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  • Franz Bagus Álvarez

Franz Bagus Álvarez

Consejero Nacional CUT. Dirigente Hospital San Juan de Dios.

Etiquetas: , , , » Publicado: 10/07/2014

Rango universitario a carreras de salud: Más y mejor salud pública

No se trata de menoscabar a los estudiantes de los institutos, pero la decisión de la comisión mixta de mantener el rango universitario a Enfermería y Obstetricia y restablecerlo para Tecnología Médica, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Kinesiología, Nutrición y dietética, es la más acertada.

Dentro de las políticas de la  CUT  se encuentra la necesidad de  integrar a los profesionales jóvenes como un actor importante en el mundo de los trabajadores, recogiendo sus problemáticas particulares, anhelos y la evidente precarización de su labor.

En este contexto, no podemos estar ajenos a lo que está pasando con los profesionales de la salud, quienes han pagado un alto costo con políticas de lucro tanto en la educación como en la salud. La evidente disminución de la calidad en la formación que se aprecia debido, entre otras causas, a la exagerada importancia que se da al mercado sin responder a necesidades del país  y a las precarias condiciones de trabajo con las que se encuentran al egresar de sus respectivas carreras, es una realidad donde la CUT tiene mucho que decir.

Sabemos que cuando se dictó la LOCE se dejó sólo 12 carreras con rango universitario (número que fue aumentado posteriormente). La lógica de esta decisión, independiente de las razones que la encubrían, era la de abrir el mercado hacia los institutos privados para poder hacer negocio con la formación de profesionales, tal como ha quedado demostrado hoy en día.

No se trata de menoscabar a los estudiantes de los institutos. Por el contrario, se trata de transparentar las reglas que regulan la entrega de títulos sin causar falsas expectativas en aquellos estudiantes que con mucho sacrificio estudian una profesión en una entidad que sólo ofrece un título profesional y no una licenciatura.

Dejar en manos de los institutos privados la formación de los profesionales de la salud no se condice con el rol que estos institutos legítimamente tienen: formar técnicos, lo que sin lugar a dudas puede ser ejercido con calidad, siempre y cuando estén debidamente acreditados y fiscalizados.

Sin perjuicio de lo anterior, las carreras mencionadas no pueden ser impartidas por institutos, debido a que su formación no es sólo técnica, pues tiene importantes aspectos formativos, de liderazgo, juicio crítico y de investigación que sólo las universidades pueden otorgar. El hecho que se cuestione la calidad de enseñanza de las actuales universidades, es un tema distinto que obviamente se debe abordar.

A esto se debe sumar el hecho que los institutos sólo pueden otorgar el título respectivo y para que estos profesionales puedan optar a cursos de postgrado o doctorados necesariamente deben estudiar más años para obtener su licenciatura, situación que no ocurre en las universidades pues ellos salen titulados como licenciados en esas carreras.

Esta situación ha intentado superarse con el proyecto de ley contenido en el Boletín Nº 3849-04 que ratificaba el rango universitario de las carreras de la salud que por historia han sido impartidas por las universidades chilenas, siendo la calidad en su formación académica,  uno de los aspectos más importantes en el logro sanitario alcanzado por nuestra salud pública, permitiendo que cada una de estos profesionales planifique, ejecute y evalúe con éxito políticas de salud pública a través de campañas nacionales como la disminución de la mortalidad materna, la desnutrición, las infecciones respiratorias, o de exámenes como PAP (cáncer cérvicouterino), baciloscopías (TBC), etc.

Con preocupación vemos que, nuevamente, ante la ausencia de institutos estatales, se intenta dejar en manos de un sistema educativo privado que claramente, en su gran mayoría, persigue el lucro y ve en esto un negocio, sin preocuparse de la calidad de la formación como ha quedado evidenciado en la falta de laboratorios, académicos part-time y falta de campos clínicos o saturación de estos, sin perjuicio que algunas universidades privadas han caído exactamente en lo mismo.

En este aspecto, las leyes y decretos que rigen al sector público están en concordancia con la formación que deben tener los profesionales de la salud para seguir dando la atención de calidad que nuestros usuarios más pobres se merecen.

