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  • Iván Borcoski González

Iván Borcoski González

Secretario Ejecutivo de Asociación Chilena de Municipalidades

Etiquetas: , , , , » Publicado: 02/04/2014

Santiago: La Ciudad-Estado y el estado de la ciudad

A propósito de las propuestas de un Alcalde Mayor para Santiago, tan importante como definir a quién le ponemos la corona para dirigir nuestra Ciudad-Estado, interesante es visualizar con sentido de futuro, de qué se trata nuestra “cuestión urbana” hoy por hoy.

Diversas autoridades han venido planteando la necesidad de contar con un Alcalde Mayor para Santiago reconociendo que lo que denominamos como “El Gran Santiago” tiene problemas específicos que son distintos a los del resto de la región y que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad, de la que podríamos llamar nuestra Ciudad-Estado, dado el nivel de centralismo de nuestro país.

Muchos nos preguntamos ¿Cómo se coordina y dirige ese desarrollo metropolitano? ¿Quién o quiénes lo hacen o deberían hacerlo?

Los diferentes ministerios y servicios públicos actúan sobre la ciudad dejando las marcas de sus decisiones en el territorio, la mayoría de las veces sin la planificación necesaria, sin la coordinación intersectorial que se precisa y dejando las huellas de la descoordinación institucional y operativa. Notables son los casos relacionados  con pavimentación, transporte, contaminación y seguridad pública.

En los debates por el Chile del futuro, no podemos olvidar el Gobierno de nuestras ciudades. Y no hay que pensar sólo en Santiago, ya que Concepción, Valparaíso, Coquimbo y La Serena, por nombrar sólo a algunas, son hoy o serán en los próximos años grandes ciudades que requerirán de una gestión coordinada y eficiente.

Santiago es una ciudad única sólo en sentido imaginario, pero es una, dos o tres ciudades en sentido real. Basta pararse en Apoquindo con Avenida El Bosque y luego hacerlo en Gran Avenida con Lo Martínez para preguntarse si estamos en la misma ciudad.  Y el desafío es gobernar esa ciudad tan dispar para generar y coordinar el amplio volumen de políticas públicas que se expresan en su territorio.

Pero tan importante como definir a quién le ponemos la corona para dirigir nuestra Ciudad-Estado, interesante es visualizar con sentido de futuro, de qué se trata nuestra “cuestión urbana” hoy por hoy.

Se trata a mi juicio de la ciudad en su conjunto, con sus virtudes y sus desastres, con sus zonas modernas de nivel internacional  contrapunteada con la  segregación social y territorial. Se trata también del sentido de ciudad que queremos construir y, en el caso de Santiago, que es el centro del país, como ese centro cambia en un sentido de calidad y de fortalecimiento como gobierno democrático representante de los  ciudadanos en su conjunto, de manera  plural, como plural y diversa es la sociedad urbana. Se trata de cómo y hacia dónde se gobierna una metrópolis, con qué grados de autonomía, con qué tipo de autoridades, con qué grados de democracia y participación.

Santiago, hiper-crecido (mas no hiper-desarrollado), mutando de Metrópolis a Mega polis, como un agregado de partes o fracciones urbanas, es una ciudad única sólo en sentido imaginario, pero es una, dos o tres ciudades en sentido real. Basta pararse en Apoquindo con Avenida El Bosque y luego hacerlo en Gran Avenida con Lo Martínez para preguntarse si estamos en la misma ciudad.  Y el desafío es gobernar esa ciudad tan dispar para generar y coordinar el amplio volumen de políticas públicas que se expresan en su territorio.

Como se señaló anteriormente, algunas autoridades y dirigentes políticos han planteado la idea de un Alcalde Mayor para Santiago y puede ser una opción tan válida como la idea de utilizar elementos que están presentes en la Ley de Gobiernos Regionales, como es el Consejo Coordinador de Alcaldes de Áreas Metropolitanas, mencionado en el Artículo 110 de dicho cuerpo legal y que ha sido escasamente utilizada por los Intendentes de la Región Metropolitana pero que,  sin embargo,  puede ser de gran utilidad en las labores de coordinación de las políticas públicas para nuestra ciudad.

