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  • Pablo González

Pablo González

Empresario Pyme, miembro Comité Defensa Borde Costero.

Etiquetas: , , , , » Publicado: 12/02/2015

Chilenos se quedan sin merluza por responsabilidad del Estado

La devastación del producto, por las cuotas en exceso entregadas al sector industrial exportador, no se repara con bonos de cuatro chauchas. Es la hora de una demanda colectiva.

Apenas hace una década la merluza era el principal  alimento saludable de origen marino de las familias chilenas por tener un bajo precio, ser abundante en ferias y caletas de pescadores y ser del gusto de todos. Sin embargo, ha entrado en una crisis dramática estos últimos años, ya que su colapso sobrepasó todos los límites.

El sector industrial exportador de este recurso, a propósito de los últimos decomisos de pesca ilegal denunciados por Sernapesca durante el año pasado, acusó que la crisis sería de responsabilidad de la pesca artesanal, y exigió a las autoridades que se hiciera respetar la ley  y que las instituciones funcionen.

El gerente general de Pesquera Camanchaca, Ricardo García, en entrevista de fines de diciembre además de lo anterior,  agregó: “Es decir, si a ese sector –refiriéndose a la pesca artesanal – le correspondían 7.600 toneladas al año, ilegalmente se capturan probablemente 22.800 toneladas, lo que supera la cuota global nacional de pesca”.

Sin embargo, lo que no explicó la anterior declaración de García es que la pesca ilegal, es una consecuencia del colapso al que fue llevado este recurso por la Subpesca  aunque por ley  tenía la responsabilidad de evitar lo anterior, ya que su obligación era cuidar la sustentabilidad de la misma.

Para sorpresa de muchos, el principal beneficiado de las cuotas en exceso que entregó esa subsecretaría en la última década fue el grupo industrial exportador que  él representa,   que es parte de un pequeño grupo de grandes empresas que controla más del 60% de las cuotas de captura entregadas por Subpesca. Detalle no menor, ya que mientras más cuotas obtenían de la anterior, más exportaban y lucraban a costa de hacer colapsar la merluza no importándoles el daño medio ambiental y social que ocasionaban a los miles de pescadores artesanales de merluza que deben repartirse el  40%  restante de la cuota.

Como lo anterior resulta indesmentible, quiere decir que quienes primero han transgredido la institucionalidad y la ley, no ha sido precisamente la pesca artesanal sino la Subpesca. De allí que corresponde demandar a ésta y pedir las indemnizaciones respectivas por  la devastación y el daño ambiental asociado a su colapso, que ha ocasionado que la captura de este recurso haya caído violentamente y lo mismo ocurriera con los ingresos de los pescadores artesanales. Y ello no se repara con bonos de cuatro chauchas repartidos a cambio de acallar el justo descontento.

Quienes primero han transgredido la institucionalidad y la ley, no ha sido precisamente la pesca artesanal sino la Subpesca. De allí que corresponde demandar a ésta y pedir las indemnizaciones respectivas por  la devastación y el daño ambiental asociado a su colapso, que ha ocasionado que la captura de este recurso haya caído violentamente y lo mismo ocurriera con los ingresos de los pescadores artesanales.

Da la casualidad que el volumen de 22.800 toneladas que ha denunciado García que la pesca artesanal “probablemente” podría capturar como pesca ilegal coincide con el volumen del consumo histórico que tienen las familias chilenas y con la cuota máxima para el año 2015 autorizado por Subpesca. Entonces la decisión debería ser otra: si la cuota crítica que puede entregar el Estado a través de la Subsecretaría coincide con las necesidades país, por qué el 60% debe ser entregado para que un pequeño grupo lo exporte, cuando lo que estaría gatillando la pesca ilegal es no poder abastecer el mercado local.

El Estado y sus instituciones, así como la ley,  tienen como fin último la protección del bien común, y no el amparo de la colusión o la corrupción. Entonces cabe preguntarse por qué las familias chilenas tendríamos que aceptar no ir en busca de los responsables y de la reparación económica,  por esta situación generada por la Subpesca,  la misma que ahora desea imponer a las familias chilenas un racionamiento a un tercio del volumen del consumo histórico.

Cabe preguntarse por qué los pescadores artesanales tienen que recurrir a la pesca ilegal de la merluza para poder mantener el consumo de este rico alimento marino considerado pilar de la alimentación saludable de las familias de nuestro país, y aceptar que el Estado no haga ningún esfuerzo por  buscar salidas razonables haciéndose responsable de la crisis que ocasionó.

Hasta ahora el Estado se desentiende de lo anterior y echa mano a todo su poder represivo (Sernapesca, Carabineros, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos)  sindicando como responsables a los pescadores artesanales y al pequeño comercio que gira en torno a la misma, lo que resulta del todo insólito e injusto. Mientras, las autoridades de Subpesca que ocasionaron este desastre ambiental y social siguen siendo premiados ocupando los altos puestos de nuestra administración pesquera.

Sorprende que el jefe del Departamento de Fiscalización de Sernapesca –Jorge Toro Daponte– muestre tanta diligencia en perseguir la pesca ilegal de la merluza por parte de los pequeños pescadores artesanales, cuando hace un par de años siendo director del IFOP, era uno de los que justificaba en fines científicos la pesca ilegal y devastación de la sardina austral por corresponder a una especie que  estaba sancionada por la ley con multas por no ser parte de los registros pesqueros. Claro, en ese caso se favorecía a una importante industria de harina de pescado de la X Región.

