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José Aylwin

Co Director, Observatorio Ciudadano.

Etiquetas: , , , » Publicado: 24/12/2014

El debate global sobre empresas y derechos humanos

El Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dejó al descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar el comportamiento de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina.

Con la asistencia de más de dos mil personas, entre ellos delegados de Naciones Unidas, de los estados, de pueblos indígenas y de la sociedad civil, así como representantes de empresas, se realizó en Ginebra

El Foro -el más importante sobre esta temática de creciente relevancia global- fue convocado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como uno de sus mandatos el promover los Principios Rectores de esta entidad en la materia.

Tales principios, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos el 2011, incluyen la obligación de los estados de proteger de los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, de evitar vulnerar los derechos de las personas y de reparar las consecuencias negativas de sus actividades; y la necesidad de que los estados y empresas establezcan mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas.

Una preocupación manifestada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil asistentes al evento, fue la  de la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de estas empresas a nivel global, y a la impunidad en que estas prácticas quedan. Es así como en el marco de este evento el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y FIDH dieron a conocer su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, afectadas generalmente por la actividad de empresas.

En este informe se da cuenta de que entre el 2011 y 2014 se constataron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, a manos de policías, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso mercenarios, en muchas ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Se trata de números que reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo, en especial a Asia y Latinoamérica. De acuerdo a este informe, un 95% de estas graves violaciones a los derechos humanos de defensores quedan impunes. Dicha situación  es consecuencia de la ausencia a nivel estatal e internacional de normas de carácter vinculante  para hacer efectiva la responsabilidad de los estados y las empresas frente a dichas violaciones de derechos humanos.

Es por ello que una de las discusiones más relevantes verificadas en el Foro de Ginebra fue la referida al proceso para la elaboración de un tratado vinculante para regular la actividad de las empresas trasnacionales y su relación con los derechos humanos, iniciativa que el Consejo de Derechos Humanos aprobó en junio de 2014, a propuesta de los estados de Ecuador y de Sudáfrica. Se trata de una iniciativa que ha concitado el respaldo de un número creciente de estados y de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Por lo mismo es que una de las materias que se espera aborde dicho tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos sea el de la responsabilidad extraterritorial de los estados frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales en ellos domiciliados pero con actividades fuera de los mismos, situación cada vez más común en el marco de una economía globalizada. Esta iniciativa, frente a la cual muchos estados latinoamericanos, entre ellos Chile, se abstuvieron al momento de su votación por el Consejo de Derechos Humanos, ha ganado cada vez más soporte internacional. Ello no sólo de parte desde la sociedad civil, la que ha conformado una alianza global para su respaldo, sino también por parte de diversos estados del sur global, incluyendo Chile de acuerdo a la intervención del Subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros en Ginebra, e incluso estados del norte, los que se abren a su consideración.

Otro tema relevante abordado en Ginebra fue el de los planes nacionales de empresas y derechos humanos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia ha venido promoviendo desde el 2012. Se trata de planes para coordinar la acción política y legislativa de los estados a fin de asegurar que la actividad económica y de las empresas no resulte en la violación de derechos humanos, y que por ahora solo algunos estados europeos, como Reino Unido, Países Bajos, Italia y Dinamarca han elaborado. En contraste con ello, en América Latina sólo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su elaboración.

La situación de los derechos de los pueblos indígenas, cuyas tierras y territorios se ven afectados por la actividad de empresas, muchas de ellas extractivas de recursos naturales, fue  también una temática central de este evento. Ello no es casual sino que resulta de una práctica empresarial casi generalizada, en particular en los estados del sur global, que ha resultado en graves violaciones a derechos colectivos de estos pueblos, como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libre determinación y a la autonomía, y el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, todos ellos reconocidos por el derecho internacional que les es aplicable, en particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas.

Se trata de una realidad constatada por el propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el que en su informe de 2013 señalara: “[…] los pueblos indígenas figuran entre los grupos más gravemente afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energético. Los impactos adversos denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos indígenas a mantener el modo de vida tradicional que han elegido […], hasta el desplazamiento mediante reasentamiento forzoso o económico y los graves atropellos conexos de los derechos civiles y políticos, incluidos los efectos sobre los defensores de los derechos humanos[…], y los derechos a la vida y a la integridad física”.

