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Marcela Castro Castillo

Llicenciada en Humanidades con mencion en Historia en la Universidad de Chile, doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Universidad Complutense de Madrid. Colaboradora de Democracia Activa.

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 15/11/2013

Caso Bombas y la lección no aprendida del “debido proceso”

¿Qué dos de los acusados podrían haber sido culpables, dado lo ocurrido en España? Sí, podrían. Pero eso no cambia nada de lo ocurrido en el Caso Bombas, sólo confirma todas las críticas. Si efectivamente estas dos personas eran culpables y la fiscalía tuvo que recurrir a tantas irregularidades e infracciones para probarlo, la fiscalía fue incompetente y además, violó derechos humanos, al no respetar el debido proceso. Los jueces en Chile no declararon inocentes a los acusados porque eran todos unos ineficaces o de una tendencia ideológica.

Una cosa que he notado mientras más entro en el mundo de los abogados es el poco tiempo que dedican profesores a explicar algo que no es sólo un concepto, sino un derecho humano: el debido proceso. Todo lo que hacen es hablar del “procedimiento”, o sea, lo que dice el Código de Procedimiento Penal o Civil y concentrar la atención en el cómo aplicarlo, dejando la sensación de que seguir el procedimiento es lo mismo que un debido proceso.

¿Puede un juez dictar sentencia cuando le consta que se ha violado el debido proceso? No. Y no sólo por ética o por moral, es que hacerlo es una violación flagrante de la Constitución.

Creo que aquí radica toda  la confusión sobre el asunto que involucra a Mónica Caballero y Francisco Solar, detenidos en España por su presunta participación en un atentando contra una basílica en Zaragoza.

El debido proceso es un derecho fundamental ligado a lo procesal presente en la Constitución de 1980 en su artículo 19.3 que sostiene que “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida… La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.

O sea, el debido proceso no es ceñirse al Código de Procedimiento sino respetar garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior. El debido proceso significa, por ejemplo, que el criminal más perverso, aun cuando todos sepamos que cometió esos crímenes, se presenta ante un juez bajo el manto de que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y que las pruebas que se aportan son efectivamente reales, como bien dice la  Declaración Universal de Derechos humanos, artículo 11.1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

¿Por qué ignorar el debido proceso es tan grave? No porque sea pecado o porque esté mal, es porque respetar todas las garantías procesales involucradas en el debido proceso es más económico, ahorra miles de problemas, recriminaciones y críticas. Actuar correctamente ahorra indemnizaciones, sinsabores, esfuerzos y genera confianza en la labor de los miembros del Poder Judicial (abogados, jueces, fiscales, etc.)  Es más barato no violar el debido proceso que violarlo, algo que no se explica a los abogados, por eso luego tenemos problemas como en los casos de acusados por pedofilia que han sido absueltos porque las pruebas aportadas por los acusadores no eran aceptables. ¿Qué pasa si eran culpables? Se aplica otro derecho: non bis in ídem, o sea, como indica el artículo 1.2 del Código Procesal Penal “La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho”.

¿Puede un juez dictar sentencia cuando le consta que se ha violado el debido proceso? No. Y no sólo por ética o por moral, es que hacerlo es una violación flagrante de la Constitución, que en su artículo 5 señala: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, un juez no puede condenar simplemente porque crea que el acusado es culpable, tiene que probarse legítima y legalmente que lo es, como bien se indica en  la Declaración Universal de DDHH, pero también en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)  de 1985; Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de 1988;  Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979 y otros tantos documentos internacionales y nacionales sobre el tema. ¿Puede el juez ignorar estos textos? No. No es algo optativo, es obligatorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Y ahí es donde falló fatalmente el llamado Caso Bombas, no por culpa de los jueces, sino porque los fiscales ignoraron el debido proceso.