Imponer un racionamiento al consumo de merluza en los hogares por la vía de una menor cuota para el sector artesanal resulta impresentable. Por lo mismo, en un importante sector pensamos que es la hora de que las organizaciones de la pesca artesanal, las organizaciones de protección al consumidor, se unan detrás de una demanda colectiva pidiendo indemnización por el daño ambiental de responsabilidad del Estado y asociado al colapso de la merluza.

En la lista de daños se puede anotar entre otros: a) el ocasionado a una de las escasas fuentes de alimentación saludable de las familias chilenas; b) el provocado a una de las fuentes de trabajo y de ingresos  histórica de la pesca artesanal; c) la destrucción del tejido social del que forma parte la ”pesca artesanal –pequeño comercio de caletas de pescadores y ferias, pequeños restaurantes y  familias, que compromete a miles de hogares- lo que resulta imperdonable ya que son parte de un patrimonio social y cultural  invaluable de nuestro país que ha sido llevado a la marginalidad en forma absolutamente irresponsable por los últimos gobiernos.

Independiente de las acciones legales, es urgente el empoderamiento ciudadano para resistir a tanta e insoportable desigualdad.

Comentarios del artículo: Chilenos se quedan sin merluza por responsabilidad del Estado - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , , , , , , , » Publicado: 02/01/2015

Pesca ilegal causa demencial daño ambiental en la Patagonia

Autorizada por el Estado, en medio de la impunidad y redes de corrupción, la pesca ilegal disfrazada de “científica” ha devastado a la sardina austral. Este atentado a la conservación del patrimonio ambiental de responsabilidad del Estado debería obligar al Gobierno a una reingeniería completa de las instituciones comprometidas en el tema pesquero.

La denuncia de Ciper sobre la pesca ilegal con la veniad el Estado resulta gravísima. Hoy cientos de pescadores artesanales y pequeños comerciantes son denunciados por Sernapesca y el SII ante la Justicia por incumplir la Ley de Pesca, son castigados con fuertes multas y en algunos casos con penas aflictivas. Mientras, la presente denuncia que corresponde a miles de toneladas acompañadas de un desastre ambiental demencial y enriquecimiento ilícito por 50 millones de dólares, se mantiene en la impunidad por estar comprometidos altos funcionarios del Estado y grandes empresarios.

Este es un escándalo que el Gobierno debe denunciar a la Contraloría y al Ministerio Público para desmantelar estas redes de corrupción. La Justicia debe ser pareja para todos.

La pesca ilegal  autorizada por Subpesca en el  período 2006-2010 se justificó como pesca de investigación, llegando a triplicar los volúmenes de lo que había sido la pesca comercial e histórica hasta el año 2005. Y desde 2010 hay una caída brutal del desembarque producto de la sobrexplotación demencial de autoría del Estado.

Para entender la gravedad de estos hechos, cabe precisar que toda la administración pública se rige por normas de Derecho Público, esto es, solo puede hacer o ejecutar lo que expresamente está establecido en la ley, sin que puedan aplicarse normas de interpretación analógica, sino que únicamente basarse en el texto expreso de la ley.

Por ello el grupo de autoridades y funcionarios de Subpesca, Sernapesca e IFOP, comprometidos en encubrir en una pesca de investigación una pesca con fines comerciales, que además se hizo sobre la Sardina Austral (una especie cuya captura la ley sancionaba con multas), tuvieron un actuar al margen de la ley que los compromete en el enriquecimiento ilícito con el que favorecieron a un grupo de escogidos y que supera los 50 millones de dólares.

Subpesca justificó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y Corte Suprema que lo anterior era para proteger a la Sardina Austral. Pero ahora ellos mismos se han encargado de revelar evidencias que prueban que mintieron ante los Tribunales de la República.

De autoría de Subpesca es el  reconocimiento que sigue: “Bajo el alero de la pesca de investigación, este recurso pasó a formar parte de la matriz de recursos destinados a harina de pescado, constituyendo para la región uno de los principales recursos que sustentan la industria local de este producto, compartiendo esta condición con el recurso sardina común. La actividad durante el período ha generado rentas anuales por un monto entre 5 – 8 millones de US$”, señala el Informe Técnico DAS_13-2012.

Lo anterior fue ratificado ante el Tribunal de la Libre Competencia por el principal beneficiado, quien lo sacó a la luz el año 2010 por disputas con los harineros de la VIII Región, la empresa Fiordo Austral: “El principal insumo en la actividad industrial de mi representada son las sardinas y anchovetas (…) En términos de cuota total, incluyendo tanto las especies que se encuentran decretadas como pesquería, así como la especie sujeta a estudio (Sardina Austral, Sprattus fueguensis), se ha incrementado de 36.000 toneladas aproximadamente el año 2005 a 70.000 toneladas el año 2007″ (Presentación ante Tribunal de la Libre Competencia, 27 mayo 2010).

En marzo del 2014,  Subpesca dio a conocer el informe “Estado de Situación de las principales Pesquerías chilenas, 2013″. En la página 14 del documento, confiesa que en el período que autorizó la pesca para supuestos fines científicos, habría ocurrido una situación absolutamente distinta: “Es posible informar que el recurso alcanzó el estado de sobrepesca (2007 – 2009 ) y luego el de sobreexplotación (2008 – 2011)”.

