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Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad

Etiquetas: , , , , , , , , » Publicado: 25/04/2016

Desidia en el manejo de los cauces de los ríos

Santiago y Copiapó son dos ejemplos de malas decisiones adoptadas por funcionarios del Estado y por actores privados que se creen dueños de los espacios públicos que no son cautelados debidamente por los servicios de la administración.

Los cursos de agua en los sectores urbanos, sin importar el nivel de sus caudales, forman parte indisoluble de las ciudades y en los países civilizados sus autoridades respetan sus cajas, sus riberas y sus zonas aledañas en razón a que las fuerzas de la naturaleza son impredecibles, sobre todo tratándose de aquellos ríos conocidos como torrentes.

La ciudadanía está en conocimiento de 2 casos deplorables, en Santiago y Copiapó, derivados de malas decisiones adoptadas por funcionarios del Estado y por actores privados que se creen dueños de los espacios públicos que no son cautelados debidamente por los servicios de la Administración con competencia, mejor dicho incompetencia sectorial.

A raíz de lo sucedido recientemente con la inundación de la autopista concesionada Costanera Norte y con la creación de un artificial y arrasador canal en la avenida Andrés Bello, en las comunas de Las Condes y Providencia, llegaron sus consecuencias destructivas hasta una parte de la comuna de Santiago.

Por ello,  el miércoles 20 de abril reciente le enviamos a Alberto Undurraga, titular del MOP, un correo electrónico para que nos informara sobre el resultado del sumario administrativo llevado a cabo en Copiapó con ocasión de la toma, por parte del privado Mall Plaza Copiapó de Falabella, de una fracción de la caja del río, bien nacional de uso público, del mismo nombre, impudicia que generó la inundación en marzo de 2015 de ese centro comercial.

Entre otras cosas, le decíamos al ministro que en el caso del Mapocho el desvío de las aguas se produjo por una asombrosa descoordinación en la toma de decisiones entre el inspector fiscal de la concesión de US$ 500 millones del proyecto vial Santiago Centro Oriente, los profesionales de la Autopista Costanera Norte y la Constructora Sacyr, señalándole que el asunto se está solucionado económicamente porque hay seguros comprometidos y que el sumario administrativo ordenado rápidamente por él indicará las responsabilidades.

Por la situación de Copiapó, en su dictamen Nº 67031 del 21/08/15, la Contraloría General de la República resolvió que el privado aludido violó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) ya que el predio localizado en la calle Maipú 109, en donde se emplazó el mall, no era el idóneo habida cuenta su alta carga de ocupación y por ello fue muy enérgica con la Municipalidad de Copiapó y con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, ya que los funcionarios que tramitaron los permisos no cumplieron sus deberes.

Todos sabemos que en el episodio del río Mapocho sufrieron inundaciones muchos pequeños comerciantes de la comuna de Providencia y dos importantes megaproyectos de construcción, mall Costanera Center, ubicado también en la comuna de Providencia y el denominado Parque Titanium, consistente en 3 altas torres de servicios profesionales, situado en una área verde ribereña al Mapocho en la jurisdicción de Las Condes, terreno de 6 hectáreas que el desarrollador inmobiliario le compró hace unos 7 años a la Fundación sin fines de lucro (sic) del Club Deportivo de la Universidad Católica, predio que le había sido donado por el Estado a esa universidad privada con una cláusula modal que fue vulnerada por el astuto donatario. Según notas de prensa, todas las empresas que ocupan este moderno complejo comercial se están mudando a otras localizaciones ya que los efectos de la inundación fue ruinosa en los pisos subterráneos.

No podemos perder de vista que el Minvu, con las asistencias de los 15 gobiernos regionales, es quien tiene la responsabilidad de planificar la ciudad y por lo que hemos verificado, el MOP se está arrogando atribuciones que no tiene porque el enjambre de conexiones viales (túneles, puentes, desviaciones, eliminación de la rotonda Pérez Zujovic, eliminación del área verde de la Corfo, colindante con la Embajada de EEUU, destrucción de una parte de la avenida Costanera Sur ejecutada anteriormente por Parque Titanium), fue decidida por este ministerio.

Finalmente, somos partidarios de que los ríos solamente se realcen con fondos públicos y con donaciones privadas, si algún empresario top lo decide, pero en ningún caso se deben utilizar para asentar infraestructuras. Y si por una imperiosa necesidad hay que intervenirlos, en estos excepcionales casos deben actuar muy coordinadamente el Minvu, el MOP, Transportes, Medio Ambiente, los municipios y los gobiernos regionales, con información veraz y oportuna a la ciudadanía.

Comentarios del artículo: Desidia en el manejo de los cauces de los ríos - Publicado: a las 4:00 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 07/04/2016

Una ayudita a “doña” Lucía de Pinochet en el Gobierno de Frei

En esta columna, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad describe cómo un predio de la comuna de Pedro Aguire Cerda donado en dictadura a Cema se transformó en urbano, apto para construir viviendas y equipamientos varios, con la consiguiente y millonaria plusvalía comercial.

En las postrimerías del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ejerciendo Ernesto Velasco el cargo de intendente de la Región Metropolitana, los políticos relacionados con las normas urbanísticas cometieron trampas para modificar el uso de suelo área verde de un terreno que Augusto Pinochet le había donado a Cema Chile.

En efecto, pasándose por alto las disposiciones legales que más adelante describimos, ese predio de 2 lotes contiguos de 27.500 m2 se transformó en urbano, apto para construir viviendas y equipamientos varios, con la consiguiente y automática plusvalía comercial.

En la época del Presidente Jorge Alessandri se aprobó en el año 1960 el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) que le dio vida por lo menos en el papel al Parque Isabel Riquelme, situado en las inmediaciones del Zanjón de la Aguada. A través del Decreto Supremo N° 1.438 del MOP se expropia el inmueble antes referido localizado en la avenida Carlos Valdovinos 3017-3101, adyacente al Club de Huasos Gil Letelier, para que pasara a formar parte del aludido parque.

Años después -en 1982- la dictadura le transfirió este predio fiscal a Cema Chile regentada con mano de hierro por Lucía Hiriart, esposa del mandamás para que, como fundación sin fines de lucro, ejecutara ahí unos programas sociales del gobierno de facto. Posteriormente el Minvu regula toda la zona y la destina a área verde intercomunal, hecho que fue refrendado con la aprobación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), de acuerdo a la resolución N° 20 del 06/10/94 del Gobierno Regional Metropolitano.

En ese terreno nunca se hizo nada y en 1995, estando vigente ese PRMS, la institución de “beneficencia” Cema Chile vendió a un particular amigo el predio aludido, gravado como área verde y en el año siguiente la troika conformada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Santiago y ese privado, firmaron un convenio en donde las autoridades se comprometían a tramitar una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago para eliminar la zonificación de área verde de una fracción del parque, exactamente el sector comprendido por la Avenida Isabel Riquelme, Bascuñán Guerrero, Carlos Valdovinos y la línea del ferrocarril longitudinal sur, incluyendo el terreno que había traspasado Cema Chile, espacio que geográficamente pertenece a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Con esta modificación normativa se posibilitaba la ejecución de atractivos proyectos inmobiliarios pues en el sector se intentaba incorporar usos de suelo de vivienda, equipamientos e industrias inofensivas, con lo cual aumentaban considerablemente los precios de mercado de los terrenos.

Con las formalidades de rigor se presentó ante el Gobierno Regional Metropolitano la modificación al PRC de Santiago, la que fue rechazada porque entendemos que los 2 arquitectos asesores de esa instancia -Juan Honold y Marcela Stange- como profesionales conocedores del marco regulatorio, le indicaron al intendente que el cambio normativo era improcedente. Esta inesperada decisión molestó sobremanera a los privados relacionados con Cema Chile porque se les estaba escapando un pingüe negocio y en definitiva lograron que en los meses siguientes se aprobara el cambio urbanístico.

Para tal efecto el inútil Consejo Regional (CORE) cursa la Resolución N° 38-99 de 1999 la que, sobre la marcha, fue objetada por la Fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría General de la República, ya que tal Resolución violaba las disposiciones de mayor jerarquía del PRMS y del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana de Santiago pues su medida M4OTR1 “estatuye que se mantendrán como parques metropolitanos, áreas verdes complementarias, áreas de valor natural y áreas de interés silvoagropecuario, aquellas definidas como tales en los instrumentos de planificación territorial, especialmente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago”.

Como era lógico la Contraloría acogió la denuncia ciudadana y devolvió al CORE sin tramitar la resolución, pero el Gobierno insistió en la modificación que eliminaba un área verde porque los negocios inmobiliarios ad portas eran muy lucrativos. A todo esto, la Contraloría no daba su brazo a torcer porque las superiores normativas urbanas y ambientales lo impedían, razón por la cual decía que ese cambio era contrario a derecho. Como un  hecho anecdótico, recordamos que hace unos años, en un seminario sectorial, instamos a la alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, Claudina Núñez, en orden a que recuperara para su comuna el mencionado sector urbano incorporado a la comuna limítrofe de Santiago.

Ante el apego a la ley demostrado por la Contraloría, los funcionarios públicos del Gobierno acordaron con el privado para que éste interpusiera un recurso de protección en los tribunales en contra de la Contraloría porque ésta no tomaba razón de la Resolución 38-99 de 1999 y así fue como la Corte de Apelaciones de Santiago admitió a trámite el recurso rol Nº 4308-99 deducido por las sociedades anónimas Inmobiliaria La Laelina, Establecimientos Químicos Oxiquim y Montajes Industriales Yungay. Acto seguido, el 09/10/99, la Contraloría con la asistencia del Consejo de Defensa del Estado (CDE) entrega sus fundados razonamientos en la Corte para que primara la ley.

Por motivos inexplicables, la Corte de Apelaciones falló a favor de los privados ordenando al ente fiscalizador que tomara razón de la Resolución Nº 38 de 1999, desestimando por lo tanto el planteamiento formulado por esa entidad fiscalizadora. Ante tal sentencia impropia, es más, dicha Corte debió haber declarado inadmisible ese recurso, la Contraloría le comunica al CDE que interpondrá ante el Senado una contienda de competencia, pues con ese extraño fallo se han sobrepasado sus atribuciones constitucionales y legales.

En paralelo, cuando había que apelar ante la Corte Suprema, el abogado del CDE se presenta con un día de atraso y por lo tanto su presencia se declara inadmisible “porque llegó fuera de plazo” (sic). Mientras, la Contraloría, sin estar al tanto de la curiosa demora, promovió a fines de enero de 2000 ante el Senado una contienda de competencia para que éste declarara que los tribunales de justicia no tienen facultades para revisar las materias que ella resuelve en relación a los trámites de toma de razón. El Contralor de entonces le decía al Senado que la Corte con su sentencia ha desconocido la función exclusiva de control preventivo de la legalidad que constitucionalmente le corresponde.

Pero el retraso del CDE significó que la sentencia inicial favorable a los particulares se consideró ejecutoriada y con ello se le impidió al Senado intervenir, con lo cual la Contraloría, obligada por las circunstancias, se vio constreñida a tomar razón el 15 de marzo de 2000 de laResolución Nº 38 de 1999 y la Contraloría retiró del Senado la contienda de competencia.

Así ganaron los actores privados. Hoy en día el propietario es la Inmobiliaria Carlos Valdovinos S.A., quienes con la ayuda del Gobierno de la época, sacaron adelante los especulativos cambios de uso de suelo, con lo cual se demuestra que el caso Caval es uno más de los tantos que han existido en nuestro país. Se perdieron unas cuantas importantes superficies de áreas verdes, se violó impúdicamente la ley y parodiando al poeta Carlos Pezoa Véliz, nadie dijo nada.

Comentarios del artículo: Una ayudita a “doña” Lucía de Pinochet en el Gobierno de Frei - Publicado: a las 12:02 pm

» Publicado: 01/04/2016

“Conjunto Armónico”: Así se sobrepasan las normas municipales

Sólo dos o más edificaciones afines de un proyecto, si se dan las condiciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) podría ser considerado “Conjunto Armónico”, pero ello no siempre es obedecido cuando los proyectos contemplan lo que los arquitectos denominan “placa comercial” con un volumen aislado sobre esta, pues ellos como los Directores de Obras Municipales entienden que si el acceso a dicha placa es independiente de la del volumen aislado, aun tratándose de un único edificio, constituiría el “segundo edificio” a pesar de que no lo es.

En el título de esta columna de opinión nos referimos a las normas urbanísticas contenidas en los distintos planes reguladores de todas las comunas que hay en el país, las que son vulneradas si el proyecto inmobiliario se califica como Conjunto Armónico. Esta utilitaria figura se aplica mayoritariamente en los sectores de las comunas que se permite construir en altura y en donde es fuerte la demanda. Así es como la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en su artículo 107º establece el concepto del “Conjunto Armónico” para que así los más poderosos actores privados del mercado inmobiliario puedan obtener más altas rentabilidades por sus inversiones, ello pues con esa discrecional disposición se les permite aumentar las alturas mínimas y máximas y los coeficientes de constructibilidad en sus proyectos de inversión.

Ese artículo de la LGUC dice que “se consideran Conjuntos Armónicos aquellas agrupaciones de construcciones que, por condición de uso, localización y dimensión o ampliación de otras, estén relacionadas entre sí, de tal manera que constituyan una unidad espacial propia, distinta del carácter general del barrio o sector”. Con la conocida hipocresía del sector público sectorial, cuando alude a las normas urbanísticas locales dice que podrán “variarse” en circunstancias que debió decirse “aumentarse”.

Concluimos entonces que sólo dos o más edificaciones afines de un proyecto, si se dan las condiciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) podría ser considerado “Conjunto Armónico”, lo que ha sido esclarecido en diversas Circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y en otros tantos dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR), pero ello no siempre es obedecido cuando los proyectos contemplan lo que los arquitectos denominan “placa comercial” con un volumen aislado sobre esta, pues ellos como los Directores de Obras Municipales entienden que si el acceso a dicha placa es independiente de la del volumen aislado, aun tratándose de un único edificio, constituiría el “segundo edificio” a pesar de que no lo es.

En todo caso el concepto “placa” no está definido como tal en la OGUC, razón por la cual ya le propusimos al arquitecto Pablo Contrucci, jefe de la DDU Minvu, que le asignara en esa OGUC un significado a dicha palabra, ante lo cual nos contestó que iba a proceder en tal sentido, lo que no ha hecho hasta ahora. Si se busca la palabra placa en el diccionario se encontrarán decenas de definiciones, pero en el sector inmobiliario hay que relacionarla con “edificación continua”, que es la emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada con la edificación colindante y con la altura que establece el instrumento de planificación territorial.

Ahora bien, el artículo 2.6.6 de la OGUC dice que los proyectos calificados como Conjuntos Armónicos que cumplan con la condición de uso aumentan en un 50% el coeficiente de constructibilidad y el artículo 2.6.9 de la misma OGUC dice que los mismos proyectos que cumplan con la condición de dimensión y/o de uso, podrán exceder hasta en un 25% la altura máxima establecida por el Plan Regulador Comunal (PRC). En el caso que dicho PRC contemple edificación continua, y el Conjunto Armónico no ocupe una manzana completa, el aumento de altura regirá sólo para las edificaciones aisladas construidas por sobre la altura máxima de la edificación continua, y se aplicará a partir de la altura máxima fijada para la edificación continua por el PRC.

Recientemente conocimos un permiso de edificación cursado por la Dirección de Obras de Las Condes a una persona jurídica asociada al Banco Santander, institución que se lo acaba de vender al grupo Angelini, acto administrativo destinado a servicios profesionales que contempla un edificio de 22 pisos sobre la Avenida Isidora Goyenechea al llegar a El Bosque Norte, zona que permite una altura máxima de 15 pisos, calificado, ¡era qué no !, como Conjunto Armónico porque el avezado titular para justificar los aumentos de las normas urbanísticas ya señaladas está construyendo un diminuto apéndice de 2 pisos que él considera como un segundo edificio. Está claro que estamos ante un ardid para mejorar la rentabilidad del negocio.

Por lo anterior y por otras travesuras menos abusivas, objetamos el permiso ante la Directora de Obras de Las Condes y como no contestó, elevamos los antecedentes ante su jefatura técnica que es el Seremi de Vivienda y Urbanismo, función que resolverá en los próximos días.

Por lo relatado estamos de acuerdo con la columna de opinión publicada en Portalinmobiliario.com titulada “Los conjuntos armónicos : normas que generan incertidumbre” del arquitecto Carlos Frías, Director de Obras de Ñuñoa (ver link) quien dice que esta regulación es poco clara y que sólo acarrea problemas. Entre otras cosas burlescas, dice que la portería o un club house de un edificio, en sus condiciones de volúmenes anexos del principal, le daría al proyecto la calidad de Conjunto Armónico, ello a pesar de que esos agregados de menor cuantía y funcionalidad no son edificios.

El arquitecto funcionario Carlos Frías propone que, de mantenerse la figura del Conjunto Armónico, al menos para evitar la discrecionalidad, el Minvu debería transparentar la regulación a objeto de definir con claridad las proporcionalidades mínimas entre el edificio principal y el edificio complementario. Nosotros vamos más allá, pues actualmente los Conjuntos Armónicos se rigen por la lacra institucionalizada de la interpretación y de las amigables entrevistas tácticas público-privadas, razón por la cual lo más sano es derogar esta disposición de alcance nacional que infringe abiertamente las normas urbanísticas de los PRC.

En sentido contrario, pues la industria inmobiliaria acostumbrada a los privilegios, no aceptará que se termine con esta regulación de excepción, es urgente que el Minvu por escrito defina con exactitud qué se entiende por un segundo edificio y por placa comercial para que el proyecto inmobiliario sea considerado como Conjunto Armónico.

Comentarios del artículo: “Conjunto Armónico”: Así se sobrepasan las normas municipales - Publicado: a las 12:19 pm

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 09/03/2016

Un superintendente que no aplica la ley

El actual titular de la Superintendencia de Pensiones, Osvaldo Macías, objeta el proceder de su antecesora en materia de fusiones (Tamara Agnic), pero al mismo tiempo corrobora dichos cuestionados actos, afirmando que jurídicamente no es posible retrotraer nada. Acá, le demostramos por qué está equivocado.

Con motivo de la aplicación del provechoso goodwill (diferencia entre valor de adquisición y el valor libro de la firma adquirida, susceptible de ser amortizado por la entidad adquiriente), el nuevo funcionario público, Osvaldo Macías, que ahora es titular de la Superintendencia de Pensiones (SP) le dio una mano a la antecesora en ese cargo, quien alegremente había convalidado las fusiones truchas entre la AFP Cuprum y Argentum y la AFP Provida y Acquisition, operaciones que fueron cuestionadas oportunamente por varios diputados, la ministra Ximena Rincón, expertos en tributación y por la propia Contraloría General de la República, ente fiscalizador que, por lo menos en el caso de la denominada AFP Argentum, informó que esta empresa era inexistente.

En efecto, el viernes 4 de marzo pasado Osvaldo Macías reconociendo públicamente que Tamara Agnic no fue lo suficientemente idónea en su decisión, manifestó que las empresas habían actuado de buena fe y que, por ello, era imposible echar pie atrás en las autorizaciones.

Entre otras cosas, dijo que no correspondía invalidar las fusiones porque existe una doctrina (sic) de confianza legítima sostenida por la Contraloría, lo que en la práctica significa que aunque el funcionario público se equivoque, voluntaria o involuntariamente, en una decisión determinada, el privado favorecido con ese error, igualmente dispone de un derecho adquirido que aumenta su patrimonio.

Por lo tanto Macías, por un lado objeta el proceder de la alta funcionaria que, por este motivo, se vio obligada a renunciar a su cargo y por otro lado, mediante una resolución, corrobora tales cuestionados actos de la Administración, afirmando que jurídicamente no es posible retrotraer nada. Ante este tímido comportamiento público los abogados que objetan la operación tendrán que analizar si estamos ante una prevaricación administrativa.

Recordemos que las AFP Argentum y Acquisition fueron inventadas por especialistas tributarios para justificar la figura de la fusión con las verdaderas AFP Cuprum y Provida, respectivamente, pues con esta ingeniosa artimaña se obtienen beneficios monetarios del orden de los US$ 500 millones.

El nuevo titular de la SP explicó que “por las instrucciones que les impartió esta Superintendencia, las empresas actuaron bajo el convencimiento de la legalidad del procedimiento instruido por ella, lo que les otorgaba la confianza de estar obrando en el marco del ordenamiento jurídico vigente”, con lo cual, obedeciéndose la jurisprudencia de la Contraloría, la SP no puede infringir el principio de la certeza jurídica que ha sido recogida por la anterior.

Pues bien, le expresamos a esa superintendencia que las simples “doctrinas” y “principios” que en ocasiones ha sostenido la Contraloría, en el último tiempo han sido desechados de plano y en tal sentido sería conveniente que sus abogados revisen la página 4 del dictamen Nº 51178 del 25/06/15 en donde se lee “En este contexto, las apreciaciones concernientes a los aspectos expresados en cuanto a los permisos Nº s 192 y 121 por los interesados, relativos a los derechos  adquiridos, la buena fe y la confianza legítima, entre otras, resultan, en sede administrativa, ajenas a los efectos de que la autoridad competente declare si operó o no la caducidad de los permisos en cuestión”.

Más claro imposible y por ello, dejando al margen las pretéritas doctrinas invocadas por Macías, en esta columna de opinión, por motivos obvios, preferimos hacer valer la ley vigente en nuestro país, tal como se dice a continuación.

Si la fusión de Cuprum con Argentum se produjo el 02/01/15 y la de Provida con Acquisition se realizó el 31/08/15, entendiendo que los abogados de la SP conocen a cabalidad la Ley Nº 19.880, del Procedimiento Administrativo, vigente desde el 23/05/03, publicada en el Diario Oficial como reacción a los escándalos del MOP-GATE porque la entonces clase política dirigente quería ordenar las actuaciones de los funcionarios públicos en sus relaciones con el sector privado, dado que la actual autoridad sectorial reconoce el mal proceder de la anterior superintendenta de pensiones, aunque no lo desee, tendrá que aplicar, sin más trámite, el artículo 53º de esa ley que dice cómo se invalidan, dentro del plazo de los 2 años, los actos administrativos contrarios a derecho, teniéndose en cuenta que tal invalidación podrá ser impugnada en los tribunales de justicia por los actores privados que desean obtener beneficios a costa de la atávica debilidad del Estado.

En síntesis, repitiendo lo que dijo la Contraloría sobre este asunto : “resulta contradictoria la figura de que se apruebe una fusión en la cual participe una entidad que para tener existencia legal requiere precisamente fusionarse con otra”, concluimos que la única salida que tienen las AFP para aprovechar tributariamente el dadivoso goodwill es que la Justicia les encuentre la razón, lo cual será muy difícil, salvo que los magistrados consideren que hay que tratar con sumo cariño a los inversionistas extranjeros.

Comentarios del artículo: Un superintendente que no aplica la ley - Publicado: a las 12:00 am

Etiquetas: , , , , , , , , » Publicado: 01/03/2016

Hasta el papá de Boric ganó con el cambio de uso de suelo

Tenemos la convicción que este lucrativo negocio magallánico no puede ser homologable al caso Caval, pero estaremos atentos a lo que hará el Gobierno porque estas operaciones se deben regular para que no sólo los privados con información privilegiada sean los gananciosos.

La prensa ha publicado diversas crónicas sobre la venta de un terreno de 7,2 hectáreas de propiedad del padre del diputado Gabriel Boric al Serviu en la ciudad de Punta Arenas para que se construyan allí viviendas sociales.

Se ha destacado como un escándalo que el precio de venta a ese servicio del Estado dependiente del Minvu haya sido de mil trescientos millones de pesos, en circunstancias que el avalúo fiscal del mismo, determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sea de escasos tres millones doscientos setenta y siete pesos. Es decir, el Serviu debería desembolsar una suma equivalente a casi 400 veces más que el avalúo fiscal. El dinero a pagarse provenía del Gobierno y se entregó en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

Ahora bien, el terreno era rural y se llamaba Hijuela 36 Sector Sur-Poniente, con rol Nº 5004-19, la que se encuentra en la prolongación Martínez de Aldunate de esa ciudad. A partir del año 2004 modificó su uso de suelo transformándose, vía un Plan Seccional, en urbano, con lo cual se evidencia por el exiguo avalúo fiscal asignado, que el SII durante 11 años no cobró a su propietario las contribuciones de bienes raíces que le correspondía, pues el predio considerado como eriazo sí era apto para construir todo tipo de viviendas.

Este cambio en las reglas del juego fue aprobado por el Concejo Municipal de Punta Arenas y no sabemos si el trámite contó con la autorización del Consejo Regional de Magallanes, previo a la toma de razón de ese acto administrativo por parte de la Contraloría General de la República.

La operación de compraventa se hizo por trato directo, es decir, no se llamó a una licitación pública como era obligatorio y el avalúo comercial del terreno fue determinado por los funcionarios del mismo Serviu y no por tasadores independientes.

La propiedad del predio corresponde, en partes iguales, al papá del diputado Boric, a la esposa del diputado Morano y a otro particular, dejándose en claro que el favorable cambio normativo en el Plan Regulador de Punta Arenas se produjo mientras el actual diputado Morano era alcalde de esa ciudad.

Está claro que en este polémico episodio el SII deberá cobrar a los dueños retroactivamente, por los 3 últimos años, las contribuciones de bienes raíces con el recargo respectivo por ser baldío ese predio urbano y nos pareció sumamente bien que el 25 de enero pasado la Contraloría haya resuelto paralizar la operación mercantil pública-privada.

Así las cosas, los 3 propietarios privados de ese terreno tendrán que dejar sin efecto la compraventa con el Serviu y para obtener en concreto la espectacular plusvalía territorial derivada del cambio del uso del suelo, tendrán que ofertarlo en el mercado inmobiliario de esa ventosa y hermosa ciudad austral del nuestro país. Y hasta sería muy posible que lo vendieran a una inmobiliaria en una suma superior a la acordada con el Serviu.

En síntesis, por lo dicho, tenemos la convicción que este lucrativo negocio no puede ser homologable al caso Caval, como lo han insinuado algunos interesados actores políticos, y sobre la materia es urgente que el Congreso Nacional apruebe la legislación sobre la captura parcial a favor del Estado cuando se producen este tipo de modificaciones en los usos de suelo en los territorios, incluyendo las áreas verdes, pero para ello será necesario que se legisle en base al proyecto de ley enviado por el Minvu al Parlamento en el año 1997 y no en base al actual proyecto en trámite, el que, por lo timorato, debería ser calificado como un chiste de pésimo gusto.

Estaremos atentos a lo que hará el Gobierno porque comprar barato y vender caro en sí no es reprochable, pero estas operaciones se deben regular para que no sólo los privados con información privilegiada sean los gananciosos.

Comentarios del artículo: Hasta el papá de Boric ganó con el cambio de uso de suelo - Publicado: a las 3:00 am

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Insulza, el político que apoya a sus amigos

A continuación relataremos escuetamente una anécdota de la época de Insulza como ministro del Interior, que grafica de cuerpo entero a este amigo de sus amigos, más aún cuando se trata de ex compañeros del colegio.

José Miguel Insulza es un político profesional que nunca ha trabajado en el sector privado porque, como fundador y dirigente a fines de los años 60 del ex Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) optó por desempeñarse siempre en el aparato público, al igual que sus compañeros de ruta.

En las elecciones parlamentarias de 1973 se presentó como candidato a diputado por el 3er distrito de Santiago, obteniendo un magro 3,44 % de los votos y hasta donde sabemos, nunca más ha intentado llegar al Congreso Nacional.

Según la información que se aprecia en Wikipedia, hizo sus estudios primarios y secundarios en el Saint George’s College y se dice que es abogado titulado en la Universidad de Chile, lo que es rebatido por un enojado particular chileno-canadiense que, por este motivo, lo ha llevado a la Justicia. Inicialmente era un convencido demócrata cristiano y después, ya como un disciplinado mapu participó en el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende como funcionario de rango medio en la Cancillería.

Después del golpe militar se refugió en Roma, Italia, en donde tuvo una fluida relación con el también mapu José Antonio Viera-Gallo y ambos, actualmente miembros del Partido Socialista, retornaron al país después de la derrota electoral de Pinochet. No tiene sentido reseñar su activa carrera política dentro de la Concertación porque es ampliamente conocida, al igual que la desempeñada por su compañero Viera-Gallo. En los gobiernos democráticos, los dos asumieron altas responsabilidades en el aparato del Estado.

Insulza tuvo un rol preponderante, ya sea como ministro de Relaciones Exteriores y como ministro Secretario General de la Presidencia, para que el Gobierno inglés liberara a Pinochet de su larga estadía inicialmente en la conocida London Clinic y enseguida, para asegurar su tranquilidad, en el Hospital Groveland Priory localizado en las afueras de la ciudad.

El Gobierno de Lagos lo premió por sus buenos oficios ya que con Pinochet en Chile, se tranquilizó a todos los políticos de derecha, incluyendo a Piñera, quienes estaban encolerizados porque el capitán general podía ser enjuiciado por genocidio en Londres, lo que era inaceptable según ellos.

Está claro que todos aquellos jóvenes mapu, la mayoría hoy ya de la tercera edad, transformados en socialistas y algunos en pepedés, fueron y siguen siendo “hombres de Estado”, como les gusta con pomposidad autodefinirse, porque desde un principio entendieron que, para ganarse la vida disfrutando del poder, lo óptimo era formar parte de los cuadros superiores de los partidos políticos que compiten amigablemente con la derecha.

Insulza, llamado cariñosamente “Panzer” por cierta prensa, salió en defensa de Longueira por razones de natural entendimiento entre similares, sin perder de vista que Longueira ha tenido gestos muy amistosos,  tanto con la Democracia Cristiana por los errores cometidos en inscripciones de sus candidatos en el Servel, como asimismo con los políticos que se desempeñaban en el gobierno de Lagos en el episodio del MOP-Gate. La Concertación sabe agradecer, porque en este mundo, los que están en los pináculos del establishment, siempre se encuentran y en esos espacios hay intercambios de intereses.

Ahora bien, a continuación relataremos escuetamente una situación que grafica de cuerpo entero a Insulza como un prohombre amigo de sus amigos, más aún cuando se trata de ex compañeros del colegio.

Hace algún tiempo, cuando él ejercía el cargo de ministro del Interior, se estaba tramitando un proyecto de concesión de estacionamientos subterráneos bajo la Plaza Perú, sector El Golf de la comuna de Las Condes y los vecinos entendían que el inversionista debía someterlo a un Estudio de Impacto Ambiental, conforme al mandato de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Quien ejercía el cargo de alcalde en esa época, Carlos Larraín (promotor acérrimo de la concesión), y el titular del proyecto sostenían que bastaba con una Declaración de Impacto Ambiental.

La controversia llegó a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) y sus integrantes en votación democrática resolvieron que el proyecto tenía la obligación de someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, es decir, ratificaron la posición de la comunidad organizada, decisión que molestó al alcalde Larraín, aunque no incomodó mayormente al privado que iba a ejecutar las obras.

Ante este traspié administrativo, Larraín (el mismo que tiempo después comandó Renovación Nacional) se entrevistó con su antiguo ex compañero de colegio José Miguel Insulza, reclamándole que un Estudio de Impacto Ambiental para esa concesión era una exigencia asaz burocrática porque había urgencia en iniciar las faenas de construcción del estacionamiento.

El ministro del Interior lo escuchó con suma atención, entre otros motivos, porque era su amigo, y para ayudarlo resolvió instruir al intendente Sergio Galilea, en su condición de presidente de la Corema, en orden a que se anulara la Resolución de la institucionalidad ambiental.