América Latina, como sabemos, no es una excepción a esta realidad, ya que las estrategias de “desarrollo” impulsadas por los estados se siguen cimentando en la explotación indiscriminada de los recursos naturales de los pueblos indígenas, explotación que se contrapone a sus culturas y planes de vida, y que por lo mismo genera conflictos que terminan por ser criminalizados. Tal como la CEPAL señalara en septiembre pasado  en su informe a la Conferencia Mundial de la ONU sobre  Pueblos Indígenas “la expansión de las actividades primario-exportadoras en la región ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica”.

Por ello no resulta casual que los representantes de pueblos indígenas de los cinco continentes reunidos en Ginebra en forma previa al Foro subrayaran la necesidad de que los estados garanticen la vida de los pueblos indígenas y los protejan frente a las amenazas de la actividad empresarial; respeten y protejan sus propias actividades económicas dentro de sus territorios, sin criminalización; y que no restrinjan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas frente a la actividad empresarial. Igualmente instaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia a profundizar en el análisis del cumplimiento de la “debida diligencia” que las empresas deben tener para asegurar el respeto por sus derechos. Finalmente reclamaron la necesidad de que los estados garanticen el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos, y consideren en los planes de acción nacionales en derechos humanos la aplicación de la jurisdicción extraterritorial cuando las víctimas no encuentren justicia en sus propios países.

Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, intervino en el Foro para llamar la atención sobre la gravedad y magnitud de las violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas cometidas por empresas, señalando que el abordaje de esta realidad será uno de los principales focos de su mandato. La Relatora Especial ahondó en la relación que existe entre los tratados y los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre inversión y comercio y los derechos de pueblos indígenas, señalando que muchas veces estos repercuten directamente sobre sus tierras, sus recursos, formas de vida y conocimientos. Por lo mismo, planteó que ésta será una materia de preocupación fundamental de su Relatoría especial.

La afectación de los derechos del pueblo mapuche por la actividad empresarial también fue denunciada en este evento. Por un lado, los lonkos Juan Pichun y Ciriaco Millacheo, junto a representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dieron cuenta de la inexistencia en Chile de mecanismos efectivos de remediación y reparación, como lo disponen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos frente a las violaciones a los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional por parte de las empresas forestales. También dieron cuenta de los procesos de criminalización de la protesta social de sus comunidades, mediante la aplicación de legislación antiterrorista, lo que les llevó, junto a otros defensores de derechos mapuche, a plantear sus causas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encontrando allí la justicia que no encontraron en el estado chileno.

Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, y el Observatorio Ciudadano de Chile, dieron a conocer a diferentes personeros de Naciones Unidas preocupados de esta materia, como el integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Pavel Sulyandziga,  y la Relatora Especial Victoria Tauli Corpus, la situación de vulneración de  derechos que hoy vive el pueblo mapuche como consecuencia de numerosas actividades extractivas y productivas, en particular la explotación de petróleo por vías convencionales y mediante el fracking que afecta a las comunidades de la provincia de Neuquén, Argentina; y los proyectos forestales, hidroeléctricos y pisciculturas que se han instalado o que se propone instalar en el territorio mapuche en las regiones de la Araucanía y Los Ríos en Chile.

Se trata de proyectos que se emplazan en sus tierras de ocupación tradicional, que son impuestos  sin procesos de consulta adecuados, sin que las empresas hayan  tenido la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos, y sin que existan mecanismos adecuados para lograr la reparación de los daños causados.  Cabe señalar que estas actividades se desarrollan en estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyos derechos no han sido implementados mediante la adecuación de la legislación interna, ni tampoco mediante políticas públicas referidas a los pueblos indígenas. Por lo mismo, solicitaron una investigación sobre esta crítica realidad de derechos humanos.

El Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia el incumplimiento por parte de los estados y las empresas  de la región, Chile incluido, de los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos. También hace urgente la necesidad de que los estados adopten medidas no solo políticas, sino también medidas legislativas para asegurar la coherencia de su actuación en la materia, para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violación de derechos humanos, así como la responsabilidad extraterritorial que en ocasiones corresponde a los estados donde éstas se domicilian.

El Foro  dejó al descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar el comportamiento  de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Ello da  cuenta de la urgente necesidad de avanzar hacia  la elaboración de normas internacionales vinculantes, como las propuestas por Ecuador y Sudáfrica, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los estados, así como también de las empresas, frente a las violaciones de derechos humanos que les son imputables.

Comentarios del artículo: El debate global sobre empresas y derechos humanos - Publicado: a las 8:27 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 15/09/2014

Los derechos humanos en el primer semestre de Bachelet

Si bien la Presidenta llegó a La Moneda con un programa de Gobierno más ambicioso que el de su primera administración, lamentablemente en este primer semestre de su Gobierno se han ido evidenciando tendencias que resultan preocupantes.

