viales se exijan al goteo, de acuerdo a las distintas y parciales recepciones finales de obras, ya es un chiste que no merece mayores comentarios.

Podríamos continuar narrando situaciones inaceptables, pero para no cansar a los lectores terminamos ahora afirmando que Paulmann en Alemania no se habría atrevido a hacer las brutalidades que ha hecho en nuestro país, por la sencilla razón de que allá las instituciones del Estado sí funcionan.

Etiquetas: Costanera Center, Paulmann, santiago, urbanismo, vialidad » Publicado: a las 12:02 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: construcción, independencia, santiago, urbanismo » Publicado: 23/04/2012

Falencias en Independencia

Aunque el lector no lo crea, la comuna de Independencia, creada administrativamente en el año 1991, todavía no tiene su propio Plan Regulador, teniéndose en cuenta que su territorio jurisdiccional le pertenecía a las comunas de Santiago, Renca y Conchalí

En el último tiempo hemos observado en los canales de televisión y escuchado en las radios a los vecinos dela PoblaciónLosCastaños de la comuna de Independencia, quienes han estado manifestado masivamente sus molestias en contra de sus autoridades municipales, pues el director de Obras otorgó un permiso de edificación, en julio de2007,  a la Inmobiliaria Aseg Grevia Ltda. para que construyera sobre la angosta calle Inglaterra una torre habitacional de 21 pisos, teniéndose en cuenta que todo el sector es de densidad baja.

Aunque el lector no lo crea, la comuna de Independencia, creada administrativamente en el año 1991, todavía no tiene su propio Plan Regulador, teniéndose en cuenta que su territorio jurisdiccional le pertenecía a las comunas de Santiago, Renca y Conchalí. La población mencionada se rige hasta hoy en día por las normas contenidas y heredadas del Plan Regulador de Santiago.

Por estas cosas curiosas de la vida, el director de Obras de esa municipalidad, en mayo y julio de 2008, como vemos, inmediatamente después de la publicación de esa protectora Ordenanza Municipal, otorgó a la misma inmobiliaria sendos permisos de 18 pisos cada uno, enfrente de la torre de 21 pisos en construcción. Como las presiones de los indignados vecinos, que se habían organizado en la “Agrupación Los Castaños”, eran urgentes y reiteradas el alcalde adoptó, en septiembre de 2008,  nuevamente la decisión de revocar estos 2 nuevos permisos, lo que fue desautorizado por los Tribunales de Justicia

La Población Los Castaños delimita con las avenidas Domingo Santa María,  Independencia, Vivaceta y calle Francia, es decir, estamos hablando de 20 manzanas aproximadamente en donde, desde hace unos 90 años, se empezaron a edificar viviendas unifamiliares de un piso. En algunos pocos casos se construyeron viviendas de 2 pisos y hasta el día de hoy esas centenas de casas se mantienen en perfectas condiciones albergando a dignas familias de clase media que se han esforzado para conservar su barrio patrimonial.

El terremoto de febrero de 2010 no causó ningún daño a esas tradicionales casas y las 84 magníficas edificaciones proyectadas en el año 1930 por el arquitecto Luciano Kulczewski, sobre la calle Francia, entre Independencia y Vivaceta, se mantienen incólumes embelleciendo esa zona residencial. Una de las casas de ese insigne arquitecto, localizada en calle Francia 1442, fue declarada en mayo de 1996, como Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Pues bien, a principios del 2007 llegó al barrio una constructora que demolió 3 casas de la calle Inglaterra para edificar la torre aludida en el primer párrafo, lo que generó la indignación entre los vecinos, quienes fueron entusiastamente apoyados por la concejala Carola Rivero y posteriormente por el concejal José Hidalgo, persona que ya no reside es esa comuna.

A raíz de ello el alcalde revocó en septiembre de 2007 la autorización de ese permiso invocando diversos motivos lo que significó que las obras estuvieron paralizadas hasta febrero de 2012, ya que la empresa constructora había recurrido a la justicia objetando dicha revocación y los tribunales acogieron sus puntos de vista.

En todo caso el permiso de edificación objetado, igualmente está viciado hasta el día de hoy  porque en la fecha de su emisión (05/07/07) no se habían fusionado los 3 predios que originaron el más grande resultante. Con ello se violó el artículo 3.1.3. dela OrdenanzaGeneralde Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Como conocemos dicho permiso nos extraña sobremanera que no se establezcan allí los estacionamientos que reglamentariamente debe tener el edificio. Dado que los departamentos son 152, los que tampoco figuran en el formulario del permiso, se deben construir en este proyecto los estacionamientos exigidos por mandato del artículo 7.1.2.9. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en su letra D. Los vecinos informan que en el subsuelo de la edificación no se aprecian tales estacionamientos.

Acogiendo las legítimas demandas ciudadanas que exigían al alcalde y a los 6 concejales una protección efectiva para todala Población Los Castaños, esas autoridades locales, encontrándoles plenamente la razón a sus mandantes, publicaron en el Diario Oficial del 19 de febrero de 2008 la aprobación de la “Ordenanza Municipal Zona Típica Barrio Los Castaños y su Entorno” correspondiente a un sector urbano  más amplio que el reseñado en el tercer párrafo.

Pero por estas cosas curiosas de la vida, el director de Obras de esa municipalidad, en mayo y julio de 2008, como vemos, inmediatamente después de la publicación de esa protectora Ordenanza Municipal, otorgó a la misma inmobiliaria sendos permisos de 18 pisos cada uno, enfrente de la torre de 21 pisos en construcción.

