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Ana Piquer

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile

Etiquetas: , , , , » Publicado: 02/02/2016

Legislación sobre aborto: un año de frustraciones

Un año después, el proyecto de ley ni siquiera ha terminado su primer trámite constitucional. La discusión sigue avanzando lentamente. El debate se pierde en estereotipos y caricaturas y mientras eso ocurre, siguen habiendo miles de abortos en el país cada año.

Hace un año, personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres estábamos celebrando la presentación del proyecto de ley que regula el aborto en tres causales. Ahora, un año después de su presentación, creo que para la mayoría de nosotras y de la población en general, la sensación es de una enorme frustración. Un año después, el proyecto de ley ni siquiera ha terminado su primer trámite constitucional.

Las mujeres de Chile no hemos esperado un año para tener una legislación. Nuestra impaciencia viene ya desde 1989, cuando se derogó el aborto terapéutico en el país, dejando a todas las mujeres desprotegidas en casos gravísimos. Hemos tenido múltiples frustraciones con proyectos de ley que han pasado por el Congreso sin siquiera discutirse o, como sucedió en 2012, que se rechazó la idea de legislar y ni siquiera fue posible discutir el contenido.

Múltiples comités de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos (que Chile ha ratificado y se encuentra obligado a respetar), han recomendado a Chile modificar su legislación sobre aborto y permitir la decisión de la mujer al menos en caso de riesgo de vida o salud, inviabilidad fetal y violación, considerando que la criminalización total viola los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, su derecho a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ciudadanía también ve esta necesidad y exige sus derechos: todas las encuestas recientes sobre la materia muestran al menos un 70% de apoyo a la despenalización en las tres causales.

Por eso nos alegramos con la presentación del proyecto: el gobierno estaba escuchando, haciéndose eco de esta necesidad de las mujeres. Era primera vez desde la derogación en 1989 que el ejecutivo presentaba un proyecto de ley para terminar con la criminalización total del aborto. Aunque el proyecto es limitado, se abría al fin la discusión y la posibilidad de contar con una legislación que sí diera protección a las mujeres, a lo menos en estas tres causales gravísimas.

Mientras debaten en el Congreso, siguen habiendo miles de abortos en el país cada año. Siguen habiendo mujeres y niñas violadas que quedan embarazadas y que están obligadas a convertirse en madres; mujeres con embarazos deseados, pero que resultan inviables y deben esperar 8 meses para parir al hijo que esperaban, muerto; mujeres que saben que la gestación pone en riesgo su vida, pero que deben esperar hasta estar al borde de la muerte para que los médicos decidan salvarla interrumpiendo el embarazo.

Ahora son los parlamentarios y parlamentarias quienes parecen no estar escuchando. La discusión sigue avanzando lentamente. El debate se pierde en estereotipos y caricaturas, como si quienes apoyamos la necesidad de despenalizar estuviéramos promoviendo el aborto como solución a todos los problemas o fuéramos asesinas sin corazón, como si las mujeres embarazadas fueran santas abnegadas dispuestas a sacrificarse hasta morir o unas perversas que no tienen ningún sentimiento por el que está por nacer.

Pareciera que en el Congreso, en lugar de escuchar a la ciudadanía que exige sus derechos garantizados en tratados internacionales de derechos humanos, prefiere legislar en base a sus propias convicciones. No les estamos pidiendo que renuncien a sus convicciones. Les estamos pidiendo que no impongan esas convicciones a todas las mujeres de Chile.

Porque mientras debaten, siguen habiendo miles de abortos en el país cada año. Siguen habiendo mujeres y niñas violadas que quedan embarazadas y que están obligadas a convertirse en madres; mujeres con embarazos deseados, pero que resultan inviables y deben esperar 8 meses para parir al hijo que esperaban, muerto; mujeres que saben que la gestación pone en riesgo su vida, pero que deben esperar hasta estar al borde de la muerte para que los médicos decidan salvarla interrumpiendo el embarazo. Ellas deben poder decidir por sí mismas si continúan o no sus embarazos, de acuerdo a sus propias convicciones y vivencias. Para esas mujeres, llevar adelante un embarazo contra su voluntad, es equivalente a tortura.