Han transcurrido seis meses desde la instalación de Michelle Bachelet en La Moneda, en este, su segundo Gobierno.  Con una nueva coalición -la Nueva Mayoría- y un programa de Gobierno más ambicioso que el de su primera administración en materia de derechos humanos, el que tiene como pilares centrales la reforma tributaria, la reforma educacional, y la nueva Constitución, su llegada a la Moneda generó, como era de esperar, expectativas.

Lamentablemente en este primer semestre de su Gobierno se han ido evidenciando tendencias que resultan preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos.

Una de ellas quedó de manifiesto con la reforma tributaria, recién aprobada por la Cámara de Diputados, fundamental para que el Estado pueda contar con los recursos para enfrentar las enormes desigualdades que existen en el país, por todos reconocidas.  La señal dada en este sentido por el Gobierno, con el aval de sus parlamentarios, al consensuar un acuerdo con la oposición que ha dado origen a lo que Gonzalo Martner llamó la reforma “desinflada” (El Mostrador, 10 de julio de 2014), es negativa.  En efecto, aunque a través de esta reforma se eleva el impuesto a las utilidades de las grandes empresas del 20 al 27 %, y se elimina el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), en ella se deja fuera la minería, que podría haber adicionado al menos otros 8 mil millones de dólares a los que se pretende recaudar, los que únicamente alcanzan para financiar los cambios en materia educacional.  La misma considera, además, la rebaja a los ingresos personales de más de 6 millones de pesos mensuales, con un costo de cerca de 300 millones de dólares.

También preocupante es la política seguida por Bachelet hacia los pueblos indígenas.  A pesar de las positivas señales que ha dado el Intendente Huenchumilla al pedir perdón al pueblo mapuche por los daños provocados por el Estado, y al proponer soluciones políticas de fondo a la exclusión y al desposeimiento de tierras del pueblo mapuche, su Gobierno no ha dado señas claras para abordar la deuda pendiente, por todos reconocida, con estos pueblos.

Cabe recordar que es sólo a través de una mayor recaudación tributaria que el Estado puede enfrentar los desafíos que tenemos en materia de educación, salud y vivienda, entre otros derechos.  Recordemos que al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el Estado se comprometió a destinar el máximo de los recursos de que disponga para lograr la plena efectividad de estos derechos, cuestión que evidentemente no ha hecho.

Otra señal preocupante es la referida a la reforma del sistema previsional, la que no altera sustancialmente el sistema de las AFP impuesto por la dictadura, que como sabemos, ha sido la piedra angular de la capitalización de los conglomerados que controlan la vida económica del país.  No obstante la demanda de sectores ciudadanos por una reforma sustancial del sistema y su sustitución por otro de carácter público y solidario que constituya una alternativa real para los trabajadores, el Gobierno de Bachelet ha optado por presentar un proyecto para la creación de una AFP estatal, sin alterar la capitalización individual hoy dominante.  Más aún, aquellos sectores que han venido abogando por la reforma profunda del sistema previsional vigente, fueron excluidos de la comisión constituida por Bachelet para el estudio de una reforma previsional.

También preocupante es la política seguida por Bachelet hacia los pueblos indígenas.  A pesar de las positivas señales que ha dado el Intendente Huenchumilla al pedir perdón al pueblo mapuche por los daños provocados por el Estado, y al proponer soluciones políticas de fondo a la exclusión y al desposeimiento de tierras del pueblo mapuche, su Gobierno no ha dado señas claras para abordar la deuda pendiente, por todos reconocida, con estos pueblos.  La convocatoria a una serie de consultas de reformas legislativas, incluyendo la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y del Ministerio de Culturas, han sido realizadas en paralelo y, al menos en el caso de los dos primeros proyectos, sobre la base de la reglamentación de este derecho fundamental elaborada durante el Gobierno anterior, sin una consulta adecuada a los pueblos indígenas, y restringiendo los estándares establecidos para estos efectos por el Convenio 169 de la OIT.  Por lo mismo, ha concitado fuerte rechazo de las organizaciones representativas de estos pueblos.