La Corema acató y con la Declaración de Impacto Ambiental se construyó el estacionamiento que, digámoslo con franqueza, está brindando un buen servicio a los residentes y visitantes del sector.

Por último, sería conveniente que el insigne funcionario José Miguel Insulza, ex Secretario General de la OEA, se dedique exclusivamente a la importante tarea diplomática que le encomendó la Presidenta Bachelet porque si continúa distrayéndose en polémicas locales, corremos el riesgo de que nos vaya mal en La Haya.

Comentarios del artículo: Insulza, el político que apoya a sus amigos - Publicado: a las 12:01 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 18/02/2016

La corrupción es consustancial al sistema neoliberal

Como somos partidarios de dar ejemplos precisos sobre nuestras críticas, informamos que dentro de la labor de fiscalización que ejerce la Fundación “Defendamos la Ciudad”, nuestros profesionales de la V Región de Valparaíso comprobaron que en la comuna de Viña del Mar, más de 50 edificios no han cumplido con lo reseñado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) respecto a los estudios de sombras.

Ya sabemos que la descomposición en Chile está operando a sus anchas en todos los sectores de la economía, asuntos que en materia de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente, estamos dando a conocer con datos concretos hace muchos años, sin que los distintos gobiernos hayan adoptado políticas de control público para erradicar las lacras.

Más de alguien, y particularmente quien escribe, sostiene que la casta política con tal de recibir dineros fraudulentos de las más importantes empresas privadas, aplica la contraprestación del laissez faire para que todo siga igual.

Todos aquellos, o por lo menos la inmensa mayoría de los que conforman el denominado establishment, consideran que el sistema democrático que nos rige  requiere de crecimiento económico a todo evento, por lo tanto, sin importar que los inversionistas nacionales o extranjeros, a vista y paciencia de los servicios de la Administración, violen las leyes y reglamentaciones que el Estado se ha dado para que el país funcione. Por ello existe la colusión, los abusos, las boletas y facturas falsas, los permanentes engaños a los consumidores, los contratos forwards truchos,  etc.

Ahora bien, como somos partidarios de dar ejemplos precisos sobre nuestras críticas, informamos que dentro de la labor de fiscalización que ejerce la Fundación “Defendamos la Ciudad”, nuestros profesionales de la V Región de Valparaíso comprobaron que en la comuna de Viña del Mar, más de 50 edificios no han cumplido con lo reseñado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) respecto a los estudios de sombras, distanciamientos mínimos hacia los vecinos y otras materias urbanísticas.

Estas situaciones anómalas se le han representado formalmente en julio de 2015 al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región y el 26 de enero pasado nos dirigimos por escrito a los presidentes de la Cámara Chilena de la Construcción, Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación de Directores de Obras Municipales y Asociación de Arquitectos Revisores Independientes, dándoles a conocer el informe “Resumen explicativo de la aplicación de los conos de sombra” elaborado por el arquitecto viñamarino Mauricio Zulueta, miembro del mencionado colectivo ciudadano. A estos 4 destinatarios le expresábamos que posiblemente en todas las municipalidades del país se cometen esas malas prácticas que favorecen a ciertos titulares de proyectos.

Nos respondieron los presidentes de la Asociación de Directores de Obras Municipales y de la Asociación de Arquitectos Revisores Independientes, cuyo presidente, con justa razón, criticó severamente con diversos hechos determinados el quehacer administrativo en las Direcciones de Obras Municipales, asunto que, con anterioridad, ambos (quien suscribe y él), le habíamos dado a conocer en su oficina al abogado Jefe de la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República.

Por lo trascendente del asunto, sabemos que el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, está solicitando una entrevista con el Jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, para recibir instrucciones oficiales sobre esta materia, próxima reunión en la cual nuestro colectivo ciudadano, estando presente en la misma, ratificará el resultado de nuestra investigación. Algunos actores nos han calificado como idealista y en razón de que sí lo somos, aparte de ser riguroso, quisiéramos que se terminen los abusos que numerosos privados cometen, valiéndose del descontrol y lenidad municipal y en tal sentido el Minvu tiene que ejercer su rol conductor aunque ello le signifique la reprimenda de las influyentes asociaciones empresariales ad hoc que toleran las trampas que conducen al lucro desmedido de sus afiliados.

Asimismo, vale la pena decir que con motivo de una invitación que nos hiciera la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados para que opináramos sobre el proyecto de ley, preparado por el Minvu, que aborda el asunto de las plusvalías que se producen con los cambios de uso de suelo de rural a urbano, ganancias que en la actualidad engrosan los bolsillos de los privados que han hecho lobby para que tales cambios se produzcan, iniciativa que mereció nuestra oposición porque tal proyecto de ley no abordaba correctamente la captura parcial de esas plusvalía a favor del Estado, aprovechamos esa ocasión para proponerles a los diputados que se hicieran las modificaciones legales para que los Directores de Obras Municipales ejercieran el cargo por un plazo fijo, por los años que el Congreso resolviera, ya que en la actualidad y en la práctica, esos funcionarios son vitalicios.

Sobre lo anterior, les recordamos a los diputados que recobraran un proyecto de ley sobre tal captura de plusvalías del año 1997, también elaborado en aquel entonces por el Minvu, el cual no prosperó porque estaba correctamente enfocado y ya sabemos cómo los actores más poderosos del sector privado saben ejercer sus influencias en la generación de las políticas públicas. La operación especulativa de Caval no hubiera existido si el Congreso Nacional hubiera aprobado esa ley de hace 19 años. En todo caso nuestra propuesta acerca de los Directores de Obras  Municipales fue bien recibida y no sabemos si se ha avanzado al respecto.

En lo que respecta a los “errores” cometidos en Viña del Mar con los cálculos de los conos de sombra, entendemos que el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región ejercerá su rol funcionario para que el Fiscal Regional del Ministerio Público averigüe la razón de tanta y reiterativa equivocación en la otrora bella ciudad jardín.

Comentarios del artículo: La corrupción es consustancial al sistema neoliberal - Publicado: a las 2:00 am

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 10/02/2016

Curiosas prácticas en el especulativo caso Caval

Quien suscribe ha sido majadero en la acusación en contra de los especuladores, sobre todo en el sector del suelo. Ejemplos hay muchos respecto de particulares que se han beneficiado de impúdicas movidas que han generado millonarias plusvalías a esos regalones de los distintos gobiernos.

Mientras se creía que Chile era un país serio y que aquí no existía la corrupción, unos cuantos estamos publicando columnas de opinión en la prensa digital denunciando la descomposición en la administración del Estado, como también dando cuenta de todos los arreglines interpretativos que cometen los más importantes empresarios del país para violar la leyes, muchas veces con la complacencia de los funcionarios públicos quienes, para “hacer mérito” ante sus futuros empleadores privados, dado que los gobiernos duran sólo 4 años, no ejercían sus roles de custodios de la legalidad.

Quien suscribe ha sido majadero en la acusación en contra de los especuladores, sobre todo en el sector del suelo. Ejemplos hay muchos respecto de particulares que se han beneficiado con las transformaciones, vía simples actos administrativos, de terrenos rurales a urbanos, impúdicas movidas que han generado millonarias plusvalías a esos regalones de los distintos gobiernos.

En el caso Caval no se perfeccionó el cambio de uso de suelo de las 44 hectáreas rurales localizadas en Machalí, de propiedad del agricultor quebrado Patricio Wiesner, sólo porque el dúo Compagnon-Valero no le pagó a un operador de negocios los $ 200.000.00 que cobraba por ciertas labores de contactos telefónicos con la banca que debía prestarle a Caval la suma de dinero necesaria para comprar ese terreno. El sujeto que se consideraba legítimo acreedor, para presionar a la empresa que él consideraba deudora morosa porque sus gestiones habían sido decisivas, se contactó hace un año con la revista Qué Pasa y el resto del cuento todo el país ya lo conoce.

Ahora bien, últimamente la prensa ha señalado que el síndico de quiebras Herman Chadwick le pagó la suma de $ 415.000.000 al “experto” inmobiliario Juan Díaz, conocido actor privado en este tipo de negocios, para que intermediara, ejerciendo sus excelentes oficios, en la tramitación del Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la 6ª Región con el fin de que los suelos de las 44 hectáreas se convirtieran en urbanos. Con esto, si la operación se hacía con “inteligencia” y apelando a los contactos públicos precisos, todos los intervinientes en el episodio iban a ganar mucha plata pues en Chile no existe una legislación que le aporte al Estado una fracción de las plusvalías que se producen con los cambios en las reglas del juego.

Debemos tener presente que este tipo de decisiones administrativas son resueltas en votación de los consejeros regionales (CORE), a petición del respectivo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo y si se produce un empate, el intendente ejerce su voto dirimente. Debemos decir que en estas materias de tipo especulativo que generan significativas ganancias a los dueños de los terrenos que cambiaron sus usos, siempre intervienen “asesores” o lobbystas para asegurar los resultados buscados y cuando aquellos mediadores son contratados por los interesados, en este caso por el síndico Chadwick, los convenios firmados ante notario con cláusula de confidencialidad, siempre se establecen contra la obtención de resultados.

Aquí fracasó el cambio territorial por el escándalo que se armó y se evidencia que nunca el síndico de quiebras le debió haber pagado por adelantado esa suma de dinero al denominado “gatito” Díaz. Al hacerlo significó que actúo con precipitación creyendo en un 100% en la capacidad gestora de su especialista y por ello tiene plena validez el dicho “en la confianza está el peligro”. El receptor de los dineros podría argüir que, por una fuerza mayor o por hechos fortuitos, no se realizó el cambio de uso de suelo.

Este excelso negociante, hombre UDI, según publicación del 06/02/16 en un medio de prensa de circulación nacional, por petición de Compagnon, intervino con la arquitecta Cynthia Ross, también involucrada en Caval, en el año 2014 para destrabar (sic) una solicitud de permiso de edificación para una planta de la CCU en la comuna de Renca. Resulta que el dueño de la CCU es Luksic, uno de los empresarios más ricos que hay en Chile, lo cual es indicativo que tiene en abundancia los recursos financieros para contratar a los mejores arquitectos de la plaza para ese proyecto en Renca. Y como en la tramitación de ese permiso, obligatoriamente debía intervenir un revisor independiente, profesionales éstos de altas capacidades, es sumamente insólito que Compagnon haya asumido responsabilidades en las decisiones técnicas de la conocida CCU.

A lo anterior se une el hecho de que el mismo Luksic, sin que Caval fuera un sujeto de crédito, le haya pasado los 6 mil quinientos millones de pesos necesarios para comprar los terrenos. Por lo tanto, son raras, por emplear un término suave, estas relaciones tan fluidas entre el accionista controlador del Banco de Chile y la co propietaria de una simple empresa de papel como es Caval.

Lo anterior se podría explicar sólo porque Luksic, individuo muy instruido que sabe de estrategias comerciales, quería mantener y acrecentar las óptimas relaciones que tiene con Bachelet, suegra de Compagnon y mami del esposo de la anterior, ya que en esta vida todo es transable.

Comentarios del artículo: Curiosas prácticas en el especulativo caso Caval - Publicado: a las 2:00 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 10/12/2015

Un empresario quiere demoler el edificio patrimonial de Morandé con Rosas

En la edición del miércoles 9 de diciembre del diario El Mercurio se publicó la nota “Contraloría rechaza exigencias ambientales de Santiago para impedir demolición de edificio”, con epígrafe “Según el abogado que representa a la Inmobiliaria Morandé 2010, Gustavo Parraguez, no queda más que demoler”.

Estamos hablando del edificio que le pertenecía a la Protección Mutua de los Empleados Públicos de Chile, proyectado por el arquitecto Pedro Palma y construido en el año 1924, localizado en la esquina sur-poniente de las calles Morandé con Rosas, centro de esta ciudad, el cual fue protegido oficialmente el 28 de mayo de 2008 por la Municipalidad de Santiago bajo la figura de “Conservación Histórica” en el correspondiente Plan Regulador Comunal (PRC).

Este magnífico edificio en octubre de 2006 fue adquirido por una de las sociedades del empresario Max Marambio. A través de 2 de sus sociedades, con fecha 25/01/2008, obtuvo en la Dirección de Obras Municipales de Santiago el permiso de edificación Nº 13.972 para construir 2 torres de 35 pisos cada una en toda la extensión de la calle Morandé, entre las calles Rosas y Santo Domingo, para lo cual era necesario que sus arquitectos y abogados fusionaran los 3 predios de tales sociedades para que las torres se emplazaran en el resultante. Uno de los terrenos era aquel en donde se sitúa hasta el día de hoy el edificio de la discordia. En las torres se consideraban 760 pequeños departamentos habitacionales con 249 estacionamientos.

El mencionado permiso de edificación fue cursado a nombre de las empresas Nazareno S.A. y Comercial Cañaveral S.A. cuyos representantes legales eran Enrique Bruce y Eduardo Contreras, ex embajador de Chile en Uruguay. Hoy el dueño del lucrativo negocio es la Inmobiliaria Morandé 2010 S.A. y quien está a cargo de administrar la inversión es Gran Mundo Desarrollo Inmobiliario S.A.

Una torre ya se levantó, la que está en la esquina de Morandé con Santo Domingo. Como había prisa en la tramitación del permiso, ya que se sabía que en la modificación ad portas del PRC estaba contemplada la declaratoria de Conservación Histórica para ese inmueble, la Dirección de Obras no exigió en el momento de la solicitud del permiso de edificación la fusión predial, tal como está ordenado en el artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El funcionario titular de esa oficina técnica municipal, arbitrariamente y sin sustento legal alguno, adoptó la decisión de requerir para este proyecto puntual la fusión predial al momento de solicitarse la recepción final de las obras (sic), con lo cual las empresas quedaron muy conformes.

Con ese comportamiento municipal se vulneró la OGUC y se pasó por alto la Circular ORD. Nº 72 del 08/04/03 emitida por el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu de fecha 08/04/03, en la cual se expresa lo siguiente. “La fusión de varios terrenos en uno solo, en opinión de esta División, también debe ser comprensiva obligatoriamente de una fusión de los dominios que jurídicamente se detentan sobre ellos, es decir, todos los terrenos fusionados deben quedar bajo un solo dominio ejercido por un solo propietario………………………….. lo cual es coincidente con lo que se señala explícitamente en el inciso primero del artículo 3.1.3 de esta Ordenanza, situación que debe quedar resuelta legalmente antes de solicitarse cualquier permiso municipal a los que se refieren los artículos 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 3.1. 1. Y 5.1.1. estos últimos de la Ordenanza General”. De ello se desprende que las fusiones deben estar inscritas en el Conservador de Bienes Raíces y ello es así para evitar conflictos entre distintos particulares que reclaman dominios sobre los predios.

Luego, observamos que el permiso de edificación en comento está absolutamente viciado y por lo tanto no puede producir efectos, aunque sabemos que el Minvu para blanquear otras situaciones similares, introdujo el 23 de mayo de 2009 en la OGUC el agregado “En la resolución aprobatoria del anteproyecto se consignará la obligación de solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso, siendo requisito para otorgar éste que se haya perfeccionado la actuación correspondiente”.

gm-300x236La palabra perfeccionado da a entender que la fusión debe estar inscrita en el Conservador de Bienes Raíces (CBR), ello a pesar de que siempre las fusiones debían estar inscritas en los CBR porque en caso contrario las mismas no producen efectos, asunto que está meridianamente explicado en el texto original del artículo 3.1.3 de la OGUC como en la Circular ORD. Nº 72 del 08/04/03 de la DDU del Minvu.

En resumen, como la fusión de los 3 predios  no se produjo en la solicitud del permiso de edificación, ni en la fecha de su otorgamiento, queda en evidencia el vicio administrativo que está permitiendo salvaguardar en plenitud el edificio de Conservación Histórica protegido legalmente por la Municipalidad de Santiago. Ahora suponemos que Max Marambio se coordinará con Carolina Tohá para que se remoce el majestuoso inmueble, el que podría acoger actividades culturales, artísticas y de bien público que dicho empresario podría emprender con sus socios.

El otro escenario, siendo el más probable, es que la Municipalidad de Santiago le compre el edificio patrimonial al aludido empresario en el justo precio que el mercado le asigna a este tipo de inmuebles protegidos por el Estado y de esta forma será la propia municipalidad la que inicie la revitalización, para loables y superiores propósitos, del centenario edificio.

Comentarios del artículo: Un empresario quiere demoler el edificio patrimonial de Morandé con Rosas - Publicado: a las 11:46 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 25/11/2015

El nuevo mall de Paulmann y la ayudita del seremi

A propósito de un artículo que relata cómo la seremi de Vivienda dio luz verde a un mall de Cencosud frente al Alto Las Condes, el presidente de Defendamos la Ciudad explica en detalle qué ocurre en este intrincado caso y por qué es imprescindible contar con una Contraloría autónoma e independiente, como la actual.

En la edición del martes 17 de noviembre pasado del diario Pulso se publicó una alegre nota periodística titulada “Vivienda acoge recurso de Cencosud y da luz verde a mall frente al Alto Las Condes”.

Allí se decía que un megaproyecto inmobiliario del empresario Horst Paulmann que contenía tiendas de lujo junto con torres de oficinas, incluido un rascacielos de 55 pisos, no tenía problemas en razón a que el Seremi de Vivienda le encontró la razón a Cencosud en su recurso de reposición en contra de la Directora de Obras de Vitacura quien, como era su deber, había declarado la caducidad del permiso cursado el año 2000, 15 años atrás, para construir 271.599 m2 en un terreno de 22.500 m2 localizado en la Av. Kennedy 8.950.

En dicha crónica también se decía que el permiso tenía una duración de 3 años y que Cencosud había comprado ese terreno con el permiso en el año 2010 a su dueño original en US$ 56 millones, dejándose en claro que, conforme a la decisión del Seremi, la caducidad impartida por la Directora de Obras era equivocada, a pesar de que la Contraloría ya había resuelto con anterioridad la caducidad del permiso con el cual se posibilitaba una inversión del orden de los US$ 500 millones correspondientes a la inmensa construcción antes indicada.

En todo caso, digamos que ese seremi y el propio diario Pulso conocían muy bien lo que había dicho la Contraloría al respecto y por ello encontramos asombrosa, tanto la postura del funcionario público como la crónica de ese diario, a quien le explicamos en detalle lo que el privado hizo para intentar un mayor lucro con su negocio.

Así y todo, suponemos que Paulmann quedó muy contento con la curiosa resolución de ese Seremi divulgada por uno de los medios de prensa especializados en finanzas, economía, inversión y negocios. Como estamos ante un hecho muy significativo que induce a la lacra de la desinformación, sucintamente diremos lo que efectivamente pasó y cuál será el epílogo de la situación.

Pues bien, para evitarse las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, vigente desde el 30 de diciembre de 1999, un avispado particular propietario de ese terreno baldío, situado al norte de la Av. Kennedy, solicitó un anteproyecto en la Dirección de Obras de Vitacura, antes de la publicación en el Diario Oficial de ese PRC, adscribiéndose a las normas urbanísticas bastante permisivas contenidas en el PRC de Las Condes. Recordemos que la comuna de Vitacura en el año 1992 se escindió de la comuna de Las Condes.

Con el anteproyecto en la mano, el cual tiene una vigencia máxima de un año, ese propietario con fecha 23 de junio del 2000, estando ya vigentes las normas urbanísticas más restrictivas del PRC de Vitacura, solicitó en la respectiva Dirección de Obras un permiso de edificación, el cual fue aprobado el 12 de diciembre de ese año con el Nº 121/2000. Si nos fijamos en las fechas, concluimos que este acto administrativo terminal se obtuvo fuera del plazo perentorio establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), irregularidad no detectada por nadie en aquella época.

Como ya está dicho, diez años después, en el transcurso del 2010, Cencosud se transforma en dueño del terreno y del permiso, sin saber Paulmann que estaba haciendo un mal negocio porque tal permiso, con esas extraordinarias normas urbanísticas, ya estaba caducado. Cabe la probabilidad que a este avezado empresario alguien de su confianza le aseguró que los permisos tienen duración indefinida, razón por la cual desembolsó una elevada suma de dinero para así aprovechar en beneficio propio las espectaculares normas contenidas en el mismo.

Este asunto, a raíz de una denuncia ciudadana, fue examinado por la Contraloría General de la República, órgano fiscalizador que escuchando a los abogados de la empresa del retail, dictaminó lo que se sabía, es decir, estableció la caducidad automática del permiso conforme a lo estipulado en el artículo 1.4.17 de la OGUC, continuador del artículo 5.1.20 de la misma Ordenanza. La competente Directora de Obras actuó en consecuencia, lo que molestó sobremanera al actor privado quien, el lugar de pedir una reconsideración a la Contraloría o lisa y llanamente presentar un recurso de protección en contra de la Contraloría, eligió el camino más fácil para lograr su objetivo. Por ello reclamó ante el Seremi de Vivienda haciéndole notar su buena fe y otras lindezas.

Por lo relatado se evidencia que Paulmann intentaba levantar su tremendo mall con normas urbanísticas nunca existentes en Vitacura, lo que se podría haber materializado gracias al comportamiento “ayudista” del gobierno. Pero es muy risible lo que acaba de suceder, ya que la trucha y por lo tanto errónea resolución del Seremi, dirigida el 13 de noviembre de 2015 a la Directora de Obras de Vitacura conminándola, con un lenguaje muy serio y rebuscado, para que revalide el permiso, es de la misma fecha que tiene el nuevo dictamen Nº 90257 de la Contraloría, cuyo destinatario es Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura, en donde se le reitera que la caducidad del permiso en cuestión había operado de pleno derecho, con lo cual seguramente sin proponérselo, le quitó el piso al desorientado Seremi de Vivienda.

Ahora Cencosud, tiene dos caminos a seguir:

1.- Solicita un nuevo permiso de edificación con el cual, una vez cursado, podrá construir bastante menos m2, sin posibilidad alguna de edificar su torre de 55 pisos.

2.- Citará a sus abogados para analizar una eventual acción judicial en contra de la Contraloría, a sabiendas que son muy remotas sus posibilidades de éxito.

Conclusión:

Con una Contraloría autónoma e independiente, como la actual, más una ciudadanía vigilante, se asegura el imperio del derecho en la Administración del Estado y por ello es necesario que su nuevo (a) titular provenga de ese servicio. En paralelo, le decimos al Seremi involucrado que, a raíz de este episodio, nunca más trate de pasarse de listo porque su función pública siempre debe garantizar la correcta operación del mercado inmobiliario.

Comentarios del artículo: El nuevo mall de Paulmann y la ayudita del seremi - Publicado: a las 9:00 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 10/11/2015

Negligencia urbanística en Valdivia

El proyecto del mall Plaza de Los Ríos, localizado en pleno centro de la ciudad, se ha venido desarrollando en los años con graves vulneraciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y con la extraña obsecuencia de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

La hermosa ciudad de Valdivia que forma parte de la Región de Los Ríos, enfrenta grandes desafíos para su centro histórico, atacado desde hace años por la especulación inmobiliaria que intenta impedir el desarrollo sustentable para beneficio propio, y además por gravísimos incendios que afectaron añosas construcciones, galerías y tiendas de reconocido prestigio local.

El desafío es reconstruir y repotenciar el centro de la ciudad, eliminar los sitios eriazos, recuperar los edificios abandonados (como el de la ex-tienda Ripley) en la calle Picarte con Walter Schmidt y mejorar la vialidad existente, la que no resiste el crecimiento de las zonas pobladas en el sector de Isla Teja y camino a Niebla, donde los tacos vehiculares se han hecho insoportables.

Ahora bien, una muestra de lo anterior es lo que ha sucedido con el mall Plaza de Los Ríos, localizado en pleno centro de la ciudad, en la calle Arauco entre las vías Beauchef y W. Schmidt, y que se ha venido desarrollando en los años poco a poco, con graves vulneraciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y con la extraña obsecuencia (¿cómplice pasivo?) de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valdivia.

Hace pocas semanas, exactamente el 8 y el 9 de octubre, estuvimos en dicha ciudad con el arquitecto Mauricio Zulueta, profesional muy conocedor de los marcos regulatorios urbanísticos. Ambos pudimos comprobar irregularidades tan grandes como la construcción de conexiones subterráneas y a nivel de calle, en terrenos que le pertenecen al municipio con simples autorizaciones (sic) del ex alcalde Bernardo Berger, hoy día, flamante diputado por esa región.

Como consecuencia de nuestras reuniones con la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones y con el Seremi de Vivienda y Urbanismo constatamos que existe una construcción terminada y no ocupada de más de 6.000 m2 de una torre de oficinas, sin que el titular del mall haya declarado en la DOM dicha superficie ni el destino, burlándose con ello la determinación de la efectiva carga de ocupación del edificio, así como los requerimientos de estacionamientos asociados a tal destino. Derivado de lo anterior, en la actualidad no existe recepción final y por lo tanto es difícil cerciorarse si el edificio cumple con la normativa fijada en la  OGUC.

Pero como si ello fuera poco, además, hoy se construye en dicho mall una ampliación de los espacios arrendables, cuyo permiso de edificación fue otorgado con infracción de la normativa, por cuanto, a pesar de saberlo muy bien la DOM, no consultó con la Seremi de Transportes si para tal ampliación era o no necesaria la revisión u obtención de un nuevo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (ESTU), teniendo presente además que las medidas de mitigación aprobadas en el EISTU original para dicho edificio, jamás han sido cumplidas con el consiguiente desagrado de las autoridades competentes de mayor rango.

Sin embargo, como el bienestar de los habitantes de la ciudad debe estar por sobre los intereses particulares, el pasado 21 de octubre, el Consejo Regional (CORE) de Los Ríos, aprobó fondos por 4.500 millones de pesos, para concretar el proyecto de conexión entre calles Anibal Pinto y Walter Schmidt, el que dará viabilidad a la construcción del Puente Los Pelúes, solución necesaria y anhelada por todos los valdivianos.

Como la ciudad está por sobre los particulares, esta nueva calle obligará a la eliminación de la conexión ilegal de superficie y subterránea entre el Mall Plaza de Los Ríos y el supermercado adyacente, además de imposibilitar el uso de los andenes de carga de la segunda tienda ancla de dicho centro comercial.

Aparte de los desaguisados del mall, no se entiende cómo la municipalidad otorgó un permiso para la construcción de un edificio en altura sobre el pasaje Los Temos, en la Isla Teja, vulnerando la normativa de la OGUC que establece una altura máxima de 2 pisos más mansarda sobre los pasajes. De haber prosperado la ilegalidad, no sólo los vecinos que residen actualmente en dicho pasaje serían los perjudicados, sino que también los futuros ocupantes del edificio que se construiría, quienes pasarían a ser víctimas inocentes del actuar negligente de la DOM. Afortunadamente y debido a la denuncia formal de la comunidad organizada, el Seremi de Vivienda y Urbanismo supo reaccionar a tiempo y ya le ha dicho oficialmente al díscolo funcionario municipal que debe invalidar ese permiso.

Esperamos que el DOM de Valdivia, quien ya fue requerido por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y a instancias nuestras, por la sede regional de la Contraloría General de la República, con cuya titular también nos entrevistamos, ejerza el rol que le corresponde y no demore en declarar la ilegalidad de las actuaciones del mall y del permiso de edificación mal otorgado en el pasaje Los Temos.

Los lectores de esta columna ya saben que estamos en contra de la tradicional política chilensis de los hechos consumados y en tal sentido esperamos que el actual alcalde Omar Sabat exija a sus funcionarios un alto estándar de probidad en el ejercicio de sus cargos para que así siempre se cumplan los marcos regulatorios, tal como él justificadamente le está reclamando al MOP sobre el inicuo error de ingeniería cometido por los “profesionales” privados y públicos que intervinieron en el proyecto del puente basculante Cau Cau.

Comentarios del artículo: Negligencia urbanística en Valdivia - Publicado: a las 7:00 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 03/11/2015

El empresario Eliodoro Matte y el novelista Honoré de Balzac

Acá, Patricio Herman, dirigente de Defendamos la Ciudad, recuerda otras actuaciones indebidas, no siempre recordadas por la opinión pública, del conspicuo dueño de la Papelera y presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Los extremadamente ricos han llegado a detentar ese nivel de poder económico no porque hayan trabajado más y con una habilidad superior a la inmensa mayoría de la población, sino porque se han valido de artimañas, muchas veces toleradas por la función pública en razón al recelo que ellos infunden.

En Chile varios de éstos, quienes son las cabezas visibles de unas 20 familias, se hacen pasar por honorables hombres de negocios y lo penoso es que la opinión pública a través del tiempo ha estado creyendo reverencialmente esa bien orquestada simulación. Sostenemos que en el ADN de unos cuantos de estos empresarios está la irrefrenable búsqueda de acumulación de capital, sin importarles la vía utilizada.

La manida fórmula de la colusión en los mercados se ha detectado en ocasiones por casualidad en los años recientes por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo público que persigue el buen funcionamiento de los mercados, y está claro que las empresas que utilizan este engaño a los consumidores necesariamente son las que tienen altas cuotas de dominio en algunos sectores de la economía. Lo hacen porque son muy poderosas y se dan el lujo de impedir el ingreso de otros actores en “sus” mercados porque, para sus propios intereses, la sana y abierta competencia le es perjudicial. En cambio, los oferentes chicos de bienes y servicios, en razón a que sus pesos específicos no les permiten “regular” los porcentajes de ventas aseguradas, no pueden practicar la trampa al mercado que sí en muchos casos hacen los grandes, vía conformación de carteles, ello por una desmedida y hasta patológica avidez comercial.

El conocido novelista francés Honoré de Balzac, con la agudeza mental que le era propia, decía que “detrás de cada gran fortuna hay un delito” y recordamos esta frase porque hemos quedado perplejos al conocer la repartición del mercado de los papeles higiénicos, servilletas y toallas de papel por parte de la tradicional CMPC y la ex Pisa, actual SCA, cuyos mandamases son y eran, respectivamente, Eliodoro Matte y Gabriel Ruiz-Tagle.

El conocido novelista francés Honoré de Balzac, con la agudeza mental que le era propia, decía que “detrás de cada gran fortuna hay un delito” y recordamos esta frase porque hemos quedado perplejos al conocer la repartición del mercado de los papeles higiénicos, servilletas y toallas de papel por parte de la tradicional CMPC y la ex Pisa, actual SCA, cuyos mandamases son y eran, respectivamente, Eliodoro Matte y Gabriel Ruiz-Tagle.

Estos 2 empresarios, quienes permanentemente aparecen en los medios de prensa por sus distintas iniciativas, pusieron barreras de entrada al mercado que ellos dominan para así fijar un duopolio. En razón a la molestia que nos causa ese comportamiento anti social y anti mercado de Matte, a continuación describimos otras malas prácticas realizadas por el dueño de la gran empresa que acuñó en el Gobierno de Salvador Allende la mediática y convincente locución “la Papelera NO”.

¿Cuáles son las anteriores actuaciones indebidas, no siempre recordadas por la opinión pública, del personaje que se las daba de promotor de la probidad en los negocios y que, desde la testera del conspicuo Centro de Estudios Públicos (CEP), daba clases de rectitud a políticos y empresarios top ?

1.- Casi toda la prensa nacional, con distintos énfasis, reprodujo el 29 de octubre recién pasado la noticia emanada del Poder Judicial que daba cuenta del fallo condenatorio, del día anterior, impartido por la Tercera Sala de la Corte Suprema en contra de la Congregación Religiosa Los Legionarios de Cristo por haber devastado voluntariamente el cerro isla del Medio, área verde de acuerdo a la normativa urbana vigente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Esta tipología le pertenecía a Matte, quien después de otra sentencia anterior de la misma Corte Suprema, se la donó a esa orden religiosa.

