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  • Marcelo Castillo S.

Marcelo Castillo S.

Académico de las universidades de Santiago, Bernardo O’Higgins y Andrés Bello. Presidente del Colegio de Periodistas.

Etiquetas: , , , , , , , , , , » Publicado: 29/11/2013

TV Digital: La paradoja de defender una ley deficiente

El Colegio de Periodistas ha terminado defendiendo una Ley que considera deficiente. Los responsables de esta paradoja son la Unión Demócrata Independiente (UDI), la Federación de dueños de Medios de Comunicación y el gobierno que preside Sebastián Piñera.

La nueva tecnología permite ampliar el número de actores que pueden intervenir en el medio de comunicación de mayor impacto en la audiencia mediática chilena. En términos prácticos, por cada canal de televisión que existe en la actualidad, el espectro digital permite que existan tres o cuatro. Por supuesto, para echar a andar un canal de televisión se requiere mucho más que una concesión de frecuencia radioeléctrica. Es necesario transmitir esa señal, mientras más lejos, mejor. Además, se requiere de una capacidad de producción de contenidos que para que sea de calidad suele ser muy cara.

La ley reproduce el sentido de la libertad de expresión como sinónimo de la libertad empresarial, donde el mercado publicitario y los grandes empresarios de Chile y el mundo deciden los contenidos de la Televisión abierta. Sin embargo, es necesario reconocer que la persistencia de los comunicadores en llevar una y otra vez sus planteamientos se reflejó en cuatro o cinco contenidos de la ley que apuntan en el sentido de dar más pluralismo a nuestro concentrado mercado de medios de comunicación.

En este contexto, apoyamos y propusimos, cuando esta Ley era sólo un proyecto, que existiera un transportador público de señales para que la TV originada en comunidades, sindicatos y universidades pudiera llegar a todo Chile. También propusimos que se creará un fondo de producción de contenidos concursables, muy superior al actual, para que los nuevos canales de televisión abierta, ajenos a la lógica comercial, pudieran asegurar un mínimo de producción de mensajes de calidad. Por cierto, planteamos que todas las concesiones se licitaran, incluidas las de los actuales canales, que devinieron de universitarios en estrictamente comerciales, en manos de grandes consorcios chilenos y extranjeros.

En lo sustancial, ninguna de estas propuestas fue acogida. La ley reproduce el sentido de la libertad de expresión como sinónimo de la libertad empresarial, donde el mercado publicitario y los grandes empresarios de Chile y el mundo deciden los contenidos de la Televisión abierta. Sin embargo, es necesario reconocer que la persistencia de los comunicadores en llevar una y otra vez sus planteamientos se reflejó en cuatro o cinco contenidos de la ley que apuntan en el sentido de dar más pluralismo a nuestro concentrado mercado de medios de comunicación.

 Esos cuatro o cinco aspectos fueron cuestionados mediante un requerimiento de un grupo de parlamentarios de la UDI, respaldados durante las audiencias públicas por todas las organizaciones de propietarios de medios. El Colegio de Periodistas, a través de su vicepresidenta Javiera Olivares, defendió la vigencia y necesidad de esos artículos ante los jueces que velan por la coherencia de nuestras leyes con la carta fundamental.

El Tribunal Constitucional rechazó los planteamientos de la UDI y de los dueños de los medios de comunicación. Y cuando parecía que la voluntad de los legisladores sería respetada, el Presidente de la República envía al Congreso un veto que obliga a rediscutir aspectos esenciales de la ley.

En primer lugar, el veto presidencial debilita el concepto de pluralismo, al excluir la promoción de los principios que forman parte de este concepto. Si bien en este ámbito, el veto no es coincidente con la pretensión de la UDI que sostenía la inconstitucionalidad del concepto de pluralismo, sí debilita su aplicación. Por otra parte, las indicaciones presidenciales debilitan el concepto de correcto funcionamiento de los servicios televisivos. En ese punto, se suprime las referencias al cumplimiento de normas de propiedad intelectual y laboral.

Una de las materias más polémicas es que el veto modifica la definición de las campañas de interés público impulsadas por el Estado. La propuesta presidencial  excluye aquellas campañas que tengan por objeto la promoción de los derechos de las personas, reduciéndola a hipótesis extremas, como la ocurrencia de catástrofes naturales o epidemias. Además, se limita su renovación a una vez.  La modificación más grave es aquella que autoriza a los canales de televisión a determinar la forma y contenido de los spots, atentando contra la eficacia de la campaña y la responsabilidad que tiene el Estado en la definición de estos contenidos.  

Por último, el veto desnaturaliza el concepto de espectro radioeléctrico como bien nacional al suprimir la finalidad de satisfacer necesidades públicas de toda la sociedad y al eliminar la temporalidad de las concesiones, de modo de legitimar las concesiones indefinidas.

Lo esencial del veto presidencial es que nuevamente apunta a proteger los derechos de propiedad de los dueños de los medios de comunicación y pone en segundo plano los derechos de la ciudadanía a estar adecuadamente informada por una amplia variedad de medios de comunicación. Por eso el Colegio de Periodistas ha pedido a los parlamentarios que se rechace este veto de manera que algo de protección al interés público quede en el texto de la ley.

Comentarios del artículo: TV Digital: La paradoja de defender una ley deficiente - Publicado: a las 12:36 pm

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