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Mario Schilling

Director Schilling Abogados.

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 19/04/2016

Los padres del “joven combatiente” pagarán los daños

La Subsecretaría del Interior tomó la decisión de demandar civilmente a los padres de los menores que provoquen daños al mobiliario público en manifestaciones y protestas. Esta decisión -señalan algunos medios de prensa- se da en respuesta a los costos que generan en las distintas municipalidades y reparticiones estatales las marchas o incidentes relacionados con fechas emblemáticas, como lo son el 11 de septiembre o el Día del Joven Combatiente que se conmemora el 29 de marzo.

Uno de los últimos casos que generó preocupación en el Gobierno ocurrió el 17 de diciembre de 2015, cuando un grupo de menores de edad protagonizaron una persecución en la Ruta 68, produciendo cerca de $ 70 millones en daños en vehículos de carabineros y en infraestructura.  Así las cosas, la repartición dependiente del Ministerio del Interior envió un oficio el 3 de marzo al Consejo de Defensa del Estado a efectos de que se evaluara jurídicamente la aplicación de las viejas normas del Código Civil.

Si bien la Subsecretaría pretendía hacer valer el Artículo 2.312 del citado código, el CDE indicó que lo más efectivo sería aplicar el Art. 2.320, pues el primero señala que “los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala  educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”, y desde un punto de vista procesal, resulta difícil probar en juicio el hecho de que la conducta de quienes provocan destrozos públicos provienen de la mala educación de sus padres o de hábitos viciosos que ellos les han permitido adquirir.

En cambio, al usar el artículo 2.320, que expresa “que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. Además, de probar que los menores residan en la casa de los padres, que resulta más sencillo de hacer ante un tribunal civil, se requiere evidenciar que exista una condena y un proceso judicial concluido, los daños que sean a bienes públicos, presentar prueba documental que acredite el monto del perjuicio, que el delito no esté prescrito el caso y la individualización de los bienes de los padres de los menores.

El CDE estuvo muy atento a un fallo de la Corte Suprema en el caso de Aarón Vásquez, que estableció como improcedente el cobro por vía ejecutiva de la indemnización a que se condenó en sede penal al agente directo del daño, pues si bien la culpabilidad de éste no podrá controvertirse conforme al efecto de cosa juzgada en sede civil de la sentencia penal —artículo 179 del Código de Procedimiento Civil—, no están todos los elementos de la responsabilidad por el hecho ajeno, conforme al artículo 2.320 ó 2.321 del Código Civil.

Por una parte, en relación con el artículo 2.320, es necesario aún acreditar el vínculo de dependencia, que en el caso específico de los padres, requiere que habite el mismo techo y, todavía, es posible para los terceros civilmente responsables desvirtuar la presunción de culpa que emana del inciso final de esa regla, acreditando diligencia. Al no otorgarles esta oportunidad a los padres demandados, se violenta el derecho a defensa y las condiciones de la responsabilidad por el hecho ajeno.

Por lo tanto, como ha manifestado un profesor de Derecho Civil, si se pretende hacer valer la responsabilidad de los denominados ‘terceros civilmente responsables’, conforme con lo dispuesto en los artículos 2.320 y 2.321 del Código Civil, exista o no proceso penal, ella siempre habrá de ventilarse en un juicio declarativo de lato conocimiento, desde que cualquiera de estas disposiciones que se invoquen suponen, de una u otra manera, la posibilidad de que quienes tienen a su cargo o cuidado a un tercero, puedan descargar su responsabilidad probando diversas circunstancias que la misma ley contempla para ello.

Es más, en el caso del artículo 2.320, aún si el tercero no es condenado por la responsabilidad de quien depende de él, éste todavía queda en condiciones de poder repetir en contra del autor material del ilícito conforme con lo preceptuado en el artículo 2.325 del mismo Código.