Por otro lado, el Gobierno ha excluido toda referencia a estos pueblos en otras materias, y como consecuencia, su consulta, en proyectos emblemáticos como la reforma del sistema electoral binominal, ha resultado en la marginación indígena del parlamento.  O el proyecto para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que por la sobreposición de éstas con las tierras de ocupación tradicional indígena, y por su mandato, afecta también directamente a estos pueblos.  En el primer caso, Bachelet había anunciado en junio pasado la presentación de una indicación para incorporar un sistema de representación indígena en el Congreso, anuncio tardío que a todas luces responde al interés de su Gobierno de no demorar la tramitación de esta iniciativa, dado que de conformidad con el Convenio 169 de la OIT debería haber sido consultada con los pueblos indígenas desde su etapa pre legislativa.  Todo evidencia que en el caso del segundo proyecto, el Gobierno utilizará la misma estrategia.

Por otra parte, la forma de abordar las demandas de tierras sigue siendo la misma del pasado, esto es la compra de tierras a precios especulativos (cuatro millones de pesos promedio en el caso de la comunidad de Temucuicui).  Ello a pesar de existir mecanismos institucionales, como lo es la expropiación por causa de utilidad pública, para abordar una problemática histórica que genera conflictividad y cuya solución interesa a toda la sociedad.

Cabe recordar asimismo que los derechos de pueblos indígenas continúan siendo una preocupación para la comunidad internacional.  Ello se ve reflejado en las recientes observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la necesidad de que Chile cuente con un reconocimiento constitucional de estos pueblos, una política y legislación que cumpla con los estándares de la consulta y el consentimiento indígena, y en que reconozca los derechos sobre sus tierras de ocupación tradicional.

También en el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de aplicación de ley antiterrorista a autoridades y personas mapuche, el que da cuenta de la vulneración de derechos personales y garantías procesales en el contexto de la aplicación de esta ley en su contra, instando al Estado a reparar por diversas vías estas violaciones a derechos humanos, incluyendo la anulación de las sentencias condenatorias dictadas en su contra y la reforma de esta ley para asegurar el debido proceso.

 Con sus declaraciones Bachelet desoye una demanda de importantes sectores sociales y políticos que han propuesto  la Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva carta fundamental, por ser la más democrática y la que permite el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cual es el derecho de libre determinación de los pueblos, cercenado por la Constitución Política de 1980.

Finalmente, una cuestión que resulta sumamente preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos es la postergación en la agenda del Gobierno de Bachelet del debate sobre la nueva Constitución política, uno de los tres pilares de su programa gubernamental.

En efecto, luego de que este debate figurara en su agenda para el segundo semestre de este año, la presidenta Bachelet ha decidido postergarlo para el 2015, y algunos parlamentarios de su coalición -entre ellos Navarro y Harboe- incluso han afirmado que esta materia no será abordada sino hasta el final de su administración.  La postergación del debate constitucional es grave, ya que como sabemos, es sobre la base de la Constitución de 1980 que se ha generado la apropiación de los recursos naturales de propiedad común, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y la exclusión de los sectores políticos, sociales y étnicos que no conforman los dos grandes bloques políticos dominantes.

Igualmente grave son sus recientes declaraciones descartando la Asamblea Constituyente como mecanismo para llegar a una nueva constitución.  Con estas declaraciones Bachelet desoye una demanda de importantes sectores sociales y políticos que han propuesto esta modalidad para la elaboración de una nueva carta fundamental, por ser la más democrática y la que permite el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cual es el derecho de libre determinación de los pueblos, cercenado por la Constitución Política de 1980.

Al descartar esta opción que permitiría la participación de todos los sectores sociales y políticos hasta ahora excluidos, como los pueblos indígenas, en la construcción de un pacto social inclusivo que rija la convivencia en el país, Bachelet está optando por dotar al actual Congreso Nacional de facultades constituyentes, opción que, dado el binominal, restringe la participación en el proceso constituyente a sectores cuya representatividad y legitimidad social y política es precaria, según constata el reciente informe de Auditoría a la Democracia en Chile del PNUD.  Todo lo expuesto son señales lamentables, para un Gobierno que dice tener un compromiso con la realización de los derechos humanos.

Comentarios del artículo: Los derechos humanos en el primer semestre de Bachelet - Publicado: a las 8:16 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 13/05/2014

Las inconsistencias de la política indígena

Pese a la designación de Francisco Huenchumilla como intendente de La Araucanía, las acciones y omisiones de las autoridades dan cuenta de que no existe claridad y coordinación en la conducción de la política gubernamental en esta materia.