En un mail del 16 de febrero de 2011, el Departamento Pesquerías de la Subpesca reconoció el estado dramático en que se encontraba  la Anchoveta en Aguas Interiores, como efecto colateral de los volúmenes del todo desproporcionados que alcanzó la pesca ilegal de la Sardina Austral: “El estado de situación de este recurso da cuenta de una tendencia general decreciente de la biomasa total en los últimos cinco años (…)  probablemente debidos a los altos niveles de pesca a los que ha estado sometido este recurso y que sobrepasan los niveles biológicamente recomendados. La razón de potencial reproductivo indica que la población se ubicaría en torno al 20% de la condición sin pesca, lo cual no es deseable para la sustentabilidad del recurso”.

En el Informe Técnico N° 225-2012, Subpesca confirmó que la Biomasa total de Sardina Austral en la X Región al año 2006 era de 194.719 toneladas, al año 2008 había bajado a 114.640 toneladas y a enero del 2011 ésta no superaba las 75.742 toneladas. En el caso de la Sardina Austral de la XI Región al año 2008 era de 150.685  toneladas y a enero del 2011 de 44.199 toneladas.

Subpesca inicia la pesca ilegal de la Sardina Austral el año 2006 con Felipe Sandoval como subsecretario de Pesca (Gobierno de Ricardo Lagos), quien da la partida con su firma a una seguidilla de resoluciones exentas, a las que le darán continuidad los subsecretarios siguientes, Jorge Chocair (Gobierno de Bachelet) y Pablo Galilea (Gobierno de Piñera), por las que autorizaron las cuotas de captura de Sardina Austral, actuando por sobre la ley.

La pesca ilegal de Sardina Austral por parte del Estado, fue reconocida por Subpesca en informe al secretario del Senado de fecha 3 de junio del 2011, que tiene la firma del actual consejero nacional de Pesca  y que a ese entonces era  el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, quien reconoció que la pesca de la Sardina Austral asociada a “la captura de especies hidrobiológicas sin estar inscrito en los registros respectivos, se encuentra sancionada con multas conforme lo dispuesto por los artículos 110 letra d) y 120 de la LGPA”.

Sernapesca, que por ley está encargada de impedir la pesca ilegal, se justificó como sigue a través del director X Región: “Desde nuestro ámbito de funciones y actuaciones, nos corresponde sólo fiscalizar a los agentes pesqueros, en cuanto al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las respectivas resoluciones que autorizan pesca de investigación. Pero en caso alguno la función fiscalizadora comprende el control de legalidad de los actos dictados por la Subsecretaría de Pesca”.

Meses antes, la Contraloría había vuelto a reiterar el rol de Sernapesca en clara alusión a las pescas de investigación autorizadas por Subpesca que estaban siendo usadas para burlar la ley: “De conformidad a lo establecido en el artículo 122, inciso primero, de la ley N° 18.892, la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones contenidas en ese texto legal -entre las cuales se encuentran aquéllas relativas a la pesca de investigación-, debe ser ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca”.

El Sernapesca, al coludirse con Subpesca,  pavimentó el camino para que estos ilícitos de autoría de funcionarios del Estado pudieran funcionar en la impunidad y no fueran denunciados junto al Servicio de Impuestos Internos ante el Juzgado y Ministerio Público, por los delitos asociados a capturar, industrializar y comercializar productos sancionados y prohibidos en la ley.

IFOP hizo lo suyo justificando en fines científicos la devastación. Para justificar los requerimientos de volumen de la industria de harina de pescado en el uso de redes mucho más grandes que las que establecía la ley, y que se habían usado sin ningún contratiempo hasta el año 2005, dijo: “Por otra parte, en relación a las razones científicas que fundamentan que la Resolución Exenta N° 107, de fecha 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría de Pesca, exceptúe a los armadores de dar cumplimiento del Decreto Supremo N° 445, de 1989, se basan en el hecho que las redes bajo 20 brazas de calado  efectivo, generalmente no pueden acceder a los cardúmenes de peces, como los pequeños pelágicos anchoveta y sardina, en los caladeros tradicionales”.

Y en relación a la captura en períodos de reproducción, aseguró que “en cuanto al fundamento de establecer la excepción de no aplicar veda de reclutamiento, obedece precisamente a obtener información para evaluar el desempeño de la veda” (Jorge Toro, director ejecutivo IFOP, en carta Ley de Transparencia).

En relación a otros actores vale mencionar el rol de Pablo Galilea, quien en la inauguración de enero 2011 de la Planta Graneros (Fiordo Austral) en la XI Región, dio a conocer que el 20% de la materia prima que utilizaría la anterior correspondería a Sardina Austral obtenida a través de Pesca de Investigación que había autorizado Subpesca a la Universidad del Mar, la misma que fue cerrada por corrupción  y se encuentra  investigada por el Ministerio Público por distintos delitos.

Al anterior se suma  Iván Fuentes,  quien en su condición de presidente de Corpafa, quien en declaraciones realizadas al Diario Aysén de fecha 17 de julio del 2009, afirmaba que “la palabra fundamental para la pesca artesanal hoy en día es la diversificación, y uno de los recursos precisamente es la Sardina Austral”.

En la pesca de investigación de Sardina Austral en la XI Región operada por la Universidad del Mar, se acordó entre la empresa que se beneficiaría de ella, Graneros S.A. (filial de Fiordo Austral) y los pescadores que la capturarían, que medio peso por kilo iría a parar a Corpafa, el sindicato que presidía Iván Fuentes, actual diputado y presidente de la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados.

