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Mahia Saracostti

Directora de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Chile

Etiquetas: , , » Publicado: 05/04/2013

Envejecimiento activo para un Chile que envejece

Lo más desafiante del aumento de la esperanza de vida es sin duda la calidad de vida de los adultos mayores, integrados en sus propios contextos familiares y comunitarios, de manera de mantener la actividad y la autovalencia. En este contexto, se destaca que la mayoría de las personas mayores se adapta a los cambios que trae el envejecimiento, manteniéndose en condiciones físicas y mentales que les permiten con algunos apoyos llevar su vida cotidiana de manera autónoma.

Según la entrega de resultados del CENSO 2012, la población nacional creció sólo un 10% durante los últimos 10 años, ratificándose a su vez el envejecimiento de la sociedad chilena. Esto podría deberse a que con menos de dos hijos por mujer, la sociedad chilena no alcanza a tener el mínimo de hijos necesarios (2,1) para mantener en el tiempo su población activa (tasa de reposición social).
Y, además, el aumento de las expectativas de vida ha alcanzado aproximadamente a los 81 años de edad en el caso de las mujeres y 78 años en el de los varones. En los últimos 20 años, la población de adultos mayores se ha duplicado en nuestro país. Y, se estima que para el año 2025 este sector poblacional llegará a ser de 3,8 millones y 5,7 millones en el 2050.

Con el envejecimiento de la población aparece la sociedad 4 – 2 -1 en la que un hijo se hace cargo de dos padres y de cuatro abuelos.
Uno de los problemas es que la legislación específica para los adultos mayores en Chile es escasa, poco orgánica y referida principalmente a temas que de manera tangencial les afectan. Es decir, carecen de una mirada integral que resuelva desde un enfoque sistémico los principales problemas que los aquejan. Prueba de ello es la dispersión normativa dentro de la cual encontramos el reglamento sobre casas de reposo, asilos y otros establecimientos similares y el reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

Es necesario que los adultos mayores sean reconocidos como personas útiles, valiosas y respetables y, por tanto, es necesario perfeccionar las normativas y políticas públicas pertinentes y realizar contribuciones a la construcción de un sistema de protección social integral de la vejez.

Legislación internacional de países como España, USA, Argentina y México son ejemplos que articulan una visión integral del fenómeno incluyendo regulaciones relativas a la Integridad física, psíquica y moral; igualdad y dignidad; atención de la salud y alimentación; educación y universidades para la tercera edad; trabajo; tiempo libre, recreación, manifestaciones culturales, de ocio y deporte; asistencia social y protección económica; participación y denuncia popular; confidencialidad y el respeto al honor, intimidad y propia imagen; libertad ideológica, religiosa y de culto; información y la libertad de expresión; alojamiento digno y adecuado; y protección jurídica.

¿Qué desafíos se plantean?

El proceso de envejecimiento origina una serie de desafíos, entre ellos, nuevas formas de organización de la familia, desafíos de bienestar, integración social y empleo del tiempo libre de los adultos mayores, cambio en la demanda de bienes y de servicios, competencia intergeneracional por los puestos de trabajo y cambios en las relaciones de dependencia económica entre las generaciones (Mifsud et al, 2006). A su vez, un estudio del SENAMA (2007) reconoce como desafíos centrales: la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan a crear oportunidades para un envejecimiento activo, particularmente en el campo de la educación continua, del empleo y la empleabilidad, así como del acceso al crédito de las personas; así como la identificación de la oferta existente y las necesidades en materia de servicios sociales y la promoción de una imagen digna de los adultos mayores como ciudadanos activos y socialmente valiosos, entre otros.

Lo más desafiante del aumento de la esperanza de vida es sin duda la calidad de vida de los adultos mayores, integrados en sus propios contextos familiares y comunitarios, de manera de mantener la actividad y la autovalencia. En este contexto, se destaca que la mayoría de las personas mayores se adapta a los cambios que trae el envejecimiento, manteniéndose en condiciones físicas y mentales que les permiten con algunos apoyos llevar su vida cotidiana de manera autónoma.

La OMS define al envejecimiento activo como “el proceso por el que se optimizan las oportunidades física, social y mental durante la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”.

Uno de los temas preponderantes es la tendencia a vivir solos. Ello está dado porque cada vez los hogares tienen menos hijos, razón por la cual los adultos mayores tienen menos redes familiares quedando por dicha razón en situación de indefensión. Otro punto a considerar son las consecuencias propias de la edad, como las dificultades de movilidad y desplazamiento así como los problemas de salud.

Una intervención integral dirigida a los adultos mayores debiese, por tanto, incluir los siguientes objetivos generales:

  • Facilitar que la persona mayor pueda continuar en su medio habitual con una adecuada calidad de vida y bienestar psicosocial, facilitándole los servicios, que le permitan mantenerse el mayor tiempo posible con autonomía personal.
  • Ofrecer a la familia, que sigue siendo el núcleo fundamental de protección y atención a todos sus miembros, los apoyos precisos para que continúen desarrollando esta labor.
  • Proporcionar a las personas mayores la cobertura residencial necesaria, para que cuando no puedan seguir en sus hogares, con el apoyo de sus familias, puedan acceder a servicios institucionales de calidad.
  • Adecuación de las leyes que los afectan, teniendo en consideración sus especiales circunstancias, teniendo en cuenta que son sujetos de derechos. Así, por ejemplo, la legislación laboral debe suponer que los trabajadores tienen que cuidar no sólo a sus hijos sino que también a sus padres.

¿Qué posibilidades surgen para potenciar el envejecimiento activo?

Solo un ejemplo. Las mujeres hemos estado tradicionalmente a cargo de las tareas de cuidado de niños, enfermos y adultos mayores en el hogar. Se propone, por tanto, una política que incentive el desarrollo y profesionalización de servicios domiciliarios consistente en la visita domiciliaria (compra de alimentos y pago de cuentas, acompañamiento personal, atención y /o cuidado, entre otros) o la formación de centros de cuidado diurno (recreación, alimentación y cuidado) a cargo de mujeres capacitadas. Esto permitiría que mujeres pobres fueran capacitadas en centros de educación superior por escuelas de enfermería, psicología y trabajo social en temáticas diversas como primeros auxilios, psicología y derechos sociales del adulto mayor.