Sea cual sea la figura, es urgente generar las instancias de gobierno y administración para nuestro Gran Santiago y para otras ciudades del país.

Por delante, tenemos la tarea de definir o rediseñar las instituciones de gobierno metropolitano para nuestras ciudades, que tienen al menos tres tareas importantísimas, a saber: ser competitiva en un escenario globalizado; poder gobernarse, con amplios niveles de participación ciudadana;  y generar las condiciones para que sus habitantes y ciudadanos  accedan a un desarrollo humano que tenga sustentabilidad social y ambiental. Es decir enormes desafíos que no podemos eludir.

Comentarios del artículo: Santiago: La Ciudad-Estado y el estado de la ciudad - Publicado: a las 7:00 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 14/03/2014

24 años de Gobiernos democráticos y la histórica deuda municipal

Cuando nos dimos la tarea de escribir una agenda para presentárselas a las candidatas Matthei y Bachelet, nos encontramos que estábamos puntualizando los mismos aspectos que venimos planteando hace décadas. Hablamos de demandas históricas pues, reconociendo ciertos avances, ningún Gobierno de nuestra joven democracia ha dado impulsos sustantivos.

Seguramente para los lectores aparezcamos como majaderos al señalar que tras cada Gobierno que termina, se cumplen escasamente los compromisos que se acuerdan con el mundo municipal. Eso ha pasado en los cuatro Gobiernos de la Concertación y también en el recientemente finalizado Gobierno de Sebastián Piñera.

En la primera mitad de los ‘90, se produjeron los dos hechos más relevantes en materia municipal y regional. En efecto, en junio de 1992 se realizaron las primeras elecciones municipales democráticas, generándose autoridades edilicias que emanaron de la soberanía popular. En 1994, se crearon los Gobiernos regionales y luego se implementó la elección indirecta de Consejeros Regionales, cuya elección a partir de 2012 se ha realizado por votación directa de los ciudadanos y que, paradojalmente, aún no cuentan con una ley y un reglamento que clarifique cuáles son sus funciones y atribuciones.

Al iniciarse un nuevo ciclo político, se espera desde el mundo municipal que podamos sentar las bases de una agenda descentralizadora que se transforme en una acuerdo nacional para el desarrollo local y regional , que sabemos que no se puede implementar en cuatro años pero sí debemos sentar las bases para ello.

Hablamos de demandas históricas, porque cuando nos dimos la tarea de escribir una agenda larga y una agenda corta para presentárselas a las candidatas Matthei y Bachelet, nos encontramos que estábamos puntualizando los mismos aspectos  que venimos planteando hace décadas, a saber, mayor autonomía financiera; reestructurar el Fondo Común Municipal y tener un aporte fiscal, conjuntamente con el  rediseño de variables que componen ese Fondo, de manera que incentive y premie el “buen Gobierno comunal; disminuir las transferencias condicionadas donde el Estado central nos dice que hacer con determinados recursos y transformarlas en transferencias directas; generar  mayores recursos en salud y educación pues anualmente, los municipios debemos traspasar importantes cantidades de recursos propios para que la educación pública y la salud primaria puedan seguir funcionando; transferencia paulatina a la administración municipal de los distintos servicios que operan en el territorio de forma descoordinada como Fosis, Indap, Sence, Instituto Nacional del Deporte, entre otros; facilitar y promover la cooperación pública–privada en la gestión municipal, entre otras demandas y propuestas.

Dentro de lo destacable, en el Gobierno del Presidente Piñera, se logró aprobar e implementar reglamentariamente la ley de asociativismo municipal, lo que es un paso relevante y que mucho valoramos. Y recientemente, en las postrimerías de su Gobierno, cumplió su compromiso y se aprobó el proyecto que perfecciona el rol de los concejales, que incluye solución y respuestas a las demandas de los más de dos mil concejales y concejalas de Chile. Sacar adelante esta ley contó con el abnegado trabajo de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), encabezada por el concejal de La Florida, Marco Espinoza, acompañado por concejales y concejalas de todos los sectores políticos y nuestros equipos técnicos.