¿Cuántos jueces estuvieron en el caso? En el 2010, inicia el proceso el juez Roberto Guzmán del 11º Juzgado de Garantía. En ese mismo año, la investigación pasa al 8º Juzgado de Garantía del juez Luis Avilés, por disposición de la 3ª Sala del tribunal de alzada, compuesta por Juan Escobar y Amanda Valdovinos, y el abogado integrante Ángel Cruchaga. Luego, en el 2011 estuvieron involucrados los jueces de la  4ª Sala de la Corte de Apelaciones conformada por los ministros Jorge Dahm, Jorge Zepeda y Jéssica González y de la 6ª Sala de la Corte de Apelaciones, conformada por Carlos Cerda, Manuel Antonio Valderrama y Alejandro Madrid. El primer sobreseimiento fue dictado por el juez Fernando Valderrama, del 8º Juzgado de Garantía. En el 2012 tenemos al Tercer Tribunal Oral Marcela Sandoval, Carlos Carrillo y Blanca Rojas, la 3ª Sala de la Corte de Apelaciones integrada por los ministros Mauricio Silva y Manuel Valderrama junto a la abogada Gloria Solís, y los ministros de la Corte Suprema Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar. ¿Cuántos fiscales? Xavier Armendáriz. Alejandro Peña, Raúl Guzmán y su equipo entre ellos Francisco Rojas y Víctor Núñez.

¿En quién reside la carga de la prueba? En los fiscales, no en los jueces, no en los abogados defensores. Y fueron los fiscales los que tuvieron una actuación francamente reprochable.

Los jueces en Chile no declararon inocentes a los acusados porque eran todos unos ineficaces o de una tendencia ideológica, es que el ex fiscal Peña y luego el equipo del ex fiscal Guzmán no cumplieron con su deber y sus obligaciones, y de ahí que aun cuando los acusados fueran responsables de lo que se les acusaba, o sea, asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos en la capital, los jueces no podían condenarlos sin incurrir en una ilegalidad grave y una violación de derechos humanos.

Repasemos los hechos: la obsesión del gobierno de Sebastián Piñera era que hubiera condenas contra 14 sospechosos de asociación ilícita y de responsabilidad por 29 actos delictivos usando bombas. Y como el fiscal  Xavier Armendáriz que llevaba el caso (aunque la acusación era entonces por daños simples y daños a la propiedad) no estaba avanzando con la premura necesaria para condenar, se le entregó el caso al entonces fiscal regional Sur, Alejandro Peña. Peña presentó la acusación por asociación ilícita y de responsabilidad por las bombas, exigiendo cadena perpetua para dos de los acusados y una pena de 20 años para el resto, aun siendo fiscal regional Sur y sólo después de eso presentó su renuncia e ingresó al Ministerio del Interior, querellante en la causa, lo que fue altamente irregular. En octubre de 2011 ocurre el primer gran tropiezo: el juez Luis Avilés excluyó más de cuatro mil evidencias que la fiscalía pretendía llevar a juicio contra los acusados. Eso llevó al primer sobreseimiento: los 14 acusados quedaron exculpados de asociación ilícita. ¿Qué pruebas? Entre las más de mil, las supuestamente claves: ropa con trazas de pólvora y el examen siquiátrico del único acusado confeso. ¿Actuó equivocadamente el juez Avilés? En el proceso iniciado contra él en la Corte de Apelaciones, se declaró que sí había cometido una falta, pero por la forma cómo criticó los argumentos de la fiscalía  (“cuarta categoría” y “sociología barata”), no por haber excluido esas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas estaban viciadas. ¿Qué valor tiene el informe del sicólogo Italo Sigala, que fue el que hizo el examen al acusado confeso cuando se probó que éste se mantuvo en silencio durante toda la sesión? Y más grave todavía: la supuesta confesión no fue real, porque el acusado no contó con abogado que lo asesorara y además un fiscal le habría dictado qué decir. No olvidemos el análisis del sociólogo Erick Marín que, basado en las pruebas del Caso Bombas entregadas por la fiscalía, aseguró que anarquistas, ex subversivos y comuneros mapuches formaban casi un Al Qaeda versión chilena. La Corte de Apelaciones además no podía restituir alrededor de mil pruebas porque Avilés tenía razón: estaban repetidas, otras eran falsas, otras tenían firmas de personas que no participaron en la investigación, etcétera. De hecho, la ropa con rastros de pólvora quedó excluida por no haberse mantenido la cadena de custodia.