Por ello, hasta hoy, es obligatorio tener el título profesional para ingresar a la planta de profesionales, siendo un insumo importante para hacer carrera funcionaria, continuar con estudios de posgrado y doctorados, lo cual va en directo  beneficio de la salud pública, donde los egresados de los institutos, se verían en desmedro a no ser que obtengan su licenciatura.

Con preocupación vemos que, nuevamente, ante la ausencia de institutos estatales, se intenta dejar en manos de un sistema educativo privado que claramente, en su gran mayoría, persigue el lucro y ve en esto un negocio, sin preocuparse de la calidad de la formación como ha quedado evidenciado en la falta de laboratorios, académicos part-time y falta de campos clínicos o saturación de estos, sin perjuicio que algunas universidades privadas han caído exactamente en lo mismo.

La formación de profesionales en universidad e institutos -cuyos roles formativos son distintos- sólo incentiva la discriminación entre profesionales de primera y segunda categoría. Esto repercutirá claramente en la calidad de la salud y en la formación académica y la conformación de los equipos de salud. Lo más grave es que será un incentivo para conseguir mano de obra barata a través de la externalización y contratación de servicios de empresas particulares, disminuyendo el número de profesionales universitarios en los establecimientos y reemplazándolos por otros con menos sueldos y condiciones laborales precarias, tal como se ve hoy en día, con los profesionales de la salud a honorarios, que trabajan por horas, sin derechos laborales mínimos y sin ninguna relación con el paciente.

La decisión de la comisión mixta de mantener el rango universitario a las carreras de Enfermería y Obstetricia y restablecerlo para las carreras de  Tecnología Médica, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Kinesiología, Nutrición y dietética, es la más acertada y este consejero de la CUT espera que ésta sea aprobada de la misma manera en ambas cámaras.

Comentarios del artículo: Rango universitario a carreras de salud: Más y mejor salud pública - Publicado: a las 8:30 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 06/06/2014

A terminar con las concesiones hospitalarias

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera se profundizó el mercado como rector del sistema sanitario chileno. Pero el análisis de las únicas concesiones hospitalarias hechas hasta el momento demuestra que son un mecanismo caro y poco eficiente.

El sistema de concesiones fue iniciado en los gobiernos de la Concertación, contando con el completo acuerdo de la derecha, con la promulgación de la “Ley de Concesiones de Obras Públicas” (decreto MOP Nº 900) en 1996, que  prometía aportar recursos privados y eficiencia empresarial para resolver problemas sociales que el Estado no podía enfrentar, pues carecía del dinero.

La fundamentación teórica en los años ‘90  se encuentra  en la literatura sobre administración pública, de una línea llamada “new public management”. Esta sistematizó los procesos de “modernización” del aparato estatal tanto en EE.UU como en el Reino Unido, basándose en una hipótesis que implicaba introducir lógicas de mercado en la provisión de servicios y en las obras del Estado, para mantener una gestión pública de mercado que dé buenos resultados “costo efectivos”, entregando mayor rentabilidad a los gobiernos.

En Chile, las concesiones comenzaron con las carreteras, la Penitenciaría, Transantiago y en salud, con los hospitales de La Florida y Maipú  que a fines de 2009 quedaron en manos de capitales españoles a través de la “Sociedad Concesionaria: San José-Tecnocontrol S.A”.

El 29 de enero del 2010 se publica la Ley 20.410 que modifica la ley de concesiones, la que no considera ningún resguardo a los procesos de inversión, mantención y explotación de obras públicas hospitalarias.

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera se profundizó el mercado como rector del sistema sanitario chileno. Esto se refleja claramente en políticas que  tienden a eliminar o reducir significativamente la gratuidad; en el aumento de las transferencias de fondos fiscales a clínicas privadas (37,5% más respecto al 2010); y en la nula capacidad de generar una reforma al sistema de isapres, entre otros aspectos.

La profundización de esta política se refleja en la consolidación de las concesiones hospitalarias que es acompañada de un proyecto de ley que norma el funcionamiento de estos hospitales.