Como el Comunicado del Tribunal no explica cómo se llegó a la última sentencia, invitamos a los lectores interesados en conocer lo sucedido que lean esta columna publicada el año 2009, pues fueron los vecinos del cerro isla aludido, asistidos por la Fundación “Defendamos la Ciudad”, quienes denunciaron los hechos en las instancias administrativas correspondientes, entre otros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, organismo que litigó y ganó en sede jurisdiccional.

2.-  El Impuesto territorial, conocido como Contribuciones de Bienes Raíces es cobrado anualmente por la División de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en 4 cuotas trimestrales a todos los poseedores de inmuebles agrícolas y urbanos, existiendo una gran diferencia entre los avalúos fiscales de los predios rurales y los predios urbanos. El mismo Matte, para eludir el pago del impuesto que le correspondía por un extenso terreno localizado en un sector urbano de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, es decir, apto para desarrollar proyectos inmobiliarios, utilizó un ardid que está reseñado en columna publicada el año 2013, la que también conviene conocer para sacar conclusiones acerca de cómo se pueden obtener importantes ganancias cuando los actores de los mercados, asistidos por los conocidos planificadores tributarios, son asaz temerarios.

El fenómeno de la colusión, producto del capitalismo desregulado y economicista, existe a nivel mundial y en nuestro país hay que atacarlo con urgentes medidas preventivas y con una adecuada fiscalización por parte del Estado, ya que la divulgada autorregulación de los mercados es una mera entelequia. Aquellos que se aprovechan de sus privilegiadas posiciones de poder deben entender que el sistema económico de libre mercado hay que respetarlo. Las lacras que en Chile se están conociendo se deben erradicar porque este tipo de abusos, que son actos de corrupción en el ámbito privado, ponen en riesgo latente la estabilidad del país.

Comentarios del artículo: El empresario Eliodoro Matte y el novelista Honoré de Balzac - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 28/10/2015

Una municipalidad que se cree autónoma

Si la inmobiliaria del Puerto SpA controlada por Ibáñez, insiste en desarrollar este lucrativo negocio inmobiliario, tendrá que interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y serán los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes litigarán por cuenta de la Contraloría.

Lo que se lee a continuación es un copy & paste extraído de Wikipedia :

“La Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior de Chile, de carácter autónomo y rango constitucional, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes fiscales y municipales, llevar la contabilidad general de la Nación y desempeñar las demás funciones encomendadas por la ley. En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría toma de razón de los actos de la Administración, actuación mediante la cual señala que el decreto o resolución se encuentra conforme a la Constitución y a las leyes, o bien, en caso contrario, procede a representarlo cuando tiene algún vicio de inconstitucionalidad o de legalidad”.

Estos hermanos administran, a través de sus elegantes offices family, unos cuantos miles de millones de dólares y desde hace poco tiempo están incursionando en Europa para invertir, ya que tienen una pésima opinión del actual gobierno. En todo caso, no son los únicos empresarios que están en desacuerdo con las reformas que La Moneda está impulsando.

Lo hemos transcrito para que los lectores saquen sus propias conclusiones respecto del comportamiento de la Municipalidad de Valparaíso con motivo de una fiscalización que hizo la Contraloría en su Dirección de Obras Municipales (DOM).

A mediados del año 2013, acogiendo las demandas ciudadanas, la Municipalidad de Valparaíso tomó la decisión de aplicar el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para proteger el valor patrimonial del barrio O´Higgins de esa ciudad y así fue como se congelaron en la DOM los ingresos, tanto de las solicitudes de anteproyectos como de los permisos de edificación.

La Inmobiliaria del Puerto SpA, del inversionista Nicolás Ibáñez, ex dueño de la cadena de supermercados D&S, conocida comercialmente como Líder, vendida tiempo atrás al gigante mundial Walmart, era y siendo propietaria de extensos terrenos en el sector, fue alertada por sus amiguis relacionados con dicha municipalidad y así fue como presentó en la DOM, el día siguiente de conocerse el Decreto Alcaldicio que fijaba el congelamiento, una solicitud de anteproyecto por 26 edificios en altura, aprovechando que la suspensión, por motivos burocráticos, todavía no se había publicado en el Diario Oficial.

Nicolás Ibáñez es un acérrimo pinochetista y junto con su hermano Felipe, son directores de la acreditada y muy privada Universidad Adolfo Ibáñez, continuadora a partir de 1988 de la Escuela de Negocios de Valparaíso creada el año 1953 en esa ciudad por el abuelo de ambos. Su casa central, excelente modelo de construcción, se localiza en la precordillera Santiago, sobre la cota mil en la comuna de Peñalolén y el ex contralor Ramiro Mendoza es el decano de la Facultad de Derecho.

Según crónicas de prensa, en la actualidad estos hermanos administran, a través de sus elegantes offices family, unos cuantos miles de millones de dólares y desde hace poco tiempo están incursionando en Europa para invertir, ya que tienen una pésima opinión del actual gobierno. En todo caso, no son los únicos empresarios que están en desacuerdo con las reformas que La Moneda está impulsando.

Pues bien, como consecuencia de la ingeniosa maniobra de la inmobiliaria, la comunidad puso el grito en el cielo porque entendía que con esa avivada del privado se perdían para siempre, entre otros, las áreas verdes de unos parques y el inmueble del jardín Pumpin, espacios que iban a ser declarados como Zona de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal. Por ello los dirigentes vecinales, asistidos por un competente abogado, recurrieron ante la Contraloría General de la República para que investigara todo lo acontecido con la tramitación de esa solicitud de anteproyecto, pues la consideraban sumamente oportunista.

El ente fiscalizador hizo muy bien su trabajo y en dictámenes Nº 59.619 y Nº 16, de los años 2014 y 2015, respectivamente, firmados ambos por Ramiro Mendoza, llegó a la conclusión que en la tramitación del anteproyecto se cometieron vicios que debían ser corregidos por la DOM por cuanto esta oficina técnica municipal había aceptado el reemplazo de documentación en el anteproyecto con lo cual se alteró el mismo, quedando en evidencia que la solicitud de ese acto preliminar solo perseguía burlar el congelamiento.

Pero la sagaz municipalidad, con un informe hecho a la medida por su director jurídico, en lugar de invalidar el proceso, utilizando el falaz argumento de que el privado por haber procedido de “buena fe” disponía de “derechos adquiridos”, muy suelta de cuerpo, desobedeciendo el mandato de la Contraloría, otorgó el 30 de mayo pasado a esa inmobiliaria el permiso de edificación Nº 301.

Como vemos, en lugar de aplicarse el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo para invalidar el anteproyecto trucho, el “ilustre” municipio tuvo la desfachatez de hacer todo lo contrario “olvidándose” que los dictámenes de la Contraloría tienen fuerza obligatoria para todos los órganos de la administración del Estado. Luego, observamos que los funcionarios municipales coordinadamente cometieron desacato, lo que aparentemente no les preocupa por la impunidad que hay en nuestro querido país.

Ahora bien, hemos tomado nota de un tercer dictamen de la Contraloría, Nº 18638, del 19 de octubre de 2015, ahora firmado por el titular de su sede regional de Valparaíso, mediante el cual reafirma con más fuerza los dos anteriores. En efecto, entre otras cosas, certifica que la DOM no se ajustó a derecho al autorizar el anteproyecto pues en la tramitación de éste se vulneraron disposiciones de la OGUC y que las solicitudes de reconsideración de la Municipalidad y de la Inmobiliaria del Puerto SpA ya habían sido desestimadas.

Con este tercer dictamen quedó sellada la controversia y ahora la inmobiliaria, si insiste en su negocio, tendrá que recurrir ante los tribunales de justicia expresando que actuó de buena fe (sic), aguda fórmula generalmente empleada por quienes consideran que sus intereses están sobre el interés público, solicitándole a los magistrados que su cuantiosa inversión es necesaria para el país, sobre todo en estos tiempos de desaceleración económica. En todo caso, no hay que perder de vista que, según la jurisprudencia, los anteproyectos son simples expectativas por tratarse de actos trámite, los que no generan derechos firmes a sus poseedores.

Fue muy gracioso leer en un medio de prensa porteño que el alcalde Jorge Castro dijo que los 3 dictámenes en comento contenían errores y que, por ello, él como suprema autoridad municipal apelará a la sede central de la Contraloría, con lo cual se evidencia a todas luces su lamentable mala memoria porque los 2 primeros fueron firmados por el ex contralor Mendoza.

Por lo tanto, si la inmobiliaria del Puerto SpA controlada por Ibáñez, insiste en desarrollar este lucrativo negocio inmobiliario, tendrá que interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y serán los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes litigarán por cuenta de la Contraloría. Ahí veremos si la ley se cumple cabalmente o solo “en la medida de lo posible”.

Comentarios del artículo: Una municipalidad que se cree autónoma - Publicado: a las 7:17 am

Etiquetas: , , » Publicado: 13/10/2015

El primer dictamen que firmará Rajevic como Contralor

El gobierno de Piñera para facilitar ciertos lucrativos negocios inmobiliarios que incumplían algunas disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con la habitual pillería que le conocimos, mediante el Decreto Supremo Nº 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), modificó dicha OGUC, acto administrativo que entró en vigencia el 12 de diciembre de 2013. Entre otras cosas, se utilizó un cambio de palabras en la OGUC, de tal forma que los proyectos de equipamientos que, dependiendo de sus cargas de ocupación, debían enfrentar las vías idóneas para asegurar la correcta operación de los flujos vehiculares, no tuvieran que ceñirse a esta razonada disposición.

Como consecuencia de la ingeniosa movida que hizo Burgos para que su protegido Enrique Rajevic pudiera ser nombrado Contralor General de la República, el próximo miércoles 14 de octubre el Senado votará con la certeza de que el lobby efectuado por el gobierno tuvo éxito: 22 senadores de la Nueva Mayoría obedientemente aceptarán los ruegos de los ministros políticos para que el designado dirija la Contraloría por 8 largos años.

Pues bien, el gobierno de Piñera para facilitar ciertos lucrativos negocios inmobiliarios que incumplían algunas disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con la habitual pillería que le conocimos, mediante el Decreto Supremo Nº 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), modificó dicha OGUC, acto administrativo que entró en vigencia el 12 de diciembre de 2013.

Como podría ser posible que el titular del negocio creía que su inversión inmobiliaria se podía acoger al impúdico Decreto Nº 1 de Piñera y como el caso está radicado en la Contraloría General de la República, la que todavía no emite su dictamen, en este opúsculo le explicamos a ese actor privado que ello no es posible por las siguientes consideraciones.

Entre otras cosas, se utilizó un cambio de palabras en la OGUC, de tal forma que los proyectos de equipamientos que, dependiendo de sus cargas de ocupación, debían enfrentar las vías idóneas para asegurar la correcta operación de los flujos vehiculares, no tuvieran que ceñirse a esta razonada disposición. En el Decreto se eliminó la expresión “enfrentan” referida a los predios, por la más acomodaticia “se relacionan”, fijándose que los accesos vehiculares de los proyectos se podían ubicar a no más de 300 metros de las vías aptas (sic). Fue tan pueril ese cambio reglamentario, que la actual ministra Paulina Saball, con fecha 8 de abril de 2014 lo derogó. Como vemos, el ardid tuvo una efímera vigencia de casi 4 meses.

En este medio ya hemos aludido a un proyecto inmobiliario de un Fondo de Inversión construyéndose en la angosta calle Constitución del barrio Bellavista, comuna de Providencia, catalogado como equipamiento mediano que vulnera la OGUC porque no enfrenta una vía que soporte sus altos flujos vehiculares. Este asunto fue dilucidado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo en distintos informes dirigidos, tanto al Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia como a su alcaldesa, pero ambas autoridades, a sabiendas que el permiso de edificación está viciado por el motivo reseñado, están renuentes a aplicar la ley, con lo cual la resolución del mencionado Seremi es letra muerta.

Como podría ser posible que el titular del negocio creía que su inversión inmobiliaria se podía acoger al impúdico Decreto Nº 1 de Piñera y como el caso está radicado en la Contraloría General de la República, la que todavía no emite su dictamen, en este opúsculo le explicamos a ese actor privado que ello no es posible por las siguientes consideraciones.

El DOM de Providencia, con fecha 13/12/12, le aprobó un anteproyecto a este Fondo de Inversión, acto administrativo preliminar que tiene una vigencia de un año, pues la edificación contempla más de 10.000 m2 a construirse. Enseguida, el titular ingresa con fecha 13/12/13 en la municipalidad una solicitud de permiso de edificación, sin que se hubieran inscrito en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) las pertinentes fusiones prediales, adjuntándose un informe favorable del 12/12/13, firmado por la arquitecta revisora independiente, aprobándose con fecha 20/10/14 el permiso Nº 44/14, con el cual se iniciaron las faenas. Como vemos, desde que se solicitó el permiso de edificación hasta que se aprobó transcurrieren 11 largos meses.

La OGUC es muy explícita al ordenar los plazos perentorios que tienen los DOM para tramitar, ya sea los anteproyectos como los permisos de edificación, de tal forma que la aprobación del permiso Nº 44/14 fue extemporánea y por lo tanto ilegal, ello por cuánto el funcionario municipal desobedeció el plazo fijo máximo de 60 días que tenía el titular para resolver las observaciones que se debieron haber formulado en la tramitación. Es más, si éstas no hubieran existido, el DOM tenía la obligación de aprobar el permiso con fecha 13 de enero de 2014.

La OGUC dice que de no cumplirse el plazo de 60 días para resolver las observaciones, el DOM deberá rechazar la solicitud del permiso de edificación y a mayor abundamiento, la misma OGUC señala que el plazo en comento se aplica tanto para la revisión inicial y como para la revisión posterior en la cual se dio total cumplimiento a esas observaciones.

De lo anterior se desprende que el Fondo de Inversión no podrá argüir que su proyecto estaba respaldado por el burdo Decreto Nº 1 del Minvu, pues la solicitud del permiso ingresada al municipio con fecha 13 de diciembre de 2013 perdió su vigencia mucho antes que se cursara el permiso, motivo por el cual Rajevic, ya investido como flamante Contralor, deberá emitir en estos días un categórico dictamen cuyo propósito será indicarle al DOM de Providencia que debe invalidar el permiso viciado, tal como lo ordena el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo.

Comentarios del artículo: El primer dictamen que firmará Rajevic como Contralor - Publicado: a las 11:09 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 02/10/2015

Carta a senadores por nombramiento de Contralor

El fiscalizador obligatoriamente debe ser autónomo e independiente del fiscalizado y en tal sentido esperaríamos la mejor decisión por parte del Senado de la República.

Estimados senadores Antonio Horvath, Pedro Araya, Lily Pérez, Carlos Montes, Alejando Navarro, Guido Girardi, Felipe Harboe, Carlos Bianchi, Alejando Guillier, Alfonso de Urresti, Hernán Larraín, Francisco Chahuán:

En el entendido de que la Presidencia del Senado ya les envió la información que se aprecia más adelante y sin poner en duda la alta competencia del abogado Rajevic, estimamos que el cargo de contralor no puede ser ejercido por un distinguido profesional ligado a un partido político del gobierno.

El fiscalizador obligatoriamente debe ser autónomo e independiente del fiscalizado y en tal sentido esperaríamos la mejor decisión por parte del Senado de la República.

El señor Rajevic es de plena confianza del ministro Burgos y entendemos que la DC también lo apoya. Pues bien, es legítimo que se desee reconocer sus méritos que los tiene en demasía para desempeñarse en cualquier alto cargo de la Administración, como por ejemplo ministro de Estado o embajador del actual gobierno.

Respetando sus futuros votos sobre este nombramiento y sin pretender inmiscuirnos en sus decisiones, sólo nos queda expresar que el fiscalizador obligatoriamente debe ser autónomo e independiente del fiscalizado y en tal sentido esperaríamos la mejor decisión por parte del Senado de la República.

Atentamente,

Patricio Herman

Comentarios del artículo: Carta a senadores por nombramiento de Contralor - Publicado: a las 7:03 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 21/09/2015

El contralor no debe ser de confianza del Gobierno

Más allá de sus problemas con una beca para estudiar en una de las tantas universidades que hay en España y que tendría contratos de asesorías con distintas dependencias del Gobierno, Enrique Rajevic se desempeña como asesor del Minvu. Por ello somos contrarios a su nombramiento.

Don Arturo Aylwin fue funcionario de la Contraloría General de la República por muchos años culminando su carrera como titular de la misma y cuando entregó el cargo a su sucesor, Gustavo Sciolla, también funcionario de carrera, dijo: “nuestro organismo no puede ser un simple observador en el proceso de reforma administrativa y limitarse exclusivamente a formular reparos, hacer sumarios y cumplir sus demás funciones tradicionales. La sociedad chilena requiere que la Contraloría tenga un papel activo, que sea ejemplo en el proceso de transformación y mejoramiento de la Administración del Estado, cumpliendo siempre su papel en el resguardo de la legalidad, del patrimonio público y de la probidad, en armonía con esa dinámica de innovación”.

Ramiro Mendoza, segundo contralor que venía del sector privado (el primero fue Sergio Fernández puesto ahí por Pinochet), estuvo 8 años al mando del ente fiscalizador tal como lo manda la ley. Recientemente el Gobierno, en la persona del ministro del Interior, ha elegido al abogado Enrique Rajevic para que asuma ese importante cargo. Ello, en la medida de que en los próximos días 22 senadores de la República aprueben su nombramiento.

Sabemos que hay oposición por parte de algunos a esa designación porque, entre otros motivos, no se llegó oportunamente a un grado de consenso en la elección del nombre.

Hemos tomado conocimiento que el competente profesional Rajevic se vio afectado por una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) porque tuvo un problema con una beca para estudiar en una de las tantas universidades que hay en España y que, según el diario La Tercera, en la actualidad tiene contratos de asesorías con distintas dependencias del Gobierno, lo cual podría configurar un conflicto de interés. El asunto del CDE fue resuelto por prescripción y porque el ex becario, fuera de plazo, cumplió con la exigencia contenida en la regulación de la misma.

Somos acérrimos partidarios de que el cargo de contralor sea asumido por un abogado independiente del mismo servicio, sin tachas de ninguna especie y comprometido 100% con la probidad y transparencia, para que así la Contraloría haciendo valer su autonomía pueda ejercer una correcta fiscalización a los distintos servicios de la Administración del Estado. Así se recuperará la sana doctrina republicana de respetarse la carrera funcionaria.

La manera más efectiva para que la Contraloría ejerza sin ataduras su función fiscalizadora es respetándose la carrera funcionaria y en tal sentido las 2 actuales máximas autoridades, Patricia Arriagada y Osvaldo Vargas, titular interina y Jefe de Infraestructura y Regulación, respectivamente, son competentes abogados que están en condiciones de asumir la titularidad del cargo de contralor (a).

Rajevic es afín a la DC, lo cual no es criticable, pero es un hombre del actual Gobierno que se desempeña como asesor del Minvu y por ello somos contrarios a su nombramiento. Estimamos que el nuevo contralor debe provenir necesariamente de la propia Contraloría General de la República, ello en razón a que en estos tumultuosos tiempos de tanta corrupción su próximo titular no debe tener relaciones de ninguna especie con el aparato público.

La manera más efectiva para que la Contraloría ejerza sin ataduras su función fiscalizadora es respetándose la carrera funcionaria y en tal sentido las 2 actuales máximas autoridades, Patricia Arriagada y Osvaldo Vargas, titular interina y Jefe de Infraestructura y Regulación, respectivamente, son competentes abogados que están en condiciones de asumir la titularidad del cargo de contralor (a). Al interior de la Contraloría hay otros tantos abogados que cumplen a cabalidad los requisitos para dirigirla y en el Palacio de La Moneda tienen todos sus antecedentes. Nuestro planteamiento ciudadano de fondo es que esa autoridad, en un Estado Democrático de Derecho, bajo ninguna circunstancia puede ser de confianza del Gobierno de turno.

La transparencia, de la que tanto se habla, exige que sean inspeccionadas regularmente todas las dependencias públicas y para que los resultados sean eficaces, el fiscalizador no puede ser dependiente del fiscalizado y esto lo sabe mejor que nadie la máxima autoridad del país. Por ello sostenemos que estamos ante el riesgo latente de que la Contraloría se transforme en un servicio más del poder ejecutivo. En tal sentido, sería necesario que el Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción, tráficos de influencia y otras malas prácticas, que presidió el economista Eduardo Engel, emitiera un juicio al respecto.

Chile pertenece a la conspicua OCDE y se vanagloria de ello y en esta línea majaderamente señalamos que la Contraloría debe mantener su separación absoluta del gobierno pues así se podrá garantizar que ejercerá sin ataduras su rol para que siempre las cosas se hagan de acuerdo al derecho. El nuevo contralor y todos los siguientes tienen que ser refractarios a escuchar rogativas y/o peticiones de quienes ejercen, desde las altas esferas, el poder político.

Por lo dicho, se justifica plenamente el título asignado a esta columna de opinión.

Comentarios del artículo: El contralor no debe ser de confianza del Gobierno - Publicado: a las 8:30 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 08/09/2015

Un estadio ciudadano para la comuna San Miguel

A dos cuadras de la Gran Avenida José Miguel Carrera, existe desde el año 1938 el estadio del Club de Deportes Juventud Atacama. En dictadura, la organización comunitaria resistió un intento de Cema Chile para adueñarse del terreno. Para evitar nuevas sorpresas, ingresaron una solicitud de concesión para administrar de mejor forma sus actividades. Esperamos que las autoridades lo tramiten lo más pronto posible.

San Miguel es una de las más antiguas comunas de las 52 que forman la Región Metropolitana de Santiago. Colinda con las de San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna y Santiago. Ha sido muy famosa por la familia Palestro, sobre todo por el combativo diputado Mario Palestro, quien con su característico humor la llamaba la República de San Miguel. Uno de sus sobrinos, Julio, es el actual alcalde por varios períodos. Los vecinos más antiguos tienen excelentes recuerdos de Tito Palestro quien también ejerció por muchos años como alcalde.

Entre las calles Quinta Avenida por el norte, Sexta Avenida por el sur, Segunda Transversal por el oriente y Tercera Transversal por el poniente, a dos cuadras de la Gran Avenida José Miguel Carrera, existe desde el año 1938 una cancha de fútbol, a la que, a través del tiempo, se le sumaron una de baby fútbol, varios camarines, sede social, un salón de eventos y algunas galerías para el público, ocupando una hectárea, al costado del excelente Colegio Territorio Antártico, administrado por la Corporación de Educación Municipal de San Miguel.

El aludido equipamiento deportivo se denomina Club de Deportes Juventud Atacama, tomando este nombre de la ex Población Chacra Atacama Baeza y Compañía, cuyos propietarios lotearon en 1927 un extenso territorio rústico que en aquella época pertenecía al Departamento de San Bernardo, comuna de La Cisterna, según se lee en la escritura pública del 15 de enero de ese año firmada en la Notaría de Luis Lisboa.

Entre los socios fundadores del club figuran los residentes César Flores, Francisco Cruzat, Gustavo Tudela, Juan Leyton, Enrique Figueroa, Humberto Díaz, Francisco Díaz, Carlos Díaz, Avelino Díaz, José Palacios, Carlos Bahüirle, Juan Miranda, Carlos Venegas, Ramón Morán, Carlos Corbalán, Luis Domínguez y Leonidas Barrera, todos fallecidos, y cuyos descendientes viven hasta hoy en día en las inmediaciones del club comprometidos con las actividades de bien público que realizan sus actuales y activos directivos, quienes entre otras inversiones, construyeron un cierre perimetral y lo han forestando con exquisito gusto. El terreno, según el Ministerio de Bienes Nacionales, es un bien nacional de uso público y en el Plan Regulador Comunal está definido como área verde, lo cual significa que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no le cobra contribuciones de bienes raíces.

El Club de Deportes Juventud Atacama es una organización comunitaria funcional, a través de la Ley 19.418, hoy 20.500, y está reconocida por la propia municipalidad y por el Ministerio del Deporte, siendo su objetivo primordial la entrega de condiciones óptimas para aprovechar el tiempo libre a través del deporte y la recreación, dirigido a los niños, jóvenes, adultos mayores y la comunidad en general, como medio para elevar el nivel participativo en las personas : así se conocen, se relacionan y por ende se sienten parte de la gran familia sanmiguelina.

Durante la época de la dictadura militar existió la posibilidad cierta de que el club fuera utilizado como un reducto de Cema Chile de “propiedad” de doña Lucía y para tal efecto ese Gobierno hizo lo necesario para que ello fuera una realidad. Obviamente, a pesar de las circunstancias extremas en que se actuaba en aquel entonces, esa acción fue resistida por el club y por la comunidad organizada, de tal forma que la esposa del dictador no pudo llevar a cabo su proyecto de despojo a los vecinos.

Para evitar una repetición de tal intento, el 20 de noviembre de 2014 esa institución deportiva ciudadana presentó ante la Seremi de Bienes Nacionales, una solicitud de concesión del terreno, con la correspondiente cláusula modal, ello con el propósito de administrar de mejor forma sus actividades, las que se han estado realizando ininterrumpidamente desde hace 74 años. La función pública del Gobierno central envió los antecedentes al director de obras municipales para que éste se pronunciara al respecto.

Los directivos del club se han relacionado fluidamente, desde hace unos 10 meses, con los todos los concejales y con el propio alcalde Julio Palestro para tratar el tema de la futura concesión y en tal sentido estamos seguros de que prosperará tan loable idea que busca afianzar la limpia historia del club. Es interesante destacar que en las habituales actividades que allí se desarrollan no se toca el tema político contingente, a pesar de las legítimas diversidades de opiniones, asunto que, suponemos, ha sido constatado por las autoridades municipales.

Dado que esa comuna en el último tiempo ha tenido un fuerte crecimiento inmobiliario, 100% edificios habitacionales en altura, cero construcción de viviendas unifamiliares, lo que se traduce en mayor cantidad de residentes, al club le interesa que estos nuevos vecinos salgan de sus encerrados y pequeños departamentos, relacionándose directamente con las sanas actividades deportivas y recreacionales. Así se producirá en forma natural la interacción entre la tercera edad, la infancia y los jóvenes.

Finalmente, conforme a información recabada, en el año 1967 la Cámara de Diputados autorizó a la Municipalidad de San Miguel el traspaso de ese predio al fisco para facilitar las funciones del club, lo que, por diferentes razones, nunca se materializó. En cambio, hoy en día el escenario es propicio y como la última palabra la tendrá Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, miembro del Partido Izquierda Ciudadana, le hacemos un llamado para que la tramitación administrativa de la concesión sea lo más pronto posible.

Comentarios del artículo: Un estadio ciudadano para la comuna San Miguel - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 13/08/2015

La naturaleza nos golpea

El Hotel Piqueros situado entre los roqueríos del borde costero del balneario de Concón, recibió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en una votación realizada antes de las altísimas marejadas que castigaron al litoral central. El único que hizo valer las recomendaciones de los especialistas del SHOA fue el director de la Onemi…

Por las características de nuestra loca geografía recurrentemente somos azotados por diferentes desgracias a lo largo del país con las consiguientes pérdidas de vidas humanas e incalculables destrozos en inmuebles, viviendas y equipamientos, muchas veces mal emplazados en quebradas y sectores peligrosos de riadas.

Con ocasión de los devastadores efectos de las pasadas marejadas en los bordes costeros de diferentes ciudades, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró a la opinión pública que a partir de ahora se deben prevenir los fenómenos naturales como el acontecido porque “estas situaciones van a seguir ocurriendo” (sic).

Esa autoridad fue enfática al decir que en Chile no se puede seguir construyendo en zonas de riesgo, criterio que compartimos y por ello revisamos el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que expresa “En los planes reguladores (PR) podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán zonas no edificables o bien, áreas de riesgo, según sea el caso”.

Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, lo que además está preceptuado en el artículo 60º de la ley respectiva.

Las “áreas de riesgo” se determinarán en base a las siguientes características:

• Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.
•  Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
•  Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
•  Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana

Como vemos, en Chile el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se ha preocupado de regular el uso del territorio y por ello las 345 municipalidades existentes deberían establecer en sus PR las restricciones aludidas en la OGUC, instrumento urbanístico de mayor rango, pero las políticas preventivas lastimosamente no se conocen a nivel de las municipalidades porque dicha OGUC utiliza solamente la palabra podrán en lugar de deberán, locución que es impositiva, con lo cual muy pocos municipios han incorporado las limitaciones de rigor para este tipo de sectores de alto riesgo en sus instrumentos normativos urbanos.

Aunque los lectores no lo crean, en el Plan Intercomunal de Valparaíso (PIV) el borde costero del sector Barón estaba descrito como zona de inundación, la que fue eliminada en la modificación del instrumento que lo reemplazó -PREMVAL- ello en razón a que la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) le entregó en concesión ese territorio por 30 años a una filial de Falabella S.A. para que se edificara allí el polémico e invasivo mall Barón, el mismo que ha sido tantas veces cuestionado por la Unesco y por la ciudadanía porteña.

Otro caso muy curioso fue el protagonizado recientemente en La Moneda por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, presidido por Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente, con motivo de un recurso interpuesto por organizaciones civiles de Viña del Mar y Concón en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable cursada para la construcción del Hotel Piqueros situado entre los roqueríos del borde costero del balneario de Concón.

Todos los ministros rechazaron el recurso porque estimaron que no había ningún riesgo de inundación, claro que la votación fue días antes de las altísimas marejadas que castigaron al litoral central. El único que hizo valer las recomendaciones de los especialistas del SHOA fue el director de la Onemi, pero su apreciación de corte técnico fue descartada porque ese cuerpo colegiado de alto nivel privilegió el negocio de los influyentes inversionistas.

Estamos seguros que con estas reiterativas y nefastas experiencias la Presidenta Bachelet ordenará un cambio radical en la estructura del Estado para que exista una Onemi más fortalecida, entregándole atribuciones legales para que sus fundadas opiniones sean siempre vinculantes para aquellos políticos que toman decisiones.

Comentarios del artículo: La naturaleza nos golpea - Publicado: a las 8:00 am

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A Paulmann le anularon un gol offside

Cencosud compró un predio de 2,36 hectáreas de la Av. Kennedy 8950 a la firma Interpetrol en un subido precio. Acostumbrado a ganar, en esta oportunidad sin embargo el jerarca del consorcio “pisó el palito” y perdió. Esta es la historia.

Gracias a los comentarios del periodista Tomás Mosciatti supimos que Cicerón dijo, entre otras cosas, que “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Y en Chile, si bien hay una relativa libertad de prensa, los medios tradicionales autodenominados “serios” salvo escasísimas excepciones, no le dan cobertura noticiosa a hechos que dejan mal parados a los grandes grupos económicos relacionados con la industria de la construcción inmobiliaria.

En algunos medios digitales ya nos hemos referido al intento de Cencosud del empresario Horst Paulmann para sacar ventajas indebidas con sus construcciones de malls y por ello a continuación entregamos información completa, a prueba de desmentidos, con uno de sus tantos negocios de este tipo.

Lo que se leerá podrá ser críptico para aquellos que no se desenvuelven en los asuntos de Vivienda y Urbanismo, pero es necesario que la mayor cantidad de gente sepa cómo se las arreglan algunos para ganar más dinero con ardides, más todavía si este episodio no será publicado en ninguno de los consorcios periodísticos dominantes como tampoco en los canales de televisión disponibles.

Vamos al grano:

La comuna de Vitacura existe desde el año 1992, escindida de Las Condes, y su Plan Regulador Comunal (PRC) fue aprobado por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano el 7 de diciembre de 1999, el cual se publicó en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1999. En el extenso período 1992-1999 no había PRC y su territorio urbano se regía por el PRC de Las Condes.