En el proceso en que estuvieron Mónica Caballero y Francisco Solar, por el que finalmente no sólo acabaron exculpados sino además indemnizados, las irregularidades persistieron. No olvidemos: hubo firmas falsas de peritos, lo que, como calificó la jueza Marcela Sandoval constituye una infracción grave. Está el hecho de que el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se obsesionaron con los detenidos, pese a que habían indicios que guiaban hacia otros derroteros que no se investigaron, por lo que inevitablemente llevó a la conclusión de que no se perseguía a los acusados por ser responsables probados de los delitos, sino por ser ‘okupas’ y anarquistas.

La tesis del montaje surgió del hecho de que los casos del bombazo en el frontis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y en el del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ni siquiera se pudieron acreditar que ocurrieron y cuando el Ministerio del Interior recusó a los jueces Marcela Sandoval, Carlos Carrillo y Blanca Rojas ante la Corte de Apelaciones por “falta de imparcialidad”. Esa recusación, hecha en el momento en que el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, tenía que declarar en el caso, terminó sin ser acogida y con una multa para el Ministerio del Interior,  y se suma a todo el desastre porque se suspendió un juicio oral ad portas de una sentencia, con la idea de anularlo y comenzar todo de nuevo.

Eso llevó a que en la Corte Suprema, Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar tuvieran que confirmar la exculpación, porque, como se indica en la sentencia, las pruebas fueron insuficientes para condenar y que los antecedentes incriminatorios no eran suficientes para formar la convicción de condena. ¿Reacción del Gobierno? El entonces vocero Andrés Chadwick dijo “un juez que tenga una atribución tan amplia de la cual no necesita dar fundamentos y no puede ser revisada por un tribunal superior y que consiste en excluir pruebas por considerarlas impertinentes, no es algo que nos pueda garantizar un debido proceso”.

¿Qué dos de los acusados podrían haber sido culpables, dado lo ocurrido en España? Sí, podrían. Pero eso no cambia nada de lo ocurrido en el Caso Bombas, sólo confirma todas las críticas. Si efectivamente estas dos personas eran culpables y la fiscalía tuvo que recurrir a tantas irregularidades e infracciones para probarlo, la fiscalía fue incompetente y además, violó derechos humanos, al no respetar el debido proceso. Los jueces en Chile no declararon inocentes a los acusados porque eran todos unos ineficaces o de una tendencia ideológica, es que el ex fiscal Peña y luego el equipo del ex fiscal Guzmán no cumplieron con su deber y sus obligaciones, y de ahí que aun cuando los acusados fueran responsables de lo que se les acusaba, o sea, asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos en la capital, los jueces no podían condenarlos sin incurrir en una ilegalidad grave y una violación de derechos humanos, no solo de los acusados, sino de todos los chilenos. Y eso genera desconfianza en los tribunales, lo que es tremendamente grave.

Es imprescindible que los fiscales sean instruidos realmente en respeto a los derechos humanos y en las garantías que les deben a los procesados. El Caso Bombas no es el único caso que los fiscales han arruinado por actuar de forma no ética, y eso es una forma de terrorismo social que debería ser condenada con igual dureza que la de un crimen.

Comentarios del artículo: Caso Bombas y la lección no aprendida del “debido proceso” - Publicado: a las 11:00 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 22/10/2013

Registro Civil: ¿En manos de quién están nuestros datos?

¿Qué tan serio es el problema en el Registro Civil e Identificación? De la máxima gravedad. El nuevo sistema definitivamente no funciona, y tras ese problema hay dos empresas privadas -Sonda y Morpho- que han protagonizado un lío judicial tremendo por ser las dueñas de nuestros datos.

Para muchos es desconocido que una de las causas del paro en el Registro Civil e Identificación era el problema generado con el cambio de sistema informático para confeccionar los nuevos carnés y pasaportes. Los medios de comunicación se centraron en las personas afectadas por el paro y en las críticas superficiales sobre el asunto, y no en lo que decían los funcionarios.