Como las presiones de los indignados vecinos, que se habían organizado en la “Agrupación Los Castaños”, eran urgentes y reiteradas el alcalde adoptó, en septiembre de 2008,  nuevamente la decisión de revocar estos 2 nuevos permisos, lo que fue desautorizado por los Tribunales de Justicia por la elemental razón que a continuación señalamos.

Está claro que el alcalde Garrido, en sus 3 revocaciones de permisos, no estaba habilitado para ello, lo que debía ser sabido por todos en el municipio, más aún por los abogados del mismo. Quién debía haber invalidado en el plazo de 2 años, desde la emisión de los erróneos actos administrativos, era exclusivamente el funcionario que firmó las mal otorgadas autorizaciones, es decir, el director de Obras. Esto está reflejado en el artículo 53º dela LeyNº 19.880 del Procedimiento Administrativo.

Le expresamos a los animosos vecinos que no perdieran el tiempo recurriendo de amparo antela Seremide Vivienda y Urbanismo, instancia de superior rango que el despistado director de Obras, ni tampoco ante la Contraloría General de la República, porque ambas instituciones son muy parsimoniosas en sus indagatorias y al final van a concluir que habría existido buena fe en la tramitación de los permisos y que, por haber transcurrido más de 2 años, desde sus otorgamientos, a esta fecha nada se podía hacer, sino tan solo lamentar lo sucedido.

Si ellos desean que opere la justicia en este desvergonzado episodio, tendrán que recurrir a la Fiscalía Norte del Ministerio Público en defensa de sus calidades y estilos de vida amenazados por la invasión de esas desvergonzadas torres, ya que las equivocaciones cometidas por los funcionarios municipales han sido muchas, las que, por ningún motivo, pueden quedar en la impunidad.

Etiquetas: construcción, independencia, santiago, urbanismo » Publicado: a las 11:51 am

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Patricio Herman

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Etiquetas: director de obras, municipio, recoleta, urbanismo » Publicado: 12/04/2012

Prácticas municipales non sanctas: ahora en Recoleta

Este asunto lo conoce muy bien Sol Letelier, alcaldesa de Recoleta, con quien he revisado por teléfono el asunto, pero por motivos incomprensibles ella no ha hecho nada para exigir el cumplimiento de la ley, posiblemente porque el caso se inició bajo el mandato del alcalde Cornejo, su antecesor.

Algunos medios de prensa han informado que ha sido formalizado por la justicia el director de Obras Municipales de Recoleta porque se habría comportado como un ágil y oportunista mercader, utilizando información pública para obtener pingües ganancias económicas. Esto se supo porque un particular intimidado por ese funcionario de la administración del Estado grabó con su teléfono celular la conversación de negocios sostenida entre ambos.

Aprovechamos la ocasión para recordar lo sucedido con un sorprendente permiso de edificación otorgado por ese mismo funcionario a la empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” para construir una nueva sede de la Universidad San Sebastián, un centro de extensión y tres torres habitacionales de 20 pisos cada una en la manzana conformada por las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue, proyecto que no cuenta con la obligatoria resolución de calificación ambiental que debía otorgar la Corema, hoy Comisión Evaluadora Ambiental.

Este asunto lo conoce muy bien Sol Letelier, alcaldesa de Recoleta, con quien he revisado por teléfono el asunto, pero por motivos incomprensibles ella no ha hecho nada para exigir el cumplimiento de la ley, posiblemente porque el caso se inició bajo el mandato del alcalde Cornejo, su antecesor.

Por lo tanto, la inmobiliaria dueña de esa universidad privada está obteniendo un beneficio adicional de proporciones ya que está construyendo sus edificios con el doble de la altura permitida.

La Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta y las organizaciones Ciudad Viva y Defendamos la Ciudad, en conocimiento que el permiso de edificación era trucho por diversas razones, denunciaron en distintas ocasiones el hecho ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, ante la Contraloría General de la República y ante el Consejo de Defensa del Estado, con la ingenua creencia de que en nuestro querido país las instituciones iban a funcionar : craso error.

La irregularidad más gravitante tiene que ver con una habilidosa interpretación que ese funcionario hizo de un determinado artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para viabilizar la elevada altura de las 3 torres habitacionales mencionadas en el segundo párrafo de esta columna de opinión. Las normas de edificación para ese sector, establecidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Recoleta, dicen que la altura máxima es de 20 metros, es decir, 8 pisos.

Por lo tanto, la inmobiliaria dueña de esa universidad privada está obteniendo un beneficio adicional de proporciones ya que está construyendo sus edificios con el doble de la altura permitida.

La Contraloría General de la República determinó instruir un sumario administrativo en la Dirección de Obras de ese municipio, cuyo resultado nadie conoce y ante esta evidente falta de servicio, por parte del ente fiscalizador, tiempo atrás las organizaciones ciudadanas le proponían a la anterior que el caso lo trasladara al Ministerio Público, lo que tampoco ha acontecido.

El Consejo de Defensa del Estado, reconociendo la ilegalidad de la altura de las dichosas torres, intercambió interesantes y completos oficios con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, instancia que a su vez se dirigió al director de Obras, para que justificara su proceder.

Ante la ausencia de la calificación ambiental de ese proyecto multipropósito, alguna institución pública debió haber cursado a su titular las sanciones y multas contempladas en esa legislación, pero ninguna autoridad se atrevió a ejercer sus atribuciones. Es más, se debieron haber paralizado las obras, pero nadie dijo nada. Con esta vergonzosa omisión se está configurando un nuevo hecho consumado que favorece a un importante actor del mercado, confirmándose así la perversa doctrina en boga.