La Contraloría desechó investigar la presente denuncia realizada por Heriberto Teuquil Huinao, el año 2011. En su resolución 29173 de mayo del 2012, después de dilatar su respuesta por casi un año, señala que “se abstiene de emitir pronunciamiento por haberse dictado sentencia judicial en el asunto”.

Aunque al fallo a que se refiere, en el título Noveno, anota: “que en relación a la adhesión deducida a fojas 59, por don Heriberto Teuquil, ésta debe desestimarse por extemporánea”. Es decir, la adhesión al recurso de protección de Teuquil debía considerarse como si no existiese. De allí que el dictamen del contralor resulta una negligencia inexcusable para un hombre de la sapiencia jurídica que tanto se le reconoce.

Hasta ahora, los autores de este Daño Ambiental han gozado de absoluta impunidad y siguen siendo funcionarios destacados del Estado. Más grave aún, son parte de los comité científicos o han sido nombrados como parte del tejido de autoridades que actualmente administra el sector pesquero.

Al año 2014 los anteriores seguían entregando cuotas desproporcionadas para estas tres pesquerías colapsadas y hacían oídos sordos para tomar  medidas para su recuperación. Es de la autoría de estos últimos el haber perfeccionado el Modelo de Subpesca del cómo se debe encubrir con informes ” científicos” el Daño Ambiental y sus autores gocen de impunidad, como lo prueba la presente denuncia  y el estado catastrófico al día de hoy de todas las pesquerías en nuestro país.

Este atentado a la Conservación del Patrimonio Ambiental de responsabilidad del Estado debería obligar al Gobierno a una reingeniería completa de las Instituciones comprometidas en estos hechos, marginar de la administración de los actuales stock pesqueros a todos los funcionarios que hayan tenido participación directa o indirecta, así como  anular todas las decisiones administrativas  sobre la Sardina Austral  que tomó Subpesca ya que se fundaron en un acto viciado. Se necesita restablecer el Estado de Derecho y dar una muestra clara de separar aguas de la corrupción.

Por el momento estos ilícitos deben ser investigados y castigados, en lo principal por el perjuicio fiscal por el millar de multas reiteradas durante 6 años y que se dejaron de cursar, delitos tributarios, enriquecimiento ilícito. Acá tienen un papel relevante por cumplir el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado.

Comentarios del artículo: Pesca ilegal causa demencial daño ambiental en la Patagonia - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 27/11/2014

David Harvey y sus teorías para entender la especulación en la Patagonia

La Patagonia es uno de los territorios más ambicionados en el mundo no sólo por su potencial acuícola, explotado por la industria salmonera, sino también por el desatado negocio de especulación financiera. Y ante esto, la Nueva Mayoría ha optado por permanecer ciega, sorda y muda.

David Harvey, el famoso pensador británico, visitó Chile para dar a conocer parte de sus teorías. Mientras participaba de sus conferencias consideré que las mismas servían para explicarse el tan particular negocio salmonero, el que apenas con un par de décadas ha impactado en forma dramática el Medio Ambiente, y violentado una cultura de mar milenaria de las poblaciones nativas de la Patagonia (Chiloé, Aysén y Magallanes), heredera de las culturas ancestrales.

Una de las contradicciones del capitalismo que reveló Harvey es el crecimiento ilimitado que emerge de la ambición del propio sistema de acumular capital. Este imperativo implica que el capital requiere encontrar de forma permanente nuevas y lucrativas fuentes de inversión y mercantilización de los recursos naturales.

Una segunda contradicción en la que se extendió y que ayuda a explicarnos el tema de la presente columna  es la existente entre el valor de uso y valor de cambio.

Todos los bienes o mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. Mientras el valor de uso refiere a la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad, el valor de cambio toma forma cuando el bien es objeto de transacciones en el mercado capitalista.

Hace un par de décadas la Concertación decidió como parte de su política de desarrollo país, despojar a las poblaciones nativas de la Patagonia del valor de uso milenario que tenía ese territorio para ellas, y optar por las políticas neoliberales, esto es, darle al mismo un valor de intercambio.

El Archipiélago Patagonia, con 5.769 entre islas e islotes y casi un tercio de la extensión de nuestro país, además concentra casi el 95% del Borde Costero de Chile, y está asociado a un invaluable Ecosistema Marino rico en Biodiversidad.

Sin embargo, hace un par de décadas la Concertación decidió como parte de su política de desarrollo país, despojar a las poblaciones nativas del valor de uso milenario que tenía ese territorio para ellas, y optar por las políticas neoliberales, esto es, darle al mismo un valor de intercambio.

De allí que facilitaron que la inversión extranjera y local pudieran incorporar al territorio de la Patagonia a sus negocios de especulación financiera asociado a mega inversiones salmoneras y de mitílidos entre otros. En muchos foros, los principales líderes de la Concertación lo muestran como uno de sus mayores logros de Gobierno, como una muestra de la innovación y contribución exitosa de la economía chilena a los mercados globales.

A poco andar hemos visto los efectos de lo anterior, ya que desde hace un tiempo el principal atractivo de los activos que se negocian como parte de la concentración económica que está viviendo el negocio salmonero es el control del territorio (concesiones acuícolas), en una batalla de especulación donde algunos inversionistas han conseguido espectaculares enriquecimientos.