Pero por ahora, vemos con frustración que no tienen alternativa, y seguirán no teniendo alternativa mientras los parlamentarios y parlamentarias se resistan a escuchar.

Comentarios del artículo: Legislación sobre aborto: un año de frustraciones - Publicado: a las 9:21 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 26/11/2015

Caso Palamara: Chile tiene una deuda pendiente con la justicia

A una década del histórico fallo en el Caso Palamara, diversas medidas de reparación continúan aún pendientes de ser implementadas. Es hora de poner en marcha una reforma legal acorde con las obligaciones internacionales que el país ha adquirido y cumplir con el compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno.

Esta semana se cumplieron 10 años desde que Chile fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne en el que un tribunal militar había procesado y condenado a un ex oficial naval por intentar publicar un libro sobre inteligencia militar y ética.

Entre otras cuestiones, la Corte ordenó al Estado de Chile reformar la jurisdicción militar para limitar su alcance y asegurar que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a esta jurisdicción, sino que estuvieran siempre bajo la protección de la justicia ordinaria, sea como víctima o supuesto responsable.

Sin embargo, a una década del histórico fallo diversas medidas de reparación continúan aún pendientes de ser implementadas. Si bien en el año 2010 Chile aprobó una reforma para excluir de la jurisdicción militar los casos en que civiles fueran los supuestos autores de un delito cometido contra militares o Carabineros, cuando la violación a los derechos humanos es cometida por militares o Carabineros la competencia aún recae en la jurisdicción militar.

En consecuencia, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley –incluidos, Carabineros de Chile- es negado. Al llevar estos casos ante los tribunales militares, el derecho a un recurso efectivo y a la protección judicial se ve severamente mermado.

La jurisdicción militar, tal como indica Amnistía Internacional, debe restringirse únicamente a conocer infracciones a la disciplina militar, pues los tribunales militares no son competentes, independientes e imparciales para juzgar casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional. ¿Usted cree que estos tribunales al estar compuestos por miembros de la jerarquía militar, es decir, por miembros de la misma institución a la que pertenece quien se sospecha que habría cometido el delito es totalmente independiente? La duda siempre va a estar presente, pues con esta composición se vulnera el principio del debido proceso y se favorece la impunidad. Tal como lo ha mostrado un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicado en 2011, menos del 2% de denuncias por uso de violencia innecesaria entre 1990 y 2011 en el centro y sur del país resultaron en una condena, en la gran mayoría la persona acusada fue sobreseída. Es así como nos encontramos con que los tribunales militares en Chile raramente condenan a miembros de sus propias fuerzas.

Más aún, el procedimiento seguido ante tribunales militares no asegura una defensa en igualdad de condiciones al ser un proceso donde prima el secreto y la falta de transparencia, lo cual atenta a su vez contra el derecho a la defensa adecuada.

La urgencia de reformar la jurisdicción militar chilena se ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión dado el aumento en los últimos años del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante manifestaciones sociales. En años recientes, se han incrementado las denuncias por afectaciones al derecho a la vida y a la integridad personal tras la intervención de Carabineros durante diversas protestas. Un reciente informe de la Universidad Diego Portales muestra que las denuncias ante tribunales militares por violencias innecesarias de Carabineros se han casi triplicado, pasando de 675 en 2004 a 1.797 en 2011.

Pese a ello, una de las cuestiones que más me sorprende es que este asunto no sea ampliamente conocido por la población en general. En la mayoría de los casos, la gente descubre estas falencias únicamente cuando las víctimas de violencia policial y sus familiares tienen que enfrentar los laberintos de la jurisdicción militar. Esto quedó reflejado cuando el hermano de Manuel Gutiérrez, quien murió a causa de un disparo policial en 2011 durante una manifestación, mencionó a Amnistía Internacional que ‘no sabía que existían dos justicias’.