Ahora, tras la caída del director del Registro Civil, Rodrigo Durán López, se probó que lo denunciado por los funcionarios no eran excusas. El nuevo sistema no está funcionando, y tras ese problema hay 2 empresas privadas responsables: Sonda S.A. y Morpho S.A. (ex Sagem Sécurité).

Cada vez que hay un cambio en el sistema informático de alguna oficina o servicio gubernamental, o se tiene que hacer algo relacionado con lo informático, aparece Sonda. Y no para bien.

La gente que trabaja en Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) sabe de eso, porque este año, desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se obligó a implantar la huella electrónica para los libros de clases, en una licitación “pública” que se adjudicó la empresa Acepta.com, cuyo 51% de su propiedad está en manos de Sonda.

Este asunto estuvo mal desde el comienzo. El libro electrónico se impuso como una obligación, tanto para OTECs, como para los centros de capacitación de las Universidades pero también para personas naturales inscritas en Sence como relatores, con un mensaje implícito: quien no cumple queda fuera del sistema.

Y si bien la idea de hacer más eficiente y más transparente el sistema suena bien, no cuadra con lo que pasó: la licitación se adjudicó en marzo, a fines de abril se informó a las OTECs que debían comenzar a usarlo desde el 1 de junio, y  en mayo se dieron unas charlas informativas sobre cómo usar el sistema.

El nuevo sistema de libro electrónico falló en su modo de prueba, y no una vez, falló en todo momento, lo que hizo que sonara a burla que no habría marcha blanca, considerando que se dio días para que el organismo capacitador o la persona natural adquiriese el lector de huella dactilar, dispusiera de un computador para el uso casi exclusivo para este asunto, instalara el software (que no estaba disponible), aprendiera a usarlo y se enseñara a usarlo a los relatores.

En agosto, cuando el sistema ya se hizo obligatorio, la cosa fue peor: el sistema no reconoce al profesor de los cursos y los libros electrónicos que permiten pasar la lista de participantes no han sido cargados al sistema.

No hay que extenderse mucho en la descripción de los errores. Al sistema se le conoce  como el “Transantiago de la Capacitación”. Pero todo eso no es nada comparado con que todo apunta a que hubo  fraude en la licitación. Sence lleva un par de años sin director oficial. Tiene uno subrogante, Juan Bennett Urrutia (ex colaborador de la CNI y ex director del Registro Civil cuando realizó actos ilegales vinculados al caso de Orlando Letelier, según el sitio de DDHH, memoriaviva.com, y también uno de los fundadores de Dicom).

Bajo su gestión se adjudicó la licitación a Acepta.com. Las OTECs la califican como una “licitación fraudulenta”, ya que Bennett tiene una participación de casi 1 % en Sonda, ligada a Acepta, lo que implica una violación de la ley N° 18.575 y la  ley N°19.886. Por eso, Felipe Harboe (PPD) y Ricardo Rincón (DC) denunciaron ante la Contraloría este asunto.

Al otro lado, está Morpho. Si bien es considerada una empresa líder en biometría de huellas digitales, tecnologías, tarjetas inteligentes de identidad como licencias de conducir y pasaportes electrónicos, su currículum incluye un historial de corrupción bastante interesante. En Nigeria, año 2003, 3 miembros del gabinete (Sunday Afolabi, Mahammed Shatta y Hussain Akwanga) fueron acusados de aceptar sobornos por más de 2 millones de dólares, para ganar el contrato para realizar carné y pasaportes, un negocio de más de 214 millones de dólares. En Colombia, ese mismo año, se le acuso de estar ligada a una red de tráfico de influencias. En 2007, el Tribunal Electoral de Panamá descalificó a Sagem por acreditar falsamente información sobre su experiencia. En 2009 fue denunciada en Guatemala por las anomalías en la adjudicación de la licitación para carnets y pasaportes, el caso de Easy Marketing. En 2013, Morpho está involucrada en el escándalo de corrupción de las credenciales de elector del Instituto Federal Electoral (IFE).

¿Qué tiene todo esto que ver con el Registro Civil?  Que ambas empresas se están peleando por ser dueñas de nuestros datos en el marco de una licitación viciada y plagada de empresas corruptas.