¿Será que los funcionarios públicos son flojos o le tienen miedo a los grandes empresarios? Nosotros nos inclinamos por la segunda alternativa.

Aunque el lector no lo crea, fue la propia subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, vía ORD. Nº 18 del 11 de enero de 2010, a solicitud de la Contraloría General de la República, quien tuvo que intervenir en ese episodio, señalando con claridad como se aplica la OGUC para determinar la altura de las torres, pero a esta fecha ese documento oficial no produce efecto alguno.

En todo caso y como una ironía del destino, estaba programada para el mediodía del jueves 12 de abril en la Universidad San Sebastián una charla de Ramiro Mendoza, contralor general, titulada “Liderazgo y Transparencia”, la que inicialmente se denominaba “Probidad y Transparencia”. En todo caso, habida cuenta lo sucedido, encontramos muy prudente el reemplazo de las palabras del nombre de la exposición.

Hablar de “liderazgo” es mejor que hablar de “probidad” en un centro de extensión de una universidad que optó por no ceñirse a la ley, con la complicidad de los entes administrativos del país.

Etiquetas: director de obras, municipio, recoleta, urbanismo » Publicado: a las 7:37 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: los lagos, mall de castro, Medio Ambiente, urbanismo » Publicado: 27/03/2012

Mall de Castro en la actualidad

En junio de 2007 se aprobó el Plan Regulador Comunal de Castro vigente y el seremi de Vivienda de aquella época le hizo saber al municipio que en la zona ZC1 se debía establecer una altura máxima de construcción, lo que fue desatendido por el alcalde y concejales.

En La Nación.cl ya nos hemos referido a este luctuoso episodio cuyas obras están paralizadas por decisión propia de la empresa Pasmar, titular del proyecto. Recordemos que con anterioridad, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Castro, le había cursado multas y había intentado detener las faenas sin resultados : la empresa desobedecía las instrucciones de la autoridad local y por ello el caso está radicado en el Juzgado de Policía Local, sin que la jueza emita sentencia.

Pues bien, el lunes 26 de marzo recién pasado nos reunimos en Puerto Montt, Región de Los Lagos, con Fernando Gunckel, seremi de Vivienda y Urbanismo y con Alex Bartsch, seremi de Transportes y Telecomunicaciones, las 2 autoridades del gobierno central que deberán resolver el problema derivado de este voluminoso mall localizado en el casco histórico, zona ZC1 del Plan Regulador Comunal (PRC), de la ciudad de Castro.

El coeficiente de constructibilidad en esa zona es igual a 5, lo que significa que en el terreno de Pasmar, que tiene 4.147 m2, se pueden edificar sobre el nivel natural del suelo 20.735 m2 : ello producto de la multiplicación de 5 por 4.147. Todas las construcciones bajo el suelo no se consideran para ese coeficiente y por ello el permiso de edificación habla de una superficie mayor, la que se aprecia más adelante.

Es conveniente que la opinión pública sepa que en junio de 2007 se aprobó el PRC de Castro vigente y dentro de las observaciones planteadas por el seremi de Vivienda de aquella época, se le hizo saber al municipio que en la zona ZC1 se debía establecer una altura máxima de construcción, lo que fue desatendido por el alcalde y por los concejales.

Hoy día en esa zona central existe altura libre y su máxima se fija por el punto de encuentro de las rasantes de 60º que se calculan desde los deslindes con los predios colindantes y desde el eje de la calle que enfrenta el proyecto.

Según el arquitecto Gunckel, la actual superficie construida llega a los 25.343 m2 que es un 5% mayor a los 24.137 m2 autorizados en el permiso de edificación del 8 de abril de 2008, lo que sería legal en opinión de esta autoridad sectorial, criterio que no compartimos porque para sobrepasarse la construcción en ese porcentaje el titular del mall, la empresa Pasmar, debió haber obtenido una autorización formal por parte de la directora de Obras, lo que no ha acontecido. Dicho seremi de Vivienda sostiene que, el mayor porcentaje construido, se regulariza automáticamente en la recepción final de obras.

En síntesis, no hay inconveniente en que la actual altura del mall haya llegado a los 7 pisos, aunque el permiso autoriza 4, porque el PRC no fija cantidad de pisos máximos como tampoco altura máxima en metros, lo que consideramos una aberración, pero así lo decidieron las autoridades municipales en el año 2007.

Según el ingeniero Bartsch no existe un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), ante lo cual le manifestamos que, al no existir un EISTU aprobado por él, no se podía haber otorgado un permiso de edificación y es más, también le dijimos que por la carga de ocupación del mall éste debía enfrentar una vía colectora u otra de superior categoría, lo que tampoco sucede. El proyecto enfrenta la calle Serrano de 15 m. definida como local, es decir, insuficiente para soportar los futuros flujos vehiculares.

Ambos seremis manifestaron que se superaba este inconveniente con la compra, por parte de Pasmar, de una casa contigua al predio en donde se emplaza el mall, vivienda que enfrenta la calle San Martín, vía de 20 m., es decir, de superior categoría según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Pero con esta solución que significa ampliación del predio, hay un problema ético porque el dueño de esa casa es el alcalde de Castro don Nelson Águila de militancia DC.

En síntesis, no hay inconveniente en que la actual altura del mall haya llegado a los 7 pisos, aunque el permiso autoriza 4, porque el PRC no fija cantidad de pisos máximos como tampoco altura máxima en metros, lo que consideramos una aberración, pero así lo decidieron las autoridades municipales en el año 2007.