En el anterior juego aparecieron poderosos inversionistas extranjeros que han conseguido concentrar buena parte del territorio de la Patagonia para sus compañías. Algunos de ellos lo empiezan a utilizar como parte de sus estrategias para respaldar y darle credibilidad a planes de expansión, crecimiento y rentabilidad de sus empresas, y lo transforman en un atractivo altamente apetecido por los mercados de especulación en las principales bolsas del mundo. De esta forma, buena parte del territorio de la Patagonia ha pasado a tener un valor de especulación financiera global, donde su propiedad cambia con la velocidad  que le deseen imponer los fondos de inversión que especulan con él.

Desde hace un tiempo, más allá de la engorda de salmones, los negocios ligados a la especulación financiera con el territorio Patagonia son el centro de muchas ambiciones. Y esto ha desatado que se estén pidiendo miles de solicitudes de concesiones acuícolas que alcanzan hasta Magallanes, las que incluso pretenden se las aprueben dentro de los escasos Parques Nacionales Marinos.

En esta parte vale volver a recordar a Harvey:  “El capital seguirá funcionando indefinidamente pero de una manera tal que provocará mayor degradación de los recursos naturales y exacerbada inequidad entre las clases sociales a niveles insostenibles”.

El Medio Ambiente y la Patagonia son víctimas de este juego de ambiciones que cuenta con la complicidad del Estado, y donde el uso abusivo de productos químicos tóxicos o peligrosos en las operaciones de salmonicultura intensiva son equivalentes a los bombardeos de Napalm sobre la población de Vietnam, pero en este caso sobre los Ecosistemas Marinos y su Biodiversidad.

La anterior sentencia de este intelectual en la Patagonia ya es una realidad, ya que la Concertación no tan sólo despojó a las poblaciones nativas del valor de uso del territorio que éstas lo tenían internalizado como un bien común, sino que éstas no han tenido otra salida para su sobrevivencia que proletarizarse y ser testigos de la degradación de la Patagonia.

Mientras, al Estado sólo pareciera preocuparle mantener bajo un aparente control una nueva crisis sanitaria para resguardar la viabilidad de la industria salmonera y que seguro es para no afectar los intereses comprometidos de una gran cantidad de bancos que son parte importante de este formidable negocio de especulación financiera a costa del Medio Ambiente.

El Medio Ambiente y la Patagonia son víctimas de este juego de ambiciones que cuenta con la complicidad del Estado, y donde el uso abusivo de productos químicos tóxicos o peligrosos en las operaciones de salmonicultura intensiva son equivalentes a los bombardeos de Napalm sobre la población de Vietnam, pero en este caso sobre los Ecosistemas Marinos y su Biodiversidad.

Mientras los poderosos grupos con intereses en el negocio argumentan que la globalización del territorio le ha traído progreso y desarrollo a la Patagonia, buena parte de nuestra clase política ha decidido optar por permanecer ciega, sorda y muda, por el compromiso que tienen muchos de ellos con el capital.

Comentarios del artículo: David Harvey y sus teorías para entender la especulación en la Patagonia - Publicado: a las 8:31 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 09/10/2014

La Ley Longueira acomoda a la Nueva Mayoría

Pese a las tergiversaciones de Sonapesca, en Chile hay un bajísimo consumo de pescado per cápita. Y éste es un efecto de la ley de privilegio hecha a la medida de las 7 familias que controlan el negocio pesquero y que el actual Gobierno nada ha hecho por revisar.

El diario Estrategia, en su edición del 22 de septiembre pasado, ha difundido una nota titulada “Consumo per cápita de productos pesqueros en Chile duplica al promedio de América Latina”, citando como fuente la última memoria anual de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), entidad que agrupa a grandes compañías pesqueras.

El artículo señala que “esta tendencia de cada vez mayor consumo de pescados y mariscos en el país, estaría ligada con la mayor importancia que la población chilena le otorga al consumo de productos saludables”.

La pregunta que viene al caso es por qué Sonapesca difunde algo que se sabe que es falso. La respuesta pareciera estar dada por una estrategia que le acomoda mucho a las élites, esto es, disponer de medios de comunicación para imponernos el relato que favorece sus intereses, no importando que para ello deban tergiversar la verdad y la realidad.

Aunque resulte difícil creer, fue el anterior subsecretario de Pesca (UDI) quien se encargó de revelar la realidad dramática de lo que sucedía con el consumo de pescado como parte de la alimentación saludable en Chile, según un estudio encargado por él a la consultora SCL Econometrics y titulado “Diagnóstico del consumo interno de productos pesqueros en Chile” (VEA EL INFORME ACÁ).

Según un artículo publicado por El Mercurio el 2 de enero de 2013, ese estudio pedido por la subsecretaría concluyó que “en el mejor de los pronósticos, el consumo de pescado en Chile alcanza los 6,9 kilos per cápita al año”. Es decir el consumo de pescado de las familias chilenas no llega a la mitad de los 15,7 kilos del consumo promedio mundial y está lejísimo de los 25,4 kilos de Perú.