A  dos meses de haberse iniciado el nuevo Gobierno de Michelle Bachelet, comienzan a apreciarse evidentes inconsistencias en su política en relación a los pueblos originarios. Luego de las expectativas que generara el nombramiento de Francisco Huenchumilla como intendente de la Araucanía -expectativas que se vieron reforzadas a raíz de su petición de perdón al pueblo mapuche por el despojo que el Estado hizo de sus tierras, y por sus declaraciones en favor del reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional-, las acciones y omisiones de las autoridades en este ámbito dan cuenta de que no existe claridad y coordinación en la conducción de la política gubernamental hacia estos pueblos.

En efecto, el nombramiento del nuevo director de Conadi tomó casi un mes, inmovilizando a la institución pública encargada por ley de la coordinación de la política indígena.  En los dos meses trascurridos no se identifican pasos nítidos para la implementación de una nueva política con un enfoque de derechos, basada en el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que conciernen a estos pueblos, tal como se señala en el programa de Gobierno de la Presidenta. Tampoco hay señas de avances en el cumplimiento de la medida considerada para los primeros 100 días de Gobierno, cual es la presentación de una propuesta legal para convertir a la Conadi en un Ministerio.

Si bien los anuncios referidos a la no utilización de la legislación antiterrorista para hechos relacionados con la protesta social indígena, y a la adecuación de esta legislación a estándares de derechos humanos, son relevantes para abordar los problemas generados con la criminalización indígena hasta ahora existente, ellos no son suficientes para la construcción de una nueva política coherente, la que debe abordar un conjunto de materias fundamentales para estos pueblos. Tales materias incluyen, entre otras, la efectividad de los mecanismos para hacer restitución a los pueblos indígenas de sus tierras de ocupación tradicional, el respeto al derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, y el término de la exclusión política de la que son objeto.

En el caso de las legítimas reclamaciones de tierras indígenas se ha enfrentado a una burocracia que no ha permitido dar solución, por ejemplo, a la emblemática reivindicación de tierras  de la comunidad de Temucuicui en Ercilla, la que se encuentra priorizada por Conadi.

En ausencia de una política gubernamental clara, Huenchumilla ha intentado abordar los problemas más críticos en la relación con el pueblo mapuche, al menos en el reducido ámbito geográfico de La Araucanía.  Así ha intentado buscar una solución pronta a los conflictos de tierras más graves y ha dado señalas en torno a los lineamientos que deben orientar a los órganos del Estado en los procesos de consulta con pueblos indígenas frente a medidas administrativas que recaen en proyectos de inversión con impacto ambiental.  También ha intervenido en la búsqueda de solución humanitaria a la situación de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre por ya más de un mes en reclamo por su situación carcelaria y por su procesamiento en contradicción con las garantías del debido proceso.  Lamentablemente, en estos esfuerzos no siempre ha encontrado el respaldo que requiere de todos los niveles del Estado.

Es así como en el caso de las legítimas reclamaciones de tierras indígenas se ha enfrentado a una burocracia que no ha permitido dar solución, por ejemplo, a la emblemática reivindicación de tierras  de la comunidad de Temucuicui en Ercilla, la que se encuentra priorizada por Conadi.

Recordemos que la política de tierras indígenas del Estado, la que ha operado a través de compras de tierras a precios especulativos por el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ha sido cuestionada no solo por los pueblos indígenas, sino por instancias internacionales como la propia OIT.  Ello, en razón de que no permite la restitución a los pueblos indígenas de tierras de ocupación tradicional, limitándose solo a las tierras emanadas de títulos otorgados anteriormente por el Estado.

En materia de consulta, el intendente dio una señal relevante la semana pasada en la Comisión de Evaluación de Medio Ambiente de la Araucanía que preside.  Ello al rechazar la calificación ambiental del proyecto de central hidroeléctrica Tracura, fundamentando la necesidad de desarrollar la consulta a las comunidades directamente afectadas por esta iniciativa, sobre la base de los estándares de la consulta del Convenio 169 de la OIT.  Paradojalmente, dicha calificación ambiental fue aprobada con el voto favorable de varios seremi, lo que es demostrativo de una seria descoordinación de la política gubernamental.  Cabe señalar también en relación al derecho de consulta que un representante del Gobierno de Bachelet reconoció en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado –no sin antes defender el cuestionado proceso que llevó adelante la administración de Piñera y que resultó en la aprobación de reglamentos sobre la materia (los Decretos 40 de 2012 y 66 de 2013)-, la necesidad de revisar dichos reglamentos.  Hasta ahora, sin embargo, no hay anuncios sobre cómo y cuándo este proceso será llevado adelante.