El 12 de diciembre del 2000 la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura aprobó el permiso de edificación Nº 121 a favor de la empresa Interpetrol S.A. para que en su predio de 2,36 hectáreas de la Av. Kennedy 8950 construyera un proyecto de equipamiento mayor, mall y hotel más departamentos habitacionales que contemplaba 269.635 m2 a construirse sobre y bajo el suelo con un inversión aproximada de 500 millones de dólares. De acuerdo al artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) dicho permiso debió haber caducado en diciembre del 2003, lo que no aconteció porque los interesados, vía trucos, se esforzaron para mantener la vigencia del mismo.

Estaba considerado un edificio de 55 pisos de oficinas más otros de menores alturas y sobre el nivel natural del suelo la construcción proyectada era 163.695 m2 y bajo tierra una construcción de 105.940 m2 correspondiente a estacionamientos, bodegas y otros. Se debe destacar que para el cálculo del coeficiente de constructibilidad que fijan los PRC no se consideran los m2 construidos bajo el suelo.

Ese permiso se cursó con las normas urbanísticas que regían en Las Condes, teniéndose en cuenta que para ese terreno tales normas en el PRC de Vitacura eran y siguen siendo bastante más restrictivas. Siendo el proyecto un “conjunto armónico”, conforme al actual coeficiente de constructibilidad que es 2, ahora se pueden construir algo así como 67.000 m2 sobre el nivel del suelo. Está claro que la empresa que obtuvo el permiso con tan ventajosas condiciones sabía de antemano que estaba aprovechándose de hechos fortuitos, por no decir que manejaba información privilegiada. Se demuestra entonces que en los mercados la ignorancia de las mayorías posibilita el abuso de las minorías informadas y bien relacionadas.

El terreno y el permiso, en abril del 2010, lo compró Cencosud al dueño de Interpretrol, con la expectativa de que las permisivas normas urbanísticas contenidas en el antiguo permiso se iban a mantener vigentes hasta que se iniciara el megaproyecto. Para tal propósito fue mal asesorado por un arquitecto que se desempeñaba como una especie de gurú en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El terreno está localizado en un sector de Edificación Aislada Alta Nº (E-Aa1) en el PRC de Vitacura, instrumento que establece las siguientes características principales:

* Coeficiente de constructibilidad = 2, lo que significa que la superficie del predio se multiplica por 2 para construir sobre el suelo.

* Coeficiente de ocupación de suelo = 0,25, más reducido que el contemplado en el permiso de diciembre del 2000

* Altura máxima = 12 pisos (42 metros)

* Densidad neta máxima = 250 viviendas por hectárea.

Este caso más otros, fueron llevados a la Contraloría General de la República por la Fundación Defendamos la Ciudad, pues ese tipo de permisos caducan automáticamente, como ya está dicho, a los 3 años si no se inician ciertas obras descritas en la OGUC.

El ente fiscalizador emitió el dictamen Nº 51178 del 25 de junio pasado mediante el cual determinó que el permiso no estaba vigente, desestimándose las pretensiones de buena fe y supuestos derechos adquiridos invocados por Cencosud, con lo cual, como era su deber, la DOM de Vitacura aplicó el artículo 1.4.17 de la OGUC.

De acuerdo a lo sucedido, Cencosud tiene 2 caminos a seguir:

1.- Podría solicitar un nuevo permiso adscrito a la regulación del PRC, con lo cual podría edificar 67.000 m2 sobre el suelo, pues el proyecto continúa siendo “conjunto armónico” y podría mantener los 105.940 m2 bajo suelo, con una inversión sustantivamente menor.

2.-Podría interponer una acción judicial en contra de la Contraloría y en contra de la Municipalidad de Vitacura porque con el apego a la ley se lesionan sus intereses comerciales.

Por lo tanto queda en evidencia que el único ganador en esta operación mercantil fue Carlos Celle, dueño de Interpetrol, porque la venta del terreno con el permiso a Cencosud se hizo en un subido precio, ello en atención a que las espectaculares normas urbanísticas allí contenidas se iban a mantener inalteradas y Paulmann, acostumbrado siempre a ganar, en esta oportunidad “pisó el palito” y perdió.

Comentarios del artículo: A Paulmann le anularon un gol offside - Publicado: a las 7:00 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 30/06/2015

Contaminación atmosférica en Santiago

Si los gobernantes hubieran cumplido escrupulosamente las normas originales de los instrumentos legales PRMS y PPDA, hoy tendríamos una ciudad bastante más sustentable y amigable y ya no tendríamos ni alertas ni pre emergencias ambientales.

Desde hace años conocemos las razones por las cuales la calidad del aire es mala. Antes se hablaba de esmog, y ya en el año 1978, bajo la dictadura militar, el Ministerio de Salud estableció normas de calidad ambiental y en el año 1984 se creó la Comisión Nacional de Ecología (Conade), la que tenía por misión identificar las razones específicas del problema para así formular políticas ambientales y coordinar su ejecución.

En el año 1990 se reemplazó la Conade por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y en el año 1994 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el año 1997 se publicó su reglamento.

En el año 1996 se declaró esta región como latente y saturada de 5 elementos nocivos para la salud y en mayo de 1998 empezó a regir el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) con 140 efectivas medidas. En el año 2007 se le otorga el rango de ministro al presidente de la Conama y después se han creado nuevas instituciones como también leyes que mejoraron la ley ambiental y otros tantos reglamentos.

Los expertos que trabajaron en el Gobierno de Patricio Aylwin para poner en marcha el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo urbano que empezó a operar en el año 1994, conocían muy bien las condiciones geográficas y meteorológicas de esta colapsada región y por ello establecieron que en el plazo de 20 años se debía subir la densidad a 150 habitantes por hectárea, lo que obviamente no ha sucedido.

En la Memoria Explicativa del PRMS se decía con bastante claridad que había que crecer hacia adentro para aprovechar con inteligencia los terrenos baldíos en urbanizaciones de viviendas unifamiliares y las excelentes infraestructuras existentes en las comunas centrales.

Los aspectos más negativos que tenemos en esta concentrada región, con los cuales tendremos que vivir para siempre, son la falta de vientos en los períodos críticos de fines de otoño e invierno, la inversión térmica y el encierro geográfico, todo lo cual imposibilita en gran medida la dispersión de las partículas tóxicas que generan algunos y que inexorablemente todos aspiramos.

En razón a que el PPDA se ha ido desmantelando, vía “reformulaciones y actualizaciones” poco a poco a través del tiempo por las presiones ejercidas por diferentes e influyentes sectores de la economía, continuamos con una pésima calidad del aire, la que produce cerca de 5.000 muertes prematuras al año.

Si el Gobierno quisiera abordar seriamente el problema, debería reponer la medida M4OTR1 del PPDA original, la que exigía mantener en su calidad de tales las áreas verdes, las áreas de valor natural y las áreas de interés silvoagropecuario establecidas en el PRMS. Ello resulta necesario, pues una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende una mayor emisión de contaminantes. La expansión urbana fomenta el uso del automóvil y resta eficiencia al transporte público, además de producir deforestación y pérdida de suelo vegetal de alta calidad, entre otros graves impactos ambientales y sociales, como la marginalidad y la segregación socio espacial.

La comuna más contaminada es la de Pudahuel y enseguida la de Cerro Navia, por ello debería fijarse un impuesto a las Emisiones Asociadas al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Estas comunas, además de alta contaminación, presentan también importantes niveles de pobreza y de ello colegimos que los que los sectores de mayores recursos, que son los que acceden al transporte aéreo, contaminan con sus viajes a los de menos recursos, lo que es además de surrealista, un índice claro de inequidad.

Con el fin de impedir el aumento de las emisiones del transporte, debe establecerse un sistema de compensación de emisiones, similar al existente para las fuentes fijas, pues ello resulta necesario en consideración al explosivo aumento del número de automóviles particulares. La compensación de las fuentes móviles debe considerar todos los impactos atmosféricos, esto es, además de las emisiones de escape, las emisiones evaporativas y la recirculación de material particulado.

La congestión vehicular tiene un impacto directo en el aumento de la emisión de contaminantes, razón por la cual deben establecerse mecanismos que permitan la internalización de las externalidades producidas por este concepto. Para ello, el Ministerio de Transportes debe impulsar a la brevedad la dictación de la normativa correspondiente, a la luz de los estudios ya disponibles en cuanto a los efectos de distintos perímetros de tarificación. Por otro lado no se entiende que se sigan utilizando masivamente en los hogares del sector oriente de Santiago, sin ninguna fiscalización, las chimeneas que queman leña.

Teniéndose en cuenta que el uso masivo de la bicicleta disminuye la contaminación, es urgente la implementación de nuevas ampliaciones de la red de ciclovías que cumplan con los estándares técnicos y ambientales requeridos, conjuntamente con la instalación de estacionamientos seguros en locales de atención de público y estaciones de transporte público, de modo de promover la intermodalidad, y estacionamientos de bicicletas gratuitos y seguros en todos los estacionamientos de vehículos motorizados.

Recordemos que la comuna más contaminada es la de Pudahuel y enseguida la de Cerro Navia, por ello debería fijarse un impuesto a las Emisiones Asociadas al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Estas comunas, además de alta contaminación, presentan también importantes niveles de pobreza y de ello colegimos que los que los sectores de mayores recursos, que son los que acceden al transporte aéreo, contaminan con sus viajes a los de menos recursos, lo que es además de surrealista, un índice claro de inequidad. Este único aeropuerto en la región concentra la totalidad de los vuelos internacionales y nacionales y por ello sería más que razonable pensar en reabrir el clausurado aeropuerto de Los Cerrillos para que ambos compartan los crecientes tráficos aéreos de pasajeros y cabotaje.

Hay mucho más que decir, pero en resumen si los gobernantes hubieran cumplido escrupulosamente las normas originales de los instrumentos legales PRMS y PPDA, hoy tendríamos una ciudad bastante más sustentable y amigable y ya no tendríamos ni alertas ni pre emergencias ambientales.

Comentarios del artículo: Contaminación atmosférica en Santiago - Publicado: a las 11:25 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 18/06/2015

Valparaíso, donde el municipio no obedece a la Contraloría

Vecinos y concejales buscan proteger urbanísticamente el Barrio O’Higgins de Valparaíso ante el proyecto para construir una veintena de 26 edificios con alturas de hasta 14 pisos. Pese a un sólido dictamen de la Contraloría, el municipio defiende a la inmobiliaria.

El viernes 12 de junio, en el salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el envío de proyectos de leyes a favor de la probidad y transparencia. En su alocución ante los selectos invitados, entre otras cosas, manifestó que “para evitar la corrupción, el tráfico de influencias o cualquier otro asomo de engaño o abuso entre política y dinero, es urgente tener leyes más duras y efectivas.”

Sostenemos que las lacras mencionadas por la Mandataria se han producido en gran medida porque muchos actores de los distintos mercados, a sabiendas que los complacientes funcionarios del Estado se han resistido a ejercer sus atribuciones de supervigilancia y fiscalización, se han aprovechado de estas carencias públicas para actuar con el “tejo pasado”.

En ciertas situaciones se han detectado fraudes económicos y entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los fiscales del Ministerio Público, se están investigando a los involucrados quienes, como santas y blancas palomas, aducen con fingida seriedad que ellos cometieron solamente “errores subsanables”.

En todo caso esperamos que tengan utilidad las nuevas leyes que se aprobarán en el Congreso Nacional, pero de nada servirán si los funcionarios que tienen el deber de hacerlas cumplir continúan mirando para el lado o simplemente contraviniendo las resoluciones que imparte el órgano de control que tenemos en nuestro país.

De acuerdo a la información disponible, la Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior, de carácter autónomo y rango constitucional, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes fiscales y municipales, llevar la contabilidad general de la nación y desempeñar las demás funciones encomendadas por la ley.

En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría toma de razón de los actos de la Administración, actuación mediante la cual señala que el decreto o resolución se encuentra conforme a la Constitución y a las leyes, o bien, en caso contrario, procede a representarlo cuando tiene algún vicio de inconstitucionalidad o de legalidad.

De nada servirán las nuevas leyes que se aprobarán en el Congreso Nacional si los funcionarios que tienen el deber de hacerlas cumplir continúan mirando para el lado o simplemente contraviniendo las resoluciones que imparte el órgano de control que tenemos en nuestro país.

Sus dictámenes deben ser íntegramente obedecidos por todos los servicios de la Administración que ella fiscaliza y su falta de aplicación significa transgredir el artículo 9º de la Ley Nº 10.336, lo que parece no incomodar en absoluto a la “ilustre” Municipalidad de Valparaíso, a la luz de lo que comentamos a continuación.

Ante la solicitud de vecinos y concejales, en orden a proteger urbanísticamente el barrio O’Higgins de Valparaíso, el alcalde Jorge Castro firmó el 26 de agosto de 2013 un Decreto para congelar el ingreso de solicitudes de permisos de edificación en altura, acogiéndose al artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), suspensión que entró en vigencia el 3 de septiembre del mismo año, fecha de su publicación en el Diario Oficial.

La Inmobiliaria del Puerto SpA, que estaría ligada a la Universidad Adolfo Ibáñez, en conocimiento previo del trámite administrativo de esta postergación de permisos en ese sector de la ciudad puerto, el 27 de agosto de 2013, un día después del Decreto Alcaldicio, ingresó en la Dirección de Obras Municipales un anteproyecto que consistía en 26 edificios con alturas variables de hasta 11 pisos, con lo cual pretendió saltarse el congelamiento decidido por la autoridad competente.

Naturalmente las organizaciones ciudadanas, con el apoyo de algunos concejales, denunciaron la avivada del inversionista en la Contraloría, la que con fecha 5 de agosto de 2014 emitió el categórico dictamen Nº 59.619 firmado por Ramiro Mendoza. El documento deja en evidencia un sinnúmero de malas prácticas de los funcionarios que han intervenido en este negocio.

En síntesis, la solicitud del anteproyecto mereció unas cuantas observaciones, las que le fueron representadas al privado el 13 de septiembre de 2013, con lo cual quedó de manifiesto que la apresurada solicitud del mismo de fecha 27/08/13 carecía de idoneidad. A mitad de camino, cuando el congelamiento ya estaba operando, la sagaz inmobiliaria modificó su anteproyecto aumentando las alturas de las torres a 14 pisos, ilegalidad aceptada por el cariñoso Director de Obras.

Para no cansar a los lectores, simplificamos este comentario diciendo que la Contraloría, como era lógico, acogió el reclamo de los vecinos y en su dictamen dispuso la instrucción de un proceso disciplinario al interior del municipio ya que se alteró el anteproyecto primitivo, “aspecto no previsto en la normativa aplicable en la especie”, cita textual.

En este contexto y si la Municipalidad de Valparaíso fuera efectivamente ilustre y seria, el Director de Obras debió haber invalidado el anteproyecto trucho, lo que no hizo y por ello el senador Ricardo Lagos Weber, en publicación de El Mercurio de Valparaíso del viernes 12 de junio de 2015, acusó al alcalde Castro de no cumplir el dictamen de la Contraloría.

En defensa del alcalde apareció el director jurídico municipal, diciendo que la inmobiliaria había actuado de buena fe y que, por ello, tenía derechos adquiridos derivados de situaciones jurídicas consolidadas (?). Y para rematar, aludió a unas presuntas circulares de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, las que (a esta altura ya nos reímos,) le darían la razón al municipio para contravenir el dictamen de la Contraloría.

Pareciera que el abogado municipal no sabe que de un acto ilícito no se generan derechos y por ello es indispensable que el senador Lagos Weber, con los concejales porteños que se apegan a la ley y con las comunidades engañadas por el municipio, vayan al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que éste, en los tribunales de justicia, exija el cabal cumplimiento del sólido dictamen de la Contraloría.

Si no lo hacen, significará que la corrupción se mantendrá inalterada en el principal puerto de la nación.

Comentarios del artículo: Valparaíso, donde el municipio no obedece a la Contraloría - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 01/06/2015

Políticos pedigüeños

Inicialmente los malos de la película eran de la derecha y después se supo que los de la Concertación también se tentaron con las viciadas prácticas de solicitar dineros a los empresarios para acceder al poder. Y la noticia de la donación de la inmobiliaria Eurocorp a Pablo Zalaquett es la guinda de la torta.

Desde hace algún tiempo se están conociendo infinidad de pillerías para el financiamiento de la política. Esta lacra ha indignado a la ciudadanía, motivo por el cual la Presidenta Bachelet creó un Consejo Asesor contra la corrupción y contra todas las bribonadas cometidas en el mercado. Este consejo fue presidido por el reconocido Eduardo Engel y sus interesantes recomendaciones ya fueron entregadas a su destinataria en una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de La Moneda.

Inicialmente los malos de la película eran de la derecha y después se supo que los de la Concertación también se tentaron con las viciadas prácticas de solicitar dineros a los empresarios para acceder al poder. El agravante es que fueron pedigüeños en mayor medida con la empresa SQM, privatizada por la férrea dictadura de Pinochet, ex suegro de Julio Ponce Lerou, su permanente controlador hasta estos días.

Debemos tener presente que la afamada lista Martelli, en honor del recaudador de fondos en la precampaña y campaña de la actual Mandataria, se va engrosando semana a semana y por ello la tarea de indagación de la Fiscalía del Ministerio Público es creciente. Muchos han dicho que por ser las emisiones de boletas un problema político, la solución debería ser política, con lo cual buscan sibilinamente una especie de borrón y cuenta nueva. Esperamos que no prospere ese impúdico arreglín.

Pues bien, el reciente sábado 30 de mayo se publicó en El Mercurio una nota periodística titulada “Gerente de Eurocorp reconoce pago para campaña de Pablo Zalaquett” en la cual se informa que, dentro del caso Penta, esa empresa inmobiliaria le entregó al ex alcalde de Santiago 5 millones de pesos, suma solicitada por el interesado a su generoso donante en el período que intentaba ser senador por Santiago.

Precisamos que esta noticia salió a la luz pública sólo porque así lo reconoció el 26 de mayo en la Fiscalía el representante legal de Eurocorp, quien en todo caso deslindó toda responsabilidad personal en la operación trucha de las dos facturas “ideológicamente” falsas por el monto indicado y en el pago de las mismas, aunque reconoció que, al decidir cómo superior autoridad ejecutiva el aporte empresarial al candidato UDI, procedió con negligencia. A la fiscal le dijo que la tramitación administrativa de la colaboración voluntaria estuvo a cargo de un gerente de menor rango.

Este asunto fue resuelto con una rectificación de Eurocorp ante el Servicio de Impuestos Internos de su declaración del año 2014, por la cual pagó al fisco unos 2 millones de pesos, según lo consigna ese diario de circulación nacional.

Curiosamente el mismo día sábado 30 de mayo se publicó, por cuenta de Eurocorp, un destacado y colorido aviso publicitario a página completa en el diario de la familia Edwards, propaganda que en todo caso tiene un precio de mercado muy superior a los 5 millones proporcionados por esa empresa a Zalaquett.

En esta difusión comercial Eurocorp habla maravillas de sí misma, informándole a los lectores que a la fecha ha construido más de 20.000 departamentos de “óptima calidad” porque sus desarrollos inmobiliarios, aparte de ser innovadores, responden satisfactoriamente a las necesidades de miles de chilenos de la Región Metropolitana de Santiago y de la Cuarta y Quinta regiones.

Buscamos en internet para saber quiénes son los dueños de esta espectacular y bienhechora empresa, pero de la información disponible no resulta fácil conocer los nombres de tan egregios empresarios de la construcción. Lo que sí queda en evidencia es que la noticia de sus aportes irregulares al ex candidato Zalaquett perdió toda importancia si la comparamos con el fuerte impacto positivo del aviso propagandístico aludido.

Esta movida, que algunos llaman lavado de imagen, es el resultado de la iniciativa de aquellos que se desenvuelven en el campo de las comunicaciones estratégicas empresariales. Ahí reconocemos el genial talento desplegado por los profesionales del marketing, pues así Eurocorp queda como una supuesta constructora e inmobiliaria que se rige por los altos estándares de la Responsabilidad Social Empresarial, como se le llama pomposamente, en las páginas de negocios de los medios ad hoc.

El fenómeno chileno, quizás con otras variantes, se repite en casi todas partes y por ello decimos que lo que está en entredicho a nivel mundial, es el sistema del libertinaje económico en el cual los inmoderados más poderosos, mediante las capturas de los Estados, hacen y deshacen en sus países, siendo las grandes cándidas mayorías las únicas perdedoras en este perverso juego de transacciones.

Comentarios del artículo: Políticos pedigüeños - Publicado: a las 8:25 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 07/05/2015

Saieh se aprovecha de la debilidad del Estado

En la operación comercial de la Galería Imperio, su titular obtendrá una pingüe ganancia, sin que el fláccido Estado chileno reciba ni una migaja. Recurriremos al Ministerio Público pues en este vergonzoso episodio “las instituciones administrativas funcionaron al compás del privado interesado”.

En el centro de la ciudad de Santiago existen innumerables galerías comerciales que, en la práctica, son pulcros pasajes peatonales bajo techo, algunas de las cuales son Monumentos Nacionales regidos por la Ley Nº 17.288 y otras tantas están declaradas, ya sea como individualidades o como Zonas, con la figura de Conservación Histórica en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

La galería Imperio, cuyo acceso principal estaba en la calle Huérfanos 830, fue remodelada en 1978 en el período en que ejercía como alcalde el civil Patricio Mekis y en el año 2011 la adquirió el grupo económico Saieh para demolerla y enseguida construir allí un supermercado, un hotel y otros equipamientos comerciales.

Como esta galería estaba emplazada en la Zona A de Conservación Histórica A1- Micro Centro del PRC de Santiago, era obligatorio que un arquitecto firmara un informe en el cual debía fundamentar las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían recomendable la demolición de la galería y en base al contenido de ese documento el Director de Obras Municipales estaba en condiciones de resolver si era procedente o no la demolición.

Sin contar con el mencionado informe técnico, un arquitecto de esos que se prestan para cualquier trámite por impúdico que sea, curiosamente el mismo que intervino para que se vulnerara la reglamentación urbana para dar paso al inundado Mall Plaza Copiapó de Falabella, le pide en agosto de 2011 al arquitecto Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, su autorización para demoler el inmueble protegido y su colega que ejercía dicho cargo público le responde que la iniciativa comercial propuesta era improcedente. Entre otras cosas, la autoridad administrativa sectorial le contestó al privado que la intervención propuesta no armoniza con las edificaciones del entorno y sus características arquitectónicas, “afectando desfavorablemente el carácter y valores patrimoniales del referido Sector de Conservación Histórica”. Contundente explicación.  

Luego, el aludido funcionario público del Minvu cumplió a cabalidad la atribución que le entrega al Seremi, su jefe, el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero recordemos que en la fecha de la compra de la galería Imperio por parte de Saieh, quien gobernaba el país era Sebastián Piñera, de tal forma que el rechazo oficial de la demolición para concebir un espectacular negocio inmobiliario privado perfectamente podía ser revertido. Los actores que se desenvuelven en el mercado habitualmente dicen que es cuestión de tiempo cambiar esas “molestas y burocráticas negativas”. Comentan que sus avispados abogados saben “interpretar” las leyes para establecer finalmente razonamientos conducentes al crecimiento económico que, para ellos y para los que rigen los destinos del país, es lo único que importa.

Y así fue como operó perfectamente la retroexcavadora del anterior Gobierno y el 6 de marzo de 2013, en plena campaña de la pasada elección presidencial, el mismo funcionario que exigía el cumplimiento de la ley respecto de los inmuebles de Conservación Histórica, borró con el codo lo que escribió anteriormente con sus deditos en el computador.

Es evidente que este funcionario de carrera recibió precisas instrucciones de sus habilidosos jefes para que se aprobara el desplome de la galería y en su informe decía que el nuevo volumen tendrá 12 pisos y que ahora “la intervención propuesta no afecta el carácter y valores patrimoniales de la referida Zona de Conservación Histórica” (sic) (entendemos que con esta conveniente obediencia conservó la pega…)

Pero como ningún profesional se pudo haber atrevido a firmar un certificado, como lo ordena el artículo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), mediante el cual sólo se recomienda la demolición de este tipo de inmuebles patrimoniales por debilidad estructural de la edificación, este deplorable episodio será llevado por la Fundación Defendamos la Ciudad a la Contraloría General de la República para que investigue cuales fueron las razones de la “conveniente” pirueta del mencionado funcionario público. Lo más seguro es que se iniciará un sumario que se conocerá en un año más.

Dado que en esta operación comercial su titular obtendrá una pingüe ganancia, sin que el fláccido Estado chileno reciba ni una migaja y como las obras de construcción todavía no se ejecutan, a pesar de que la demolición ya se produjo, revisaremos la materia con algunos abogados para ir al Ministerio Público pues en este vergonzoso episodio “las instituciones administrativas funcionaron al compás del privado interesado”. Los fiscales sí investigarán cuales fueron los sórdidos motivos que tuvieron los intervinientes para que el astuto Saieh obtuviera un indebido y espectacular lucro.

En términos de ganancias, este negocio por lejos genera mayores utilidades que el desarrollado por el matrimonio Dávalos-Compagnon de Caval.

Comentarios del artículo: Saieh se aprovecha de la debilidad del Estado - Publicado: a las 7:08 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 20/04/2015

¿Recién ha llegado la corrupción?

El ex ministro Pérez Yoma dijo en una entrevista del fin de semana que “Chile es un país hipócrita”. Esto es lo mismo que este columnista está repitiendo desde hace muchos años a propósito del sector de la construcción inmobiliaria donde la corrupción siempre ha estado muy presente.

En su última cuenta pública, el contralor Ramiro Mendoza expresó que había llegado la corrupción porque se conocían los casos SQM, Cascadas, Caval, Penta y otros tantos. Sin embargo, contradiciéndolo, en la edición del domingo 19 de abril de un medio de circulación nacional, Edmundo Pérez Yoma, ex ministro del Interior y vetusto político, hizo declaraciones en una nota referida a las boletas y campañas, titulada “Todos los que estamos metidos en política sabíamos que así se hacían las cosas” (sic).

En la misma, Pérez Yoma instó a los partidos y a todos quienes están en el aparato público que reconocieran las trampas asegurando que “ésta es la manera como se financiaba la política. No todos, pero muchos de nosotros tuvimos que recurrir a pedir plata a gente que, para entregarla, nos pidieron boletas” agregando que “Chile es un país hipócrita”. Lo mismo que este columnista está repitiendo desde hace muchos años.

En el sector de la construcción inmobiliaria la corrupción ha estado muy presente desde siempre. Si los medios tradicionales, incluyendo a los canales de televisión, han optado por silenciarla lo entendemos como una práctica de contraprestación en los negocios, porque esas empresas son importantes avisadoras en publicidad. Como los medios digitales no se prestan para ese tipo de impúdicos pactos de conveniencias, a continuación damos a conocer un caso hasta ahora escondido.

Pues bien, todos aquellos que algo sabemos de las regulaciones urbanísticas tanto nacionales, regionales como comunales, tenemos claro que el precio del recurso suelo está determinado por sus usos permitidos -rural y urbano- con sus distintas variantes y en el caso de los terrenos localizados al interior de los límites urbanos sus valorizaciones en el mercado se fijan libremente de acuerdo a las normas de zonificación y edificación contenidas para ellos en los Planes Reguladores Comunales (PRC) de las 345 municipalidades existentes en el país, aunque lamentablemente no todas éstas tienen estos instrumentos normativos.

Así las cosas, con el propósito de evitar colapsos en las ciudades, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), regulación de alcance nacional,  sabiamente estableció que las construcciones de equipamientos comerciales se clasifican en 4 grupos (mayores, medianos, menores y básicos), dependiendo de sus cargas de ocupación y fijándose para cada uno de ellos las vialidades que pueden enfrentar, a sabiendas que las vías también están clasificadas de acuerdo a sus características físicas para admitir los distintos flujos vehiculares. Ellas son, en orden de importancia: expresas, troncales, colectoras, de servicio, locales y pasajes.

1.- Los equipamientos mayores, generalmente los malls, solo se pueden situar en predios que enfrenten vías expresas o troncales, 2.- Los medianos, sólo se pueden ubicar en los predios que enfrenten las vialidades ya mencionadas y en las colectoras, 3.- Los menores, sólo si enfrentan las tres vías anteriores más las de servicio, 4.- Los básicos, si enfrentan las cuatro vías precedentes más las locales. En los pasajes, por ser angostos, hay muchas restricciones.

En el transcurso del año 2011 el arquitecto que tiene a su cargo las edificaciones de malls de Falabella S.A.C.  a través de todo el país, solicitó un anteproyecto para emplazar un mall, es decir, un equipamiento mayor, en un terreno de Copiapó que no enfrentaba ni una vía expresa ni una troncal. En junio de ese año el Director de Obras Municipales de esa ciudad, cumpliendo con su deber funcionario, rechazó de plano esa solicitud.

Pero la influyente empresa del retail sabiendo que en las esferas superiores de la Administración del Estado todo es posible, recurrió ante el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Atacama para que éste, con rebuscadas interpretaciones legales, le permitiera ejecutar su pingüe negocio sin importar que el terreno elegido no fuera el idóneo por no enfrentar ni vías expresas o troncales.

Así fue como el 30 de agosto de 2011, ese funcionario público dependiente directo de Rodrigo Pérez Mackenna, entonces ministro de Vivienda y Urbanismo de Sebastián Piñera, sin ningún pudor, posiblemente asesorado por los ingeniosos profesionales que se desempeñaban en la División de Desarrollo Urbano del Minvu, inventó una fórmula para que la estructura comercial de Falabella S.A.C., con el nombre de fantasía Mall Plaza Copiapó, se construyera vulnerando la explícita disposición contenida en la OGUC.

El astuto hombre utilizó la burda receta de la conexión, en términos de que bastaba que el predio se conectara a la Avenida Copayapu, vía expresa, a través de accesos que atraviesan el río Copiapó, argumentando para fundar su decisión que la caja del río en un bien público similar a las vialidades.

Recordemos que este atrabiliario y oportunista procedimiento, a fines del Gobierno de Piñera, se llevó a un Decreto Supremo, para “destrabar” una serie de mega proyectos inmobiliarios que se intentaban emplazar en terrenos que no enfrentaban las vías expresas y/o troncales, pillería que oportunamente fue objetada por varios decanos de escuelas universitarias de Arquitectura, por el Colegio de Arquitectos y por organizaciones ciudadanas. Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno de Bachelet se vio en la necesidad de anular ese burlesco Decreto Supremo.

Ante la acomodaticia resolución del Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama que le daba carta blanca al mall  incorrectamente localizado, el Director de Obras de Copiapó para no enemistarse con el poderoso establishment cursó el permiso de edificación y la construcción fue inaugurada a fines del año 2014.

En razón a que este vergonzoso episodio se le dio a conocer recientemente a la Fundación Defendamos la Ciudad, presidida por quien suscribe, la semana pasada se le pidió a la Contraloría General de la República que revisara el actuar de todos los funcionarios públicos que han intervenido tan alegremente en la tramitación del permiso trucho y también se le solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que, a través de su Dirección General de Aguas (DGA) y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), se revisara lo sucedido con el río Copiapó, contiguo al Mall Plaza Copiapó en la actualidad inundado.

En resumen, si Falabella S.A.C. hubiera comprado un predio apto y por lo tanto, de más alto precio, para su equipamiento mayor, nadie habría actuado al margen de la ley y el suscripto no estaría describiendo esta nueva mala práctica.  Queda en evidencia entonces que todo es cuestión de pesos más o pesos menos y ahora esperamos que los dueños de Falabella S.A.C. se pongan las pilas para que en sus futuras edificaciones siempre se respeten los marcos regulatorios.