Comentarios del artículo: Los padres del “joven combatiente” pagarán los daños - Publicado: a las 2:54 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 18/03/2016

La competencia de AC Inversions

En estos días muchas personas me han preguntado si la empresa X o la entidad Y, donde invirtieron ellos o sus familias, cumplen o no el esquema Ponzi de una estafa piramidal. Son curiosas esas preguntas a esta altura del debate.

Tan pronto se descubrió el negocio millonario de AC Inversions, las instituciones del Estado comenzaron a funcionar y se descubrieron varias empresas competidoras que se dedicaban al mismo extraño negocio de asegurar altas rentas.

En estos días muchas personas me han preguntado si la empresa X o la entidad Y, donde invirtieron ellos o sus familias, cumplen o no el esquema Ponzi de una estafa piramidal. Son curiosas esas preguntas a esta altura del debate, en especial cuando parece obvio que una compañía sin dirección alguna en su web, que ofrece una renta asegurada del 10% -cuando ya se ha dicho que esa promesa es imposible de cumplir-, y que asegura que el secreto del negocio es que sus asesores invierten en el conocido sistema “bonky row flow crow” (o cualquier expresión sinsentido en inglés), la gente siga creyendo.

Lo extraño es que se ha comentado hasta el cansancio en la prensa escrita, radial y televisiva en lo que uno debe fijarse antes de invertir. Salieron de sus aulas los profesores de economía para convertirse en “estrellas de rock” y explicarle al público lego los resguardos que se deben tomar entes de hacer negocios con su dinero. Pero todo ello es poco. Algo parece fallar a nivel cognitivo y no parece ser un asunto de educación. Mi apuesta es que la debilidad del estafado radica en su alta capacidad de tener esperanza y su bajo nivel de pensamiento crítico.

La religión católica considera que existen tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe consiste en creer en hechos que no se perciben por los sentidos y que tampoco puede comprenderse por la razón, pero por algún motivo esta actitud acrítica se encuentra entre las fortalezas del espíritu humano. Luego tenemos la esperanza por la que el creyente aspira al reino de los cielos y a la vida eterna (o anhelo de felicidad) y, en tercer lugar, la caridad que consiste en el amor a Dios y al prójimo.

El estafado, por un lado, tiene una suerte de “fe” en la empresa que le ofrece servicios, donde simplemente acepta lo que le muestran de apariencia, sin percatarse de los defectos de tal exhibición; luego entrega su dinero en esta suerte de “esperanza” de lograr una felicidad material, fácil y en corto tiempo, y termina siendo presa de la falta de caridad del victimario.

En la teoría jurídica se establece que deben haber cuatro elementos básicos en la estafa: primero, la puesta en escena, maquinación o disfraz de la apariencia: el engaño de quien delinque. Luego, la víctima cae en el error. El error es la falsa representación de la realidad. En seguida, se exige la disposición patrimonial, vale decir, la entrega del dinero hacia la persona que aparenta ser lo que no es y, finalmente, el perjuicio: la pérdida patrimonial que sufre el sujeto pasivo o víctima de la estafa.

La opinión pública puede descubrir al menos a tres empresas que ofrecen una rentabilidad asegurada de más del 5% mensual, y puedo afirmar con toda franqueza que no les tengo fe, que no tengo ninguna esperanza de que sean entidades legítimas ni tampoco siento mayor caridad por ellas, sino el firme deseo de que se haga justicia, sean sancionados los responsables y se indemnice a los perjudicados.

Comentarios del artículo: La competencia de AC Inversions - Publicado: a las 9:59 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 01/03/2016

Humor de Viña, el riesgo de caer en injurias y calumnias

La alusión de que un diputado tuvo relaciones sexuales con otra legisladora escapa a toda justificación de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, porque traspasa las fronteras del chiste político para violar el derecho a la vida privada e intimidad de las personas.

Las rutinas de los humoristas de este año en el Festival de Viña del Mar han dado mucho que hablar por sus fuertes críticas a la clase política, lo que sin duda es el reflejo de lo disconforme que se siente la ciudadanía por el operar de nuestras autoridades y los innumerables casos de irregularidades que han quedado al descubierto en los últimos años.