Por otro lado, en el plano de las reformas legales, una omisión grave es aquella observable en el proyecto de reforma al sistema electoral binominal presentado al Congreso Nacional por el ejecutivo en abril pasado.  Dicho proyecto, aún cuando plantea como objetivos explícitos la representación de las minorías y la conformación de un Congreso que refleje las diversidad del país, ya que considera el establecimiento de cuota de candidatos en razón de género, promoviendo con ello una mayor representación de la mujer en el Congreso, cuestión por cierto relevante, no considera mecanismos similares que posibiliten la representación indígena en esta instancia.  Más aun, dicha reforma no introduce reformas a la ley de partidos políticos, la que como sabemos restringe la posibilidad de los sectores minoritarios, como los pueblos indígenas, de conformar partidos políticos, y que dificulta la presentación de candidatos independientes, limitando con ello  las posibilidades de estos pueblos de contar con una representación parlamentaria.

El proyecto de reforma al sistema electoral binominal considera el establecimiento de cuota de candidatos en razón de género, promoviendo con ello una mayor representación de la mujer en el Congreso, cuestión por cierto relevante, pero no considera mecanismos similares que posibiliten la representación indígena en esta instancia.

La experiencia de Wallmapuwen, movimiento político mapuche que lleva cinco años  tratando de conformarse como partido y contar con representación parlamentaria, sin poder lograrlo hasta ahora dadas las limitaciones de esta ley, evidencia los problemas de una legislación que el Gobierno de Bachelet no  ha considerado reformar.  No se entiende cómo el Gobierno no ha tenido en consideración la variable étnica en esta reforma, toda vez que la exclusión de los pueblos indígenas del Congreso deslegitima para ellos la legislación que se les aplica, por la simple razón de que ésta ha sido elaborada sin su participación.

Finalmente, no se han dado señales claras en torno a una estrategia para el reconocimiento jurídico y político de los pueblos indígenas, propuesto en el programa de Gobierno de Bachelet.  Menos aún se han señalado orientaciones en torno a cómo el gobierno está pensando impulsar el diálogo indispensable para la elaboración de las bases de este reconocimiento.  Se trata, a todas luces, de un diálogo urgente que debería desarrollarse desde el primer momento de una administración de Gobierno como la actual. Ello no sólo para hacerla viable  -en la medida que las disposiciones al diálogo generalmente se van deteriorando con el transcurso del tiempo de un nuevo Gobierno-, sino a su vez para que pueda resultar en cambios efectivos en un período tan breve como cuatro años.  Cabe recordar al respecto que dicho diálogo fue propuesto en marzo pasado por  el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra  el terrorismo, Ben Emmerson, como un elemento central para la construcción de una estrategia nacional en materia indígena que permita dar solución a los conflictos de fondo entre el Estado y los pueblos indígenas.

Dicho lo anterior, también debe reconocerse que resulta preocupante la ausencia de cohesión en los pueblos indígenas, al menos en los de peso demográfico más relevante.  Ello se manifiesta en la ausencia de coordinación entre sus diferentes organizaciones para definir demandas prioritarias al Estado y  en la primacía de las negociaciones y acuerdos sectoriales por sobre aquellas de carácter colectivo en que se aborden temas comunes a un pueblo indígena determinado o a todos ellos en su relación con el Estado chileno.  Se manifiesta asimismo en las dificultades para definir sus instituciones representativas en su relacionamiento con el Estado.  Ello por cierto genera un escenario propicio para las políticas clientelistas que hemos conocido en el pasado, que son muy diferentes a aquellas basadas en derechos que postula el programa de Bachelet.  Se trata de un desafío no menor que ha sido reconocido también por instancias internacionales, como la Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Indígenas, la que ha subrayado la necesidad de que los pueblos indígenas identifiquen a través de sus propios mecanismos sus instancias representativas para  hacer efectivos derechos tan relevantes como el de consulta frente a medidas administrativas y legislativas que son susceptibles de afectarles directamente.

De no establecerse cambios drásticos y urgentes en las tendencias aquí observadas, podemos predecir un futuro no muy promisorio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas bajo esta segunda administración de Bachelet, generándose un escenario propicio para la intensificación del conflicto interétnico verificado en los últimos años.

La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿Qué está esperando el nuevo Gobierno para evitar que ello ocurra?

Comentarios del artículo: Las inconsistencias de la política indígena - Publicado: a las 9:30 am

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