Comentarios del artículo: ¿Recién ha llegado la corrupción? - Publicado: a las 1:05 pm

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 14/04/2015

La UDI estaba detrás del negocio de Caval

El caso Caval ha tenido tanta resonancia única y exclusivamente porque quienes han lucrado indebidamente son el hijo y la rubia nuera de Bachelet. Sin embargo, año atrás la revista Qué Pasa informaba sobre transacciones igualmente lucrativas y bastante más voluminosas, sin escandalizarse por la práctica especulativa en ciernes.

Nos sorprendió sobremanera la noticia publicada el domingo 11 de abril en el diario La Tercera en cuanto a que 2 dirigentes de la UDI, uno de ellos Patricio Cordero, hombre de confianza de Joaquín Lavín y director de la Universidad San Sebastián, estuvieran detrás de uno de los escándalos más mediatizados de los últimos años. Hablamos de la compra de los terrenos rurales, localizados en Machalí, por la empresa Caval que le pertenece parcialmente a la esposa del hijo regalón de la Presidenta Michelle Bachelet, ambos hasta hace poco miembros del PS.

En razón a que se han publicado innumerables columnas en la prensa, los canales de televisión, los medios digitales y las radioemisoras han tenido motivos más que suficientes para referirse críticamente al caso por tratarse de una fea maniobra especulativa de las tantas que se cometen en Chile con información privilegiada y como lo anterior se produjo a raíz de una provocadora crónica publicada en los inicios de febrero pasado por la revista Qué Pasa, diremos algunas palabras sobre este tipo de ganancias rápidas.

La enredada adquisición de los predios por parte de Caval fue posible gracias a un generoso crédito decidido motu proprio por Andrónico Luksic, accionista controlador del Banco de Chile. El dinero se le entregó al prestatario porque existía la posibilidad cierta de que el uso de suelo de los terrenos en un tiempo próximo se iba a cambiar a urbano, conforme a ciertos documentos emanados de la Dirección de Obras Municipales de Machalí y porque en la Secretaría Regional (6ª) de O´Higgins del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ya se estaba tramitando para esos terrenos y para otros los apetecidos cambios en el Plan Regulador Intercomunal (PRI).

En los inicios de la operación intervino el conocido arquitecto y director de cine Álvaro Covacevich, quien con su sobrino Sergio, del mismo apellido y profesión, se acercaron en una reunión política al matrimonio Dávalos-Compagnon proponiéndoles un trascendental negocio inmobiliario denominado Ciudad del Cobre exactamente en Machalí y que, para ello, ya tendrían un acuerdo de intenciones con unos poderosos inversionistas mexicanos : Covacevich tío vive en la ciudad de México y es un personaje prestigiado.

Hubo una promesa de compraventa por las 44 hectáreas, con cláusula de confidencialidad, en la cual se estableció un precio de transacción de $ 27 mil millones siempre y cuando, en una corta fecha determinada el cambio de uso de suelo, con normas de edificación bastante permisivas por las características del proyecto en ciernes, necesariamente tenía que estar perfeccionado con las autorizaciones de todas las autoridades sectoriales. Era mucho pedir, sobre todo en tan corto período de tiempo.

Ese negocio no prosperó, pero sí un empresario de Rancagua se tentó con las hectáreas de Caval creyendo que el cambio de uso de suelo sería cuestión de tiempo y así fue como las compró en $ 9, 5 mil millones, es decir, apostó en la ruleta. Ahora este hombre de negocios, se siente engañado por la empresa vendedora y reclama airadamente que pagó mucho dinero porque el cambio de uso de suelo se paralizó a raíz de los bullicios propalados por los medios, endilgándole la condición de “palo blanco” al arquitecto Covacevich por haber ofrecido éste a Caval una suma de dinero tan alta por el terreno de la discordia.

En la edición del 19/09/08 de la revista Qué Pasa, la misma que creó la batahola Caval, se publicó una nota periodística titulada “Pudahuel : ¿ Luz verde para Hurtado Vicuña?”, en la cual ese medio de prensa criticaba a la institucionalidad porque los grupos Hurtado Vicuña, Santa Cruz Yaconi y Manso de Velasco, brazo inmobiliario de Enersis, después de 5 años seguían esperando los cambios de uso de suelo de 4.000 hectáreas rurales en la comuna de Pudahuel, pues si se transformaban en urbanos iba ser posible la consecución de unos estupendos negocios inmobiliarios para esos 3 grupos, los que contemplaban la construcción de 40.000 viviendas de hasta UF 4.500.

Años antes esta misma revista promocionaba muy seriamente la genial idea del empresario Manuel Cruzat, dueño en aquel entonces de los terrenos rurales situados en Pudahuel, que hoy en día le pertenecen a Hurtado Vicuña, para que, mediante modificaciones reglamentarias, se le permitiera edificar una especie de ciudadela para lo cual era indispensable cambiar las reglas del juego contenidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994. Naturalmente en aquellas épocas tal revista no vociferaba con esas operaciones comerciales y el resto de la prensa nacional ni se inmutaba con la práctica especulativa en ciernes.

Ya que habrá una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para tratar el asunto Caval, esperamos que también se investiguen los recientes otros casos de cambios de usos de suelo, bastante más incorrectos, los que no han tenido la repercusión del negocio de la rubia esposa de Dávalos Bachelet, quien con sus 2 colaboradores de la UDI –Juan Díaz y Patricio Cordero- supieron aprovecharse del despelote institucional en el cual estamos inmersos.

En el año 2004, con infinidad de irregularidades, tanto el Consejo Regional (CORE) Metropolitano como la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), ambas instancias presididas por el intendente de esta región, le dieron curso a la decisión adoptada por el Minvu en orden a autorizar los cambios de usos de suelo conforme lo había propuesto el virtuosísimo Cruzat. Así los poseedores de grandes extensiones de tierras agrícolas o rurales se iban a beneficiar patrimonialmente con las automáticas plusvalías derivadas de esas “inteligentes” movidas mercantiles.

Ahora bien, la transacción de Caval, en orden a obtener una pingüe pasada con una compraventa de terrenos que subirían de precio por decisiones de los gobiernos de turno siempre han existido y si este Gobierno no asume su responsabilidad para regular este tipo de maniobras especulativas, continuarán produciéndose.

Este caso ha tenido tanta resonancia única y exclusivamente porque quienes han lucrado indebidamente son el hijo y la nuera de Bachelet y por ello nos hemos referido a lo que decía Qué Pasa años atrás con transacciones igualmente lucrativas y bastante más voluminosas que no llamaron la atención de nadie. De ello se concluye que el doble estándar está en el ADN de quienes entregan las noticias y de quienes, como el suscrito, se hacen eco de ellas.

Debemos tener presente que nunca se ha abordado el tema de este tipo de indebidas ganancias privadas porque los interesados en la mantención del laissez faire que origina las plusvalías patrimoniales, han sabido ejercer sus influencias para que los políticos profesionales no regulen estas operaciones. Si el comprador de las 44 hectáreas hubiera sido un empresario cualquiera en busca de un mejor precio con el cambio de uso de suelo, la revista Qué Pasa no habría publicado nada y este columnista estaría refiriéndose a otra de las innumerables pillerías que se cometen en el ámbito inmobiliario.

Por último, ya que habrá una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para tratar el asunto Caval, esperamos que también se investiguen los recientes otros casos de cambios de usos de suelo, bastante más incorrectos, los que no han tenido la repercusión del negocio de la rubia esposa de Dávalos Bachelet, quien con sus 2 colaboradores de la UDI –Juan Díaz y Patricio Cordero- supieron aprovecharse del despelote institucional en el cual estamos inmersos.

Y desde ya nos ponemos a disposición de los diputados que fiscalizarán este negociado, para decirles presencialmente cómo funciona este fructífero sistema que genera tantas y tan rápidas utilidades a aquellos privados que saben relacionarse con los que mandan en el aparato del Estado.

Comentarios del artículo: La UDI estaba detrás del negocio de Caval - Publicado: a las 7:59 am

» Publicado: 26/03/2015

El nuevo contralor no debería ser político

A la luz de lo que está sucediendo con SQM, en términos de que se le impide al Ministerio Público a ejercer su labor, vemos con preocupación que el gobierno y la oposición lleguen a un grado de consenso para que el futuro contralor sea un político sumamente flexible que comprenda que el crecimiento económico a todo evento es indispensable para que Chile alcance el nivel promedio del PIB que tienen los países de la OCDE, sin importar tanto esas burdas exigencias de hacer cumplir las leyes y reglamentos existentes.

A raíz de la seguidilla de escándalos económicos que hemos conocido, los que no vamos a enumerar porque son muchos y no tiene sentido referirse a ellos pues la opinión pública está al tanto de los mismos, la Presidenta Bachelet armó un Consejo Asesor conformado por 16 personas, muchas de ellas del mundo académico para que le propusieran en un plazo de 45 días las nuevas normas legales y reglamentarias con el propósito de elevar los estándares de la probidad y transparencia en el ámbito de lo público y lo privado.

Pero curiosamente, los partidos políticos de la Nueva Mayoría, quizás molestos con Eduardo Engel, presidente de ese Consejo Asesor, porque criticó los altos sueldos de los parlamentarios, también formaron su propio Consejo y para ello nominaron a ciertos avezados hombres públicos como sus miembros : dos por cada partido político. Inferimos entonces que a fines de abril próximo Bachelet dispondrá de infinidad de propuestas para acabar con la lacra de la corrupción.

Cómo no recordar que en la oscura época de la dictadura militar, el Contralor Humeres rechazó el Decreto Supremo del Ministerio del Interior por el cual se hacía la convocatoria a un plebiscito el 28 de diciembre de 1977, motivo por el cual fue defenestrado y reemplazado por Sergio Fernández, afín a ese gobierno de facto, quien cumplió a cabalidad el mandato del Jefe, cual era firmar la toma razón del indicado Decreto.

Debemos tener en cuenta que con motivo del luctuoso episodio conocido como MOP-GATE, año 2003, el asunto fue  “solucionado” gracias a un acuerdo político de alto nivel, entre el Presidente Lagos y el senador Longueira, y así fue como se hicieron varias modificaciones legales, creándose otras tantas y como remedio definitivo para la enfermedad, se aumentaron los sueldos de las autoridades para que así éstas no se fueran a trabajar al sector privado.

En razón a que el alza en sus estipendios fue exagerada había que justificarla y así fue como se le aseguró a la ciudadanía que no se repetirían los actos corruptos, pero ese buen deseo lamentablemente se truncó porque al no haber existido un efectivo control debido al relajo de las instituciones hemos llegado a la descomposición político-empresarial que conocemos. Recordemos que los subidos sueldos de los congresistas son equivalentes a los que tienen los ministros, asunto que el destacado economista Engel no tuvo en cuenta en la ocasión que disparó el misil a los diputados y senadores.

Pues bien, en abril próximo Ramiro Mendoza deja el cargo de Contralor General de la República ya que cumplirá el período legal de 8 años y a pesar de que tuvo un buen cometido liderando dicho servicio, creemos que necesariamente su continuador (a) debe fortalecer el rol que ella ejerce, sobre todo para que sus dictámenes tengan efectiva fuerza pues los municipios no siempre los acatan.

La Contraloría, según el artículo 98º de nuestra Constitución Política, es un organismo autónomo, con múltiples funciones, a saber:

(1) ejercer el control preventivo de la legalidad de los actos de la Administración (toma de razón);

(2) fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes;

(3) examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades públicas;

(4) llevar la contabilidad general de la Nación;

(5) emitir dictámenes sobre las materias  sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización;

(6) vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, instruyendo u ordenando instruir, de ser necesario, los correspondientes procedimientos disciplinarios y

(7) efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.

Ahora bien, como dice el aludido mandato constitucional, la Contraloría debe ser autónoma, lo que implica que debe ser totalmente independiente de los vaivenes políticos y por ello, en estos tiempos tan tumultuosos por el creciente agotamiento que se aprecia, hemos decidido escribir estas líneas ya que se pueden correr riesgos innecesarios si el nuevo contralor es un personaje ligado al conglomerado de gobierno.

En tal sentido, cómo no recordar que en la oscura época de la dictadura militar, el Contralor Humeres rechazó el Decreto Supremo del Ministerio del Interior por el cual se hacía la convocatoria a un plebiscito el 28 de diciembre de 1977, motivo por el cual fue defenestrado y reemplazado por Sergio Fernández, afín a ese gobierno de facto, quien cumplió a cabalidad el mandato del Jefe, cual era firmar la toma razón del indicado Decreto.

Como era lógico, Fernández desempeñó el cargo de contralor por un cortísimo tiempo, pues el Decreto que llamó a la famosa consulta nacional ya era “legal”, es decir, el hombre cumplió con la misión encomendada por la Junta Militar, la que quedó satisfecha con el favorable resultado de la votación y posteriormente el disciplinado Fernández fue senador UDI por Magallanes.

Está claro que ahora estamos en democracia y que una cosa como la relatada sería imposible, pero a la luz de lo que está sucediendo con SQM, en términos de que se le impide al Ministerio Público a ejercer su labor, vemos con preocupación que el gobierno y la oposición lleguen a un grado de consenso para que el futuro contralor sea un político sumamente flexible que comprenda que el crecimiento económico a todo evento es indispensable para que Chile alcance el nivel promedio del PIB que tienen los países de la OCDE, sin importar tanto esas burdas exigencias de hacer cumplir las leyes y reglamentos existentes.

En el último tiempo en El Mostrador se ha comentado que la ex senadora y ex ministra Soledad Alvear “es una muy buena candidata para el puesto” de Contralor General de la República. Independientemente de la valiosa e innegable experiencia profesional y calidad humana de esta distinguida política, aunque no sea, por cierto, experta en derecho administrativo, resulta imposible abstraerse del hecho de que ha militado desde su juventud en la Democracia Cristiana, siendo electa senadora de dicho partido, y que todos los múltiples cargos que ha ocupado en la Administración Pública eran de confianza política.

Además, al estar casada con el rector de una Universidad privada, y dado que la implementación de la reforma educacional va a requerir la dictación de múltiples reglamentos, que van a pasar por la toma de razón del ente contralor, se vería obligada a “abstenerse” en todo lo que tenga relación con la regulación de la educación superior. Contestándole a las fuentes que tuvo El Mostrador para deslizar esa confidencia, si se trata de asignar cargos a políticos de primer nivel como ella, la veríamos mejor como ministra de Estado o embajadora en un país del primer mundo.

Por  lo tanto, en nuestra modesta opinión, no parece en absoluto que el nombramiento de ella o de una persona de un perfil similar, proveniente del mundo político, pudiera ser compatible con la “autonomía” del órgano fiscalizador, ni con el actual contexto político-empresarial. Lo inmediatamente precedente, teniéndose en cuenta además el omnímodo poder que tiene el titular de la Contraloría General sobre el nombramiento, remoción y ascenso de todos los funcionarios de dicho organismo.

En efecto, el artículo 3º, inciso segundo, de la ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, establece que los funcionarios de la Contraloría son de exclusiva confianza del Contralor. Dichos subalternos se rigen por la citada ley orgánica y supletoriamente por el Estatuto Administrativo.

Tenemos plena confianza en que la Presidenta Bachelet será capaz de proponer al Senado un nombre de hombre o mujer independiente y autónomo que logre conjugar experiencia y juventud para llevar a cabo el proceso modernizador en curso de la Contraloría, ojalá con experticia en derecho administrativo, pero, lo más importante, insistimos con majadería, alguien sin militancia política ni evidentes conflictos de intereses.

Terminamos, deseándole a Ramiro Mendoza una pronta reinserción en el sector privado, con el cual, es justo decirlo, no siempre hemos estado de acuerdo con sus extensos oficios y dictámenes, pero sí le reconocemos su talento, deferencia a toda prueba y sentido del humor.

Comentarios del artículo: El nuevo contralor no debería ser político - Publicado: a las 7:19 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 18/03/2015

Pillerías en Providencia

En momentos en que tanto se habla de transparencia a nivel país, la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista denunció una grave situación en una manzana de calle Constitución, donde se emplazará un edificio comercial con 6 niveles subterráneos de estacionamientos que tiene proyectado funcionar con el sistema de “parking”.

Como consecuencia de los innumerables actos delictivos de ciertos encopetados empresarios y de otros que calificamos como emergentes, muchas veces coludidos con funcionarios públicos, la Presidenta Michelle Bachelet tomó el toro por las astas, como era su obligación y recientemente anunció la creación de una Comisión Asesora ad honorem compuesta por una quincena de prestigiadas personas, las que en un plazo de 45 días le entregarán un diagnóstico de la enfermedad que sufrimos y los diferentes remedios para atacarla frontalmente.

Según la Presidenta se busca, mediante nuevos instrumentos, abatir las lacras de los conflictos de interés, tráficos de influencia y la inveterada y siempre presente corrupción. Se nombró al economista Eduardo Engel como presidente del grupo y lo interesante es que la ciudadanía conocerá vía streaming sus audiencias, es decir, operará plenamente la transparencia. Todos tendremos la oportunidad  de proponer ideas y esperamos que esta instancia en la cual no hay políticos profesionales se esfuerce para que más adelante se reduzcan considerablemente las malas prácticas.

Pues bien, el jueves 12 de marzo pasado la arquitecta María Inés Arribas y la periodista-documentalista Josefina Vial, en representación de la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista, publicaron una destacada inserción en el diario El Mercurio dando cuenta de una grave situación que se está produciendo en la manzana conformada por las calles Antonia López de Bello, Constitución, Fernando Márquez de la Plata y Chucre Manzur, al norte del río Mapocho, comuna de Providencia, con motivo del inicio de faenas de un edificio comercial con 6 niveles subterráneos de estacionamientos en la calle Constitución Nº 241.

Siendo éste un sector donde concurren en la formación de los subsuelos materiales coluviales de arrastre del cerro San Cristóbal y depósitos aluviales heterogéneos, no debe descartarse, en estas condiciones, la posible presencia de niveles de agua freática, no tan profunda, que inevitablemente deberán ser desviadas por la empresa constructora a sectores más bajos, afectando con ello las edificaciones patrimoniales existentes en el área.

La denuncia dice que con la irrupción de esta invasiva construcción que está ejecutando la sociedad Delta se perjudica el entorno patrimonial del barrio, en donde existen infinidad de inmuebles protegidos por la Ley Nº 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otras, la casa Pablo Neruda, casa Camilo Mori, casa Marta Colvin, casa Amanda Labarca y otras tantas edificadas en el siglo XIX.

El titular del proyecto es la empresa Cimenta, Administradora de Fondos de Inversión S.A. que es fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el permiso con que cuenta, el Nº 44/14, le fue otorgado por la Dirección de Obras el 20 de octubre de 2014 a su filial Inmobiliaria Parque Tres S.A.

Las 2 mencionadas profesionales nos entregaron oportunamente ciertos documentos oficiales con el propósito de que analizáramos el desarrollo de los hechos, pues ellas estaban convencidas de que en la tramitación del proceso administrativo que culminó con la autorización del permiso aludido se habían cometido irregularidades. No está demás decir que la calle Constitución, en donde se proyecta el acceso al estacionamiento, tiene una angosta calzada de 7 metros de ancho.

Y ellas tenían toda la razón, ya que la Dirección de Obras Municipales para no exigir el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), requerido obligatoriamente por mandato de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para los proyectos de equipamientos comerciales que contemplen 150 o más estacionamientos, aceptó que el titular dijera que su proyecto consideraba solo 149 unidades (sic) de estos espacios.

Con este recurrente ardid, criticado en los medios de prensa por todas las autoridades públicas pero en los hechos siempre aceptado, se cursó el permiso. De acuerdo a información que tenemos, los estacionamientos serán 300 y serán explotados comercialmente bajo la modalidad de “parking”, pagándose un precio fijado conforme al tiempo utilizado.

En los próximos meses Cimenta presentará en la municipalidad una modificación del proyecto, aumentando la cantidad de estacionamientos a 300 unidades, para lo cual requerirá el EISTU. Pero como la construcción no se paralizará, la aprobación forzada del mismo será cuestión de tiempo, aunque las medidas  de mitigación sean solamente decorativas.

Fue muy burda la operación “disfraz” empleada por los 3 arquitectos funcionarios que estamparon sus firmas en ese acto administrativo terminal, pues en la resolución anterior de anteproyecto ellos reconocieron que los estacionamientos para este negocio eran 265, con lo cual se evidencia a todas luces que operó la sagrada alianza pública-privada para desburocratizar la inversión de aquellos que cuentan con santos en la corte.

En el directorio de la influyente Cimenta se encuentran varios conocidos ingenieros comerciales, los mismos que exigen prontitud por parte del Estado cuando se trata de materias de sus intereses, y un eximio lobbista de la Nueva Mayoría, quien sabe muy bien cómo moverse en este tipo de oficinas.

Detectamos también otras travesuras, las que omitiremos para no aburrir a los lectores. Y en razón a que el permiso municipal está absolutamente viciado, pusimos en conocimiento del Seremi de Vivienda y Urbanismo, jefe técnico de los Directores de Obras Municipales, entregándole documentación de respaldo para que ejerciera su potestad legal, es decir, que instruya a sus subordinados locales en orden a que dejen sin efecto el permiso de edificación de marras.

Debemos tener en cuenta que, por otros casos similares, la Contraloría General de la República ya ha sancionado a los funcionarios municipales de esta Dirección de Obras porque han procedido con obsecuencia desmedida ante solicitudes de este tipo de permisos por parte de ciertas connotadas inmobiliarias, asuntos que están en conocimiento de la alcaldesa Josefa Errázuriz.

Este deplorable episodio es demostrativo de que será muy difícil erradicar los engaños que cometen voluntariamente los municipios para facilitar los negocios de la industria de la construcción y por ello esperamos que la Comisión Asesora Presidencial tenga la sabiduría y perspicacia necesarias para abordar este tipo de burlas a la fe pública.

Comentarios del artículo: Pillerías en Providencia - Publicado: a las 7:31 am

Etiquetas: , , , , , , , , , » Publicado: 04/03/2015

Dávalos-Compagnon, nuevos especuladores

En este medio y en otros digitales que también cultivan la libertad de expresión, despotricamos con fundados argumentos en contra de la maniobra mercantil de la empresa Caval. Sin embargo, estas operaciones de ganancia fácil, vía el cambio de uso de suelo, son recurrentes en Chile, y hay cientos de ejemplos de regalos que el Estado le ha hecho a particulares bien relacionados con las cúpulas del poder.

El matrimonio Dávalos-Compagnon se vio en la necesidad de renunciar a su militancia en el Partido Socialista porque la opinión pública conoció en detalle la operación especulativa que hicieron gracias a los fondos que les entregó Andrónico Luksic, controlador del Banco de Chile. Compraron 44 hectáreas rurales en Machalí en $ 6 mil quinientos millones y las vendieron, después de algunos meses, en $ 9 mil quinientos millones. La diferencia de $ 3 mil millones, menos los gastos de intereses y otras menudencias, ya se incorporaron en la cuenta corriente de la empresa Caval Ltda. y a esta fecha es posible que ya estén cambiando la flota de sus Lexus por modelos más nuevos, es decir, del año 2015.

Quien suscribe, en este medio y en otros digitales que también cultivan la libertad de expresión, despotricó con fundados argumentos en contra de esa maniobra mercantil. Y nos llama la atención que el Gobierno, tratando de defender al hijito de Bachelet, haya tenido un tan deplorable comportamiento en las ocasiones en que sus distintos ministros, titulares y sustitutos, han abordado el asunto.

Gracias a una reciente y muy bien documentada publicación de Ciper, el alcalde de Machalí inició un sumario administrativo en razón a que el Director de Obras Municipales y una arquitecta de apellido Ross, sobrina del dueño original de los terrenos, entregaron cierta información clave de precios y normas urbanísticas a Caval la que, en todo caso, no se utilizó para perfeccionar la transferencia al inversionista lugareño de apellido Silva porque el suelo sigue siendo rural aunque tiene la expectativa de ser urbano próximamente.

Aludiendo al título de esta  columna señalamos que ningún medio de prensa hasta ahora, se ha atrevido a decir a través de crónicas que estas operaciones de ganancia fácil, vía el cambio de uso de suelo, son recurrentes en Chile, las que siempre se han originado por la colusión entre privados interesados y funcionarios públicos débiles de carácter. Estos, por lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las peticiones de los primeros.

Hay cientos de ejemplos de regalos que el Estado le ha hecho a particulares bien relacionados con las cúpulas del poder. Sin ir más lejos, porque es de reciente data, tenemos el caso del fundo Las Cenizas de 2.000 hectáreas localizado en Curauma, V Región de Valparaíso, extenso territorio rural del conocido hombre de negocios Manuel Cruzat, quien se vio favorecido con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de esa región porque ahora las mismas son urbanas, es decir, aumentaron sus precios de mercado en unas 6 veces o más.

Ningún medio de prensa hasta ahora se ha atrevido a decir a través de crónicas que estas operaciones de ganancia fácil, vía el cambio de uso de suelo, son recurrentes en Chile, y siempre se han originado por la colusión entre privados interesados y funcionarios públicos débiles de carácter. Estos, por lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las peticiones de los primeros.

En 1997 el Minvu y el Gobierno Regional Metropolitano beneficiaron a los privados Juan Carlos Latorre, Sergio Reiss (QEPD) y Sergio de Castro, quienes anteriormente habían adquirido más de 1.000 hectáreas rurales en Colina, provincia de Chacabuco, a precio de huevo. Y no sólo esos terrenos ahora son urbanos sino que, más adelante, para que se pudieran vender fácilmente las viviendas allí edificadas, el MOP decidió licitar una autopista concesionada -Radial Nor Oriente- con lo cual se solucionó en un dos por tres el problema que tenían esos hábiles empresarios con la conectividad vial.

Recordemos que en aquella época ya estaba redactado el documento oficial que originó el Decreto Supremo que le dio vida al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana de Santiago, cuerpo normativo que, entre otras medidas, prohibía que los terrenos agrícolas se transformaran en urbanos, inteligente regulación que fue eliminada en el año 2001 para posibilitar los cambios de usos de suelo con las consiguientes ganancias para los dueños de esos terrenos.

En el transcurso del año 2004, con una seguidilla de malas prácticas del Minvu, se aprobaron unas transformaciones de 3.000 hectáreas rurales para que unos privados bien relacionados pudieran iniciar proyectos inmobiliarios en la comuna de Pudahuel sin que se adscribieran a la normativa existente para tal efecto. Sabemos que la Contraloría, una y otra vez, ha rechazado esos negocios en territorios agrícolas, es decir, fuera del límite urbano y como a este caso le hemos perdido la pista, es posible que el ente fiscalizador los haya aprobado y sus titulares ya hayan incorporado en sus patrimonios las plusvalías obtenidas con el cambio.

Hace un poco más de un año el Gobierno de Piñera, con la vital asistencia del intendente Fernando Echeverría, sacó adelante un cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales que ahora son urbanas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de Santiago. Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro de suelos. En el primer Gobierno de Bachelet los privados favorecidos le habían solicitado al obsecuente Minvu este cambio y después de una polémica y larga tramitación en la Contraloría estos encumbrados pedigüeños obtuvieron el regalito como consecuencia de una resolución administrativa del Estado.

Si bien es cierto lo que hizo Dávalos con su esposa es totalmente reprochable, sería interesante saber si los diputados y en general los políticos de RN y la UDI, quienes son los mayores críticos de la operación en Machalí, iniciarán las acciones judiciales en contra de todos aquellos que se han visto beneficiados patrimonialmente con los casos antes descritos. No lo harán porque la corrupción es transversal y entre bueyes no hay cornadas. Ellos lo único que querían con esta batahola era obtener cámaras de televisión y reportajes en la prensa para aparecer como servidores públicos fiscalizadores. Dávalos, quien para la elite siempre abusadora, es un advenedizo en este tipo de negocios, les ha sido muy útil políticamente hablando.

En resumen, con estas palabras se ha evidenciado que la especulación con el recurso suelo es el mejor de los negocios, pues con esta comodísima fórmula todos aquellos que tienen “contactos” están en condiciones inmejorables para seguir acumulando riqueza, ya que en Chile las plusvalías obtenidas, por pasividades políticas, no están afectas a ningún gravamen y percibimos que este paraíso fiscal se mantendrá por muchos años, salvo que se produzca un cambio de timón y Bachelet, como lo aseguró, ordene a sus ministros que se pongan las pilas.

Por último y como una posibilidad cierta para que la corrupción empresarial se mantenga en plenitud es que los dirigentes de la Alianza y la Nueva Mayoría lleguen a un acuerdo de conveniencias mutuas para que los casos Penta, SQM y Caval, sean tratados con inteligencia superior para salvaguardar los superiores intereses políticos de la patria, como les gusta decir a ellos, es decir, que haya un ignominioso perdonazo para que siga operando la impunidad.

Comentarios del artículo: Dávalos-Compagnon, nuevos especuladores - Publicado: a las 10:52 am

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Presidenta Bachelet, emprendedor Dávalos y senador Letelier

Tras el escándalo provocado por una actividad mercantil propiamente especulativa del hijo de la Presidenta, esperamos que el desmemoriado seremi Wilfredo Valdés congele la tramitación del Plan Regulador Intercomunal en 6 comunas de O’Higgins, entre otras Rancagua y Machalí.

Nos llamó la atención que en la conferencia de prensa en un patio de La Moneda, donde el hijo de la Presidenta renunció a su cargo público leyendo un escrito, sus asesores le hayan impuesto a los periodistas asistentes que no le formularan al lector preguntas de ningún tipo.

Pero más sorprendente fue que los profesionales de las prensa se hayan quedado impávidos con sus grabadoras escuchando lo que decía Dávalos. Ante este menoscabo a sus funciones los periodistas debieron ausentarse, pero por motivos inexplicables no lo hicieron.

En su explicación del 23/02/15 en un salón de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet informó que ella no sabía nada del negocio de su hijo y que recién conoció sus detalles por la prensa cuando estaba en Caburgua. Ella aceptó solo 3 preguntas, las que no fueron respondidas adecuadamente y ello se entiende por la tremenda incomodidad que tenía en esos momentos.

Ahora bien, en la edición del 21 de febrero pasado de El Mercurio se publicó una extensa entrevista al senador Juan Pablo Letelier sobre la compra de las 44 hectáreas rurales en Machalí, por parte de la empresa Caval Limitada. En el título de la noticia, el parlamentario aseguró que en el Ministerio Público se iba demostrar que no hubo ninguna irregularidad ni tráfico de influencias en dicho episodio. Entendemos que lo anterior son sus buenos deseos y quienes tienen la última palabra serán los diestros fiscales quienes, en una operación tipo blitzkrieg, incautaron toda la documentación registrada en los computadores y archivos en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la 6ª región de O’Higgins.

Pero lo más interesante publicado en ese medio, ya que estamos ante una actividad mercantil propiamente especulativa, es lo que transcribimos a continuación dicho por Letelier: “Para quienes tenemos conocimiento de los temas de suelo, en Chile no existe política de suelo y ese es un gran problema. En la reforma tributaria se trató de arreglar este tema, precisamente, para que las utilidades al patrimonio paguen impuestos, por cuanto estas prácticas de la “pasada” de comprar a un precio y vender a otro, es muy cotidiano en la industria inmobiliaria. Y, por lo tanto, aquí queda en evidencia que hay un problema estructural pendiente” (sic).

Sabemos que en la comuna de Machalí se piensa construir una moderna universidad estatal, y que Codelco tiene la intención de emplazar el Instituto de Investigación Minero Metalúrgico. No sabemos si la universidad pública como la nueva edificación de Codelco se proyectarán en los terrenos de la discordia, pero los pocos particulares que sí saben relacionarse con los agentes públicos de turno, ya deben estar moviendo los hilos.

