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Leonardo Soto Ferrada

Diputado. Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Etiquetas: , , , , , , , , , » Publicado: 18/03/2015

Dinero y política: ¿Y la responsabilidad de los partidos?

Más allá de que la responsabilidad es preferentemente personal y cada cual debe responder por sus actos irregulares o ilegales, estas conductas deleznables de dirigentes políticos se dan bajo el alero de los partidos políticos a los que pertenecen, los cuales hasta ahora “están pasando piola” como se dice coloquialmente.

El clima político en Chile está enrarecido. En los últimos meses, los casos de financiamiento ilegal de campañas y la evidencia de la relación incestuosa entre dinero y política, tienen a nuestra democracia sumida en una crisis de confianza sin precedentes.

El cuestionamiento popular ha recaído en el análisis de las conductas que han tenido las autoridades y dirigentes políticos involucrados en los sucesos recientes. Claramente, se ha develado que en su actuar ha primado más bien el interés particular, el uso de cualquier medio para conseguir sus fines, por sobre la vocación de servicio público y la probidad.

En nuestro país, la responsabilidad es preferentemente personal y cada cual debe responder por sus actos irregulares o ilegales, y esperamos que tengan la sanción más drástica aplicable de nuestros tribunales. Caiga quien caiga.

Además, junto con ello, debemos aumentar las sanciones, con el objeto de establecer poderosos disuasivos para terminar con estas prácticas, tales como la eliminación total de aportes de campaña reservados y de empresas y la pérdida del escaño del electo por medios irregulares, materias que defenderemos en el Congreso.

Se requiere establecer que los partidos políticos puedan ser responsables penales, como cualquier otra persona jurídica, especialmente, cuando directa o indirectamente reciban financiamiento  ilegal. De esta manera se consagra una responsabilidad corporativa y se los incentiva a adoptar las prácticas internas que eviten en el futuro actos de corrupción.

Pero estas conductas deleznables de militantes, candidatos y autoridades, se dan al  interior y bajo el alero de los partidos políticos a los que pertenecen y la pregunta que nos hacemos, es ¿las organizaciones políticas que han conocido, tolerado, incentivado y hasta protegido las conductas de estos militantes, no debieran ser también objeto de una sanción por ello?

¿Cómo no va ser reprochable y sancionable, ver a militantes activos de partidos políticos, que en el caso más grave forman parte de la propia directiva nacional, que se dedicaban a conseguir y hasta mendigar fondos privados por medios ilegales para los candidatos de su partido, según aparece en los antecedentes del Caso Penta en tribunales?

Lamentablemente, ningún partido político será sancionado producto de este escándalo, porque gozan de una impunidad y exención de responsabilidad garantizada por la ley. Hasta el momento los partidos “están pasando piola” como se dice coloquialmente.

Por tanto es urgente poner en el debate al menos tres temas: Primero, la necesidad de exigir transparencia activa y pasiva en el funcionamiento a los partidos y estándares mínimos de democracia interna. Segundo, se debe someter a los partidos políticos a la denominada Ley de Transparencia, para que tengan un verdadero y permanente control social. En tercer lugar, y aquí quiero hacer un fuerte énfasis, se requiere establecer que los partidos políticos puedan ser responsables penales, como cualquier otra persona jurídica, especialmente, cuando directa o indirectamente reciban financiamiento  ilegal. De esta manera se consagra una responsabilidad corporativa y se los incentiva a adoptar las prácticas internas que eviten en el futuro actos de corrupción.

Esta clase de responsabilidad ya existe en Chile, desde el año 2009, para castigar a las personas jurídicas privadas (empresas) que aparezcan involucradas en delitos de cohecho, lavado de activo y otros. ¿Los partidos políticos, que cumplen una función pública y que reciben financiamiento fiscal, no debieran estar también sujetos a este tipo de sanciones penales?

En México, a modo de ejemplo, la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla sanciones, pudiendo ir desde las multas hasta llegar a la cancelación del partido político. En España y Alemania  existen sanciones de similar tenor.

No bastan las responsabilidades individuales. Queda en evidencia que la renuncia del presidente y vicepresidente de la UDI no son suficientes a la hora de entender las responsabilidades corporativas. ¿Quién nos asegura que los nuevos directivos de la UDI cambiarán las malas prácticas?

En el marco de los proyectos de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, insistiré decididamente para avanzar en este sentido. ¿Quién se suma?

Comentarios del artículo: Dinero y política: ¿Y la responsabilidad de los partidos? - Publicado: a las 9:31 am

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