El Estado, a través del Ministerio del Trabajo, podría transferir recursos a organizaciones privadas sin fines de lucro para la contratación transitoria de mujeres desempleadas, a quienes se les habilita laboralmente para que entreguen determinados servicios domiciliarios y/o en centros de cuidado diurno a los adultos mayores de sus propias comunidades con estándares de calidad. Esta contratación laboral temporal aumentaría aún más el nivel de empleabilidad de las mujeres al mismo tiempo que ellas permitirían ampliar el sistema de protección social a la vejez a través del servicio domiciliario ofrecido a los adultos mayores. Si pensamos que la mayoría de los adultos mayores son mujeres, tendríamos un programa “redondito”: mujeres cuidando mujeres; o mujeres al servicio de mujeres.

Comentarios del artículo: Envejecimiento activo para un Chile que envejece - Publicado: a las 1:28 pm

Etiquetas: , , , , » Publicado: 13/08/2012

Infancia, pobreza y mujeres jefas de hogar

Nos urge fortalecer todos los medios para empoderar a la mujer desde la educación y la capacitación hasta el acceso al empleo de calidad y al micro crédito. A su vez, iniciativas como el subsidio al empleo femenino indudablemente permiten mejorar las condiciones de vida de estas familias.

Chile es un país con un comportamiento extraño: disminuye la pobreza, pero la pobreza infantil aumenta de un 20,6%, en 2006, a un 22,8%, en 2011. De acuerdo a la CASEN 2011, en nuestro país existen hoy 1.007.000 niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Asimismo, la pobreza en hogares con menores de edad es 3,3 veces mayor (18,3%) que en aquellos sin niños o adolescentes (5,4%).

Por su parte, el 51% de las familias pobres y el 55% de las indigentes están encabezadas por una mujer, de acuerdo a datos arrojados por la CASEN 2011. La pobreza tiene por tanto cada vez más cara de mujer sola con hijos e hijas. Esto es claramente capturado por el concepto feminización de la pobreza que da cuenta de las disparidades de género en materias de derechos, prestaciones, malas oportunidades laborales, brechas en ingresos salariales, entre otras.

Las mujeres jefas de hogar son usualmente las más pobres entre los pobres y esas desventajas se trasladan a sus hijos e hijas. Esto se denomina el círculo de la pobreza que se transmite de generaciones a generaciones.

Ellas enfrentan simultáneamente una doble carga de trabajo, en el hogar y fuera de este. Y, en consecuencia están expuestas a agudas situaciones de tensión emocional al enfrentar solas la responsabilidad de sus hijos. En este contexto, no han de extrañarnos los altos niveles de problemas de salud mental presentes en la población femenina chilena.

Ellas son las únicas proveedoras del hogar y el ingreso que obtienen es usualmente inferior al que logran sus pares varones. Ellas trabajan en el sector informal y en condiciones laborales muy precarias.

Ellas enfrentan simultáneamente una doble carga de trabajo, en el hogar y fuera de este. Y, en consecuencia están expuestas a agudas situaciones de tensión emocional al enfrentar solas la responsabilidad de sus hijos. En este contexto, no han de extrañarnos los altos niveles de problemas de salud mental presentes en la población femenina chilena.

Los otros sistemas de interacción cotidiana de ellas, como por ejemplo las escuelas, las tensionan aún más con exigencias muchas veces imposibles de cumplir. Lo anterior, porque usualmente las familias lideradas por mujeres son familias muy desafiadas. Vale decir, son familias que no cuentan con el tiempo, energía o habilidades para involucrarse en las actividades deseadas por la escuela; o son familias con necesidades insatisfechas.

¿Cómo romper el círculo transgeneracional de la pobreza?: El requerimiento de un giro en la política pública.

La respuesta no es simple, supone una serie de iniciativas que articuladamente apunten, en el corto plazo, a mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres pobres. Y, en el largo plazo, apunten al desarrollo integral de la infancia para aumentar las posibilidades de la transición a una vida adulta saludable.

Es necesario, por tanto, hacer un giro en la política social hacia la población femenina y sus niños y niñas.

Nos urge fortalecer todos los medios para empoderar a la mujer desde la educación y la capacitación hasta el acceso al empleo de calidad y al micro crédito. A su vez, iniciativas como el subsidio al empleo femenino indudablemente permiten mejorar las condiciones de vida de estas familias.

Sin embargo, también nos urge apoyar a estas mujeres protegiendo y cuidando a sus hijos e hijas. Esto es especialmente relevante si lo que se busca es romper el círculo transgeneracional de la pobreza.

Se propone por ejemplo considerar la ampliación etaria del sistema de protección social a la infancia, Chile Crece Contigo, cubriendo a niños y niñas en etapa escolar básica donde la escuela se constituya en una puerta de entrada que, a través del apoyo de Trabajadores Sociales, permita conectar a las familias y sus niños con la oferta programática pública (por ej. subsidios, programa 4 a 7 y centros de salud, entre otros) y las redes sociales de apoyo del entorno comunitario.

De esta forma, un sistema de protección a la segunda infancia (edad escolar básica) estaría enfocada a ofrecer servicios para dar apoyo integral y acompañamiento a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, con el propósito de crear condiciones para el desarrollo integral y con una apuesta técnica que se canaliza principalmente en el área de la educación en articulación con otros sectores como salud y desarrollo social.

El énfasis estaría puesto en la intervención temprana y de carácter promocional, centrándose en el fortalecimiento de factores protectores de la comunidad, las escuelas, las familias y los niños, lo que permitiría reducir ciertos costos o riesgos futuros: disminuir los costos individuales, sociales y financieros relacionados con embarazos adolescentes, obesidad, consumo de droga y alcohol, delitos, violencia intrafamiliar, otros.