El seremi de Vivienda tiene competencias para demoler lo construido que supera la superficie indicada en el permiso, lo que no sucederá porque él ya dijo que ese exceso correspondía sólo al 5%. Si Pasmar logra que el seremi de Transportes autorice el EISTU, lo que es muy difícil, el adefesio que se observa en la fotografía que ha estado circulando por el mundo será una realidad en un tiempo más.

Por el irregular desarrollo de los hechos, partiendo por la puesta en marcha del PRC en el año 2007, por las no exigencias del EISTU aprobado, para cursar el permiso de edificación, por no acatar Pasmar oportunamente las instrucciones municipales, todo lo cual es impropio, consideramos inoficioso que se haya convocado a una consulta ciudadana no vinculante.

En razón a que este caso lo consideramos demasiado vergonzoso, oportunamente entregamos los antecedentes en la Contraloría General de la República, para que, en conjunto con la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público y con el Consejo de Defensa del Estado, investiguen todo lo acontecido con este megaproyecto emplazándose en una zona sensible que consideramos patrimonial : por ello celebramos la decisión de la UNESCO, institución de la Naciones Unidas que ya le pidió un completo informe al Consejo de Monumentos Nacionales sobre este desaguisado urbano.

Etiquetas: los lagos, mall de castro, Medio Ambiente, urbanismo » Publicado: a las 12:03 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: ciudad, cultura, empresas, Medio Ambiente, urbanismo » Publicado: 07/03/2012

Finalmente se supo cómo se originó el mall de Chiloé

Para aportar al debate público y conforme a las prácticas de transparencia que deben existir entre gobernantes y gobernados, damos a conocer a continuación la nota que le acabamos de enviar al alcalde de Castro, Nelson Águila, y a la directora de obras municipales, María Luisa Cifuentes, sobre este adefesio urbano en construcción ilegal.

En la página web de Pasmar, dueños del controvertido mall del cual todos hemos estado hablamos los últimos días, se dice que está “ubicado en pleno centro de Castro, a solo dos cuadras de la plaza nace este nuevo Centro Comercial llamado Mall Paseo Chiloé. Este nuevo proyecto aportará a Chiloé y todos sus alrededores la mejor y más variada oferta en comercio que haya existido en el sector.

Estará compuesto por 3 niveles subterráneos que reunirán 235 estacionamientos, 3 pisos de retail, un piso de food court con vista al mar donde también se encontrarán los cines y juegos, y por ultimo una torre donde habrá un hotel. Todo el proyecto tendrá 33.900 m² construidos, de los cuales 17.315 m² serán comercializados y 3.728 m² corresponderán al supermercado”.

Pero para desgracia de esos inversionistas salió a la luz pública el link de Ciper Chile

Entendiendo que los lectores de Nación.cl ya han tomado conocimiento de la entrevista hecha por la periodista de Ciper Chile a la presidenta de la delegación regional del Colegio de Arquitectos de Chile no queda más que ruborizarnos de las autoridades municipales de la ciudad de Castro.

Para aportar al debate público y conforme a las prácticas de transparencia que deben existir entre gobernantes y gobernados, damos a conocer a continuación la nota que le acabamos de enviar al alcalde de Castro, Nelson Águila, y a la directora de obras municipales, María Luisa Cifuentes, sobre este adefesio urbano en construcción ilegal.

La trascripción de la carta es la siguiente:

Aunque no tengo el gusto de conocerlo, me permito dirigirme a su persona con el propósito de proponerle la única vía idónea, dentro del marco regulatorio urbanístico, con la cual se iniciará la resolución del conflicto ocasionado por la empresa Pasmar, titular del polémico mall que se está construyendo en su comuna con mayores pisos y superficies a las fijadas en el permiso de edificación.

Sabemos que usted está de acuerdo con esa construcción como también lo está un cierto porcentaje de la población de Castro, pero nos guste o no el volumen, el estilo y la altura de la misma, todos debemos esforzarnos para que la edificación se ciña escrupulosamente a las normas contempladas en el permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales, lo que no acontece, acorde a lo expresado por usted mismo.

Estamos al tanto que su municipio le ha cursado diversas multas a la empresa que vulnera la reglamentación urbanística, las que están radicadas en el Juzgado de Policía Local, pero la constructora SalfaCorp, haciendo caso omiso de las mismas, continúa ejecutando las faenas, comportamiento impropio que nosotros no logramos comprender, más aún si esta sociedad anónima internacional es la más importante del país. Como un hecho curioso y sintomático le decimos que SalfaCorp también está construyendo el conocido Costanera Center en Santiago.

Por lo anterior y conforme a la Ley de Probidad Administrativa, en razón a que ni Pasmar ni SalfaCorp, tienen la intención de someterse a la ley, respetuosamente lo instamos a que, previa petición formal a su persona por parte de la directora de Obras, a través de un Decreto Alcaldicio, ordene la demolición de las faenas que están violando el contenido de dicho permiso, acorde al mandato del artículo 148º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Esta demolición parcial o total, de acuerdo al texto legal, es a expensas de las empresas que están infringiendo el Estado de Derecho.

Si usted procede en consecuencia, esas sociedades comerciales estarán recibiendo un efectivo y justo apremio por parte de la autoridad competente y así se allanarán, en un principio a revisar sus procedimientos internos, y enseguida a enmarcarse en las disposiciones fijadas, ya sea en los Certificados de Informaciones Previas, como en el Permiso de Edificación.

