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Miriam Cruz Chávez

Directora de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip).

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 11/04/2014

Autonomía y derechos laborales

La Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo y los Tribunales nos cierran las puertas y se niegan a conocer de las legítimas reclamaciones relacionadas con las normas laborales. ¿Es que los funcionarios del Ministerio Público no tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores?

La autonomía del Ministerio Público debe estar absolutamente garantizada para que pueda cumplir con su mandato constitucional, esto es, la persecución penal y la protección a víctimas y testigos en un Estado Democrático de Derecho. Sin embargo, no puede pretenderse que esa autonomía abarque las relaciones laborales entre el Ministerio Público y sus funcionarios.

El voto en contra de los Ministros señor Blanco y señora Chevesich en causa RUC N° 1240038138-9,en que la Corte Suprema falló nuevamente en perjuicio de los trabajadores, señala: “….la normativa laboral persigue primordialmente como objetivo la Regulación,  a través de la ley, de las relaciones laborales entre los sujetos que proporcionan trabajo y los prestadores del mismo, con la intervención del Estado en su rol de tutor de los trabajadores, y además, la protección de quienes aparecen como más débiles, en su noción más amplia, proporcionando  amparo legal y social con el objeto de crear condiciones dignas de vida para quienes laboran y al mismo tiempo asegurar el cumplimiento de los derechos de esa naturaleza y los previsionales.”

Debemos entender, a la luz de los reiterados fallos de diferentes Tribunales de Justicia, en orden a no acoger a tramitación las demandas por infracciones laborales en relaciones contractuales vigentes, que los 3.200 funcionarios que trabajamos en la Fiscalía de Chile, no tenemos derecho al amparo legal del Estado, pese a la existencia  de normas laborales que el propio Estado ha dictado para proteger a los empleados frente a relaciones laborales asimétricas.

En el Mensaje Presidencial de la Ley 19.640, que crea al Ministerio Público, el entonces Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, en marzo 1998, señalaba: “La modernización del sistema de justicia… radica en la necesidad de consolidar una democracia basada en el respeto a los derechos de las personas y en la efectiva vigencia del Estado de Derecho. De esta forma, se busca asentar efectivamente el principio elemental y básico de imparcialidad y separar las funciones de investigación y juzgamiento, quedando radicada la primera en el Ministerio Público y la segunda en los jueces del juicio oral”.

En ese orden de ideas, ¿cómo puede consolidarse una democracia en que los derechos de los trabajadores del organismo persecutor penal, creado sobre la base del respeto de los derechos de las personas, pueden ser vulnerados sin poder recurrir a un Tribunal?  Así las cosas, el derecho de acceder a un Tribunal de Justicia que tiene todo imputado, consagrado hace ya 15 años, no lo tiene ningún funcionario de la Fiscalía de Chile, en lo que a sus derechos laborales se refiere.

Nuevamente surgen preguntas,  ¿es que los funcionarios del Ministerio Público no tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores? ¿Es acaso nuestra condición de empleado público, de un órgano autónomo, la causal que se nos niegue nuestro derecho a la tutela judicial en materia laboral?

Siempre debiera poder recurrirse a los Tribunales cuando el trabajador siente que sus derechos laborales son vulnerados. Pero la actual situación de los funcionarios hace suponer que firmar contrato de trabajo con la Fiscalía de Chile  trae aparejada una renuncia implícita a esos derechos y que la autonomía de la institución lo es también respecto de la tutela que por ley debieran ejercer Tribunales Laborales y los Tribunales superiores de Justicia.

En el Programa de Gobierno de la actual Presidenta, en materia de institucionalidad laboral, acertadamente se expresa: “Muchos aspectos se han modificado, pero aún persisten disposiciones que no ayudan o niegan a los trabajadores sus derechos. El respeto a los derechos en el trabajo y la dignidad del trabajador, son parte integral de la identidad social y política de la Nueva Mayoría”.

Resulta entonces, una gran paradoja que en materia laboral, el Estado exija a los privados lo que no  está dispuesto a darle a sus propios empleados: el respeto a los derechos laborales y a la dignidad del trabajador, bajo la tutela judicial. La Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo y los Tribunales nos cierran las puertas y se niegan a conocer de las legítimas reclamaciones relacionadas con las normas laborales. Cabe preguntarse entonces, ¿a quién recurrimos frente a una vulneración de derechos laborales?

Siempre debiera poder recurrirse a los Tribunales cuando el trabajador siente que sus derechos laborales son vulnerados. Pero la actual situación de los funcionarios hace suponer que firmar contrato de trabajo con la Fiscalía de Chile  trae aparejada una renuncia implícita a esos derechos y que la autonomía de la institución lo es también respecto de la tutela que por ley debieran ejercer Tribunales Laborales y los Tribunales superiores de Justicia.

Los funcionarios del Ministerio Público, a diferencia de los empleados que se rigen por el Estatuto Administrativo,  no tenemos garantizada la estabilidad laboral, y de alguna forma estamos en una especie de “contrata anual” ya que el Fiscal Nacional, a solicitud del Fiscal Regional, puede aplicarnos el artículo 81 k, similar al art. Nº161 del Código del Trabajo y ser despedidos de la institución, sin sumario alguno, aun cuando estemos evaluados con nota 7,0, siendo la única limitación a su aplicación, el presupuesto disponible.

Esta herramienta, así concebida,  puede erigirse en un arma de intimidación en contra de quienes pudiesen reclamar sus derechos, quienes no se someten a las  arbitrariedades o no aplauden lo suficientemente fuerte el actuar de la jefatura, quedando siempre esta opción, la de despedir prácticamente sin expresión de causa, más que el cambio de funciones definido de manera cupular.

Es necesario modificar la ley, de manera que los 3.200 funcionarios de la Fiscalía de Chile, tengamos los mismo derechos que tiene cualquier trabajador, considerando que nos vinculamos con un contrato de trabajo y no tenemos propiedad en el cargo, aun cuando ganemos un concurso público.

Comentarios del artículo: Autonomía y derechos laborales - Publicado: a las 8:23 am

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