Este sistema de protección social a la infancia debiese considerar a lo menos 5 componentes articulados:

(1)    Desarrollo infantil integral: la responsabilidad de la sociedad chilena está justamente en lograr el despliegue de los talentos cognitivos y académicos así como las competencias socioemocionales y el desarrollo físico saludable de niños y niñas. Y, por tanto, la entrega oportuna de herramientas para que los niños se desempeñen adecuadamente en los diversos ámbitos del desarrollo es clave.

(2)    Desarrollo de conductas prosociales: la literatura muestra una segunda ventana de oportunidad para el entrenamiento de conductas prosociales (versus las antisociales) en los preadolescentes, dado que en esa etapa del ciclo vital se entrenan las habilidas sociales con los pares. De esta forma, resulta ser una etapa privilegiada para la realización de intervenciones biopsicosociales tempranas en ámbitos promocionales y preventivos que pueden tener un alto impacto en la prevención de problemáticas sociales de alto costo social.

(3)    Involucramiento familiar colaborativo: en la infancia media o intermedia, especialmente hasta los 9 años de edad, es relevante y factible potenciar la figura de un adulto responsable, significativo y cercano para el niño o niña. Las abuelas pueden asumir un rol clave en las configuraciones actuales de las familias, especialmente en familias jefatureadas por mujeres que no cuentan con el tiempo para cuidar a sus niños después de la jornada escolar.

(4)    Despliegue de los servicios sociales: se consideran claves los apoyos en subsidios estatales y bonos especialmente dirigidos a las familias pobres con niños y niñas, pero también es necesario considerar los programas que permitan cuidar a los niños mientras sus madres trabajan fuera del hogar. Evitar que niños y niñas queden solos en sus casas o en la calle, mientras sus madres trabajan es una condición obligada si se quiere romper con el círculo transgeneracional de la pobreza.

En este contexto, es imperativo ampliar la cobertura del programa 4 a 7 de SERNAM que apunta a otorgar un espacio educativo protegido después de la jornada escolar a niños y niñas cuyas madres trabajan fuera del hogar.

Al mismo tiempo, dada la estructura laboral y la familiar contemporánea, es necesario que el Estado ingrese a los hogares, mediante la figura por ejemplo de Trabajadores Sociales que puedan diagnosticar e intervenir a través de visitas domiciliarias en el espacio y tiempo que las familais estén allí. La figura de una mujer recolectora de subsidios del estado ya no es factible, si lo que se quiere es incentivar el empleo femenino. Pero, la ayuda social será igualmente necesaria para justamente complementar los ingresos monetarios producto del empleo al mismo tiempo que proteger a los niños y niñas con servicios sociales adecuados.

(5)    Despliegue de los servicios de salud locales: una vinculación con la red de salud local a través de consultorios o centros de salud familiar es clave en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes saludables.  En este contexto, los controles preventivos así como los programas de prevención temprana del embarazo adolescente, del consumo problemático de droga y alcohol y de la obesidad, también son claves en un sistema de protección social dirigida a niños en edad escolar básica.

En definitiva, la política pro empleo femenino junto a una política de protección social integral a la infancia apuntarían en la dirección correcta, si lo que se busca es romper el círculo de transmisión de la pobreza.

Comentarios del artículo: Infancia, pobreza y mujeres jefas de hogar - Publicado: a las 6:00 pm

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 02/08/2012

Niños y conflicto mapuche

El Estado Chileno debe garantizar los derechos de la infancia así como los padres y madres hacer efectivo dichos derechos, protegiendo a sus niños y niñas y evitando exponerlos a situaciones de violencia social que indudablemente impactan su adecuado desarrollo.

Algunas autoridades de la zona de la Araucanía han acusado a comuneros mapuches de utilizar a niños como “escudos humano” para disuadir e impedir la acción policial, mientras que UNICEF rechazó estas aseveraciones. Lo que es indudable es que los niños y niñas mapuches han estado expuestos al conflicto.

La violencia que acarrean estos hechos tiene indudablemente consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que son testigos, víctimas y eventualmente escudos humanos. La experiencia de la violencia social viene a su vez de la mano del miedo que finalmente afecta el adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes mapuches.

El Estado de Chile, al ratificar en el año 1990 la CDN, asumió el compromiso público, de rango constitucional, de asegurar a todos los niños y niñas que habitan en el país los derechos y principios consagrados en este instrumento jurídico internacional. Este instrumento hace referencia explícita a la niñez indígena reconociendo que “esos niños necesitan medidas especiales para el pleno disfrute de sus derechos”.

Los aspectos legales son necesarios, pero más urgente es la expresión de una voluntad clara de diálogo y reconocimiento de los derechos niños, niñas y adolescentes indígenas así como una cultura respetuosa por la diversidad que se promueva desde la infancia.

El Estado Chileno debe garantizar los derechos de la infancia así como los padres y madres hacer efectivo dichos derechos, protegiendo a sus niños y niñas y evitando exponerlos a situaciones de violencia social que indudablemente impactan su adecuado desarrollo.

Comentarios del artículo: Niños y conflicto mapuche - Publicado: a las 12:57 pm

Etiquetas: , » Publicado: 14/06/2012

Erradicación del trabajo infantil

En el mundo hay 245,5 millones de menores de 18 años que trabajan, más de 186 millones en edades comprendidas entre 5 y 14 años. Además, 170 millones de niñas y niños trabajan en condiciones peligrosas.

Miles de niños chilenos tienen dificultades para desarrollarse de manera integral y desplegar al máximo sus talentos debido a una incorporación temprana al mundo laboral. Algunos, en su participación en actividades laborales, pueden resultar vulnerados en sus derechos esenciales, como los de descanso, recreación, educación e integridad física.

Otros, en situaciones laborales más extremas, podrían incluso quedar discapacitados o morir por encontrarse ocupados en las peores formas de trabajo en edades tempranas. La erradicación del trabajo infantil se constituye, por lo tanto, en un importante desafío en nuestro país.