Tenemos la seguridad de que usted ejercerá en plenitud sus atribuciones para que así se resuelva el conflicto en el más breve plazo, con lo cual además se estará entregando una potente señal al mercado inmobiliario en orden a que todos sus actores tienen la obligación de obedecer las reglas del juego.

Si esas empresas se sienten menoscabas en sus presuntos derechos, interpondrán las acciones judiciales en contra de su municipio y en este eventual escenario serán los tribunales quienes asumirán la responsabilidad de hacer valer todos los instrumentos normativos, recordándole que el EISTU (Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano) debía estar aprobado por el Seremi de Transportes en fecha previa a la del Permiso de Edificación, EISTU todavía inexistente a esta fecha.

También tenemos la impresión que se vulneró el artículo 3.13. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), referido a la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de los predios fusionados, como requisito previo para el otorgamiento del permiso de edificación.

Tenemos la seguridad de que usted ejercerá en plenitud sus atribuciones para que así se resuelva el conflicto en el más breve plazo, con lo cual además se estará entregando una potente señal al mercado inmobiliario en orden a que todos sus actores tienen la obligación de obedecer las reglas del juego.

Etiquetas: ciudad, cultura, empresas, Medio Ambiente, urbanismo » Publicado: a las 5:09 pm

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Patricio Herman

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Etiquetas: economia, empresas, justicia, Medio Ambiente, politica » Publicado: 20/02/2012

El contrato que motivó la pelea entre Codelco y AngloAmerican

En los negocios quien maneja mejor la información y la interpretación de los textos contractuales tiene ventajas para obtener mayores ganancias y esto lo saben todos y por ello no nos debe extrañar la forma de actuar de la dura CEO, Cynthia Carroll, de esa empresa extranjera

Codelco tiene la opción para comprar el 49% de la cuprífera AngloAmerican Sur (ex Disputada de Las Condes), subsidiaria del gigante AngloAmerican, siempre que esa iniciativa se materialice en los meses de enero cada 3 años, tal como quedó establecido en los contratos lamentablemente mal redactados para el interés nacional. El directorio de Codelco había anunciado con excesiva anticipación que en enero de 2012 iban a adquirir ese porcentaje en el precio de US$ 6.750 millones, suma fijada conforme a una fórmula preestablecida.

Como todos sabemos, la empresa cuprífera chilena notificó al mundo que su opción de compra por el 49% de AngloAmerican Sur la iba a ejercer con un préstamo que le concedía la empresa japonesa Mitsui y que, a su vez, Codelco vendería a ésta la mitad de ese 49%, es decir, el 24,5%.

Así se evidenciaba que el interés de Codelco era quedarse, después de enero de 2012, con ese último porcentaje, el mismo que tendría Mitsui y manteniendo AngloAmerican el 51%.

En razón a que estos contratos no fueron lo suficientemente bien redactados en resguardo del interés nacional, AngloAmerican, actuando con la reconocida astucia de los fuertes, vendió a la japonesa Mitsubishi Corporation el 24,5% de su subsidiaria en US$ 5.390 millones, como observamos, por una suma proporcionalmente bastante más significativa que la que iba a recibir de la lenguaraz empresa chilena.

A raíz de lo anterior, el directorio de Codelco, mayor productor de cobre en el mundo, y todas las autoridades de nuestro país han criticado el comportamiento asaz oportunista de AngloAmerican, afirmando que actuó de mala fe. Codelco recurrió a los tribunales de justicia y la pelea está que arde.

La empresa multinacional ha respondido que, dadas las cifras que hemos reseñado, su obligación era aumentar el patrimonio de sus accionistas, avalando su decisión en razón a que los contratos le permiten vender a quienes ella elija en cualquier fecha distinta a las señaladas expresamente en los contratos. Asimismo ha dicho que aceptará, en enero de 2012, la opción de compra de Codelco sólo por el 24,5% de las acciones de AngloAmerican Sur.

El cobre es chileno de acuerdo al texto de la Constitución Política del Estado, pero en el gobierno de Pinochet, para atraer a los inversionistas foráneos y con la creencia equivocada de que su utilidad en los procesos productivos se iba a terminar en unos años más, se introdujeron unas retorcidas modificaciones legales -concesión plena- para que este metal le perteneciera a las empresas privadas que lo extraen de las profundidades de nuestra tierra.

En los negocios quien maneja mejor la información y la interpretación de los textos contractuales tiene ventajas para obtener mayores ganancias y esto lo saben todos y por ello no nos debe extrañar la forma de actuar de la dura CEO, Cynthia Carroll, de esa empresa extranjera. Esta mujer adujo que su decisión de vender a la empresa japonesa Mitsubishi se motivó pensando en las plusvalías patrimoniales para los suyos, ya que la oferta pública anunciada por Codelco era de menor cuantía.

Por último, instamos al Gobierno que entregue los nombres de los abogados chilenos que redactaron, en conjunto con los abogados extranjeros, el dichoso contrato que está perjudicando el interés nacional. La transparencia, de la cual tanto se habla, exige conocer esos nombres porque evidentemente tales profesionales que, además cobraron honorarios, procedieron con liviandad en su cometido.

Como lo dijimos, la empresa inglesa-sudafricana vendió el 24,5% de sus activos en AngloAmerican Sur en US$ 5.390 millones y si aceptaba la opción de compra de Codelco por el 49% iba a recibir tan solo US$ 6.750 millones y esta abultada diferencia fue determinante en la despabilada decisión de AngloAmerican : en el sistema capitalista que nos rige manda exclusivamente la ganancia, no existiendo la ética y esto lo saben muy bien los funcionarios del Gobierno porque ellos provienen del sector privado.