Resulta incomprensible que Sonapesca haya utilizado partes de ese mismo diagnóstico, pero de la peor forma: deduciendo cifras de consumo per cápita a partir de cifras de la FAO.  Algo que el anterior estudio se preocupó de advertir: “Los antecedentes que nos entrega la FAO son sólo un referente que permite compararnos con otros países o bloques respecto a la materia prima disponible para consumo humano”. Es decir, los autores del diagnóstico se anticiparon a descalificar lo que finalmente hizo Sonapesca: calcular el consumo per cápita dividiendo materia prima disponible para el consumo humano por la población de un país o localidad.

Hace unos años Perú dio forma a una política de Estado que ha incorporado el consumo de anchoveta como parte de  un plan de alimentación saludable que beneficia a jóvenes, niños y a las familias en general de su país, mientras en Chile la opción por la harina de pescado constituye “el peor de los mundos”.

Si aplicáramos el criterio utilizado por Sonapesca al caso del salmón, esto es, dividir la materia prima disponible de ese recurso para el consumo humano por la población donde está localizada su producción, el consumo de salmón de los habitantes de Chiloé y Aysén superaría los 1.000 kilos per cápita, lo que es ridículo. Además, las familias de esa zona no podrían tener acceso a ese consumo ni aunque lo quisieran y contaran con los medios económicos para hacerlo, ya que casi la totalidad del salmón se exporta, igual a lo que le sucede a la mayoría de las familias chilenas en relación a todos nuestros recursos pesqueros.

Algo muy parecido al ejemplo del salmón sucedería si aplicáramos la formula de Sonapesca a nuestro fabuloso stock de riqueza de proteínas y Omega 3 marino, presente en anchovetas y sardinas, las que aún siendo una materia prima disponible para consumo humano, no la podemos comprar, ya que en nuestro país su totalidad esta monopolizada para convertirla en harina de pescado para la engorda de pollos, cerdos y salmones.

Vale hacer presente que Perú hace unos años dio forma a una política de Estado que ha incorporado el consumo de anchoveta como parte de  un plan de alimentación saludable que beneficia a jóvenes, niños y a las familias en general de su país, mientras en Chile la opción por la harina de pescado, según el diagnóstico ya citado, reconoce que: “Esta alternativa constituye el peor de los mundos (…). Primero, el consumo interno de pescado fresco disminuye; segundo, el margen para el productor artesanal es bajísimo si se compara con la venta directa (…). Tres, la producción nacional de pescados y productos del mar se concentra en bajos niveles de agregación de valor. Esto, como se explicó anteriormente en los factores críticos, se debe a los escasos incentivos que poseen los grandes productores de harina, al recibir enormes rentas producto de la explotación de recursos naturales sin pago alguno por extraer” (pág. 179). Y este último es, precisamente, el caso de los principales representados de Sonapesca, es decir, de 7 familias que dominan el negocio.

El silencio guardado por el actual subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, ante las tergiversaciones de Sonapesca, pareciera llevarnos al fondo de este asunto: al subsecretario le da lo mismo que se confunda a la opinión pública si ello ayuda a no incomodar a las 7 familias y dejar en el olvido la promesa de campaña de la Nueva Mayoría de darle prioridad a la revisión de la Ley de Pesca, también llamada Ley Longueira, cuerpo legal que se ha denunciado como una ley de privilegio que deja sin acceso al consumo de pescado a la inmensa mayoría de los chilenos.

Comentarios del artículo: La Ley Longueira acomoda a la Nueva Mayoría - Publicado: a las 9:00 am

Etiquetas: , , , , , , , , , , » Publicado: 12/06/2014

Cómo favorece Corfo a las “Pymes” de la élite empresarial

Mientras más de 1,5 millones de Pymes y microempresas de propiedad de pequeños inversionistas se disputan las migajas de los fondos públicos, Corfo entrega recursos a las redes de empresas de las grandes fortunas.

Los pequeños emprendimientos Pymes estamos en la boca de la élite empresarial y de algunos dirigentes políticos, quienes acusan que seremos las principales víctimas de la Reforma Tributaria. Lo cierto es que el mayor problema que ha tenido nuestro sector en las últimas décadas son las leyes de privilegio y los millonarios subsidios estatales que favorecen a las élites empresariales, obtenidas con la complicidad de la clase política y las altas autoridades del sector público. Se trata de una discriminación odiosa en contra de las Pymes de propiedad de pequeños inversionistas que se ha consolidado como parte del modelo de desigualdad.

Durante la Reforma al Mercado de Capitales que se inició con Ricardo Lagos, y luego perfeccionaron Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, las grandes fortunas justificaron que necesitaban franquicias tributarias para ayudar al desarrollo de la industria del capital de riesgo para favorecer los nuevos emprendimientos, ya que esta última política era imprescindible para conseguir el crecimiento del país.

Mientras la inversión en nuevos emprendimientos no ocurrió según lo publicitado, en menos de 10 años las élites crearon cerca de 800 fondos de inversión y los transformaron en un instrumento para refugiar sus empresas y beneficiarse hasta hoy de las ventajas tributarias que esas leyes les otorgaban o dejaron ex profeso en el vacío legal.

Algunos de los fondos de inversión de riesgo que irrumpieron fueron los promovidos por Corfo, los que se beneficiaron con aportes de platas públicas por cerca de 500 millones de dólares porque tenían como objetivo promover la innovación y el emprendimiento.

Para las pymes, Corfo ideó la creación de un centenar de empresas promotoras del emprendimiento con financiamiento público, que a través de cursos y asesorías realizan casi un adoctrinamiento en que lo más importante no sería el dinero sino la pasión y el recetario que se les enseña para alcanzar el éxito.