Hablamos de demandas históricas pues, reconociendo ciertos avances, ningún Gobierno de nuestra joven democracia ha dado impulsos cualitativamente sustantivos en materias de desarrollo local y regional y se espera desde el mundo municipal que, al iniciarse un nuevo ciclo político, podamos sentar las bases de una agenda descentralizadora que se transforme en una acuerdo nacional para el desarrollo local y regional , que sabemos que no se puede implementar en cuatro años pero sí debemos sentar las bases para ello. Tenemos grandes desafíos y estamos dispuestos desde el municipalismo, a enfrentarlos con dialogo, propuestas técnicas y voluntad política.

Comentarios del artículo: 24 años de Gobiernos democráticos y la histórica deuda municipal - Publicado: a las 9:29 am

Etiquetas: , , , » Publicado: 04/12/2013

Nueva Constitución, desigualdad territorial y municipios

Al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función municipal, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica sino que es también una desigualdad territorial.

Se ha instalado en el debate la necesidad de modificar la Constitución Política de la República (CPR) y se discuten múltiples estrategias para materializar estos cambios.

No es posible pensar en un nuevo municipio como gobierno local real si no se modifican aquellos aspectos constitucionales que lo consideran un órgano de administración.

El municipalismo chileno ha planteado la necesidad de transitar desde las actuales administraciones municipales a verdaderos gobiernos locales. Sin embargo, son las normativas legales que las rigen las que determinan lo que podemos o no realizar en las comunas.

Para el ejercicio de la función ejecutiva, el Presidente de la República cuenta con órganos de gobierno como los ministros de Estado, intendentes, gobernadores, y para la función de administración, cuenta con servicios públicos centralizados, además de los servicios descentralizados o de régimen de descentralización, tales como empresas públicas, gobiernos regionales y municipalidades.

Entonces, ¿es posible constituir gobiernos locales autónomos si los municipios son considerados organismos de administración del Estado?

El ordenamiento jurídico consagra el carácter autónomo de las municipalidades. Sin embargo, estas son parte del Estado unitario consagrado en el Artículo 3 del Capítulo I de la CPR, denominado Bases de la Institucionalidad.

Una primera conclusión indica que no es posible pensar en un nuevo municipio como gobierno local real si no se modifican aquellos aspectos constitucionales que lo consideran un órgano de administración.

Por otra parte, para gobernar se precisa autonomía financiera y es complejo “administrar” un municipio si aumenta su carga funcional y no se le asignan los recursos suficientes.

Al respecto, el penúltimo inciso del Artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), señala que “cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo”.

Asimismo, el artículo 118 de la CPR, indica que los municipios gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Al repasar estas disposiciones legales, es necesario mencionar la jurisprudencia sobre el carácter de la LOCM. En los dictámenes Nº 10422 y 24022 del año 2001, la Contraloría General sostuvo que las leyes orgánicas constitucionales no tienen rango superior a las legislaciones comunes, sino que tienen igual jerarquía, diferenciándose entre sí únicamente por las materias que la regulan.

Hoy no existe disposición legal que garantice el cumplimiento de la obligación descrita en el inciso cuarto del artículo 5º, de la LOCM. Debido a la ausencia de tal disposición legal, los municipios se han visto obligados a financiar con fondos propios las nuevas funciones y atribuciones que se les han asignado en los últimos años.

Una segunda conclusión indica que un proyecto de reforma constitucional debe incorporar un artículo único que introduzca una modificación en el artículo 122 de la CPR. Además, sería muy oportuno considerar un nuevo inciso al citado artículo, estableciendo que cualquier nueva función u obligación que se les asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.

He aquí un claro ejemplo en el que una modificación constitucional incidiría en la calidad de vida nuestros vecinos y vecinas. Pues al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función municipal, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica sino que es también una desigualdad territorial.

Impulsar estos cambios es uno de los desafíos que debiese asumir el próximo gobierno para construir un país más justo.

Comentarios del artículo: Nueva Constitución, desigualdad territorial y municipios - Publicado: a las 8:00 am

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