En Chile, de acuerdo a las últimas cifras disponibles de la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), existen alrededor de 240 mil NNA entre 5 y 17 años, realizando cualquier tipo de trabajo.

En el mundo hay 245,5 millones de menores de 18 años que trabajan, más de 186 millones en edades comprendidas entre 5 y 14 años. Además, 170 millones de niñas y niños trabajan en condiciones peligrosas.  Y,  alrededor de 180 millones en el mundo están ocupados en las peores formas de trabajo infantil: régimen de esclavitud o servidumbre por deudas, prostitución y pornografía, actividades ilícitas, o son niños soldados.

En Chile, de acuerdo a las últimas cifras disponibles de la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), existen alrededor de 240 mil NNA entre 5 y 17 años, realizando cualquier tipo de trabajo. De este total, 196 mil laboran para el mercado, de los cuales más de 100 mil realizan actividades consideradas inaceptables; es decir, actividades laborales que no les permiten asistir a la escuela, laboran en la calle y/o en jornadas extensas o nocturnas. Y, alrededor de 42 mil están a cargo de los quehaceres del hogar por más de media jornada a la semana, incluyendo el cuidado de hermanos menores.

Los NNA trabajadores de Chile provienen de familias principalmente constituidas por madres jefas de hogar, con baja escolaridad, altos niveles de hacinamiento, abandono por parte de alguno de los padres. En general, grupos familiares multi-problemáticos, donde junto al trabajo infantil, existen otros problemas sociales como alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y escasas habilidades parentales.

Lo anterior, supone la necesidad de promover políticas públicas que potencien la coordinación intersectorial de varios ministerios y servicios públicos a nivel nacional y comunal, de manera de potenciar respuestas integrales a un fenómeno tan complejo como el trabajo infantil que en nuestro país indudablemente existe.

Comentarios del artículo: Erradicación del trabajo infantil - Publicado: a las 7:14 pm

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 22/05/2012

La Agenda Pro Familia del Discurso del 21 de Mayo: Avances y Tareas Pendientes

A continuación detallaremos algunos avances en la protección de las familias así como aquellos ámbitos en los cuales existen tareas pendientes o simplemente la política pública es aún carente de atención.

En el discurso presidencial del 21 de mayo 2012, el Presidente de la República destaca que: “Sólo con familias unidas, fuertes y sanas podremos hacer de Chile un país verdaderamente integrado, humano y feliz. Ellas son nuestra principal fuente de amor, felicidad y comprensión, y la mejor defensa frente a los males de la modernidad como la droga, la delincuencia, el alcoholismo y la soledad”. Esto adquiere especial relevancia si consideramos la creciente heterogeneidad en los tipos de familias que tiene nuestro país y que requieren reconocimiento diferenciado en el avance a un desarrollo social a escala humana. Me refiero a aquellas familias jefatureadas por una mujer, padre sólo e hijos, adultos mayores solos, parejas sin hijos, familias biparentales, familias recompuestas, familias cuyos cónyuges se encuentran divorciados, entre otras. Además, existen distintos periodos o etapas en el ciclo familiar, desde familias en sus etapas iniciales, hasta la adultez mayor.

Para complejizar más el tema la diversidad de tipologías familiares, se cruza con otras dimensiones como la diferenciación en función a aspecto tales como etnias, migración, religión y condición socioeconómica. Una interrogante al respecto es cómo se hace cargo la política pública de esta diversidad, sin suponer criterios de homogenización de los comportamientos de familias que son estructuralmente diferentes. Esto podría plantearse por ejemplo en el Bono Bodas de Oro, un reconocimiento al valor del matrimonio, que beneficiaría a aquellas parejas que hayan cumplido 50 o más años de matrimonio. ¿Qué sucede con aquellas parejas que han cumplido 50 o más años de vida en convivencia, sin estar casadas, una realidad cada día más creciente y común en nuestro país?

A continuación detallaremos algunos avances en la protección de las familias así como aquellos ámbitos en los cuales existen tareas pendientes o simplemente la política pública es aún carente de atención.

Apoyo a la Infancia Temprana: Avances.
Una serie de iniciativas son anunciadas por el Presidente de la República en torno al apoyo y fortalecimiento de las familias, entre las que se destacan la ya aprobada ley que extiende el posnatal de 3 a 6 meses. O, el incremento del número de salas cunas, la garantía de educación preescolar gratuita (prekinder y kinder) a todos los niños y niñas correspondientes al 60% más vulnerable del país. O, la eliminación de la barrera legal al empleo femenino que exige a las empresas el pago de sala cuna cuando se contratan 20 o más trabajadoras. Son avances, sin lugar a dudas, que reflejan la maduración del país después de años de reflexiones de técnicos y políticos de amplio espectro.

Todo esto supone un avance importante al querer proteger a aquellas familias que se encuentran en sus etapas iniciales de formación, pero es necesario considerar una visión de tarea continua del cuidado de los hijos e hijas, que usualmente cae en las manos de mujeres, y que no se termina cuando el niño /a ingresa a la educación escolar básica. Esto parece ser un ámbito desatendido por la política pública actual.

Familias y niños en edad escolar: Tareas Pendientes
En este contexto, muchas escuelas de nuestro país se encuentran enfrentando múltiples dificultades de orden sicosocial, dadas por los propios entornos, ampliamente vulnerables, en que se emplazan. Entre estas dificultades se encuentran deserción escolar, violencia, embarazo adolescente, relaciones tensionantes con los padres o tutores, dificultades conductuales graves y consumo de drogas, por nombrar algunos. Particularmente, respecto a las tensiones en la relación Familia – Escuela en situación de vulnerabilidad, se identifican situaciones conflictivas, como: la ausencia de los padres como actores fundamentales en la formación de sus hijos, dificultades familiares diversas que influyen en la condición de salud biopsicosocial de los niños, recursos socioculturales escasos y/o ausencia de conciencia de la relevancia de la educación para sus hijos, entre otros.