Los hechos demostraron que en el caso de los hospitales de La Florida y Maipú  la construcción puede duplicar el costo y demorar mucho más que si el Estado se responsabilizara de las obras y sus gastos.

La razones argumentales son que:

1.- Permite enfrentar el déficit de infraestructura pública.

2.- Permite postergar los pagos por 3 ó 4 años después de la licitación.

3.- Se supera le ineficiencia de la provisión publica.

El análisis de las únicas concesiones hospitalarias hechas hasta el momento arroja resultados poco alentadores en cuanto al “costo beneficio”. El costo de inversión en ambos hospitales es de US$ 313 millones. Sin embargo, el Estado cancelará US$ 426 millones, es decir 27% más que lo que cuestan los hospitales. Esto, sin contar los US$173 millones de dólares extra que debe pagar el Estado por concepto de “operación”, monto que los hospitales públicos no reciben.

En definitiva, los hechos demostraron que en el caso de los hospitales de La Florida y Maipú  la construcción puede duplicar el costo y demorar mucho más que si el Estado se responsabilizara de las obras y sus gastos.

Esto representaría una carga financiera para el Estado que sin ninguna duda implicaría la reducción de otros aspectos en salud mucho más relevantes para la población (remedios, Recursos humanos, especialistas, etc.) sólo para pagar estas enormes cuotas de dinero, que según contrato deben ser asumidos por el Fisco con consecuencias lapidarias si no cumple estos compromisos financieros con la empresa concesionaria.

Más aún, la lógica de funcionamiento donde la operación y lo clínico tienen distintos mandos y objetivos,  los resultados esperados  se traducen en otorgar altas más prematuras y obliga a una rotación de pacientes más ágil que en otros establecimientos.

En otro aspecto, el apoyo clínico y administrativo de estos establecimientos  fomenta  y desarrolla una fuerte dependencia de  la  concesionaria, fomentando la precarización del empleo y disminuyendo la calidad de la atención al establecerse contratos tercerizados.

Hoy, a pesar del compromiso programático del nuevo Gobierno,  las promesas de la Presidenta y las declaraciones  de la ministra de Salud de no continuar con las concesiones hospitalarias, existe le posibilidad que por una maniobra del anterior gobierno se tenga que concesionar los hospitales Salvador, Félix Bulnes y Sótero del Río.

En los últimos meses del Gobierno de Piñera, se aceleró artificialmente el proceso de concesiones para dejar “amarrada” a la administración siguiente, dejando dos meses para que las empresas formulen proyectos y menos de 20 días para la evaluación de las propuestas económicas.

Hoy, a pesar del compromiso programático del nuevo Gobierno,  las promesas de la Presidenta y las declaraciones  de la ministra de Salud de no continuar con las concesiones hospitalarias, existe le posibilidad que por una maniobra del anterior Gobierno se tenga que concesionar los hospitales Salvador, Félix Bulnes y Sótero del Río.

Por esto, el llamado a las actuales autoridades y los partidos de la Nueva Mayoría es a cumplir la promesa de no construir bajo el caro y poco eficiente concepto de concesiones.

No basta buscar argumentos técnicos para detener la ejecución de estos proyectos donde ya tomó razón la Contraloría  (Félix Bulnes y Salvador) y otros a punto de hacerlo (Sótero del Río). Se necesita voluntad política  para convertirlos en proyectos de construcción, con un financiamiento que no signifique el empobrecimiento de nuestras arcas fiscales pagando precios demasiados elevados para la cantidad de necesidades que existen en salud y sometiendo a los trabajadores y usuarios a más abusos.

Además, existen otras formas de financiamiento para no tener que recurrir a las concesiones, como los recursos sectoriales por presupuesto, los recursos regionales, los préstamos internacionales, los recursos fiscales propios (ahorros) y  los recursos fiscales adicionales que podrían obtenerse a  través de la Reforma Tributaria.

 

Comentarios del artículo: A terminar con las concesiones hospitalarias - Publicado: a las 9:21 am

La Nación

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