Si la aludida CEO hubiera privilegiado la próxima negociación con Codelco, a sabiendas del pacto de la empresa chilena con Mitsui, no habría hecho una buena operación comercial y sus jefes la podrían haber desvinculada de la empresa por su incompetencia en el manejo de los negocios.

Es evidente que el contrato mal redactado no nos favorece y si Codelco no hubiera recurrido al prestamista japonés Mitsui y por lo tanto no le hubiera ofrecido vender la mitad del 49% de Anglo American Sur en la suma de US$ 4.880 millones, siguiendo la valorización preestablecida de US$ 9.760 millones por el 49% de la anterior, y la opción de compra la hubiera ejercido exactamente el 2 de enero de 2012, con fondos nacionales, que los tenemos en abundancia, AngloAmerican no habría vendido el 24,5% a Mitsubishi Corporation y la controversia no existiría.

El sábado 18 de febrero pasado, a página completa, se publicó en El Mercurio una inserción pagada de AngloAmerican dando cuenta que varios reconocidos juristas chilenos, ex Presidentes de la Corte Suprema, diversos ex ministros de la Corte Suprema, un ex Contralor General de la República, dos ex Presidentes del Tribunal Constitucional, varios ex miembros de este Tribunal, otros tantos destacados constitucionalistas y estudiosos del derecho, apoyan su posición comercial derivada del contrato vigente.

Independientemente de lo anterior el juicio continúa y está claro que si Codelco hubiera actuado con prudencia, es decir, sin aspavientos, en esta fecha ya se habría formalizado la operación de la compra del 49% de AngloAmerican Sur al ventajoso precio que las partes ya conocían.

Por último, instamos al Gobierno que entregue los nombres de los abogados chilenos que redactaron, en conjunto con los abogados extranjeros, el dichoso contrato que está perjudicando el interés nacional. La transparencia, de la cual tanto se habla, exige conocer esos nombres porque evidentemente tales profesionales que, además cobraron honorarios, procedieron con liviandad en su cometido.

 

Etiquetas: economia, empresas, justicia, Medio Ambiente, politica » Publicado: a las 12:31 pm

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Etiquetas: ciudad, urbanismo » Publicado: 15/02/2012

La expansión urbana en la agenda noticiosa

El proyecto de Zonas Urbanas Condicionadas significa modificar el uso de suelo de 10.000 has agrícolas para transformarlas en habitacionales mixtas. Sus impulsores lo justifican dicho alegando que ya no hay terrenos en Santiago para construir, lo que ha sido rebatido con abundante acopio de cifras por diversas organizaciones ciudadanas.

En los inicios del gobierno de Michelle Bachelet el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concibió la figura de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) a solicitud de varios actores privados y algunas municipalidades, lo cual iba a significar modificar el uso de suelo de 10.000 has agrícolas para transformarlas en habitacionales mixtas.

Este proyecto, denominado PRMS-100, fue apoyado por el gobierno de Sebastián Piñera y objetado por 45 organizaciones ciudadanas y por el Colegio de Arquitectos de Chile, quienes oportunamente le representaron a las autoridades competentes las fallas contenidas en el mismo.

Sus impulsores justifican dicho proyecto alegando que ya no hay terrenos en Santiago para construir, lo que ha sido rebatido con abundante acopio de cifras por el economista y académico Pablo Trivelli, editor del Boletín del Mercado del Suelo en Santiago, publicación periódica siempre consultada por todos aquellos actores que se desenvuelven en la actividad de la construcción.

La directiva nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, en 2 ocasiones, se dirigió por escrito al intendente Echeverría proponiéndole que se postergara la votación por una serie de razones, pero el funcionario destinatario, aunque educadamente respondió, no los escuchó. En paralelo, 45 organizaciones de la sociedad civil se dirigieron también por escrito al Presidente Piñera, haciéndole notar variadas irregularidades contenidas en la propuesta del Minvu. El Primer Mandatario, a diferencia de su representante en la Región Metropolitana, no respondió ni acusó recibo de la respetuosa presentación formulada.

Como esta iniciativa significaría otorgar plusvalías patrimoniales a los poseedores de esas tierras situadas fuera de los límites urbanos, solicitamos a ese ministerio, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, que nos entregara un listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar con esa medida administrativa. No fue posible conocer esos nombres porque tal ministerio, aduciendo que no tenía los roles de los predios, trasladó la solicitud de información pública al Servicio de Impuestos Internos (SII), ente que nos entregó un listado incompleto, producto de que sus planos son distintos a los que utiliza el Minvu.

Ante tal falta de respuesta por parte de la institucionalidad, el caso llegó al Consejo para la Transparencia, instancia que se esforzó para que salieran a la luz pública los nombres de los beneficiados, llegando a la banal conclusión de que la ciudadanía no se podrá informar porque el Minvu y el SII “utilizan escalas diferentes en su planos” (sic). Para superar el impasse dicho Consejo, hace 8 meses atrás, recomendó a ambos servicios públicos que coordinaran sus sistemas de información geográfica para que así pudiera operar en plenitud la ley de acceso a la información. Aunque el lector no lo crea, los nombres de los favorecidos todavía se mantienen en reserva.