Al mismo tiempo, nos encontramos con muchas familias que no puedan cumplir con las expectativas de las escuelas, porque simplemente no pueden. No cuentan con un espacio físico adecuado en el hogar para que sus hijos (as) estudien. No cuentan con los conocimientos para enseñar a sus hijos (as) o ayudarles a hacer las tareas escolares. No cuentan con los recursos económicos para comprar libros. No llegan a tiempo a casa para compartir con sus hijos (as) o para asistir a las reuniones de apoderados en la escuela porque tienen extenuantes horarios laborales o por las largas distancias entre el hogar y el trabajo. Esos padres y madres, sin duda están preocupados de sus hijos y de la escuela; simplemente no cuentan con las condiciones mínimas para poder cumplir mejor y no saben como construir espacios educativos significativos en sus hogares. Nuevamente, la política pública parece no estar cumpliendo con las familias y sus hijos en edad escolar.

Protección a la Infancia y la Adolescencia: Avances y Tareas pendientes
A su vez, para ayudar a los niños en situación de fragilidad, el Presidente de la República dice que se reformulará el actual Sename, Servicio Nacional de Menores (un anuncio que se ha escuchado desde hace un buen tiempo atrás), creando 2 instituciones: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y el nuevo Servicio Nacional de Menores, enfocado exclusivamente en la atención y rehabilitación de niños y adolescentes que hayan infringido la ley. De esta manera, el Mandatario anuncia: “la creación del Servicio de Protección de la Infancia y la Adolescencia, y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que sustituirá al Sename”.

Esto es indudablemente un gran avance, considerando la necesidad de una institucionalidad que proteja y promueva de manera universal los factores protectores de niños, niñas y adolescentes con miras a la consolidación de conductas prosociales en oposición a las conductas antisociales.

En este último aspecto, cabe preguntarse por qué no se ha anunciado en el discurso la creación de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que apunte a cubrir los derechos de los más diversos tipos de infancia y adolescencia, en el mismo sentido de incorporar las diversas formas de familias existentes en nuestro país. De esta forma, se apunta a la protección de derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, entre los que se incluyen los derechos a la participación, protección y sobrevivencia. Se destaca que mientras nuestro país es uno de los pocos que no posee una ley protección integral y adolescencia, hace ya unos cuantos años que contamos con una ley juvenil penal para aquellos adolescentes que hayan infringido la ley. Una incoherencia que parece no superarse aún, especialmente en el contexto del reconocimiento que todos los que tenemos hijos e hijas esperamos que sus derechos de acceso a educación y salud de calidad, por nombrar a algunos, se encuentren cubiertos. Acá tenemos claramente tareas pendientes.

Apoyo a familias desafiadas: Avances
En otra parte de su discurso, el Presidente destaca que para prevenir y enfrentar la violencia intrafamiliar, se ha tipificado el delito de Femicidio, se ha puesto en marcha un Fono Ayuda gratuito de asesorías sicológicas y jurídicas a víctimas de violencia intrafamiliar, casas de acogidas para mujeres víctimas de violencia y la creación de centros de rehabilitación para hombres violentos. De esta forma, parece que ser que en Chile, los sistemas de atención para enfrentar la violencia en la pareja han evolucionado desde la atención exclusivamente de mujeres víctimas, hacia otorgar paralelamente atención a hombres que ejercen violencia hacia sus parejas (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000) cuya intervención está destinada a responsabilizar al hombre de sus conductas de violencia, con el fin de lograr la erradicación de dichas conductas. Sin embargo, la cobertura de atención a hombres que ejercen violencia es realmente muy limitada.

El Mandatario destacó a su vez que: “Solo el año pasado nuestros tribunales recibieron más de 200 mil denuncias por no pago de pensiones alimenticias”, afirmando que se presentará un proyecto de ley que busca perfeccionar sus mecanismos de retención y cobro, para que los padres se hagan responsables de sus hijos.

Apoyo a los adultos mayores: Tareas Pendientes
El discurso reconoce además que tenemos una deuda con nuestros adultos mayores. Se ha eliminado o reducido el descuento del 7% en salud, y se ha creado el Bono Bodas de Oro de $ 250 mil. A su vez, se plantea la iniciativa de un subsidio de vivienda adicional para aquellas familias necesitadas que reciban en su hogar a sus adultos mayores. Y, también se está impulsando un plan para fortalecer la atención domiciliara, los centros diurnos y una subvención para las instituciones que atienden adultos mayores vulnerables que no pueden valerse por sí mismos.

El proceso de envejecimiento origina una serie de desafíos, entre ellos, nuevas formas de organización de la familia, desafíos de bienestar, integración social y empleo del tiempo libre de los adultos mayores, cambio en la demanda de bienes y de servicios, competencia intergeneracional por los puestos de trabajo y cambios en las relaciones de dependencia económica entre las generaciones. (Mifsud et al, 2006) A su vez, un estudio del Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor)  (2007) reconoce como desafíos centrales: la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan a crear oportunidades para un envejecimiento activo, particularmente en el campo de la educación continua, del empleo y la empleabilidad, así como del acceso al crédito de las personas; así como la identificación de la oferta existente y las necesidades en materia de servicios sociales y la promoción de una imagen digna de los adultos mayores como ciudadanos activos y socialmente valiosos, entre otros.

Todo esto suena bastante bien, el problema surge cuando el Estado detecte familias cuyos niños /as no están asistiendo a la escuela o recibiendo controles de salud y vacunación al día. En caso de que el Estado no genere estrategias de intervención específicas con esas familias, estaría vulnerando doblemente los derechos de esos niños y niñas.

Las iniciativas planteadas en el Discurso del 21 de mayo son muy incipientes en este ámbito. Los adultos mayores son un grupo humano de alto crecimiento, por lo cual debiese recibir mayor atención por parte de las políticas sociales. Acá tenemos otra tarea pendiente.