Pero al senador se le olvidó decir lo que nosotros hemos denunciado con majadería en columnas anteriores respecto de la ley de captura parcial de plusvalías por parte del Estado, cuando se transforman en más permisivas las reglas del juego en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales. El alude, quejándose,  exclusivamente a lo que sucedió en la tramitación de la Reforma Tributaria, en donde el proyecto original inserto en el Programa de Gobierno de Bachelet fue desnaturalizado completamente debido a los requerimientos de los lobbistas, contratados con elevados honorarios por los grupos económicos que sólo cuidan sus bolsillos. Por ello, con la gracia típica chilena, fue vox populi que el magro resultado de tal reforma se cocinó a puertas cerradas en la casa habitación de un experto neoliberal que fue ministro de Piñera.

Otra demostración palmaria de la debilidad demostrada por los senadores que aprobaron tal Reforma Tributaria está asociada a la aceptación de que las ventas de viviendas de cierto importe para arriba no pagarán el IVA en la transferencia si la correspondiente promesa de compraventa se haya celebrado antes del 31 de diciembre de 2015. Es decir, se podrán entregar las mismas exentas de IVA a sus compradores en cualquier fecha futura, sin límite, si hay una simple promesa y ya sabemos cómo en Chile se urden las trampas para sobrepasar las leyes.

Cuando los predios vendidos a un actor privado rancagüino, estén inscritos a nombre de éste en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, Caval habrá obtenido una lucrativa ganancia y sabemos que el seremi Wilfredo Valdés, cuando ejercía como tasador de propiedades, acompañó a la empresa de Dávalos-Compagnon al lugar de los hechos, lo que no tiene una connotación negativa. Pero sí fue grotesco que su memoria haya sido tan sumamente frágil, porque en una publicación de prensa señaló que él no conocía a nadie de la empresa que hizo el negocito.

También sabemos que en la comuna de Machalí se piensa construir una moderna universidad estatal, materia anunciada en el marco de la Reforma Educacional, la que debe estar operativa en unos 3 años más y que Codelco tiene la intención de emplazar en esa hoy día serena comuna, el Instituto de Investigación Minero Metalúrgico. ¿Este instituto será el mismo que se denominaba Centro de Investigación Minero Metalúrgico (CIMM), localizado en el pirulo sector residencial Santa María de Manquehue, en Vitacura, cuya edificación ya demolida, le fue vendida a una inmobiliaria?

No sabemos si la universidad pública como la nueva edificación de Codelco se proyectarán en los terrenos de la discordia, pero los pocos particulares que sí saben relacionarse con los agentes públicos de turno, ya deben estar moviendo los hilos para que lo anterior se produzca, siempre y cuando se modifiquen los usos de suelo. Recordemos que con la información privilegiada, en la medida de que se mantenga en secreto, las minorías de cuello y corbata acrecientan sus riquezas.

Por último y esta es una buena noticia para el país, pareciera que Bachelet escuchó a su compañero Letelier, porque en su breve alocución del 23/02/15 en La Moneda, referida a lo que hizo su hijo, manifestó algo así como “estamos trabajando en una política de suelos para que exista igualdad”.

Tenemos la obligación de creerle a la primera mandataria y por ello tiene plena validez lo que le expresamos la semana pasada a Paulina Saball, ministra del ramo, en orden a que instruyera a su desmemoriado y subordinado seremi Wilfredo Valdés, para que congelara la tramitación del Plan Regulador Intercomunal en 6 comunas, entre otras Rancagua y Machalí, de la 6ª Región del Libertador Bernardo O’Higgins, para que en ese futuro cambio urbanístico opere en plenitud la ley que nos anunció la Presidenta.

Comentarios del artículo: Presidenta Bachelet, emprendedor Dávalos y senador Letelier - Publicado: a las 10:12 am

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 09/02/2015

Terrenos rurales de la nuera de Bachelet

Desde la Fundación Defendamos la Ciudad hemos insistido en la necesidad de que se apruebe el proyecto que duerme en el Congreso hace 16 años sobre la captura parcial de las plusvalías por parte del Estado cuando los particulares obtengan pingües ganancias con los cambios de uso de suelo, como ocurre en la operación de la astuta sociedad Caval en Machalí.

Gracias a la revista Qué Pasa se conoció la operación inmobiliaria que está llevando a cabo la joven esposa del hijo mayor de la Presidenta Michelle Bachelet. Ella, con su socio en la empresa Caval, recibieron un dadivoso crédito del Banco de Chile, y adquirieron 3 predios rurales colindantes entre sí con un total de 44 hectáreas situados estratégicamente en la comuna de Machalí con el propósito de revenderlos al mejor postor del mercado para que éste, ya como urbanos, pueda utilizarlos para edificar malls, hoteles 7 estrellas y viviendas de alto estándar. Los terrenos se ubican al costado de la Carretera del Cobre, enfrente de un pirulo Club de Polo y de un colegio de excelencia.

En razón a que existe una importante diferencia de precios entre los terrenos rurales y los urbanos, todos aquellos que se desenvuelven en el negocio de la explotación del recurso suelo permanentemente instan a las autoridades competentes de turno para que éstas cambien el uso de suelo de los terrenos que ellos han comprado anteriormente como rurales, es decir, barato. Y así, más adelante, los ofrecen en el mercado o ellos mismos los explotan comercialmente.

La sociedad Caval, según lo expresó ese medio de prensa, estaba recién constituida y contaba con un exiguo capital de 6 millones de pesos y por estas circunstancias los bancos Santander, Scotiabank y BCI no habían aceptado la solicitud del crédito. Según las reglamentaciones internas de estas 3 instituciones financieras no aceptan cursar créditos a las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEP), ello pues el hijo de la Presidenta se desempeña con un cargo ad honorem en el palacio de La Moneda.

En cambio, el pragmático Banco de Chile optó por entregarles el dinero solicitado -$ 6.500.000.000-  con una tasa de interés fija de UF más 5,33% anual, capital que se pagará en una sola cuota dejándose en garantía hipotecaria los terrenos adquiridos cuyas valoraciones subirán en un alto porcentaje tan pronto el Seremi de Vivienda y Urbanismo apruebe las modificaciones al uso de suelo de esos predios hoy día rurales.

Con su proceder, el Banco de Chile apostó a que el cambio en el Plan Regulador se iba a producir, es decir, procedió con un ímpetu riesgoso. Ante esta posibilidad, la astuta sociedad Caval recientemente firmó una promesa de compraventa por esos predios asignándoseles un precio de $ 9.500.000.000, ya que el comprador los utilizará para diversos proyectos inmobiliarios siempre y cuando el mencionado Seremi no se ponga “tramitador” con la necesaria modificación ad portas del uso del suelo.

Los 3 predios eran de una conocida familia de la VI Región y nos llama la atención el porqué sus anteriores dueños no hicieron ellos mismos el lucrativo negocio que en la actualidad lleva a cabo la nuera de Bachelet. Los terrenos ya están inscritos a nombre de Caval en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua y los actores intervinientes están a la espera de la resolución del Seremi de Vivienda y Urbanismo para que la promesa de compraventa se transforme en una escritura pública definitiva, fecha en la que se producirá la no despreciable ganancia de $ 3.000.000.000 para la suertuda sociedad Caval. Estamos hablando de una oportuna pasada de unos cuantos millones de dólares prácticamente “sin que se movieran de sus escritorios” los dueños de la misma.

Ahora bien, nos hemos referido a esta atractiva transacción comercial que generará una pingüe utilidad exclusivamente a privados bien relacionados con un banco porque la Fundación Defendamos la Ciudad desde hace muchos años está insistiendo para que el Congreso Nacional apruebe una legislación asociada a la captura parcial de las plusvalías por parte del Estado en las ocasiones en que los particulares obtienen ganancias con los cambios de uso de suelo, como por ejemplo en el caso de Machalí, y con las modificaciones que hacen más permisivas las normas urbanísticas que se reflejan en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales.

Hay un proyecto de ley en este sentido elaborado por el Minvu, cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle ejercía el cargo de presidente de la República, ya que en ese Gobierno se intentó poner coto a la injusticia de que solo los actores particulares obtengan sustanciosas ganancias patrimoniales con las decisiones que adoptan las autoridades públicas y ya sabemos que en muchas ocasiones las anteriores proceden de acuerdo a los intereses de sus mecenas. En esa iniciativa se contemplaba que una parte de la plusvalía de los terrenos iba al Estado para que éste los invirtiera en obras del bien general en las ciudades.

Sin ir más lejos, hace un año se benefició a ciertas personas jurídicas y naturales que transformaron, entre todas, 10.000 hectáreas rurales situadas en 8 comunas periféricas de la Región Metropolitana en urbanas, es decir, idóneas para los negocios inmobiliarios y hace unos 6 años gracias a una benevolente resolución de la Municipalidad de Las Condes, la pía Universidad de Los Andes, regida por la sabiduría religiosa del Opus Dei, obtuvo en el borde de la cota 1.000 en esa comuna, un cambio en las reglas del juego urbanístico con el cual pudo construir la edificación de su Escuela de Medicina con la altura requerida por el mandante.

Ejemplos de este tipo hay miles y por ello lo que está haciendo la nuera de Bachelet es aprovecharse de una situación de inequidad territorial amparada por todos los gobiernos. Lo importante ahora es terminar con estos abusos permitidos por los que mandan y por ello veremos si el Gobierno actual se atreve a tomar el toro por las astas y recupera el proyecto de ley que hemos aludido, el que se encuentra guardado hace 16 años en alguna oscura oficina del Congreso Nacional en Valparaíso y cuyos detalles los conoce muy bien el senador PS Carlos Montes.

Comentarios del artículo: Terrenos rurales de la nuera de Bachelet - Publicado: a las 11:24 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 28/01/2015

Parque San Borja bajo el autoritarismo municipal

Creemos que el distinguido escultor Irarrázabal vería con buenos ojos que existiera un democrático y amplio proceso de participación ciudadana para darle vida sustentable a su proyecto y por ello esperamos que Carolina Tohá recapacite.

En el artículo 5.2.3.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) se listan los nombres de los parques que existen en esta región y uno de ellos, en la comuna de Santiago, es el Parque San Borja, área verde de uso público que puede ser intervenido con actividades recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y turismo al aire libre con instalaciones bastante restrictivas en cuanto a la ocupación del suelo y coeficiente de constructibilidad.

Este parque forma parte de la Remodelación San Borja, proyecto urbano de óptima calidad, con diferentes equipamientos, originado en 1968 consistente en 25 torres habitacionales cuya construcción se inició en el gobierno de Eduardo Frei Montalva bajo el patrocinio de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), organismo público inexistente en el actual Chile neoliberal. Esta área verde que cuenta con un cierre perimetral metálico está localizada entre las calles Carabineros de Chile, en donde se sitúa la parroquia San Francisco de Borja, Marcoleta, Barón Pierre de Coubertin y Jaime Eyzaguirre.

Tal urbanización buscaba privilegiar el espacio público y las áreas verdes comunitarias. El gobierno de Francia le donó al gobierno de Chile para esta Remodelación una central (COSSBO) de agua potable y calefacción, servicios de calidad que reciben los moradores de las torres a bajo precio. Recordamos que un terreno definido como área verde, localizado en la esquina sur-oriente de las calles Carabineros de Chile y Dr. Ramón Corvalán, de propiedad del Serviu, le fue vendido por éste en el año  2.000 en una insignificante suma de dinero a una constructora para fines inmobiliarios, ello a pesar de que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) no permitía desafectar las áreas verdes. En la actualidad en esa esquina existe una nueva torre habitacional.

Creemos que el distinguido escultor Irarrázabal vería con buenos ojos que existiera un democrático y amplio proceso de participación ciudadana para darle vida sustentable a su proyecto y por ello esperamos que Carolina Tohá recapacite.

Ahora bien, en el marco de los acalorados intercambios de opinión sobre la remodelación de la Plaza de Armas de Santiago, se origina una nueva disputa por el espacio público por maniobras ejercidas por Carolina Tohá. El conflicto tiene lugar en uno de los más bellos lugares de la capital, en el parque que hemos aludido y con una mínima participación ciudadana, posiblemente porque ya estaba decidido al interior del municipio lo que se quería introducir en esa área verde.

Hoy los vecinos están en desacuerdo con la decisión municipal y por ello se han organizado porque no aceptan que el escultor Mario Irarrázabal decida cómo almacenará sus 238 esculturas de diferentes tamaños en el subsuelo y a nivel natural del parque y no comprenden la debilidad demostrada por la alcaldesa que consintió en breve período de tiempo esa curiosa imposición. Es más, dicho artista no acepta que en el parque existan obras de sus colegas, luego demanda exclusividad absoluta lo cual, por decir lo menos, consideramos un tanto pretencioso.

Tohá estableció como condición sine qua non que el espacio público que ocuparían las esculturas bajo la modalidad de comodato mutuo por 25 años debía estar administrado por una comisión conformada por el Centro Cultural Gabriela Mistral, la Pontificia Universidad Católica y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, tres instituciones situadas cerca del parque. Las esculturas, según los vecinos, son reproducciones de las originales y como los materiales de la mayoría de ellas no resisten las inclemencias de la intemperie se alojarán en un denominado museo humano bajo el suelo.

El municipio llamó a un concurso público para licitar el proyecto, acudiendo 47 oficinas de arquitectos y dentro de las bases se fijó que se seleccionarían 5 para desarrollar el anteproyecto y conforme a ciertos parámetros se eligió al ganador que resultó ser una oficina chilena-española   entregándosele un premio de UF 1.000 donado por el Gobierno Regional Metropolitano. El conocido e influyente escultor quedó muy satisfecho con los distintos cambios en el parque decididos por la oficina ganadora del proyecto porque así se le daba mayor realce al lugar en donde estarán sus esculturas.

Hoy en día el parque San Borja es un área verde totalmente materializada como tal, con unos 150 árboles nativos con gran follaje y algunos arbustos, teniéndose en cuenta  que la frondosidad de esas especies es la que captura el dióxido de carbono y expele oxígeno, es decir, estamos en un espacio urbano que brinda servicios ambientales de calidad al vecindario.

En la época de la dictadura se perdieron muchas áreas verdes públicas y en los últimos años, la remodelación San Borja, ha estado en la mira de diversos organismos por el deterioro de sus alrededores, los cuales buscan su intervención con fines privados, lo que hasta ahora no ha sido posible por la férrea unidad vecinal, mezcla de generaciones de vecinos que la habitan desde los años 70, en conjunto con una nueva generación de jóvenes profesionales. Ellos están siendo pioneros en defender ésta pulmón verde por poseer cualidades de barrio, condiciones de habitabilidad y cercanía con centros de servicios únicos en Santiago.

En orden de hacer valer su derecho a la participación ciudadana, los vecinos insisten en que este proyecto se lleve a cabo en un ambiente de colaboración entre entidades municipales, arquitectos interesados y una mesa de representantes de la propia Remodelación, de manera que el proyecto final mejore respetuosamente las falencias del parque, valore y potencie las condiciones actuales reconociendo el valor histórico y social que se mezcla en el ya mencionado sector.

Para ello, un grupo organizado de vecinos, en conjunto con su respectiva Junta Vecinal que los representa, han estado solicitándole una entrevista a la alcaldesa Tohá para plantearle sus puntos de vista respecto del proyecto, pero dicha autoridad municipal se ha negado sistemáticamente a recibirlos y es más, en un comportamiento casi patológico de animadversión hacia la comunidad, en las ocasiones en que han pedido la palabra en algunas sesiones de los concejos municipales, los guardias pretorianos les han impedido expresar sus opiniones.

Creemos que el distinguido escultor Irarrázabal vería con buenos ojos que existiera un democrático y amplio proceso de participación ciudadana para darle vida sustentable a su proyecto y por ello esperamos que Carolina Tohá recapacite y, como experta política que es, tenga la gentiliza de mantener más adelante una fluida relación con sus vecinos y electores.

Comentarios del artículo: Parque San Borja bajo el autoritarismo municipal - Publicado: a las 9:10 am

Etiquetas: , , , , , , , , » Publicado: 19/01/2015

Penta financista de la UDI

La ley electoral fue hecha a la medida de los financistas que aportaban a sus “regalones”, preferentemente disciplinados miembros de la UDI. Y si éste es el partido político que tiene la mayor cantidad de parlamentarios, cabe preguntarse si esto es consecuencia directa de las platas que giraba Penta a sus dóciles candidatos.

En el sistema económico neoliberal al extremo vigente en Chile, el cual genera inmensa desigualdad en los ingresos, en donde los más poderosos que representan al 1% de la población del país, hacen lo que desean, ciertos grupos de poder, originados en el período de la dictadura militar, han estado financiando desde hace mucho tiempo a quienes ellos han elegido para que sean sus diputados, senadores e incluso alcaldes en municipalidades consideradas estratégicas.

En la selección de los favorecidos primaba la ideología y la confianza mutua y esta insana práctica fue posible porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) no tiene la suficiente dotación de fiscalizadores y porque la ley electoral fue hecha a la medida de los financistas que aportaban a sus regalones, preferentemente disciplinados miembros de la UDI.

Según la prensa, el mediático caso Penta se conoció porque un fallecido operador de contactos de apellido Valdivia, suponemos que arrepentido de sus malévolas actuaciones, habló hasta por los codos respecto de sus malabares con un funcionario del SII que tenía libre acceso al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), guarida utilizada por los que más tienen. El escándalo también se destapó porque el hombre de confianza de los dueños de este  holding de empresas (Hugo Bravo), al no recibir la jugosa indemnización que solicitaba, después de que se le pidiera la renuncia, también se puso tan lenguaraz como el anterior.

Entre los dos dieron a conocer inicialmente al SII y luego a los fiscales del Ministerio Público las evasivas y elusivas prácticas tributarias con las cuales Penta y sus compañías asociadas tenían estupendos resultados en sus balances anuales.

El mercado de valores le rendía pleitesía a Penta y sus mandamases -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- eran reconocidos como ingeniosos inversionistas de alto vuelo en las páginas económicas de los diarios y en los salones de moda del sector oriente de Santiago, en donde se discuten los temas de las reformas que el actual Gobierno está impulsando. En la muy privada Universidad del Desarrollo (UDD) eran recibidos con honores.

Bravo era el obediente mensajero de Délano y Lavín y él era quien entregaba el dinero a quienes era necesario apuntalar para que fueran elegidos parlamentarios. En tal sentido, Penta procedía con rigor en las ocasiones que giraba los morlacos. No todos los políticos de la UDI eran pedigüeños y hasta donde sabemos, los candidatos de RN, a excepción de uno, tampoco recurrían a este emergente conglomerado financiero.

Aquellos dos mecenas le dieron dinero a Pablo Longueira  y cuando éste se tuvo que retirar de la contienda electoral, le entregaron unos cuantos milloncitos a Laurence Golborne,  candidato que tenía que competir por una senaduría con Manuel José Ossandón a quien consideran muy chúcaro. Asimismo le giraron billetes a Pablo Zalaquett para que venciera a Andrés Allamand el que, por sus características de viejo político, no brindaba seguridades en orden a que votaría los proyectos de leyes conforme lo decidía dicha empresa.

Por la circunscripción poniente, en la Región Metropolitana, por la Concertación competían Alberto Undurraga y Guido Girardi y como había que atajar a este último, al que se le considera muy izquierdista, a través de un tercero que actuó como intermediario, Penta le pasó una cierta suma de dinero a una fundación creada por el actual ministro de OOPP, por un serio análisis de una situación determinada que tal empresa quería conocer. Pero últimamente quienes pagaron tal estudio lo han menospreciado sin saber, quien firma este opúsculo, con qué propósito.

Iván Moreira no se relacionaba directamente con los dueños del holding, pero como había que impedir la elección de la dupla Quinteros-Ascencio en el sur, el disciplinado Hugo Bravo, a instancias de sus jefes, se entendía con el suplicante candidato.

Ena von Baer era pedigüeña, pero después de la elección porque tenía muchas deudas y reconoció que fue un “error involuntario” enviar el correo electrónico divulgado sobre todo en Twitter. Al “coronel” Jovino Novoa lo echaron al agua sus secretarias de confianza y por tener ya 70 años de vida se retiró del estudio jurídico que compartía con algunos colegas.

El competente economista Andrés Velasco recibió 20 millones de pesos porque en el almuerzo al que fue invitado por estos inversionistas les explicó personalmente ciertas cuestiones técnicas que él maneja con fruición, asunto que le está complicando la vida al ex ministro de Hacienda de Bachelet.

En síntesis, si no hubiera sido por el difunto Valdivia, nunca se habría conocido este interesante modus operandi para obtener más altas rentabilidades en los negocios y si la UDI es el partido político que tiene la mayor cantidad de parlamentarios sería necesario preguntarse si ello es consecuencia directa de las platas que giraba Penta a sus dóciles candidatos.

Comentarios del artículo: Penta financista de la UDI - Publicado: a las 10:54 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 26/12/2014

¿Demolerán el colegio que gestionaban los Parisi en La Reina?

Tras una ingeniosa y lucrativa negociación, una constructora está aprestándose a eliminar de la faz de la tierra el colegio Las Américas, para instalar en el terreno 7 torres habitacionales con 316 departamentos y 365 departamentos.

El Club de la República, corporación sin fines de lucro, relacionada con la Gran Logia Masónica de Chile, en el año 2000 le había comprado, después de una licitación pública, a la Municipalidad de La Reina un terreno de 14.000 m2 situado en la esquina de la Avenida Larraín con la calle María Monvel, el que, a su  vez, le había sido donado a ese municipio por el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. Esta cesión gratuita era una especie de contraprestación por la asignación de normas urbanísticas en el Plan Regulador Comunal (PRC) a otros predios que tenía esta rama de la FFAA en esa comuna.

Hace poco tiempo atrás, como un reconocimiento a la labor de bien público desplegada por el arquitecto Fernando Castillo Velasco, el Concejo Municipal de La Reina le cambió el nombre a la Avenida Larraín designándola con el nombre del prestigioso ex alcalde y ex intendente de la Región Metropolitana de Santiago.

Dicho terreno, originado por un loteo recibido oficialmente por la Dirección de Obras de La Reina, formaba parte de la “Aldea del Encuentro”, proyecto urbano con énfasis en el desarrollo social, concebido por el arquitecto Castillo Velasco. Tal predio, inserto en dicha “Aldea”, se rige por los usos establecidos en las bases de la licitación que son equipamiento comunitario y áreas verdes. Por lo tanto, en la escritura de compraventa suscrita por la municipalidad y el Club de la República se señaló que el terreno era específicamente para la construcción de un colegio, un centro médico, un hogar de ancianos y oficinas relacionadas con ese proyecto, explicitándose que el nuevo dueño, si más adelante vendía el predio, tenía que traspasarlo para los mismos fines, incorporándose en la escritura firmada las Bases de la Licitación Pública.

El 25 de junio de 2014 los directivos del Club de la República le vendieron el terreno, en UF 125.000 a unos arquitectos que días antes, es decir, cuando no eran dueños del predio, habían obtenido de parte de la Dirección de Obras de La Reina una resolución de anteproyecto para construir ahí un conjunto habitacional. Y el mismo 25 de junio, esos arquitectos le vendieron el terreno en UF 165.000 a una constructora. En pocas horas, los vendedores lograron una ganancia de UF 40.000 (casi mil millones de pesos) sin moverse de sus escritorios.

La persona jurídica compradora del terreno le pagó al municipio una suma del orden de las UF 80.000 y acto seguido construyó el colegio Las Américas, gestionado inicialmente por la propia Logia. En seguida se lo arrendaron a una sociedad denominada Inversiones Palermo de los hermanos Franco y Antonino Parisi, ambos economistas que se hicieron conocidos por sus llamativas y simpáticas intervenciones en un canal de televisión. El primero, antes de ser nombrado candidato presidencial, fue decano subrogante de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

Pero esta relación comercial se rompió en el año 2011 porque la rentabilidad del negocio, por distintos factores, no era la esperada por sus administradores y como las desavenencias entre el arrendador y el arrendatario iban subiendo de tono, las partes recurrieron a los tribunales de justicia haciendo valer sus particulares puntos de vista. A raíz de esta pelea, el colegio se cerró y las aspiraciones presidenciales del candidato Parisi tuvieron un resultado menos que regular.

El 25 de junio de 2014 los directivos del Club de la República le vendieron el terreno, en donde se emplaza el colegio Las Américas, en UF 125.000 a unos arquitectos que días antes, es decir, cuando no eran dueños del predio, habían obtenido de parte de la Dirección de Obras de La Reina una resolución de anteproyecto para construir ahí un conjunto armónico consistente en 7 torres habitacionales con 316 departamentos y 365 departamentos, lo que significaba la pronta demolición del colegio. Sorprendentemente, en la escritura respectiva no se traspasó el modo relativo al destino y objetivo asignado al predio por el municipio en la transacción original con el Club de la República.

Como vemos, hubo un sintomático “error administrativo”, de los miles que se conocen en este ámbito de materias, gracias al cual esos arquitectos le vendieron el terreno en UF 165.000, el mismo día 25 de junio, a una constructora para que ésta levantara los mencionados 7 edificios residenciales. De pasada, en unas pocas horas de ese glorioso día 25 de junio, los vendedores lograron una ganancia de UF 40.000 (casi mil millones de pesos) sin moverse de sus escritorios.

La pregunta que ahora surge, a la luz de esta ingeniosa y lucrativa negociación, es qué sucederá con las expresas disposiciones contenidas en el Acuerdo Nº 638 del 28 de septiembre de 1999 del Concejo Municipal de La Reina, en el cual se fijó que en la enajenación del terreno en subasta pública se contemplarán solo obras destinadas a equipamientos, acorde con el proyecto “Aldea del Encuentro”. En este solemne acto municipal no se admitían en este terreno edificaciones residenciales como las que ahora se intentan construir.

Recordemos que el colegio Las Américas tiene solo 10 años de vida, se encuentra en un excelente estado de conservación y como se indica en una reciente Declaración Pública en contra de la demolición ad portas, firmada por el alcalde Raúl Donckaster y los 8 concejales, ahí podrían estudiar 1.000 alumnos.

Hoy en día, según informan los vecinos inmediatos al colegio, el perímetro del terreno en donde se localiza se encuentra totalmente cerrado con tableros de madera trupan y sobre ellos con malla rachel, para evitar el polvo de la posible demolición. Se nota que la constructora está aprestándose a eliminarlo de la faz de la tierra y por ello veremos si el municipio, con la celeridad que requiere la urgencia, adopta la decisión que le corresponde porque en las sucesivas transferencias del predio se ha vulnerado la cláusula modal que hemos mencionado.

Comentarios del artículo: ¿Demolerán el colegio que gestionaban los Parisi en La Reina? - Publicado: a las 1:00 pm

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 11/11/2014

Nunca más la lacra del secreto en materias de ciudad

Las municipalidades están obligadas a entregar los documentos que los ciudadanos deseen conocer, de acuerdo al artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero si alguna díscola insiste en no ceñirse al marco regulatorio cada requirente debe interponer un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Mientras más se sepa en este orden de materias, forzosamente se reducen los espacios que posibilitan la corrupción.

En Chile siempre ha existido la cultura del secretismo, pero en los últimos años las cosas están cambiando para mejor como consecuencia del dictamen Nº 49.883 emitido en octubre del año 2004 por la Contraloría General de la República.

El clarificador texto del ente fiscalizador fue recogido por los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jame Gazmuri (PS), para elaborar el proyecto de ley que limita fuertemente la indebida práctica de la reserva por parte de quienes ejercen el poder político. Gracias a ellos existe la Ley Nº 20.285, de transparencia y de libre acceso a la información pública, vigente desde agosto de 2008.

Con este instrumento, la ciudadanía tiene óptimas herramientas para conocer los actos de los funcionarios de la  Administración del Estado, pero como en materia de Vivienda y Urbanismo las Direcciones de Obras de las municipalidades que hay en el país, muchas veces en connivencia con los alcaldes y directores jurídicos de las mismas, tienen la tendencia de poner cortapisas a las solicitudes que se les formulan, casi siempre aludiendo a que los titulares de los proyectos inmobiliarios, estén aprobados o que se encuentren en trámite, además tienen la potestad para decidir si algún documento puede ser conocido por terceros investigadores.

En tal sentido, es sumamente conveniente que la población conozca en toda su dimensión el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), reglamentación anterior a la Ley de Transparencia, pues haciendo valer lo que ordena a las 345  municipalidades que hay en las 15 regiones del país, todas ellas están obligadas a entregar los documentos que los ciudadanos deseen conocer. Así de simple.

¿Qué dice este cuerpo normativo urbano?

“Las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona, de acuerdo con el principio de probidad y los artículos 11 bis. y 11 ter. de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

 Los documentos a que se refiere el inciso anterior serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas.

Las copias solicitadas serán de cargo del requirente, sin perjuicio de los derechos municipales que correspondan.”

Ahora bien, si alguna municipalidad díscola insiste en no ceñirse al marco regulatorio, cada requirente debe interponer un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia,  con todas las facilidades existentes para tal propósito y con la certeza absoluta de que este órgano público obligará a la municipalidad desobediente a que suministre al interesado la documentación que desee conocer. Mientras más se sepa en este orden de materias, forzosamente se reducen los espacios que posibilitan la corrupción y por ello la ciudadanía tiene que utilizar el mencionado artículo 1.1.7 de la OGUC.

Y si detecta que un permiso está viciado, el Director de Obras Municipales deberá invalidar ese acto ilegal, conforme a lo ordenado en el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 2 años contados desde la emisión del mismo. Ello, ya que en presencia de un acto irregular, a la autoridad no solo le asiste la facultad sino que se encuentra en el imperativo de invalidar sus actos contrarios a derecho, tal como se señala en dictamen Nº 5188 del 23/09/09 emitido por la delegación en Valparaíso de la Contraloría General de la República, el que alude al dictamen Nº 53.146 de 2005, los que recogen la jurisprudencia del dictamen Nº 8.099 de 1973.

A pesar de lo anterior, sabemos que el contralor Ramiro Mendoza sostiene una teoría distinta, más benevolente con los actores inmobiliarios, ya que él dice que, ante la detección de actuaciones ilegales, a todo evento prima la buena fe (sic) del sector privado. Claro que en esta disyuntiva, serán otros los que deberán resolver. Nosotros por lo menos, que conocemos bien cómo funciona el mercado, no nos tragamos eso de la “buena fe”.

Comentarios del artículo: Nunca más la lacra del secreto en materias de ciudad - Publicado: a las 9:32 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 30/10/2014

Pretenden eliminar un parque en Vitacura

La Municipalidad de Vitacura todavía no acepta la propuesta de los vecinos para soterrar la nueva vialidad y así conservar el parque formado entre La Aurora y Padre Hurtado. Pero todo indica que en este tema deberán intervenir instancias de rango superior.

Existe en una extensión de casi 2 kilómetros, con un ancho promedio de 80 metros, entre las calles La Aurora y Padre Hurtado, comuna de Vitacura, un parque consolidado como efectiva área verde de recreación y esparcimiento gracias a las UF 9.000 entregadas oportunamente, como mitigación, a la municipalidad por la constructora Viviendas 2000. Esta empresa edificó hace algunos años, en predios baldíos que supuestamente formaban parte de la cuenca del río Mapocho, unos conjuntos residenciales en altura de excelente calidad enfrente de la avenida Escrivá de Balaguer, colindante esta vía con la ribera sur del mencionado río.

Los vecinos han incorporado a su patrimonio esa magnífica área verde y se resisten a perderla porque se intenta ensanchar esa vialidad, a costa del parque, para absorber los nuevos flujos que provendrían de unos cuantos negocios inmobiliarios que están en compás de espera.