Como esta iniciativa significaría otorgar plusvalías patrimoniales a los poseedores de esas tierras situadas fuera de los límites urbanos, solicitamos a ese ministerio, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, que nos entregara un listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar con esa medida administrativa.

Este insano proyecto fue aprobado el 30/03/11 en tercera votación por el Consejo Regional (CORE) y rechazado posteriormente por la Contraloría General de la República por contener innumerables irregularidades de forma y fondo

Ahora hemos sabido que el Minvu está tratando de solucionar las objeciones expresadas nítidamente por la Contraloría y, para evitarse una cuarta votación en el CORE, intenta ingresar directamente en el órgano fiscalizador el nuevo proyecto remozado a lo maestro chasquilla con la ingenua creencia de que el ente fiscalizador lo va a admitir a tramitación para la obligatoria toma de razón.

Como en el nuevo PRMS-100 no ha existido un proceso de participación ciudadana, en los términos ordenados en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y como tampoco se puede pasar por alto la institucionalidad de los gobiernos regionales, esperamos que la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, exija que este cambio radical en las reglas del juego territorial sea sometido a una votación en el CORE después de conocerse esa EAE y fundamentalmente estando al tanto de los nombres de aquellos favorecidos por la mano de los que mandan políticamente en Chile.

Lo peor sería que este proyecto se aprobara con los vicios del secretismo y lamentamos que los parlamentarios mantengan un silencio sepulcral ante este nuevo intento que ahondaría los problemas ambientales que tenemos en la colapsada Región Metropolitana de Santiago.

 

 

Etiquetas: ciudad, urbanismo » Publicado: a las 5:58 pm

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Etiquetas: ciudad, las condes, urbanismo » Publicado: 01/02/2012

Ardides en el uso del suelo

Seis Juntas de Vecinos de los sectores aledaños y nuestra fundación, por separado, han objetado en las instancias administrativas el procedimiento utilizado por la autoridad local para concesionar por 20 años este territorio natural debido, entre otras razones, a que el coeficiente de constructibilidad del proyecto excede la norma.

En el Parque Araucano, área verde localizada en la comuna de Las Condes, se están ejecutando las obras de construcción  de41.000 m2de un denominado “Centro Recreacional Deportivo” informado favorablemente como “Parque Acuático” porla Seremide Vivienda y Urbanismo.

Ambos nombres de fantasía asignados a este proyecto inducen a error ya que lo que se está levantando allí es una actividad comercial (Kidzania) orientada a los niños de entre 5 y 14 años para que aprendan a tomar decisiones con el dinero que les dan sus padres, el que se complementa con una serie de otras edificaciones no admitidas en la regulación urbanística que tienen las áreas verdes en el artículo 5.2.3 del PRMS.

Este instrumento normativo, que tiene mayor rango que el PRC de Las Condes,  establece que en los parques intercomunales, el Parque Araucano lo es, se pueden desarrollar exclusivamente equipamientos de áreas verdes, recreacional deportivo, culto, cultura, científico, esparcimiento y turismo al aire libre.

Nos llamó la atención que la empresa concesionaria ganadora de la licitación pública, haya obtenido un permiso de anteproyecto a pesar de que no solucionó las 20 observaciones efectuadas, respecto de su solicitud, por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes. Estos cuestionamientos eran de forma y de fondo y para obviarlos el titular del proyecto solicitó un nuevo permiso ahora avalado porla Seremide Vivienda y Urbanismo.

Nos llamó la atención que la empresa concesionaria ganadora de la licitación pública, haya obtenido un permiso de anteproyecto a pesar de que no solucionó las 20 observaciones efectuadas, respecto de su solicitud, por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes. Estos cuestionamientos eran de forma y de fondo y para obviarlos el titular del proyecto solicitó un nuevo permiso ahora avalado porla Seremide Vivienda y Urbanismo.

Seis Juntas de Vecinos de los sectores aledaños y nuestra fundación, por separado, han objetado en las instancias administrativas el procedimiento utilizado por la autoridad local para concesionar por 20 años este territorio natural debido, entre otras razones, a que el coeficiente de constructibilidad del proyecto excede la norma fijada en el artículo 5.2.3.1. del PRMS.

Como en Chile existe mucha y ocurrente picardía para vulnerar las disposiciones legales y así no perturbar la inversión en el ámbito del crecimiento de la ciudad, dicha  autoridad central de gobierno interpretó permisivamente ciertas reglas contenidas en el PRMS, las que se le enumeraron documentalmente por esas juntas de vecinos.

En el proyecto se contemplan 980 estacionamiento bajo tierra y una serie de equipamientos como restaurantes, tiendas, agencias bancarias, un centro de eventos, oficinas municipales, bibliotecas y otros tantos de similar categoría, instalaciones que serán traspasadas por el titular del proyecto a quienes se interesen en tener ahí sus puntos de venta.

Kidzania Chile, copia de uno similar existente en México, dispondrá de3.000 m2en dos niveles, uno en superficie y el otro en subterráneo yla Municipalidadde Las Condes recibirá como contraprestación, por parte del concesionario, UTM 1.850 anualmente por ocupar dicha área verde, suma bastante precaria si tomamos en cuenta el nivel de renta que se proyecta en ese inmenso proyecto inmobiliario multipropósito.

Y si procedemos como oráculos, evaluamos que posiblemente el titular de la inversión, en unos meses más, se lo traspasará a los dueños del mall Parque Arauco para que esta sociedad comercial explote tales instalaciones con la fórmula de arriendo que tan buenos resultados le ha dado hasta ahora.