Corfo publicita que habrían beneficiado mayoritariamente a Pymes y microempresas. Sin embargo, al investigar quiénes son el centenar de beneficiados, sorprende: 1) que la mayoría favorece a las redes sociales y familiares de la élite empresarial, entre ellos ex dirigentes gremiales de la gran empresa y grandes empresarios, y a quienes han sido  ministros de la Concertación, de Pinochet o altos funcionarios del gobierno de Piñera; 2) cada uno de estos negocios ha recibido aportes multimillonarios, algo absolutamente inusual en el mundo de las Pymes, y 3) que la mayoría de los proyectos están relacionados a negocios de comercio, lucro en educación, especulación o centrados en la explotación de proyectos y productos de baja complejidad que no están alineados con la innovación competitiva de nivel global que necesita nuestro país.

Todo lo anterior ha ocurrido mientras más de 1,5 millones de Pymes y microempresas de propiedad de pequeños inversionistas se disputaban las migajas de los fondos públicos destinados al mismo fin. Para ellos, Corfo ideó la creación de un centenar de empresas promotoras del emprendimiento con financiamiento público, que a través de cursos y asesorías realizan casi un adoctrinamiento en que lo más importante no sería el dinero sino la pasión y el recetario que se les enseña para alcanzar el éxito.

Su objetivo pareciera no ser otro que alimentar la ilusión de las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) para mantenerlos ciegos de la discriminación de la que han sido y son objeto, ya que los aportes de Sercotec o Corfo a los capitales semilla para ellas no guardan comparación con los entregados a las élite empresarial. En otras palabras, las autoridades de Corfo se han dedicado a profundizar el modelo de desigualdad con platas que le pertenecen a todos los chilenos mientras publicita estar haciendo lo contrario.

Corfo no ha tenido una política distinta con las platas públicas con las que subsidia las líneas de fomento a la investigación y desarrollo, ya que el grueso de esos fondos se encuentra capturado por las redes de empresas de propiedad de la élite empresarial. Las Pymes de propiedad de pequeños inversionistas hemos sido meros observadores de esta danza de subsidios millonarios, ya que las actuales políticas que los promueven en su mayoría están pensadas para favorecer a las redes de empresas de las grandes fortunas, cuando debería ser justo al revés.

Esto ocurre con los subsidios Corfo que se canalizan a través de Corfo Innova, Fondef-Conicyt, y los que ahora promueven los centros universitarios europeos, que operan en el país con platas públicas que les proporciona Corfo.

Un caso emblemático es el de Roberto Angelini, heredero de una de las fortunas más grandes de este país y presidente de Corpesca, quien después de conseguir con el apoyo de la Concertación y la Alianza por Chile casi la gran mayoría del stock de anchoas del país para su empresa, se ha beneficiado de subsidios Corfo para su negocio de exportación de productos derivados de las anchoas (a través de la empresa Golden Omega, la que ha obtenido fondos por más de $ 500 millones, de acuerdo a los registros de Corfo ).

El resultado no puede ser más dramático: las platas públicas en manos de Corfo con las que nuestro país promueve la innovación, la investigación y desarrollo para dar un giro a nuestro actual modelo productivo -basado en la explotación y exportación de recursos naturales, industria del retail y productos de baja complejidad-, se encuentran absolutamente capturadas por la élite empresarial. La misma que ha demostrado no tener capacidades para desarrollar e innovar en productos de alta complejidad. Los resultados de la anterior política no se han hecho esperar y durante 2013, declarado por el ex Presidente Piñera como el “año de la innovación”, Chile bajó del pobre lugar 39 al número 46 en el ránking mundial de innovación.

La Reforma Tributaria que se discute por estos días será absolutamente insuficiente si la Nueva Mayoría se cruza de brazos ante el largo listado de millonarios subsidios que entregan a través del Estado a las grandes fortunas de nuestro país con los impuestos que pagan todos los chilenos (a través de Corfo a la gran industria acuícola-pesquera, agrícola, gran minería o con el Decreto 701 a la gran industria de la celulosa, entre otros).

Las advertencias del fracaso al que nos ha conducido la anterior estrategia de Corfo para el fomento de la innovación han quedado al desnudo nada menos que por el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, en el Foro Anual de la Industria 2012, organizado por Asimet. Ahí explicó que en el índice de complejidad económica, que entre otras cosas mide el nivel de diversificación de las exportaciones nacionales, nos ubicamos en el lugar 78 en el mundo, junto a países como Trinidad y Tobago o Jamaica.

La Reforma Tributaria que se discute por estos días será absolutamente insuficiente si la Nueva Mayoría se cruza de brazos ante el largo listado de millonarios subsidios que entregan a través del Estado a las grandes fortunas de nuestro país con los impuestos que pagan todos los chilenos (a través de Corfo a la gran industria acuícola-pesquera, agrícola, gran minería o con el Decreto 701 a la gran industria de la celulosa, entre otros).

La misma será insuficiente si la Nueva Mayoría persiste en hacerse la ciega y sorda ante las leyes de privilegio que aprobaron como Concertación, como es el caso de las leyes de pesca, que concentraron en un puñado de grandes fortunas la riqueza acuícola país y la invaluable riqueza de proteína marina y Omega 3 marino contenida en nuestros stock de anchoas y sardinas que da forma a una de las fuentes de alimentación saludable más importantes del planeta.