Ingreso ético familiar
Por otro lado, el en discurso presidencial del 21 de mayo, se ha referido a la puesta en marcha de una nueva política: el Ingreso Ético Familiar, donde las familias de extrema pobreza deberán asumir compromisos y cumplir con condiciones para hacerse merecedoras de la ayuda en dinero que entregaría el Estado.

El Ingreso Ético Familiar tiene tres pilares. El pilar de la dignidad, que incluye subsidios del Estado sin requisitos. El pilar de los deberes, que incorpora subsidios del Estado por el cumplimiento de obligaciones como la asistencia de los hijos a la escuela y los controles del niño sano al día. Y el pilar de los logros, que premia los buenos resultados de los hijos, a través de un Bono por Mérito Académico, y el trabajo o emprendimiento de las mujeres, a través del Bono a la Mujer Trabajadora, que las premia con un 20% adicional de su sueldo y beneficia a las 300 mil mujeres más vulnerables.

Todo esto suena bastante bien, el problema surge cuando el Estado detecte familias cuyos niños /as no están asistiendo a la escuela o recibiendo controles de salud y vacunación al día. En caso de que el Estado no genere estrategias de intervención específicas con esas familias, estaría vulnerando doblemente los derechos de esos niños y niñas. Esto se agrava sin la existencia de una ley de protección integral de los derechos de la infancia. Acá tenemos una tarea por evaluar.

Las reflexiones de esta columna simplemente buscan profundizar en las iniciativas planteadas por el discurso presidencial del 21 de mayo. En este sentido, es relevante tomar en cuenta 3 aspectos: (1) la coherencia existente entre las medidas y propuestas planteadas para apoyar a las familias y la real consideración de diversos tipos y formas de familias; (2) la responsabilidad que se está poniendo en las familias en algunas de la iniciativas planteadas, lo cual a su vez reformula los vínculos entre familias, la institucionalidad política y el Estado; y (3) la necesidad de revisar permanentemente el avance de las tareas pendientes así como la implementación de las avances ya logrados en la formulación de políticas públicas pro familias.

Comentarios del artículo: La Agenda Pro Familia del Discurso del 21 de Mayo: Avances y Tareas Pendientes - Publicado: a las 5:49 pm

Etiquetas: , , , » Publicado: 12/03/2012

Equidad en la contratación de mujeres

En Chile se ha incentivado la contratación de mujeres, a través de iniciativas promovidas por el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio del Trabajo y el de Desarrollo Social, reconociendo que el Talento Femenino aún se encuentra subutilizado. Y, que nuestro país que necesita trabajadoras, profesionales y ejecutivas chilenas.

De acuerdo con el Informe Global 2011 de la OIT sobre discriminación, las mujeres siguen padeciendo discriminación en el lugar de trabajo en lo que se refiere a los puestos a los que pueden acceder, la remuneración, las prestaciones y el acceso a puestos con competencias en la toma de decisiones.

La Encuesta Humanas “Percepción de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de Vida en Chile 2011″, muestra que el trabajo es el ámbito donde las mujeres se sienten más discriminadas, el 84% de las mujeres chilenas creen que hay discriminación laboral.

A pesar de la existencia de leyes que prohíben la discriminación, en casi todos los países las mujeres ganan menos que los hombres en las mismas posiciones y enfrentan diferentes barreras para acceder a posiciones de decisión debido a la segregación laboral por género. En América Latina existen empresas donde incluso no hay participación femenina en la fuerza laboral ni estrategias para incentivar la contratación de mujeres.

La equidad en la contratación de mujeres trae una serie de ventajas. Por ejemplo, las compañías con mayor representación de mujeres en altos puestos ejecutivos obtienen mejores resultados financieros que aquellas con una menor representación femenina, de acuerdo a un estudio realizado sobre 353 empresas de la lista Fortune 500.

La equidad en las contrataciones se constituye en un instrumento para la captación de talento, el enriquecimiento del capital humano, el fomento de la creatividad, la mejora del clima laboral, la reputación de las organizaciones y la forma de adaptación a los requerimientos de los cambiantes entornos actuales.

De esta forma, la equidad en la contratación de mujeres trae una serie de ventajas. Por ejemplo, las compañías con mayor representación de mujeres en altos puestos ejecutivos obtienen mejores resultados financieros que aquellas con una menor representación femenina, de acuerdo a un estudio realizado sobre 353 empresas de la lista Fortune 500.

En este contexto, algunos países han generado iniciativas para promover la contratación del Talento Femenino. Por ejemplo, la  Confederación de Empresas de Noruega (NHO) estableció el programa Female Future (FF), una iniciativa de formación y creación de redes concebida para identificar y promover a las trabajadoras noruegas con talento hacia puestos de liderazgo. El éxito del proyecto y la diferencia positiva que ha marcado en el terreno tradicional de las cuestiones de género y en las vidas de las profesionales, pueden calcularse por el hecho de que el programa FF constituir una experiencia meramente europea. Austria, Japón y Uganda han iniciado sus propios programas.

En Chile se ha incentivado la contratación de mujeres, a través de iniciativas promovidas por el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio del Trabajo y el de Desarrollo Social,  reconociendo que el Talento Femenino aún se encuentra subutilizado. Y, que nuestro país que necesita trabajadoras, profesionales y ejecutivas chilenas.

Comentarios del artículo: Equidad en la contratación de mujeres - Publicado: a las 3:51 pm

Etiquetas: , » Publicado: 12/01/2012

Ficha de Protección Social bajo la lupa

Los instrumentos como la FPS siempre dejarán a ciertos grupos o personas sin beneficios. Lo necesario es avanzar en un instrumento que permita reducir el error de seleccionar a personas que no pertenecen a los grupos más vulnerables .

Un grupo de pobladores pertenecientes a la Federación Nacional de Pobladores han protestado en distintos puntos de la Región Metropolitana, para expresar su rechazo a los cambios de la Ficha de Protección Social (FPS).

Los pobladores aseguraron que van a seguir saliendo a la calle y que se movilizarán a nivel nacional por una política justa que mida realmente las carencias de las familias chilenas.