Sin embargo, más allá de que sea un simple libreto para hacer reír, sus intérpretes están al borde de traspasar la delgada línea que separa lo legal de lo que no lo es, de lo que es derecho de la libre expresión a caer en injurias y calumnias, lo que ya es constitutivo de delito.

El Código Penal sanciona como injuria a toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona y la calumnia a la imputación de un delito determinado, pero falso y que actualmente pueda perseguirse de oficio.

Así, pues, la injuria consiste según la doctrina dominante en la intencionalidad ofensiva de aislar a una persona en su desarrollo o socavar su posición en la relación social, en cambio, la calumnia consiste en la atribución de una conducta delictiva, que sólo puede ser un crimen o simple delito, excluyéndose la imputación de una falta.

Por ejemplo, si le digo a alguien que es ladrón o asesino es una injuria grave, pero no necesariamente calumnia, pues el tipo penal requiere una imputación determinada. Si digo que Pedro Soto le robó a Juan Pérez la semana pasada, mediante uso de un arma de fuego podría configurarse una calumnia. ¿Por qué además, indico que ese robo fue la semana pasada?, porque el delito que se imputa falsamente debe ser actualmente perseguible de oficio, es decir, exige que esa acción pública no se encuentre prescrita o el delito no se halle penado.

La doctrina jurídico penal distingue el ánimo de injuriar (animus injuriandi) del ánimo de informar o narrar –por ejemplo, que realiza la prensa-, del ánimo de chanza o chacota (animus iocandi), por lo que la Corte Suprema ha concluido que para apreciar el ánimo de injuriar del inculpado, hay que tomar en cuenta no sólo la significación gramatical de las palabras o frases que se suponen injuriosas, sino el propósito del que las pronuncia o escribe, la ocasión en que se hace, la forma que emplea y hasta los antecedentes que han influido para obrar así.

Por ello, no es calumnia la imputación de que Pedro Soto mató a una joven hace treinta años atrás. Como pueden observar, es difícil y elaborado cometer el delito de calumnia, en cambio es mucho más fácil cometer un delito de injuria.

En ese sentido, y respecto a lo sucedido en la Quinta Vergara, un ciudadano común podría pensar que un humorista que trata a un político determinado como poco caballero, o que su honradez está en tela de juicio, es susceptible de ser considerado un sujeto activo en la comisión del delito de injuria, sin embargo, hay que aclarar que la protección del honor encuentra un límite en el interés legítimo que la sociedad tiene de poner en evidencia las faltas morales o las incorrecciones de figuras públicas, en especial, si ella tiene tal repercusión social que su desconocimiento o impunidad perjudica a la sociedad.

En el caso de un artista que hace una rutina de humor político no hay ánimo de injuriar a pesar de que las palabras pueden resultar hirientes u ofensivas. La doctrina jurídico penal distingue el ánimo de injuriar (animus injuriandi) del ánimo de informar o narrar –por ejemplo, que realiza la prensa-, del ánimo de chanza o chacota (animus iocandi), por lo que la Corte Suprema ha concluido que para apreciar el ánimo de injuriar del inculpado, hay que tomar en cuenta no sólo la significación gramatical de las palabras o frases que se suponen injuriosas, sino el propósito del que las pronuncia o escribe, la ocasión en que se hace, la forma que emplea y hasta los antecedentes que han influido para obrar así.

Por otro lado, me parece que la alusión de que un diputado tuvo relaciones sexuales con otra legisladora escapa a toda justificación de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, primero porque no hay relevancia pública del mensaje; y segundo, porque ese interés público existe en la medida que sirva para formar la opinión pública y escapa dicho ámbito de la crítica política e incluso como chiste político, traspasando las fronteras para violar el derecho a la vida privada e intimidad de las personas, dañando sea de paso a las parejas y familias de las parejas de esas personas aludidas arbitrariamente.

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