El complejo problema del Registro Civil comenzó hace más de 3 años. Sonda tenía el contrato de producción de carnés y pasaportes desde el 2002. Millones de dólares en ganancias. Cuando comenzó a discutirse la nueva licitación, en 2007, Sonda comenzó su ofensiva con miras a ganar la licitación por 10 años más. Sólo que cuando se habla de US$ 400 millones (200 mil millones de pesos), las cosas se ponen turbias, y así ocurrió. Entre 2007 y 2008 se intentó dos veces concretar la adjudicación, y no se consiguió porque los que perdían impugnaban ante Contraloría. Y como sus quejas sí estaban justificadas, la licitación tenía que volver a realizarse.

El proceso que nos importa es el del 2008, cuando se adjudicó la licitación Indra Sistemas Chile, filial de la empresa española Indra, quienes en principio, presentaron la oferta más completa en términos técnicos y económicos para el servicio.

Los perdedores impugnaron la adjudicación, generando un lío en el cual Indra contrató a personas ligadas directamente con el buffet de abogados “Espina, Hinzpeter & Zepeda” (Alberto Espina, Rodrigo Hinzpeter y Carlos Zepeda) y acabó con el Tribunal de Compras Públicas (TCP) declarando sin efecto la adjudicación y ordenando reevaluar a los competidores.

Así quedaron Sice Agencia Chile S.A., Sonda S.A., Bundesdruckerei GMBH y Morpho como licitantes. Y aquí ocurrió lo extraño: ganó Morpho, mientras que la oferta de Sonda fue rechazada (es decir, ni siquiera fue considerada a estudio) por no cumplir, según el Registro Civil, con una exigencia básica: experiencia necesaria para el trabajo que se requería.

Para que quede claro: Sonda ya estaba realizando por casi 10 años el servicio que se estaba licitando. Así que ¿por qué la oferta fue rechazada por falta de experiencia? Eso es lo que a los altos cargos de Sonda no les pareció lógico, considerando sobre todo que ya era director del Registro Civil Rodrigo Durán López, ex empleado de Multicaja, empresa de la cual Sonda es socia. Durán además trabajó en el software del Transantiago, ya que Sonda se encargó del soporte tecnológico de ese servicio. Tal vez Durán temió ser acusado de favorecer a su ex empleadora, o tal vez recibió una mejor oferta de Morpho.

Sonda demandó ante el Tribunal de Compras Públicas y ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por su exclusión y solicitó a Contraloría la nulidad de la adjudicación. Esta empresa lleva demandando a sus rivales desde el comienzo, y lo hará hasta ganar la licitación.

Según datos oficiales del Registro Civil, sólo en 2012 Sonda produjo 3.073.000 carnés y 271.000 pasaportes. ¿Cuánto cobró? Según esos mismos datos, por cada carne cobró $2.246 y por cada pasaporte $21.540, más IVA y reajuste IPC (precio a público $3.600 por cédula de identidad, $48.900 por un pasaporte de 32 páginas y el de 64 páginas $ 60.720). Sólo por cada pasaporte de 32 páginas, Sonda ganó $25.632 (más o menos), es decir $6.946.272.000.

Morpho va a subir el precio del pasaporte a $55.000, más IVA y reajuste IPC, ganando $248 mil millones, y por eso la rabia que debieron sentir en Sonda cuando el Tribunal de Contratación Pública rechazó en todas sus partes la impugnación a Morpho y declaró que el sistema tenía que entrar en funciones el 2 de septiembre de 2013.

Esto contradecía lo dictado por la Corte Suprema que no dio curso a un recurso de Morpho que pretendía invalidar un fallo de la Corte de Apelaciones. Este último fue dictado a fines de noviembre de 2012, y dio el favor a Sonda, acusando a Morpho de una adjudicación irregular porque la boleta de garantía no cumplía con la exigencia de las bases de licitación de ser un documento a la vista.