La mayoría del Concejo Municipal, conformado por 8 concejales, con el alcalde Raúl Torrealba a la cabeza, asistidos por entendidos contratados, desean construir a la brevedad 3 puentes para conectar ambas zonas y así transformar esa tranquila calzada en una vía ruidosa y de alta velocidad. Dos concejales, Rodolfo Terrazas y Ricardo Moena, de una u otra manera han escuchado a los vecinos y promueven una participación ciudadana de verdad, tal como está establecido en la Ley Nº 20.500.

Recordemos que las riberas y la caja del río Mapocho en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994, son áreas verdes (bienes nacionales de uso público) cuyos limitados usos están reseñados en el artículo 5.2.2 de ese instrumento normativo urbano. Este parque discurre por 12 comunas desde Lo Barnechea hasta Maipú y las comunas de Providencia y Santiago son las que más se han preocupado para resaltar su recorrido, no desmereciendo por cierto lo que ha hecho en los últimos años la comuna de Vitacura.

La municipalidad de Vitacura se escindió de la municipalidad de Las Condes en el año 1992 y su primer Plan Regulador Comunal (PRC) entró en vigencia en diciembre de 1999. Mientras no existió su propio PRC, en las zonas urbanizables situadas al norte del río, los propietarios de esos terrenos podían acogerse al artículo 3º transitorio del PRMS que definía unos subcentros geográficos que detallaban en algunos cuadros las normas técnicas aplicables en la medida de que los nuevos proyectos no se opusieran a la intensidad de utilización del suelo metropolitano consignado en el título 4º del PRMS y a las restricciones establecidas en el artículo 3.3.2.2 del mismo instrumento respecto a los terrenos en pendiente.

El cerro Alvarado, localizado en ese sector es un cerro isla, es decir, es un área verde en el “Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación” del PRMS, pero gracias a la “buena voluntad” de un ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, se estableció que sólo su cima, definida por la cota 900 msnm, es área verde. Por ello los dueños de sus laderas, tipificadas como parcelas, solicitaron 2 permisos de loteos bajo los cánones técnicos vigentes entre los años 1995 y 1997, es decir, como vemos, acogiéndose a las normas señaladas en el párrafo anterior y sin ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sin contar con el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano  (EISTU). No está demás decir que las quebradas del cerro, por razones obvias, están protegidas.

Hubo un primer permiso de edificación cursado en el año 1995 para 6 torres habitacionales, el cual un año después fue ampliado para nuevos conjuntos de edificios en altura, los que se fueron construyendo de a poco con el propósito de no saturar el mercado de los departamentos de lujo. Para mantener la vigencia de una seguidilla de permisos posteriores, ya que caducan a los 3 años si no se inician las obras,  a través de ardides se mantenía la vigencia de los mismos. En razón de las ilegalidades detectadas, la fundación Defendamos la Ciudad recurrió ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la idea de que esta función del gobierno central exigiera el cumplimiento de la ley. La funcionaria que ejercía ese cargo contestó en el año 2005 que la tramitación de la Dirección de Obras de Vitacura para todos los permisos estaba “impecable” (sic).

Como sabíamos que esa respuesta era mendaz, en breve plazo recurrimos a la Contraloría General de la República para que ésta ordenara la casa y así fue. En efecto, el 21/08/06 vía dictamen Nº 38824, el ente fiscalizador declaró la ilegalidad de los permisos por una serie de motivos, partiendo por la improcedencia de mantener vigentes permisos ya caducados. Entre otras cosas dijo “……con relación a las transgresiones detectadas al ordenamiento jurídico………cabe precisar que atendido el tiempo transcurrido y el estado de las construcciones, no corresponde el ejercicio de la potestad invalidatoria …………. ya que el artículo 53 de la Ley Nº 19.880 establece que la invalidación de un acto administrativo debe efectuarse dentro de los 2 años, contados desde la publicación o notificación del mismo, lo que no obsta a que los interesados puedan ejercer las acciones judiciales que estimen pertinentes”.

La fundación Defendamos la Ciudad no interpuso ninguna acción en los tribunales y en la actualidad se siguen edificando torres en ese ex cerro isla, pero sí supimos que en el año 2010 un grupo de compradores de esos suntuosos departamentos iniciaron un juicio contra la empresa vendedora por incumplimiento del contrato: pedían una indemnización de unos cuantos millones de dólares. Como no nos interesa ese asunto, desconocemos el resultado de ese litigio.

¿Por qué hemos expresado lo anterior?

Por la sencilla razón de que estos innumerables proyectos de edificios, de alta carga de ocupación, más otros tantos similares situados más al norte, en terrenos planos en el sector de El Portezuelo, incluyendo un mall top, acogidos todos éstos a las normas del PRC de Vitacura, necesitan nuevas vialidades. Pero éstas son imposibles de ejecutarse por falta de espacio, al costado de la autopista Costanera Norte, la que técnicamente no puede aceptar los flujos derivados de tales megaproyectos. Por ello sus agresivos titulares presionan al municipio para que les resuelva el inconveniente del tránsito vehicular.

Los inmobiliarios del cerro Alvarado insisten en conservar las normas urbanísticas muy permisivas de hace 18 años, a pesar de que los permisos y sus modificaciones ya caducaron y no sabemos si la actual Directora de Obras Municipales exigirá el cumplimiento del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que trata esta materia. Si se aplica la ley se descomprime la compulsión, aunque se reduce en un cierto porcentaje la rentabilidad de la inversión privada.

En este complejo escenario, la Municipalidad de Vitacura todavía no acepta la propuesta de los vecinos para soterrar la nueva vialidad, tal como está proyectada la concesionada autopista Américo Vespucio Norte, en el tramo de Vitacura y Las Condes, o bien ejecutarla, como ellos lo han propuesto, ocupando un reducido espacio en terraplén de la caja del río. Claro que lo más barato es prescindir del parque, ensanchando la avenida existente, aunque esta decisión perjudique para siempre a una comunidad que se encariñó con su apacible barrio dotado de un parque que entrega servicios ambientales y que fue desarrollado por competentes paisajistas.

Como esta discrepancia posiblemente se mantendrá, ¿será necesario que otras instancias de superior rango intervengan para que finalmente prime la racionalidad? Creemos que sí.

Comentarios del artículo: Pretenden eliminar un parque en Vitacura - Publicado: a las 9:29 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 14/10/2014

Una fórmula para incumplir un dictamen de la Contraloría

La construcción de un edificio de 13 pisos de Inmobiliaria Monjitas S.A. en Santiago es un reflejo de cómo en nuestro país las instituciones no funcionan. Por eso le encontramos toda la razón al contralor Ramiro Mendoza, cuando despotricó en contra de las pillerías que la administración del Estado comete para violar las leyes y los reglamentos.

Todos sabemos que los dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR) tienen fuerza obligatoria para los distintos servicios de la Administración del Estado conforme a lo establecido en la Constitución y en su propia Ley Orgánica en donde se instituye su autonomía. “Este organismo superior tiene como misión garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección y debido uso del patrimonio público, la preservación y fortalecimiento de la probidad y la fidelidad y transparencia de la información financiera, finalidades que deben lograrse con un alto nivel de excelencia”, reza en su documento denominado “Doctrina Institucional”.

En razón a que somos promotores del sistema de libre mercado, con actores que se desenvuelvan en igualdad de condiciones y con instituciones públicas que ejerzan oportuna y efectivamente sus atribuciones para que así funcionen correctamente los mercados, damos a conocer a continuación un caso que nos molesta sobremanera.

La Inmobiliaria Monjitas S.A. había solicitado a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago un permiso de edificación para construir una torre de oficinas de 13 pisos, con 107 estacionamientos, sobre un terreno de 2.034 m2 de propiedad de la Compañía de Seguros de Vida BICE S.A., predio que enfrenta las calles Monjitas y Miraflores, manzana en donde se localiza, por la calle Miraflores, el Monumento Histórico Colegio de Enfermeras de Chile. El 31 de enero de 2013 el arquitecto titular de esa oficina municipal le formula diversas objeciones a dicha solicitud.

La más importante de las observaciones al proyecto dice relación con la vigencia del artículo 27º del Plan Regulador Comunal (PRC) que limita la altura de los nuevos edificios a construirse en esa manzana a la que tiene el mencionado Monumento Histórico. Esta edificación patrimonial tiene una altura de 8,81 metros, que equivalen a unos 3 pisos, y para que la inmobiliaria supiera a qué atenerse con respecto a su futura inversión, Miguel Saavedra, Director de Obras, le dio a conocer el dictamen Nº 63.433 del 13/11/09 emitido por la CGR en el cual, contestando una consulta de la Cámara Chilena de la Construcción, dejó establecido que tiene plena validez la restricción de altura antes aludida.

Pero por estas cosas curiosas que se producen en Chile en este ámbito de materias, el mismo Director de Obras Municipales, con fecha 05/06/13, aprueba a esa inmobiliaria el permiso Nº 15.346 “olvidándose”  de la prohibición contemplada en el PRC, convalidada por la CGR, aunque sí se señaló en ese acto administrativo que el predio está en la misma manzana de un Monumento Histórico, luego aludiendo al artículo 27º del PRC y hábilmente sin indicar el guarismo de los 13 pisos de altura considerada por la inmobiliaria.

Se inició la edificación y como los ruidos eran espantosos, los vecinos más perjudicados, entre enero y febrero de 2014, denunciaron la vulneración del artículo 27º del PRC Santiago en ese permiso, ya sea al Seremi de Vivienda y Urbanismo como a la CGR. El 24/06/14 el órgano fiscalizador emitió su dictamen Nº 46139 dirigido a Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago, informándole que acogió la reclamación de los vecinos y que, debido a la ilegalidad en comento, remitió los antecedentes a la Unidad de Sumarios del ente contralor, para que, mediante la instrucción de un procedimiento disciplinario, se establecieran las responsabilidades administrativas de los funcionarios que han intervenido en la tramitación del permiso.

Al hacer un recuento del proceso, se deduce que la municipalidad de Santiago y la avispada inmobiliaria, utilizaron al Poder Judicial para que el dictamen de la CGR no produjera sus efectos.

Por lo anterior, Myriam Troncoso, directora de Obras subrogante, con fecha 10/07/14, dictó la paralización de faenas en ese proyecto, lo cual trajo tranquilidad a los vecinos. Enseguida la administradora municipal, abogada Marcela Hales, presentó en la CGR una solicitud de reconsideración al dictamen, haciendo valer sin razón una disposición de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la misma que ya había sido desechada en el mencionado dictamen de la CGR.

En el intertanto, sin conocerse el resultado de la reconsideración elevada por la municipalidad a la Contraloría, la inmobiliaria a través del exitoso abogado y político  PPD, Samuel Donoso, interpuso un recurso de protección (rol 45.153-2014) en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Directora de Obras subrogante ya que ella, a pesar de que se ciñó a lo que había resuelto la Contraloría, habría actuado en forma ilegal y arbitraria, con lo cual se le está perjudicando.

En la tramitación del juicio, la municipalidad de Santiago siempre estuvo de acuerdo con los planteamientos de la inmobiliaria y ante tal fantasmagórico escenario, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 15/09/14 acogió favorablemente el recurso del demandante, quien en breve plazo reinició las obras truchas.

Como se comprenderá, la municipalidad no apeló y esa Corte no tuvo la más mínima amabilidad de consultarle su parecer a la Contraloría, con lo cual el categórico dictamen de la anterior quedó en nada y por ello le encontramos toda la razón al contralor Ramiro Mendoza, cuando en su exposición del 30/09/14 en la Pontificia Universidad Católica, despotricó en contra de las pillerías que la Administración del Estado comete para violar las leyes y los reglamentos.

Por lo anterior se deduce que la municipalidad de Santiago y la avispada inmobiliaria, utilizaron al Poder Judicial para que el dictamen de la CGR no produjera sus efectos. Lo lógico hubiera sido que esa inmobiliaria interpusiera un recurso judicial en contra del ente fiscalizador para que así éste, en el litigio, expresara con argumentos 100% legales lo que ya ha dicho en sus innumerables dictámenes acerca del artículo 27º del PRC Santiago.

En resumen, se evidencia una vez más que en nuestro país las instituciones no pueden funcionar y la demostración de ello se constata en esta columna.

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Etiquetas: , , , » Publicado: 07/10/2014

El día de furia del contralor

En su agitada charla, el contralor no se molestó en criticar los reiterados abusos y malas prácticas de actores poderosos del sector privado, ni de la corrupta industria inmobiliaria. En 6 meses más dejará su cargo de contralor, y en un futuro lo podríamos tener legislando en la Cámara Alta.

Para el martes 30 de septiembre a las 10,00 horas, según la agenda del Contralor Ramiro Mendoza publicada en la página web respectiva, estaba prevista una clase magistral dictada por él dentro de un Congreso Interuniversitario sobre Derecho Constitucional. Después de su agitada intervención supimos que tal exposición se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica porque así quedó refrendado en una sabrosa crónica publicada el día siguiente en el diario La Segunda, teniéndose en cuenta que el periodista que la redactó era uno de los tantos asistentes a tal acto académico.

Mendoza, un competente y entretenido profesor universitario de Derecho Administrativo en esa universidad privada con “vocación pública”, como les gusta decir a algunos interesados, las emprendió en contra de diversos servicios de la Administración del Estado describiendo sus falencias.

Mendoza, un competente y entretenido profesor universitario de Derecho Administrativo en esa universidad privada con “vocación pública”, como les gusta decir a algunos interesados, las emprendió en contra de diversos servicios de la Administración del Estado describiendo sus falencias, las que, más otras tantas, conocemos muy bien y por ello sostenemos que tenía razón para despotricar dejando en evidencia sus debilidades. Dentro de las variadas funciones de la Contraloría debe exigir el apego a la ley de los actos administrativos y nos consta que en esta materia tenemos un tremendo déficit.

En su charla este discípulo del abogado híper conservador Eduardo Soto Kloss, se apoyó en unas cuantas láminas que enfatizaban el interés de ese órgano fiscalizador en atacar la corrupción con la idea de rescatar la confianza en las instituciones.

Tan alta autoridad pública fue criticada ácidamente por ministros y políticos de gobierno, los que consideraron impropios de su jerarquía sus arrebatados dichos. Mahmud Aleuy, en su condición de Ministro del Interior sustituto, esperaba una rectificación formal por parte de Mendoza y éste argumentó que ese medio de prensa los reprodujo sacándolo de contexto, repetida expresión que se utiliza para bajarle el perfil a un impasse determinado. También ciertos actores privados y políticos de oposición saludaron la meritoria valentía de Mendoza al poner en el tapete de la discusión el despelote reinante en el Gobierno.

El contralor también incursionó reprochando el fondo de algunas políticas públicas como el posible cambio de la Constitución, los sistemas de salud y previsión aventurando que el Gobierno desea re estatizar esos sectores y tampoco salió bien parado en su irascible perorata el propio Fiscal Nacional. Sostenemos que en estos aspectos fueron imprudentes sus comentarios, ya que él no puede calificar el mérito de las iniciativas del Poder Ejecutivo ni menos referirse en términos peyorativos del titular del Ministerio Público : Sabas Chahuán tuvo la agudeza de no responderle.

El contralor también incursionó reprochando el fondo de algunas políticas públicas como el posible cambio de la Constitución, los sistemas de salud y previsión aventurando que el Gobierno desea re estatizar esos sectores y tampoco salió bien parado en su irascible perorata el propio Fiscal Nacional. Sostenemos que en estos aspectos fueron imprudentes sus comentario.

Tenemos la impresión que Mendoza paulatinamente se fue envalentonando en su discurso porque su audiencia, alumnos mayoritariamente de derecha o reminiscentes pinochetistas, iban celebrando sus reproches a los otros servicios, pero se le pasó la mano cuando tuvo la osadía de mirar con inusitado desprecio al hijo de la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Suponemos que el Gobierno del país vecino no presentó ante nuestra Cancillería una seria nota de protesta porque consideró que Mendoza, siendo autónomo y autoridad terminal, en ningún caso representa al Estado de Chile.

Pero según las posteriores publicaciones en los medios, el contralor no se molestó en criticar los reiterados abusos y malas prácticas de actores poderosos del sector privado, comportamientos indeseables que ponen en tela de juicio al propio sistema económico de libre mercado y sería interesante saber por qué tuvo ese olvido. No habló de los pollos, de las famosas cascadas, de las farmacias y laboratorios, de la banca, de los Penta, de los aportes reservados, los que son secretos sólo para la ciudadanía, ya que los candidatos que los reciben sí conocen a sus mecenas.

Ni hablar de la corrupta industria inmobiliaria, la que siempre ha contado con su buena voluntad para seguir haciendo de las suyas a través de malabares interpretativos para obtener tratos de privilegio, con la falaz doctrina de la supuesta buena fe basada en el argumento de que los “errores” de la administración no pueden perjudicar los derechos adquiridos de los poseedores de permisos truchos.

Así, en estos años, hemos tenido innumerables hechos ilegales consumados, los que han garantizado la repetición de los mismos pues el sector de la construcción ha internalizado esta insana práctica y por ello aseveramos que en Chile reina la impunidad total en este tipo de negocios, los que hemos denunciado con publicidad desde hace mucho tiempo.

El ex senador PS Camilo Escalona es partidario de una acusación constitucional porque Mendoza no cumplió con su deber de velar por el principio de legalidad cuando criticó a entidades que su organismo controla, criterio que no compartimos porque sería darle mayor importancia a la polémica.

Lo óptimo es dar vuelta la hoja recordando a Mendoza como un locuaz e inteligente personaje público que, conociendo sus potestades, se dio el gusto de decir lo que pensaba sin importarle en lo más mínimo sus consecuencias.

En 6 meses más dejará su cargo de contralor y volverá a ejercer en el sector privado su profesión de abogado en uno de los tantos estudios jurídicos más conocidos. En una de esas, estimulado por políticos derechistas, podría ser un futuro candidato a senador y si lo fuera, gracias al sistema electoral, lo tendríamos próximamente legislando en la denominada Cámara Alta.

Comentarios del artículo: El día de furia del contralor - Publicado: a las 9:24 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 29/09/2014

Kidzania: Con ardides se hacen buenos negocios

Entretenciones Boetsch S.A. se las arregló para construir Kidzania en un predio municipal, no paga impuesto territorial y tampoco contó con una Resolución de Calificación Ambiental favorable antes del inicio de las faenas. Y del parque acuático original nunca más se supo.

El 19/08/11 la Fundación Defendamos la Ciudad se dirigió por escrito a Cecilia Pérez, intendenta Metropolitana, a Marisol Rojas, seremi de Vivienda y Urbanismo y a Jessica Mualim, seremi de Medio Ambiente, pues se tenía conocimiento de una intervención en una porción del Parque Araucano, comuna de Las Condes, cuyo uso de suelo es área verde en la cual solo se pueden desarrollar actividades recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y turismo al aire, usos que deben ser complementarios y compatibles, sin que pueden alterar su carácter de área verde, como su valor paisajístico.

Este tipo de construcciones, según el artículo 5.2.3.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), se deben adscribir a normas urbanísticas muy restrictivas.

El 15/09/11 respondió un funcionario de la Intendencia, indicando cuál era el procedimiento burocrático para dirigirse a esa oficina pública, por lo  tanto, sin hacerse cargo del tema de fondo. En el transcurso de ese mes respondió la seremi de Vivienda y Urbanismo señalando que la materia se iba a analizar y la seremi de Medio Ambiente no se molestó en contestar.

El 30/11/11, los presidentes de 6 Juntas de Vecinos de Las Condes impugnaron ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo la emisión del permiso de edificación Nº 4 del 19/01/10 cursado por la Dirección de Obras de esa comuna a favor de un privado para que construyera, bajo la modalidad de concesión, un parque acuático destinado a esparcimiento y turismo, es decir, respetándose el mencionado artículo del PRMS.

Más adelante, tanto la Fundación como las Juntas de Vecinos, denunciaron el hecho ante la Contraloría General de la República (CGR), la que el 08/05/13 decidió instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Las Condes debido a que el equipamiento construido presentaba diferencias significativas con el proyecto aprobado por la Dirección de Obras.

Digamos en todo caso que en la licitación pública para concesionar el terreno área verde se presentaron 3 empresas, 2 de la cuales eran del mismo actor interesado y el ganador fue aquella que ofreció el monto más alto -UTM 1.851 anual- a pagar al municipio.

Se hizo el sumario, con miles de horas/hombre trabajadas, y el 21/08/14 la CGR le dio a conocer al alcalde de Las Condes el resultado del mismo a través de su Resolución Exenta Nº 4429, sin enviársela a los denunciantes. Esta inusual omisión, como correspondía, se le representó oportunamente y por escrito al contralor Ramiro Mendoza.

La CGR en su mentada resolución, entre otras cosas, dijo en relación al proyecto “…las modificaciones de las que fue objeto lo alejan de tal manera de lo ofertado y adjudicado al momento de participar en la licitación pública, que en los hechos se ha configurado una vulneración a los principios de estricta sujeción a las bases administrativas y de igualdad de los participantes…” (sic). Sin embargo, optó por no sancionar a nadie porque los hechos estaban prescritos.

Como observamos, se concluyó la edificación, fue recibida oficialmente por la municipalidad, hoy en día tiene gran afluencia de consumidores y del parque acuático nunca más se supo. Por el contrario, ahora nos encontramos con un atrayente equipamiento comercial, con nombre Kidzania, al cual se accede pagando una cierta suma de dinero, sociedad que tiene convenios con unas cuantas empresas de distintos mercados, las que efectúan transacciones con los niños.

Como vemos, un hábil empresario, Entretenciones Boetsch S.A., que se presentó en la licitación como Sociedad Asesorías Deportivas Boetsch Limitada, en lugar de adquirir un terreno con uso de suelo apto para su proyecto de inversión, es decir, de alto precio en el mercado, se las arregló para construirlo en un predio municipal que no lo admitía, ahorrándose así unos cuantos millones de dólares y dejando fuera de la licitación a sus posibles competidores, quienes no se habrían interesado en pujar por una concesión de un parque acuático.

Por otro lado, el predio área verde concesionado que está a nombre de la Municipalidad de Las Condes en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), tiene un avalúo fiscal del orden de los $ 4.600.000.000, por el cual nadie paga impuesto territorial a pesar del lucro que obtiene el privado beneficiado. Esperamos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) en conocimiento de este relato curse los cobros respectivos tal como lo ordena la ley.

Para rematar y tal como se le dijo en escrito del 20/06/13 a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) este proyecto,  como lo ordena el artículo 37º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), en razón a que se trata de una concesión, debía contar con una Resolución de Calificación Ambiental favorable antes del inicio de las faenas, lo que tampoco aconteció y tal servicio público optó por no responder, configurándose así un notable abandono de deberes.

Ha quedado en evidencia que en Chile los más astutos y los que saben relacionarse con aquellos que ejercen el poder político, son los ganadores en los negocios y ahora veremos si las Juntas de Vecinos y la Fundación Defendamos la Ciudad, en resguardo de la economía de mercado, presentamos un libelo ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya que en este vergonzoso episodio no operaron las sanas reglas de la libre competencia.

Comentarios del artículo: Kidzania: Con ardides se hacen buenos negocios - Publicado: a las 9:21 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 22/09/2014

Cambios en el Plan Regulador de Providencia

El decreto que postergó las tramitaciones de los permisos de edificación en 7 sectores en la comuna es una medida para aplaudir. Y tanto la municipalidad como el ministerio tienen todo para hacer frente a los mal acostumbrados actores inmobiliarios que aspiraban saltarse el congelamiento.

En resguardo de la calidad de vida de los residentes en la comuna de Providencia y coherente con su discurso pro sustentabilidad e impulsora de las ciudades a escala humana, la alcaldesa Josefa Errázuriz, con el apoyo de su Concejo Municipal y con el informe favorable del Seremi de Vivienda y Urbanismo, hizo posible que el 16 de septiembre pasado se publicara en el Diario Oficial el Decreto mediante el cual, tal como lo establece el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se congelaron las tramitaciones de los permisos de edificación en 7 sectores determinados de esa comuna.

Se limitan las alturas de los nuevos edificios que se construyan sobre las vialidades amplias a los 5 pisos y a los 3 pisos en los denominados barrios consolidados de densidad baja, lo que ha sido reconocido por las distintas comunidades.

Con el propósito de destacar la presunta ilegitimidad de la decisión municipal, el diario El Mercurio publicó el 17/09/14 una nota periodística en la cual indicó que “4.000 residentes apoyaron modificar el plan regulador en estos 7 barrios” (sic). Está claro que ese tradicional medio de expresión, protector de las asociaciones empresariales que se desenvuelven en el negocio inmobiliario, al mostrar que tan pocos querían el cambio, avala su posición de desacuerdo con esa medida que sí es aplaudida por la inmensa mayoría de los vecinos.

En general, el congelamiento o postergación, como dice la ley, es inicialmente por 3 meses con renovaciones automáticas hasta completar un año, las que también se deben publicar en el Diario Oficial. Debemos tener presente que los avispados actores inmobiliarios, al tener conocimiento previo de este tipo de disposiciones, con antelación a las respectivas publicaciones en el Diario Oficial, ingresan en las Direcciones de Obras Municipales gran cantidad de solicitudes de anteproyectos, en ocasiones aunque no sean propietarios de los terrenos y aceleran las solicitudes de permisos de edificación, acogiéndose a las normas urbanísticas más permisivas que serán reemplazadas.

Lo anterior, porque la endeble institucionalidad chilena, le reconoce en los hechos presuntos derechos adquiridos a quienes han ingresado a los municipios simples solicitudes, en circunstancias de que el congelamiento por razones más que obvias exclusivamente no afecta a aquellos que cuentan con permisos de edificación cursados y adscritos a la ley.

Para posibilitarse el abuso descrito, el Minvu, inveteradamente socio fáctico de la Cámara de la Construcción, ha emitido acomodaticias circulares en tal sentido las que tradicionalmente han sido acatadas con inercia por los municipios.

Ahora bien, la tramitación de los permisos se inicia con la emisión, por parte de cada municipalidad, de un Certificado de Informaciones Previas (CIP) en donde se describen las normas de edificación del sector en donde se localizada el predio, señalándose entre otras cosas si está afecto a expropiación. Este CIP, que es un documento oficial, pierde automáticamente su vigencia en la fecha misma en que se ha producido un cambio en el PRC.

El artículo 1.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) dice que “Las solicitudes de aprobaciones o permisos presentadas ante las Direcciones de Obras Municipales serán evaluadas y resueltas conforme a las normas vigentes en la fecha de su ingreso. Tratándose de normas técnicas de instalaciones o de urbanización, deberán ser evaluadas y resueltas por los organismos competentes de conformidad a las normas vigentes en la fecha de ingreso de la solicitud del permiso respectivo ante la Dirección de Obras Municipales”, lo cual es de suma obviedad siempre y cuando las reglas del juego se mantengan incólumes. Recordemos que una resolución municipal de anteproyecto entrega una expectativa de negocio a quien la tiene pues, más adelante, llegándose en casos al período de un año, dependiendo del volumen del proyecto, ese privado podría disponer de un permiso de edificación.

Recordemos que toda solicitud de anteproyecto o de permiso no asegura a nadie un acto terminal porque si no está bien presentada debe ser observada por la autoridad competente y si no se resuelve en un plazo fijo de 60 días tiene que ser obligatoriamente rechazada. En este sentido recomendamos conocer el pedagógico dictamen Nº 59.619 del 05/08/14 de la Contraloría Regional de Valparaíso, firmado por Ramiro Mendoza, mediante el cual se rechazó el intento de una inmobiliaria que quería construir 26 edificios en una zona denominada barrio O´Higgins de la ciudad de Valparaíso, en la que se había decretado un congelamiento.

Sabemos que a partir del actual gobierno el Minvu está ejerciendo correctamente su función, lo que nos satisface. Y si quisiéramos que el congelamiento de marras produzca los efectos buscados, ya que han ingresado en la Dirección de Obras Municipales, antes del 16/09/14, una avalancha de 50 solicitudes que buscan acogerse a las normas de edificación que se han derogado, le expresamos a Josefa y a sus leales colaboradores que ese municipio debe restituir las documentaciones a quienes las han suscrito. Como está dicho, sólo los que dispongan de permisos de edificación en regla los pueden incorporar a su patrimonio, teniéndose en cuenta igualmente que estos actos administrativos caducan a los 3 años, en los términos dados a conocer en el artículo 1.4.17 de la OGUC.

Por último, en la medida de que la Municipalidad de Providencia ejerza con convicción sus atribuciones, como lo esperamos, los mal acostumbrados actores inmobiliarios que aspiraban saltarse el congelamiento pueden interponer los reclamos que deseen, incluyendo la instancia jurisdiccional, pero estamos seguros que prevalecerá el espíritu y la letra del marco regulatorio sectorial.

Comentarios del artículo: Cambios en el Plan Regulador de Providencia - Publicado: a las 12:31 pm

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Estadio de la “U”: Los proyectos se hacen bien o no se hacen

Con objetividad, el panorama para Azul Azul para construir su soñado estadio en el Parque Laguna Carén es complicado. ¿Qué proponemos? Ocupar los terrenos del aeropuerto de Los Cerrillos.

Azul Azul, propietario del club deportivo de la “U”, con su “falabellístico” mandamás Carlos Heller, había llegado a un acuerdo con el anterior rector de la Universidad de Chile para construir su anhelado estadio de fútbol en una fracción del terreno área verde conocido como Parque Laguna Carén, comuna de Pudahuel, donado por el Estado a nuestra principal universidad a fines del Gobierno de Patricio Aylwin.

El Parque Laguna Carén tiene una superficie de un poco más de 1.000 hectáreas y forma parte del “Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación” del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo urbano vigente en nuestra saturada región desde el año 1994. En este parque metropolitano se pueden desarrollar actividades relacionadas con los aspectos recreacional, deportivo, de culto, cultural, científico, de esparcimiento y turismo al aire libre, respetándose su valor paisajístico y su equilibrio ecológico, tal como lo dice dicho instrumento.

La Universidad de Chile tiene un interesante proyecto científico tecnológico, el cual ha sufrido algunos inconvenientes para su realización, pero estamos seguros que en el mediano plazo logrará ejecutarlo porque la referida donación del Estado estaba condicionada a que ese proyecto se materializara en un período determinado de tiempo.

El artículo 5.2.2 del PRMS, en donde se listan los parques metropolitanos, como el que estamos aludiendo, dice que las instalaciones y/o edificaciones complementarias que puedan desarrollarse en este tipo de parques no podrán sobrepasar, en su conjunto, el 1% de la superficie total del predio, incluidas las áreas de estacionamientos  y sabemos que el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, no está muy conforme con esta iniciativa. Por ello recientemente expresó que “los proyectos se hacen bien o no se hacen”, frase que hemos reproducido en el título de esta columna.

Por otro lado hemos conocido declaraciones públicas de algunas comunidades organizadas de  sectores aledaños, las que se han opuesto con firmeza a la construcción del estadio en el lugar proyectado.

Ahora bien, por su carga de ocupación y por los impactos que generará la construcción del estadio, que albergará a unas 35.000 personas, Azul Azul deberá someterlo a un riguroso Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para dar cumplimiento a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el cual deberá ser aprobado o rechazado por la institucionalidad competente, teniéndose en cuenta que las obras de construcción del mismo no se pueden iniciar si el EIA no cuenta con una resolución de calificación favorable.

Recordemos también que el EIA contempla la participación ciudadana, lo que significa que todos aquellos residentes de la comuna de Pudahuel, como los de las comunas contiguas, podrán formular observaciones al proyecto.

El lugar elegido para su emplazamiento es rural y por la gran cantidad de estacionamientos que considerará el proyecto deberá ser sometido a un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), tal como lo ordena el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), análisis muy técnico que entra a una ventanilla única de servicios públicos competentes con coordinación por parte del seremi de Transportes. Si el EISTU es aprobado se le exigirá a Azul Azul la ejecución, a sus expensas, de una serie de obras de mitigación vial y otras tantas medidas de compensación para aquellos que se sientan perjudicados.