La FPS entra en vigencia a comienzos del  2007 remplazando a la Ficha CAS -y sus posteriores versiones- que tenían el objetivo de identificar a las familias con mayores necesidades para canalizar la ayuda estatal proveniente de subsidios y programas sociales.

La FPS ha considerado cambios conceptuales importantes respecto de sus antecesores ya que da cuenta de una noción dinámica de la pobreza basada en la vulnerabilidad de los hogares, es decir, en el riesgo de estar en situación de pobreza, lo que incluye no sólo a los hogares que actualmente están en este estado sino que también a los que puedan estarlo en el futuro.

En este sentido, es importante destacar que la FPS ha ampliado la Población Objetivo de la Política Social a una velocidad mayor que el Gasto Público en Subsidios Sociales, al incorporar una noción dinámica de la pobreza basada en la vulnerabilidad de los hogares de permanecer o caer en la pobreza.

Con la FPS se focalizan los beneficiarios de más de 60 programas sociales tales el Subsidio de electricidad, el de Agua Potable, los Subsidios de Vivienda y el Subsidio Único Familiar (SUF), entre otros.

El avance en la lógica de asumir derechos y obligaciones por parte de los postulantes a los beneficios sociales supone un trabajo de educación social y comunicación que el Gobierno de Chile debiese asumir. Este es un cambio de lógica bastante más profundo de lo que uno pudiera imaginarlo.

Esta ficha posee una extensa cobertura alcanzando al 65% de la población nacional (más de 11 millones de personas encuestadas) y una amplia utilización por las instituciones administradoras de los beneficios sociales (Ministerios y Servicios Públicos). Con la anterior, crecen las expectativas de las personas de acceder a ayudas a estatales y, de alguna manera, las movilizaciones de pobladores reflejan el malestar social frente a anhelos incumplidos o necesidades insatisfechas. También muestran la desesperanza de muchas familias chilenas frente a altos niveles de endeudamiento, desesperanza, desamparo y falta de respuesta efectiva de la política pública.

Los instrumentos como la FPS siempre dejarán a ciertos grupos o personas sin beneficios. Lo necesario es avanzar en un instrumento que permita reducir el error de seleccionar a personas que no pertenecen a los grupos más vulnerablademás del error de discriminación de un beneficio social a quiénes si pertenecen a esos grupos. Esta tarea no es fácil.

¿Por qué se están movilizando los Pobladores?

1.- La veracidad de la información entregada

La ficha pretende ser cambiada por el Gobierno, ha planteado una pobladora “pero los únicos avances que ha realizado hasta ahora es iniciar un reencuestaje que obliga a las familias a firmar una declaración jurada sobre la veracidad de los datos (aun cuando el Ministerio de Desarrollo Social tiene ahora la facultad para verificarlos directamente a través de otros ministerios) y que las amenaza con caducarles los puntajes si optan por rechazar la encuesta”.

La experiencia internacional muestra avances en los derechos sociales y deberes en los ciudadanos. Por ejemplo, pueden tener acceso a asesoría inicial respecto a los programas a los cuales pueden postular, que usualmente recae en manos de Trabajadores Sociales.  El derecho de acceso a información transparente a lo largo del proceso de postulación y elegibilidad adquiere especial relevancia. Incluso, tienen derecho a solicitar audiencias por inconsistencias de información, como en el caso del Estado de Nueva York.

Al mismo tiempo, la experiencia internacional especialmente de los países desarrollados muestra que las personas tienen responsabilidades frente al Estado y las otras familias postulantes a beneficios sociales. Me refiero, particularmente, al deber de proporcionar información veraz y precisa y la obligación de informar cambios en la situación de los beneficiarios, entre otros.

El avance en la lógica de asumir derechos y obligaciones por parte de los postulantes a los beneficios sociales supone un trabajo de educación social y comunicación que el Gobierno de Chile debiese asumir. Este es un cambio de lógica bastante más profundo de lo que uno pudiera imaginarlo.

Por tanto, es razonable la sensación de “castigo” manifestada por algunos pobladores. Una estrategia de educación ciudadana respecto a derechos y obligaciones sería más adecuada.

 2.- Problema en el diseño de programas sociales

Otra dirigente ha planteado que sus reclamos de se deben  a que “la ficha no mira el endeudamiento de las familias, increpamos a las autoridades por una solución real y concreta, y le hacemos un llamado a que se pongan del lado de los pobladores, una ficha no puede decidir si una familia necesita o no”.

Como las transferencias no son graduadas –por ejemplo quién tiene más de 4.213 puntos no es elegible al Bono de Protección de las Familias Chile Solidario– quiénes puedan tener unos pocos puntos más del valor límite podrían tener mayores incentivos para alterar información de su situación personal y familiar lo que pudiera permitirles acceder a los beneficios sociales.

Estas personas de ninguna manera son deshonestas ni merecen sanciones. Una familia con 4.214 puntos es casi tan vulnerable que una con 4.212 puntos (ésta última si seria elegible). El problema está en el Diseño de los Programas Sociales que no debiesen excluirlos de recibir por lo menos una parte de la ayuda estatal.

La incorporación del criterio de gradualidad, evitando el retiro abrupto o el no acceso a la ayuda estatal en caso de superar el puntaje de corte determinado por la institución correspondiente, permitiría superar este problema. De esta manera, se establecerían tablas con rangos de ayuda que vayan desde el 0% o al 100% del beneficio, dependiendo de las necesidades de las familias.

Un retiro gradual del beneficio por parte de los programas sociales también podría ser una buena salida. Que la entrega del beneficio tenga un periodo de duración máxima y que se vaya reduciendo gradual y paulatinamente.

Por tanto, la pobladora tiene razón al decir que “una ficha no puede decidir si una familia necesita o no”. Este problema tiene su origen en el diseño de los programas sociales y no en la Ficha.