Lo anterior, en la medida de que las autoridades competentes no exijan el cumplimiento de la regulación contenida en el PRMS respecto de los usos de suelos que tiene esa área verde de carácter pública.

Etiquetas: ciudad, las condes, urbanismo » Publicado: a las 1:19 pm

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Etiquetas: ciudad, santiago, urbanismo » Publicado: 09/01/2012

Finamente se vendió el Palacio Pereira

Desde1981 ala fecha, es decir, durante 30 años, el palacio ha caído en el olvido de todos y hoy es una ruina que genera infinidad de problemas al vecindario, deteriorando el espacio urbano de esa zona de la ciudad: nos preocupa sobremanera que sus fachadas se desplomen en cualquier momento.

En distintas ocasiones nos hemos referido en La Nación a lo que estaba aconteciendo con el Monumento Histórico Palacio Pereira y como muestra un botón aquí.

Recapitulemos para que los lectores se ubiquen bien acerca de lo que estamos planteando.

Pues bien, en la esquina nor-poniente de las calles Huérfanos y San Martín de la ciudad de Santiago todavía quedan restos de lo que fue el magnífico Palacio Pereira, mansión de 2 pisos con2.700 m2 edificados entre los años 1872 y 1875. Quien lo proyectó fue el  arquitecto francés Lucien Ambroise Henault, profesional que tuvo en Chile una destacada y fecunda labor.

En 1932 los descendientes del propietario vendieron esta majestuosa edificación al Arzobispado de Santiago, la que, adaptada funcionalmente, se utilizó hasta 1968 como un colegio de niñas, conocido como el Liceo Nº3. Apartir de ese año y en el transcurso de los cinco años siguientes el palacio fue ocupado por jóvenes estudiantes idealistas que impulsaban la revolución y después del golpe militar de 1973, estas instalaciones fueron allanadas por el Ejército en busca de armamentos, los que no fueron encontrados.

Hasta 1981 el palacio era tierra de nadie, por lo que fue totalmente desvalijado y ese mismo año fue adquirido por la constructora Raúl del Río. Enseguida fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como “Monumento His
tórico” y a raíz de ello su dueño se enfrascó en eternos litigios con el Estado.

Pero ¡oh sorpresa ! el 31 de diciembre de 2011, es decir, hace muy pocos días, el empresario Raúl del Río le vendió al ministerio de Bienes Nacionales el terreno con lo que queda del palacete. Recibirá la suma de $ 1.500.000.000 (un poco menos de 3 millones de dólares), teniéndose en cuenta que con esta transacción caída del cielo se liberó de los problemas que tuvo con el Estado por más de 30 años.

Para recuperar lo que queda del palacio era necesario construir un edificio en su espacio libre interior, ya que con la utilidad de ese negocio, se solventarían los costos de la restauración, perola Municipalidadde Santiago, el Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se oponían a esa fórmula utilizando resquicios legales, aunque el CMN apoyaba el rescate patrimonial.

Ante este escenario,la Contraloríaen octubre de 2010, emitió el dictamen Nº 63.082  mediante el cual, entre otras cosas, manifestó que el propietario del sitio en donde se encuentra dicho palacio tiene el derecho de solicitar y obtener una aprobación de anteproyecto y en seguida conseguir un permiso de edificación, ya que las impugnaciones de la municipalidad y de los otros carecían de valor legal.

Pero para seguir aportillando el proyecto de recuperación, la dirección de obras en lugar de obedecer el dictamen dela Contraloría, en la etapa del anteproyecto le formuló nuevas observaciones al arquitecto, lo que significó que el inversionista hiciera una presentación adicional al ente fiscalizador.

Hacemos hincapié que tanto el CMN como la municipalidad de Santiago se oponen a la demolición de lo que todavía se mantiene como vestigio del palacio y la empresa comercial dueña del terreno, avaluado en $ 640.000.000 por el Servicio de Impuestos Internos, no paga contribuciones de bienes raíces, exención tributaria que se mantendrá mientras existan las huellas de la otrora mansión.

El 12 de diciembre de 2011la Contraloríamediante dictamen Nº 77481, reitera su anterior Nº 63.082 de noviembre de 2010 y le tira las orejas a las desobedientes  Municipalidad de Santiago y Seremi de Vivienda y Urbanismo, porque no acataron su resolución original.La Contraloría, haciendo valer su ley orgánica constitucional obligó al director de obras a que continuara tramitando la solicitud de anteproyecto sin hacer  exigencias no contempladas en la regulación urbanística vigente.

Pero ¡oh sorpresa ! el 31 de diciembre de 2011, es decir, hace muy pocos días, el empresario Raúl del Río le vendió al ministerio de Bienes Nacionales el terreno con lo que queda del palacete. Recibirá la suma de $ 1.500.000.000 (un poco menos de 3 millones de dólares), teniéndose en cuenta que con esta transacción caída del cielo se liberó de los problemas que tuvo con el Estado por más de 30 años.

Ahora esperamos que tan pronto se inscriba en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago esa propiedad a nombre del fisco, dicho empresario le pague los honorarios al arquitecto que tanto bregó para que prosperara su proyecto, más aun si estaba liberado de pagar contribuciones de bienes raíces de acuerdo a una resolución del SII por tratarse de un inmueble patrimonial.

Y por otro lado, esperamos que el servicio público que se trasladará para allá, dicen que serála Direcciónde Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), refaccione correctamente la moribunda edificación y la haga apta para acoger a sus esforzados funcionarios.

Etiquetas: ciudad, santiago, urbanismo » Publicado: a las 6:02 pm