Lo que está pasando en el Registro Civil debería hacernos tomar el peso de la situación: todos nuestros datos, todos, están en manos de unas empresas privadas incapaces de cumplir con lo contratado. Empresas más preocupadas por cuántas ganancias obtendrán, no por los usuarios o cómo los afecta. Millones de pesos regalados a empresas privadas mediocres y corruptas, que usarán nuestros datos para otros fines, porque es algo que ya han hecho.

En resumen, un lío judicial tremendo que no ha terminado. Eso es lo peor del caso, porque lo que se ha producido es un conflicto entre el Tribunal de Contratación Pública y la Corte Suprema, que no se ha resuelto definitivamente. ¿Por qué entonces el apuro por aplicar el nuevo sistema.

En realidad, el sistema tendría que haber entrado en operación en abril de 2014, pero el Gobierno, unilateralmente, lo adelantó al 2 de septiembre, una fecha que ahora es anécdota porque  no ocurrió. Pero no por el paro: resulta que Sonda no le entregó la base de datos a Morpho en la fecha correspondiente.

La plataforma de la empresa Sonda debía retirarse del servicio a partir del viernes 30 de agosto, y entregó la base de datos el 1 de septiembre. Sin embargo, el detalle no es que Sonda no esté jugando limpio, sino que aún cuando lo hubiera hecho, el sistema tampoco funciona y ni Morpho ni Entel (que está participando en este proceso) cumplieron con el cronograma de habilitaciones. Por eso, sin importar si se atiende a 100 personas o a ninguna, el sistema colapsa.

Gran parte de los medios de comunicación, ocupados en dar toda la tribuna a los usuarios y sus quejas, no tomaron en cuenta esos datos ni escucharon lo que la presidenta de los funcionarios del Registro Civil Nelly Díaz y varios empleados en regiones dijeron: con paro o sin él, la gente no habría podido hacer los trámites, porque el sistema no estaba implementado ya que había problemas con la base de datos. Pero no es la primera vez que oímos de fallas en la base de datos relacionadas al Registro Civil, ¿verdad? En la elección municipal de 2012 hubo un error “absolutamente informático” como se calificó al hecho que el Presidente Salvador Allende, junto con muchos muertos, aparecieran en el padrón electoral e incluso como vocales de mesas

Era obvio lo que iba a pasar una vez que terminase el paro: que varios de los que realizaron su trámite después del 1 de septiembre perdieron su tiempo, porque los datos no corresponden, lo que los obligaría a sacar sus documentos otra vez. Sólo que la atención se ha centrado en aquellos que fueron a renovar carne y pasaporte en el periodo del paro, 400 personas. No es cierto. Funcionarios del Servicio están denunciando que cuando personas van a renovar sus documentos, el sistema arroja antecedentes de otras personas.

Ahora, imagínese trabajar en un Servicio y estar desde hace 10 años siendo el objeto de codicia de empresas privadas, pero cada vez que les toca negociar sus sueldos les ponen problemas porque no hay dinero para eso. Imagínese ahora que sabe que va a trabajar en carnés y pasaportes cuyo valor no irá al Servicio, sino a una empresa privada que no está cumpliendo, cuando le están diciendo que no hay dinero, que el Servicio tiene déficit (¿por qué, si tiene déficit presupuestario, entonces no se recauda dinero de los carnés y pasaportes que va a hacer Morpho o no se hizo antes con los de Sonda?). Imagínese estar trabajando en un Servicio que ha tenido una rotación de directores, uno peor que el anterior, saliendo de sus cargos por escándalos y denuncias, por lo que cualquier negociación queda paralizada. Y que sabe que en el fondo no es un funcionario público, sino que trabaja en una empresa virtualmente privatizada. ¿Por qué criminalizarlos por irse a paro?

Lo que está pasando en el Registro Civil debería hacernos tomar el peso de la situación: todos nuestros datos, todos, están en manos de unas empresas privadas incapaces de cumplir con lo contratado. Empresas más preocupadas por cuántas ganancias obtendrán, no por los usuarios o cómo los afecta. Millones de pesos regalados a empresas privadas mediocres y corruptas, que usarán nuestros datos para otros fines, porque es algo que ya han hecho.

Comentarios del artículo: Registro Civil: ¿En manos de quién están nuestros datos? - Publicado: a las 8:00 am

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