Está claro que la fórmula para salir del círculo vicioso de la sociedad de privilegios que ha profundizado la desigualdad en Chile no es precisamente con una Reforma Tributaria. Por lo pronto, resulta impresentable que el Gobierno de la Nueva Mayoría siga insistiendo en el tutelaje de la Sofofa en el Consejo de la Corfo. En el corto plazo es urgente que la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría redefinan lo que hicieron hasta hace poco como Concertación cuando decidieron entregar los cuantiosos fondos públicos que administra Corfo a la élite económica -responsable del modelo de desigualdad- para que ésta profundizara su modelo de exclusión y de segregación esta vez en el campo de la investigación y desarrollo, de la innovación y el emprendimiento.

Comentarios del artículo: Cómo favorece Corfo a las “Pymes” de la élite empresarial - Publicado: a las 9:10 am

Etiquetas: , , , , , , , , » Publicado: 23/04/2014

Las hamburguesas de anchoas del subsecretario de Pesca

Raúl Súnico espera que en todos los establecimientos públicos educacionales nuestros niños puedan comer hamburguesas de anchoa o vienesas de sardina. Sin embargo, con la Ley Longueira vigente, ¿de dónde sacará el subsecretario el pescado necesario para cumplir su objetivo?

En el Congreso, el pasado 19 de marzo del 2014 bajo el título “Hacia una política de sustentabilidad y desarrollo pesquero-acuícola”,  el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, explicitaba uno de sus objetivos: “Queremos que en todos los establecimientos públicos educacionales nuestros niños puedan comer hamburguesas de anchoa o vienesas de sardina por sólo dar dos ejemplos, pero para eso nuestra institucionalidad se tiene que acomodar y nuestro compromiso es a iniciar ese camino “.

Al parecer, el nuevo subsecretario ignoraba que los expertos en nutrición han establecido que la alimentación infantil debe incluir entre 125 y 250 grs. de pescado, a lo menos tres veces por semana. Es decir, 1,8 kg. al mes, medida clave para su desarrollo.

El Sr. Súnico también parece desconocer que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entidad que proporciona la alimentación a los niños de los establecimientos escolares públicos, entrega 2,3 millones de raciones diarias.

Al realizar un simple cálculo matemático, multiplicando este dato por los 1,8 kg. al mes de pescado por alumno, se obtiene que –para lograr su objetivo-, es necesario contar con 4.140 ton./mes; y si pensamos en un año escolar de 10 meses, se requerirán 82.800 ton. de anchoas enteras o 41.400 ton. de la misma especie, pero sin cabeza ni vísceras (calculado a un rendimiento del 50%).

Esto tiene un problema de fondo: ¿De dónde sacará el subsecretario el pescado necesario para cumplir su objetivo?

Como es sabido por todos, la Ley Longueira asignó hasta un máximo del 1% de la riqueza pesquera de pequeños pelágicos para el consumo humano. Con esta política de privilegios, de autoría de la Concertación y la Alianza por Chile, las grandes fortunas de nuestro país consiguieron apropiarse del 99% de los recursos pesqueros que pertenecen a todos los chilenos, para alimentación animal y grandes exportaciones.

La Subsecretaría de Pesca (Subpesca) informó  a las Pymes que para el año 2014 la zona centro sur y austral dispondrá solo de un total de 422 ton. de anchoas. Esta cifra representa apenas el 0,5% de las anchoas que se necesitarían para cumplir con el mandato de agregar el consumo de esta especie a la dieta de los niños de Junaeb, porcentaje que obviamente no incluye el consumo de las familias chilenas.

Más allá de la demagogia, el subsecretario y el Gobierno deberán explicar a los movimiento estudiantiles, cómo lograrán entregar “hamburguesas de anchoas” a los 2,3 millones de niños y jóvenes universitarios que utilizan el sistema de beca alimenticia del Estado.

Las “hamburguesas de anchoas” para los niños y jóvenes del país, que propone el sr. Raúl Súnico deberá solicitarlas a una de las 7 familias (por ejemplo al grupo Corpesca), que concentra el 99% de los desembarques de dicho recurso, según lo estipula la ley Longueira.

Las 422 ton. de anchoas fueron licitadas el pasado  11 de abril,  bajo un sistema engorroso y desprolijo. En definitiva, un procedimiento improvisado por “expertos” de la subsecretaría de Pesca, el que desde todo punto de vista fue discriminatorio e insensato, que consideró apenas 15 días desde la publicación del aviso para  participar del proceso, con una serie de condiciones que fueron imposibles de cumplir para la mayoría de las pymes pesqueras en tan poco tiempo y donde, finalmente, solo 8 lograron su objetivo. Pareciera que Subpesca estuvo interesada en hacer fracasar esta licitación para consumo humano, arrastrando el desprestigio del sistema para licitaciones futuras.

Entonces, las “hamburguesas de anchoas” para los niños y jóvenes del país, que propone el sr. Raúl Súnico deberá solicitarlas a una de las 7 familias (por ejemplo al grupo Corpesca), que concentra el 99% de los desembarques de dicho recurso, según lo estipula la ley Longueira.

Eso sí, deberá aceptar que sean preparadas con harina de pescado destinada al consumo animal, ya que ese es el principal objetivo de procesamiento de ese grupo económico.

Comentarios del artículo: Las hamburguesas de anchoas del subsecretario de Pesca - Publicado: a las 8:35 am

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