El permiso de edificación solo será otorgado por la Dirección de Obras de Pudahuel si Azul Azul cuenta con el EISTU autorizado y las  variadas acciones de mitigación, básicamente infraestructuras, son exigidas a la recepción final del estadio. Por lo anterior, teniéndose presente la extremada lejanía que tendría dicho estadio de los centros poblados de la ciudad, con objetividad vemos que se le complica el panorama a su titular, pero no por ello hay que desmayar.

Qué proponemos:

Hace algunos años al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al Ministerio de Defensa Nacional se les ocurrió clausurar el aeropuerto de Los Cerrillos, situado en la comuna del mismo nombre, para llevar a cabo en las 254 hectáreas de esa infraestructura aeroportuaria, un atractivo mega proyecto inmobiliario que, entre otras cosas, iba a tener en sus viviendas un prototipo de integración social.

Por negligencia del Gobierno de la época, el cambio de uso de suelo a habitacional mixto en el PRMS, no fue sometido a un EIA, tal como lo ordena la ley, sino que las autoridades de entonces se conformaron con presentar una simplista Declaración de Impacto Ambiental (DIA), procedimiento inútil para el propósito del cambio normativo.

Esta materia, con justa razón, fue denunciada en los tribunales de justicia por la Federación Aérea de Chile y como era de esperarse, la Corte Suprema anuló el acto administrativo de la insuficiente DIA, exigiendo al Gobierno que se sometiera a la ley, lo que todavía no acontece.

Dado que esas 254 hectáreas fiscales administradas por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), las que ya cuentan en su interior con un hermoso parque de 50 hectáreas, absolutamente materializado como área verde, obra de recreación y esparcimiento financiada y mantenida por el Estado, pero que no es utilizada con intensidad por la población, somos partidarios que Azul Azul se acerque al Minvu, superior directo del Serviu, para ver la posibilidad de construir allí su estadio.

Ese espacio público está rodeado de excelentes vialidades y con una próxima línea del Metro, pero lo más importante es su centralidad ya que la  comuna de Cerrillos está exactamente en el medio de las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana de Santiago.

Con esta excelente localización, que facilitará la tramitación ambiental y de transportes, los hinchas de la “U” acudirán con facilidad a disfrutar los partidos de fútbol de su equipo.

El Serviu, con el visto bueno de Paulina Saball, titular del Minvu, perfectamente le puede entregar en comodato las hectáreas que se necesiten de su predio fiscal a Azul Azul para que finalmente se pueda hacer realidad el estadio del cual tanto se habla.

Comentarios del artículo: Estadio de la “U”: Los proyectos se hacen bien o no se hacen - Publicado: a las 9:16 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 08/09/2014

Cafetería ilegal para los diputados

El presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, explica con detalle las gestiones realizadas para dejar al descubierto el manto de irregularidad en torno a la exclusiva construcción reservada sólo para diputados.

El miércoles 3 de septiembre el periodista Óscar Cáceres informó en la Radio Bio Bío que había detectado una refinada cafetería VIP recién abierta en el Congreso Nacional para uso exclusivo de los distinguidos diputados de la República. La noticia curiosa produjo un gran revuelo en todos los medios de prensa y el mismo día ese periodista le formuló las preguntas de rigor a Aldo Cornejo, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Mostrando incomodidad, éste respondió que esa materia fue resuelta en el año 2012 cuando él no ejercía ese importante cargo republicano.

El jueves 4 de septiembre, el día siguiente, le solicitamos por escrito a Matías Valdés, Director de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, que nos diera a conocer los números y las fechas del permiso de ampliación y de la recepción final de la polémica obra, conforme a lo que dicen los artículos 5.1.1 y 5.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Esto, teniendo en cuenta que el artículo 5.2.7 de la misma reglamentación indica que ninguna nueva obra de construcción puede funcionar si no existe tal recepción final.

Para que los lectores tengan muy clara la película transcribimos el artículo 5.1.4 de esa OGUC, el que dice “Cuando las ampliaciones sean calificadas como obras menores, se concederá un Permiso de Ampliación, el que será otorgado por el Director de Obras Municipales, en un plazo máximo de 15 días, para cuyos efectos se deberán presentar los siguientes antecedentes”, siendo el primero de ellos la presentación de una solicitud firmada por el propietario del inmueble y por el arquitecto autor del proyecto. Los otros no los daremos a conocer porque son muchos y ya sabemos que no hay permisos.

Todos los documentos se archivan en el correspondiente expediente de edificación y el permiso se otorga previo pago de los derechos municipales, monto variable que depende de la calidad de los materiales de la construcción, suma que equivale al 1,5% del presupuesto elaborado por el titular del proyecto, asunto que está reflejado en el artículo 130 de la ley concerniente. No está demás comentar que ese dinero, al no existir el acto administrativo municipal, no fue ingresado en la Tesorería de la Municipalidad de Valparaíso, a pesar de que la constructora que hizo el negocio con ese poder del Estado sí emitió la factura de cobro por sus trabajos, los que le fueron pagados oportunamente con recursos fiscales.

Volviendo al intercambio de correspondencia, el mismo jueves recibimos la respuesta del funcionario municipal competente, en la cual nos explica que no tiene ninguno de los permisos. Además nos manifestó que adolecen de lo mismo “los comedores de nivel de cubierta” y por ello, su Dirección iniciará un proceso de fiscalización in situ. Le replicamos el mismo día, ya al anochecer, expresándole que habida cuenta la vulneración del marco regulatorio por parte de la Cámara de Diputados, el deber municipal era clausurar no solo esa elegante cafetería de uso restringido edificada en un patio de luz, sino también unas remodelaciones interiores, las que en conjunto costaron un millón y medio de dólares. Debemos tener presente que en este caso, por ser una ampliación en un edificio público, debía intervenir en el proceso administrativo un arquitecto revisor independiente para evitar cualquier error.

Entre otras cosas, en nuestra réplica nocturna le decíamos al correcto Director de Obras que sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley, él tenía que informar al alcalde Jorge Castro, para que éste clausurara la polémica cafetería, como asimismo denunciar el ilícito al Juzgado de Policía Local, entendiéndose que cuando próximamente se cursen los permisos se podrá alzar dicha clausura. Terminamos nuestra carta expresándole que suponíamos que el presidente de la Cámara de Diputados, ante este bochorno de marca mayor, debía ordenar en su institución las investigaciones de rigor pues ciertos agentes públicos como otros tantos actores privados, se han manejado como simples estudiantes en práctica en este episodio.

Sería altamente simbólico que los diputados respetuosos de las leyes, que sí los hay en ambos bandos, se inhiban de ingresar a esa exclusiva y clasista cafetería hasta que se regularice su habilitación. Así, y ojalá sean muchos los que adopten esta idea, ellos estarán entregando sólidas señales de probidad y apego al derecho.

El viernes 5 de septiembre en la mañana se anunció en la prensa la clausura de la cafetería VIP y entrada la tarde el alcalde Castro se conformó con cursar una insignificante multa al infractor, levantando la clausura porque se había detectado que el edificio del Congreso Nacional tampoco contaba con la recepción final municipal (sic).

Es decir, si el Parlamento empezó a operar en el año 1990, durante 24 años ningún alcalde de Valparaíso sabía que esa edificación construida con el estilo faraónico que le gustaba a Pinochet, tenía el vicio de la ausencia de la recepción final que debía otorgar la Dirección de Obras Municipales.

Lo dicho no nos sorprende porque conocemos muy de cerca el desorden que existe en este tipo de materias, pero sí encontramos impresentable que los funcionarios administrativos de las más altas jerarquías de la Cámara y del Senado hayan sido tan negligentes al no regularizar el edificio que ellos tienen bajo su tutela. Entendemos que esos funcionarios tienen altísimos sueldos, posiblemente no tan elevados como los que disfrutan los parlamentarios, pero con este resumido relato ha quedado en evidencia que fueron asaz indolentes y ahora esperamos conocer el resultado de la investigación que ha ordenado el ofuscado diputado Aldo Cornejo.

Sería altamente simbólico que los diputados respetuosos de las leyes, que sí los hay en ambos bandos, se inhiban de ingresar a esa exclusiva y clasista cafetería hasta que se regularice su habilitación. Así, y ojalá sean muchos los que adopten esta idea, ellos estarán entregando sólidas señales de probidad y apego al derecho, más aún si existe la otra tradicional cafetería que es de carácter abierta y por lo tanto democrática.

Comentarios del artículo: Cafetería ilegal para los diputados - Publicado: a las 10:01 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 02/09/2014

Malas prácticas en el uso de áreas verdes para fines comerciales

El caso del convenio entre el Parque Metropolitano de Santiago (PMS), servicio público dependiente del Minvu, y la clínica Indisa, se suma al “emprendimiento” del Club de Golf Los Leones.

El jueves 28 de agosto pasado con Rubén Castro, vecino del barrio Pedro de Valdivia Norte, comuna de Providencia, dimos a conocer públicamente el informe Nº 3/2014 emitido el 05/08/14 por la Contraloría General de la República, firmado por Ramiro Mendoza, su titular, dirigido a Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo y al propio Castro en su condición de denunciante de una nueva mala práctica en el ámbito de las áreas verdes.

En efecto, el ente fiscalizador declaró ilegal un denominado “Convenio de Colaboración” (sic) suscrito entre el Parque Metropolitano de Santiago (PMS), servicio público dependiente del Minvu, y la clínica Indisa controlada por diversos actores del mercado de la salud. También la Contraloría resolvió iniciar un sumario administrativo porque las ilegalidades cometidas por los funcionarios que intervinieron en esta negociación eran muchas y de diverso índole.

En el Gobierno de Piñera, por delegación del ministro del ramo, no sabemos si quien ejercía el cargo era Magdalena Matte o bien Rodrigo Pérez, el director del PMS (menos sabemos quién desempeñaba esa función) suscribió el 24/10/11 con esa clínica privada un convenio indefinido para que ésta utilizara un terreno área verde pública, bajo su administración, de 4.800 m2, localizado en la base del cerro San Cristóbal, en las inmediaciones de la clínica, para que fuera ocupado como estacionamiento de los vehículos de sus empleados.

De esta manera, se violaron flagrantemente las disposiciones del Decreto Nº 891 de 1966, cuerpo legal que regula los deberes y derechos del PMS. El ente fiscalizador, entre otras cosas, debido a que se le está dando al terreno un uso ajeno a aquellos permitidos para el aludido parque en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instruyó al Minvu para que ponga término al imprudente e ilegal convenio.

Por lo anterior, queda en evidencia que en este deplorable episodio hubo colusión pública-privada, ya que una entidad de Gobierno, demostrando un total desapego por las normas legales, con una contraprestación mal determinada en ese convenio, tal como lo imputó la Contraloría, le transfiere el uso de un terreno área verde que tiene destinos muy acotados en el instrumento normativo urbano para que una sociedad privada lo ocupe a sus anchas y por el plazo que estime conveniente.

Lo antes relatado nos trae a la memoria otro caso de abuso privado, el cual todavía no se materializa porque hay trámites pendientes pero que, por su impudicia,  damos a conocer sintéticamente.

Los socios del Club de Golf Los Leones, área verde de 61 hectáreas, localizado entre las calles Presidente Riesco, Las Peñas en el cerro San Luis, Avenida Américo Vespucio Norte, la concesionada avenida Kennedy y por un tramo de la calle Luz, en la comuna de Las Condes, urdieron un lucrativo negocio en forma cautelosa para explotar una porción de su amplio terreno.

Intentan arrendar por 99 años a una empresa hotelera internacional  para que ésta levante en esa parte escindida del predio 11 edificios llamados apart hotels, materia que en las tratativas iniciales de la operación no fue aceptado por algunos de los socios de ese elegante club social y deportivo. Los pocos que se oponían eran los que tenían mejor situación económica, pero la mayoría aprobó el “emprendimiento” en una asamblea de socios.

En razón a que en las áreas verdes no se pueden llevar a cabo ese tipo de actividades residenciales, conforme al mandato de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), oportunamente le hemos expresado a la Directora de Obras de la Municipalidad de Las Condes que ese proyecto era inviable por las restricciones expresas que tienen esas tipologías en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) e implícitas en el propio Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de esta colapsada región, instrumento normativo que en la actualidad se está reformulando.

El mega proyecto inmobiliario en ciernes consideraba su acceso por la angosta calle Luz y como ello era improcedente por lo dispuesto en la OGUC, el año pasado el Minvu publicó un Decreto Supremo, conocido como traje a la medida de algunos, para que esa restricción no operara. Pero la actual ministra del ramo, cumpliendo con su rol conductor, tuvo la buena iniciativa de anular ese decreto tan burlesco.

En síntesis, le reconocemos el derecho que tiene esa sociedad deportiva para generarle mayor valor económico a su patrimonio, pero en un país serio como Chile, miembro de la distinguida OCDE, es necesario que todos los actores privados que participan en el mercado del suelo respeten los marcos regulatorios que las autoridades han establecido. Obtener plusvalías es muy bueno, pero la escrupulosidad también lo es y esto es lo que muchos actores del mercado todavía no entienden. Es bueno que se sepa que este selecto club no paga a la Tesorería General de la República contribuciones de bienes raíces, justamente por ser su terreno un área verde que restringe las edificaciones que generan lucro.

Como existe en la tramitación del negocio un permiso de anteproyecto, en donde se alude a un protocolo de acuerdo entre el MOP y el mismo club, intentamos conocerlo haciendo valer la Ley Nº 20.285, de Transparencia, y ¡oh tremenda sorpresa!, la autoridad municipal de Las Condes lo impidió, razón por la cual, rápidamente interpusimos, el 30 de junio de 2014, un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, haciéndole notar a su directorio que con sus buenos oficios, pudiéramos conocer ese tan escondido protocolo.

Vencidos todos los plazos contemplados en la aludida ley que garantiza a los ciudadanos el libre acceso a los documentos públicos, hasta ahora no hay respuesta.  Ante este excepcional escenario, no quisiéramos creer que, a través de rebuscadas interpretaciones avaladas por quienes deben hacer cumplir el espíritu y la letra de los marcos legales, estemos ante un nuevo hecho consumado, más encima, manejado en secreto.

En todo caso, el Seremi de Vivienda y Urbanismo dispone de toda la documentación necesaria, que le hemos hecho llegar para que se pronuncie, exigiéndole él a la sociedad privada que las áreas verdes no son aptas para lucrar a destajo. La empresa hotelera interesada en ocupar el terreno del club perfectamente puede contratar a un corredor de propiedades para que le busque en Las Condes un terreno idóneo para su emprendimiento comercial, es decir, que su uso de suelo contemple su propósito mercantil.

Comentarios del artículo: Malas prácticas en el uso de áreas verdes para fines comerciales - Publicado: a las 11:23 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 19/08/2014

Marambio no podrá demoler su inmueble patrimonial

Esta es una buena noticia para todos aquellos que respetan los valores del patrimonio arquitectónico en Santiago.

Mucho se ha hablado del intento que tiene el empresario Max Marambio de demoler su edificio de “Conservación Histórica”, localizado en la esquina sur poniente de las calles Morandé con Rosas, comuna de Santiago, para construir en su reemplazo una modernísima torre habitacional de 34 pisos, para lo cual dispone de un permiso de edificación otorgado en enero de 2008, tres meses antes de la publicación en el Diario Oficial de esa protección patrimonial.

La alcaldesa Carolina Tohá, según algunos medios de prensa, recurrió a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados pidiendo apoyo en esta instancia parlamentaria para que no se demuela esta edificación. Le fue bien ya que, el diputado PC Guillermo Teiller, presidente de ese cuerpo colegiado, resaltó la importancia de defender el patrimonio nacional y de hacer lo posible para evitar que esta pieza arquitectónica sea destruida. Asimismo, indicó que promoverán mejoras a la normativa vigente, de modo de evitar este tipo de desaguisados.

Muy bien lo que harán los diputados, pero a continuación le damos una buena noticia, no sólo a la alcaldesa sino que también a los diputados que integran la Comisión de Cultura.

Explicamos:

El 17 de julio pasado diferentes organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, expresándole con suma claridad el desacuerdo por la instrucción impartida (oficio ordinario Nº 3066 del 2014) por éste al Director de Obras de la Municipalidad de Santiago, accediendo al pedido de la Inmobiliaria Morandé S.A., continuadora de las inmobiliarias Nazareno S.A. y Cañaveral S.A., en orden a que cursara la autorización para derrumbar esa antigua edificación de incalculable valor arquitectónico. Lo anterior, habida cuenta que la autoridad local le había negado al inversionista la venia para el derrumbamiento y la impugnación a la decisión del Seremi se fundó por cuanto esa autoridad central no tuvo a la vista todos los documentos y antecedentes necesarios para resolver esta sensible materia.

Entre otras cosas, se le expresó al mencionado Seremi que el permiso de edificación está viciado en su origen porque el titular del mismo no había fusionado, con anterioridad a la solicitud del permiso, sus 3 predios colindantes sobre la calle Morandé, entre Rosas y Santo Domingo, los que necesariamente debían originar el predio más grande resultante, grave omisión que vulnera el artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y otras irregularidades de menor importancia. En todo caso, en el predio situado en la esquina de Morandé con Santo Domingo se acaba de terminar la construcción de una de las dos torres, de iguales características, que contemplaba el permiso objetado.

El permiso de edificación está viciado en su origen porque el titular del mismo no había fusionado, con anterioridad a la solicitud del permiso, sus 3 predios colindantes sobre la calle Morandé, entre Rosas y Santo Domingo, los que necesariamente debían originar el predio más grande resultante, grave omisión que vulnera el artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

El 28 de julio pasado el Seremi le envió el ORD. Nº 3519 al Director de Obras Municipales, aludiendo a la formal presentación de las organizaciones ciudadanas, solicitándole un acabado detalle de las fechas del permiso cuestionado, incluyéndose las correspondientes a la fusión de los terrenos del proyecto y un día después se dirigió a los acusadores, expresándoles que con la respuesta del funcionario municipal evaluará si corresponde invalidar su oficio antes reseñado.

Los lúcidos investigadores de las organizaciones ciudadanas se apersonaron en las siempre atestadas oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) para revisar las escrituras públicas allí archivadas, concluyéndose que el plano de fusión fue archivado en el CBRS el 30 de marzo de 2011 con el número 46467, cuando lógicamente la inmobiliaria Morandé S.A. era propietaria de los tres inmuebles, los que se adquirieron el 28 de diciembre de 2010, como lo dijimos antes, de las sociedades Nazareno S.A. y Cañaveral S.A.

Jamás se perfeccionó la fusión en un solo dominio, pues los cientos de departamentos de la torre ya construida, que fueron adquiridos por terceros particulares de buena fe, hacen referencia a los tres dominios originales (sic). Por lo anterior, para la recepción final de esa torre, no se cumplió con la condición legal de tener inscripta en el CBRS dicha fusión. En sus descargos, los funcionarios municipales de la Dirección de Obras no pueden acusar inopia o que se trata de un “error administrativo”, pues en el reglamento de copropiedad de tal torre están indicados los tres títulos, lo cual denota negligencia inexcusable que requiere la instrucción de un pronto sumario por parte de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, se otorgó en enero de 2008 un permiso de edificación en tres terrenos con títulos separados, lo que significa en el ámbito de los supuestos que el dueño de los mismos, tuvo la opción de vender uno de los tres terrenos a un tercero quien no tenía por qué conocer lo que había sucedido antes. En este escenario hipotético, ¿ese permiso habría seguido vigente? Naturalmente que no.

Lo informado precedentemente ya se le comunicó a todas las autoridades sectoriales y con la certeza de que los funcionarios de la Seremi ya constataron lo  expresado en este opúsculo, se concluye que no se podrá demoler el edificio de Conservación Histórica del actor inmobiliario Max Marambio, lo cual es una buena noticia para todos aquellos que respetan los valores del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Santiago.

Comentarios del artículo: Marambio no podrá demoler su inmueble patrimonial - Publicado: a las 12:08 pm

Etiquetas: , , , , » Publicado: 26/12/2013

Observatorio Judicial y conflicto de interés en la Corte Suprema

Sobre la muy estrecha calle El Retiro de esa comuna una cierta empresa, conocedora de la regulación ad hoc, creyendo que la normativa general no le era aplicable, compró y demolió algunas casas con la abusiva pretensión de construir un edificio con más de 90 estacionamientos. No sabemos quiénes son los dueños de esa sociedad ni menos conocemos los nombres de los arquitectos, pero evidentemente ellos han querido pasarse de listos posiblemente porque se consideran importantes. Han debido suponer que, por la alta inversión que están haciendo, la institucionalidad se iba a allanar a pasar por alto la orden contenida en ese artículo 27º.

El gobierno de Piñera, disconforme con ciertos fallos judiciales por delitos comunes cometidos por gente pobre, propuso la creación con fondos públicos de un “Observatorio Judicial” cuya misión sería analizar por qué las penas son tan bajas. Lo anterior produjo un revuelo en la judicatura y en ciertos sectores de la opinión pública porque , entre otras cosas, la Administración ya había suscrito un convenio ad hoc con la Universidad Adolfo Ibáñez para implementar esta figura de control y fiscalización.  En todo caso digamos que al mismo gobierno no le preocupa  mayormente lo que acontece con los crecientes delitos económicos cuyos autores son conocidos personajes que se desenvuelven en los distintos mercados.

Rechazamos de plano que el abogado integrante Alfredo Prieto, ex ministro de Pinochet y uno de los firmantes de la ilegítima Constitución Política de 1980, no se hubiera inhabilitado en esta causa ya que él, en sus actividades particulares se relaciona con la industria inmobiliaria, lo que se observa en la página web de su Estudio Jurídico. Por estas razones vislumbramos que no hubo un debido proceso.

El magistrado Sergio Muñoz, recién nombrado presidente de la Corte Suprema, persona muy inteligente, lúcido y transparente en sus actuaciones, contestando consultas periodísticas ha dicho que como todas las sentencias son de carácter público no pone objeciones para la existencia de tal “Observatorio Judicial” y coherente con ese enfoque, a continuación nos referiremos a un reciente y abusivo fallo de la 3ª Sala del máximo tribunal del país.

Pues bien, el artículo 27º de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, con ánimo preventivo, establece que sobre las calles angostas de su territorio jurisdiccional no se pueden construir edificios que contemplen más de 15 estacionamientos, ello como se entenderá, para evitar los colapsos en los flujos vehiculares. Esta norma protectora de carácter local es conocida por las comunidades de los distintos sectores de densidad baja que tienen vialidades estrechas y la industria inmobiliaria la ha respetado porque entiende su trasfondo y además porque sabe que sería perder el tiempo tratar de solicitar permisos en estas zonas ya que en los Certificados de Informaciones Previas (CIP), primer trámite para iniciar un negocio, la municipalidad le informa con claridad esta restricción.

Luego, los vecinos que residen en viviendas unifamiliares que enfrentan ese tipo de vialidades, al conocer las reglas del juego urbanístico que los rigen, se sienten salvaguardados de posibles aumentos del parque automotor en sus barrios. A esto se le denomina derechos urbanos garantizados por el instrumento normativo llamado PRC.

Ahora bien, sobre la muy estrecha calle El Retiro de esa comuna una cierta empresa, conocedora de la regulación ad hoc, creyendo que la normativa general no le era aplicable, compró y demolió algunas casas con la abusiva pretensión de construir un edificio con más de 90 estacionamientos. No sabemos quiénes son los dueños de esa sociedad ni menos conocemos los nombres de los arquitectos, pero evidentemente ellos han querido pasarse de listos posiblemente porque se consideran importantes. Han debido suponer que, por la alta inversión que están haciendo, la institucionalidad se iba a allanar a pasar por alto la orden contenida en ese artículo 27º.

Cuando solicitaron el permiso de edificación se encontraron con la ingrata sorpresa de que la Directora de Obras Municipales no era una simple comparsa, ya que ella haciendo valer la disposición mencionada rechazó el intento y acto seguido el inversionista reclamó airadamente ante el solícito Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) alegando que la excesiva burocracia impide la generación de riqueza y la absorción de mano de obra calificada. El asunto fue resuelto rápido por el Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Minvu quién, ¡era qué no!, con rebuscadas interpretaciones, impartió a la autoridad municipal una perentoria instrucción, según él, conforme a la atribución que le otorga el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en orden a que no aplicara (sic) ese fastidioso artículo 27º.

Se desprende entonces que un vehemente funcionario de la administración central se transformó mágicamente en legislador, en circunstancias que dicho artículo 4º de la LGUC solo le permite interpretar las normas. Los lectores tienen que saber que los PRC son elaborados por los asesores urbanos de las distintas municipalidades y aprobados por los Concejos Municipales presididos por los Alcaldes y si se enmarcan en todos los cuerpos legales, incluyendo los Planes Reguladores Intercomunales, son autorizados por los Seremis de Vivienda y Urbanismo, con posterior toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial. Como vemos, con esta impúdica práctica centralista, mediante un simple oficio, se derogó de una plumada un PRC que tiene una muy superior jerarquía a ese papelito del aludido Seremi.

Ante este inverosímil escenario los vecinos contrataron a un abogado para que se impidiera la arbitrariedad en ciernes y para ello el profesional interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que después de un período de tiempo, en sentencia unánime, acogió la presentación judicial de quienes estaban siendo vulnerados en sus derechos. El Minvu apeló ante la Corte Suprema y, ¡oh nueva sorpresa!, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en los alegatos apoyando a ese servicio de la Administración y por ende, apuntalando el negocio del privado.

Finamente el 16 de diciembre de 2013, rol Nº 8358-2013, en fallo dividido (tres por dos) la 3ª Sala de la Corte Suprema revocó dicha sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago y quienes concurrieron con sus votos para desestimar el recurso de protección de los vecinos fueron los ministros Héctor Carreño y Pedro Pierry, además del abogado integrante Alfredo Prieto. Los 2 votos disidentes, es decir, quienes confirmaron la sólida sentencia unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron el ministro Juan Eduardo Fuentes y el abogado integrante Guillermo Piedrabuena.

En todo caso, nos llamó mucho la atención que el CDE decidiera intervenir en un conflicto entre privados, apoyando la posición del más influyente y rechazamos de plano que el abogado integrante Alfredo Prieto, ex ministro de Pinochet y uno de los firmantes de la ilegítima Constitución Política de 1980, no se hubiera inhabilitado en esta causa ya que él, en sus actividades particulares se relaciona con la industria inmobiliaria, lo que se observa en la página web de su Estudio Jurídico. Por estas razones vislumbramos que no hubo un debido proceso.

Ante el antiestético conflicto de interés de Prieto, entendemos que el nuevo Presidente de la Corte Suprema, en el transcurso de estos días ordenará la casa analizando en su mérito lo ocurrido. Si ello sucede, como estamos seguros, esta voluntaria desinteligencia de ese abogado integrante nunca más se repetirá y así los futuros fallos del máximo tribunal del país serán estrictamente apegados a derecho.

Comentarios del artículo: Observatorio Judicial y conflicto de interés en la Corte Suprema - Publicado: a las 2:58 pm

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 16/12/2013

Ganó Piñera, por ahora

Finalmente y después de una interminable serie de rechazos, por diversos errores de forma y fondo, el 26 de noviembre pasado se publicó en el Diario Oficial la toma de razón con alcances, por parte de la Contraloría General de la República (CGR), de la Resolución Nº 153 del Gobierno Regional Metropolitano firmada por el disciplinado intendente José Antonio Peribonio, que permite el cambio de uso de suelo de 10 mil hectáreas agrícolas en 8 comunas de la Regio Metropolitana.

Esta decisión administrativa contempla el cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas localizadas en 8 comunas periféricas de nuestra saturada región y el  gobierno, el influyente sector de la construcción y los especuladores que la solicitaron argüían que como no habían terrenos aptos para las edificación de viviendas al interior del radio urbano era necesario ampliar los límites para construir viviendas sociales requeridas con urgencia por los pobres.

Nosotros decimos que no y si se trataba de implementar una política pública seria orientada a reducir el déficit habitacional para ese segmento de la población, ese porcentaje al menos debió haber sido el 50% con efectivos condicionamientos y obras complementarias.

Todas las organizaciones civiles conocedoras de la situación, incluyendo al propio Colegio de Arquitectos de Chile, le expresaron por escrito al presidente Piñera y al ex intendente Fernando Echeverría, eficiente articulador del cambio normativo, que esta modificación en las reglas del juego no se justificaba por ningún motivo por las razones técnicas y de catastro que oportunamente les dieron a conocer a ambos.

El proyecto se denomina PRMS100 y contempla la creación de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en superficies de 60 hectáreas, reservándose solo un 8% del total de los futuros negocios inmobiliarios para vivienda sociales y las Zonas Urbanizables de Reconversión Condicionada (ZURC).

¿Cómo entonces se concibe esta evidente contradicción, si los promotores de la ampliación urbana sostenían que era  para ayudar a los pobres?  ¿Ellos creen que con ese guarismo del 8% se auxilia a los más vulnerables? Nosotros decimos que no y si se trataba de implementar una política pública seria orientada a reducir el déficit habitacional para ese segmento de la población, ese porcentaje al menos debió haber sido el 50% con efectivos condicionamientos y obras complementarias.

En la votación del Consejo Regional (CORE) Metropolitano se había rechazado esta iniciativa y después de un cierto tiempo, cuando el intendente Echeverría ya había convencido con grandilocuentes argumentos a algunos despistados consejeros regionales en orden a que se desistieran de sus votos negativos, se produjo una segunda votación en la que se aprobó este modelo de negocio que brindará plusvalías a quienes son los dueños de esos territorios rurales.

El mismo día de la votación final en la Intendencia, en la cual estaba presente la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte, un muy alborozado Piñera felicitó por la prensa a Echeverría por la excelente labor de convencimiento desplegada por él. Recordemos que con anterioridad la ex Corema ya había aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que hoy está desactualizada y así fue como dicho intendente envió a la CGR la Resolución Nº 89 del 20/04/11 solicitando la toma de razón.

Ya sabemos que la CGR no cursó esa Resolución Nº 89 por las desinteligencias que contenía, sino la Nº 153, la que fue posible solo porque los competentes funcionarios de la CGR asistieron a los del Minvu en la redacción de la misma. Luego se concluye que el acto administrativo publicado en el Diario Oficial no está respaldado por una votación del CORE.

Ahora tenemos Cores elegidos por la voluntad popular, quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto, y en razón a que esta decisión no cuenta con la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), necesaria para que se produzcan los cambios en el territorio, porque se incluyeron en el cambio infinidad de predios  rústicos acogidos al DL 3.516, los que por ley deben conservarse como agrícolas, tal como lo reconoció oportunamente el Ministerio de Agricultura en oficio enviado al Ministerio de Vivienda. Por eso esperamos que en el gobierno de Bachelet ordene la casa y sean ellos los que resuelvan si procede la ampliación urbana en los exactos términos que la legalidad exige.

En todo caso valga la ocasión para decir que este mal concebido PRMS100 es absolutamente contrario a los buenos deseos y lineamientos contenidos en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), recién publicada por Piñera, lo cual es indicativo del desorden que observamos al interior del Palacio de La Moneda y por ello la mayoría de los alcaldes de esas 8 comunas e incluso la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, ya han expresado sus rechazos a la improvisación.

En síntesis, Piñera ha obtenido un efímero triunfo porque finalmente prevalecerá la racionalidad en el ámbito del desarrollo de la ciudad que queremos para nuestros hijos y nietos.

Comentarios del artículo: Ganó Piñera, por ahora - Publicado: a las 1:38 pm

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