3.- Los subsidios de vivienda

Los pobladores ya han realizado distintos actos en la capital frente a los cambios de la ficha, por considerar que está mal hecha y que tergiversa la situación real de los postulantes, los que exigen a las autoridades que solucione sus problemas habitacionales: “No podemos seguir esperando, hoy necesitamos la solución y el puntaje para poder postular a nuestras viviendas”.

Respecto a los subsidios de vivienda, la FPS se nos queda corta. Es necesario estudiar una metodología específica para la asignación de los subsidios habitacionales en el Ministerio de Vivienda, que identifique en forma independiente a la aplicación de la FPS los potenciales beneficiarios, con la asesoría de MIDEPLAN para la correcta utilización de las variables de la FPS en caso de ser útiles para la asignación de los beneficios.

Con la Ficha de Protección Social se focalizan subsidios cuya ayuda en dinero es pequeña y tiene cierta permanencia en el tiempo, como por ejemplo el Subsidio Único Familiar, pero al mismo tiempo Subsidio de Vivienda que se entregan por una vez a las familias y que suponen una suma importante de recursos como por ejemplo el Fondo Solidario de Vivienda I y el II.

En este contexto, parece razonable el malestar de los pobladores y el requerimiento por prontas y efectivas soluciones habitacionales que nuevamente tienen más que ver con el diseño del Programa que con la FPS.

Comentarios del artículo: Ficha de Protección Social bajo la lupa - Publicado: a las 3:41 pm

Etiquetas: , , , » Publicado: 03/01/2012

Caso de las nanas de Chicureo y discriminación

De acuerdo con el recién publicado Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro, el 45% de los chilenos encuestados afirma haber sido discriminado. Esta cifra nos posiciona como el 5º país de Latinoamérica con mayor percepción de discriminación.

El bullado caso de las “Nanas de Chicureo” viene a evidenciar una discriminación naturalizada, que forma parte de la vida social “normal” del país y que, en este caso, simplemente y de una manera burda se inscribe en el instructivo de un Club de Golf.

En este instructivo se indica que ellas pueden acompañar a los niños de los cuales se hacen cargos sólo si utilizan un “uniforme o tenida que las identifique como tales”. Asimismo, establece que ellas no pueden acceder a las piscinas del recinto, espacio al cual los socios podrán entrar solamente con sus familias y personas invitadas.

En el contexto de un país en el que, desde la creación de la República, se separó a “la gente de bien” que vivía cerca de la plaza de los pobres que se ubicaban en las chinganas periféricas. Un país en el que la segregación territorial y social pone barreras insoslayable a la construcción de confianza entre grupos distintos y distantes. Un país que tiene temor del otro diferente, del homosexual, el pobre, el extranjero, el que viene del otro lado de la ciudad. Y, lo aleja como se hiciera a comienzos de los 80s cuando las tomas de Las Condes son disueltas para conformar lo que hoy se conoce como los asentamientos de La Pintana.

Discriminación Transversal

En nuestro país parece haber una discriminación solapada o encubierta. Nadie lo dice directamente, salvo el bullado caso del instructivo y uno que otro caso de connotación pública. Pero, podemos ver actos directa y cotidianamente discriminadores. Y,  sí en general los chilenos discriminamos de manera transversal.

Las formas de discriminación en Chile son diversas. Existe Discriminación por nivel cultural, apariencia física, etnia, apellido, edad, segmento socioeconómico, familia de origen, comuna de residencia o género. También discriminamos a otros por ser extranjeros, personas con discapacidad, por orientación sexual y /o religión, por nombrar algunas formas.

Todos de alguna manera discriminamos y hemos sido discriminados. Desde pequeños a los niños y niñas se les impone la cultura que resalta una raza sobre la otra, un nivel social y cultural sobre otro, una apariencia física deseable, el ser hombre por sobre la condición de lo femenino, por nombrar algunos ejemplos.

La discriminación está inserta en todas las estructuras del Estado y de la sociedad chilena, pero la gente muchas veces no la percibe, como diría Michael Foucault. Esto, en el contexto de una sociedad especialmente desigual y desconfiada nos pone en una situación social compleja que refleja frustración e incluso agresividad, como lo reflejan algunos posteos que han surgido a partir del caso de las Nanas de Chicureo.

Buenos Apellidos

De acuerdo con el recién publicado Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro, el 45% de los chilenos encuestados afirma haber sido discriminado. Esta cifra nos posiciona como el 5º país de Latinoamérica con mayor percepción de discriminación. Este mismo Informe revela que el indicador de confianza interpersonal alcanza sólo el 17% en el caso Chileno, mientras que en países europeos alcanza una cifra cercana al 70%.

La discriminación no solo afecta a ciertas minorías, sino que a un gran porcentaje de personas en el país. Afecta mayoritariamente a las mujeres porque es muy distinta la situación de ser hombre o ser mujer en nuestro país. En este contexto, la Encuesta Humanas “Percepción de las Mujeres sobre suSituación y Condiciones de Vida en Chile 2011”, muestra que el trabajo es el ámbito donde las mujeres se sienten más discriminadas; tanto así que el 84% de las mujeres chilenas cree que hay discriminación laboral. La discriminación en nuestro país también afecta de manera masiva a personas con un determinado aspecto físico, así queda de manifiesto por ejemplo en los avisos laborales donde piden ciertas características para cumplir determinadas funciones.

En nuestro país además el origen socioeconómico (familias de origen acomodadas y con “buenos apellidos”) parece ser más importante que el mérito académico en el mercado laboral y que los individuos de origen socio-económico alto tienen “piso asegurado” mientras los pobres no. Esta situación refleja una gran brecha respecto a países desarrollados, donde a igualdad de méritos el efecto de origen socioeconómico es cero.

Estos ejemplos muestran que existe una cultura de poca aceptación a la diversidad. Una sociedad inclusiva es aquella donde se permite que las personas puedan convivir, se respeten sus derechos y sus garantías constitucionales, y todos nos rijamos por las normas de lo que significa el principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria.

Mahia Saracostti, Directora de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile

Comentarios del artículo: Caso de las nanas de Chicureo y discriminación - Publicado: a las 4:23 pm

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