Afortunadamente, y pese a la normativa vigente, Chile ha sido testigo en los últimos años de avances jurisprudenciales importantes. Tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han respaldado el uso de la justicia ordinaria en casos que involucren a civiles como víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tal y como se desprende de las obligaciones internacionales en materia derechos humanos que Chile ha adquirido. Estos avances se deben en gran medida al esfuerzo de defensores y defensoras de derechos humanos, así como del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes han desafiado la legislación vigente para impulsar cambios que se apeguen al derecho internacional de los derechos humanos.

Dado la prevalente impunidad por casos de uso excesivo de la fuerza policial, y la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales militares, es imperativo que las autoridades chilenas avancen con prontitud hacia una reforma de la jurisdicción militar. La jurisdicción militar debe ser restrictiva y excepcional, y únicamente debe conocer de aquellas infracciones a la disciplina militar, las que sólo un militar puede cometer, con exclusión absoluta de cualquier delito ordinario, violación de derechos humanos o crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada de personas y homicidio extrajudicial). Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien junto con el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han instado a Chile en reiteradas ocasiones a legislar en este sentido.

Las autoridades chilenas tienen una gran deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al seguir permitiendo que la jurisdicción militar conozca de estos casos.

Al cumplirse 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne, y dada la falta de cumplimiento cabal de la misma, Chile no puede darse por satisfecho. Es hora de poner en marcha una reforma legal acorde con las obligaciones internacionales que el país ha adquirido y cumplir con el compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno. Espero que no sea necesario conmemorar un aniversario más del fallo de la Corte Interamericana para asegurar el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas.

 

Comentarios del artículo: Caso Palamara: Chile tiene una deuda pendiente con la justicia - Publicado: a las 9:00 am

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 17/09/2015

Violación y estereotipos

El debate en la Comisión de Salud sobre el proyecto de despenalización del aborto reveló el enorme desconocimiento, prejuicios y estereotipos que todavía tristemente persisten frente al tema.

Esta semana se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la despenalización del aborto en caso de embarazo como resultado de una violación. Este debate en la Comisión, dio pie a múltiples expresiones en relación a la violación, muchas de las cuales revelan enorme desconocimiento, prejuicios y estereotipos que todavía tristemente persisten frente al tema. Ante esto, cuesta quedarse en silencio y pasar por alto dichas menciones.

En primer lugar, la violación siempre es un hecho grave. Aparte de ser la máxima expresión de discriminación contra la mujer, es una forma brutal e inexcusable de violencia hacia ellas. Sin matices ni excepciones, ni explicación de circunstancias.

El Estado tiene la obligación de dar protección a las mujeres contra la violencia. A una mujer violada, el Estado ya le falló en una primera instancia: hubo mecanismos de prevención que no le permitieron recibir la protección a la que tiene derecho. Esa mujer tiene derecho a que se haga justicia en su caso, que se investiguen los hechos, sin revictimizarla, y que se sancione a los responsables.

Ninguna mujer sale indemne de una violación, haya o no haya secuelas físicas. Es una vulneración brutal a su autonomía y tiene derecho a una reparación, incluyendo el apoyo estatal en cuanto a servicios y atención que requiera para sobrellevar la situación de la mejor manera posible.

Si una mujer queda embarazada como producto de una violación, la reparación debe necesariamente incluir la posibilidad de decidir si continuar o no su embarazo, tal como lo ha solicitado Amnistía Internacional en el contexto de la campaña “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”. No es el Estado a través de la ley, ni terceras personas como médicos o sicólogos, quienes deben decidir eso por ella, definiendo qué sería más o menos traumático para ella. Una mujer violada sigue siendo una persona autónoma sujeta de derechos que puede decidir por sí misma qué es mejor para su recuperación: continuar su embarazo o abortar. Obligarla a continuar dicho embarazo en estas circunstancias y contra su voluntad, es equivalente a tortura.

Esto no debiera estar sujeto a plazos de gestación artificiales ni a exigencias especiales de denunciar judicialmente la violación. ¿Es esto contradictorio con asegurar que la violación no quede en la impunidad? Por ningún motivo.

El derecho de la mujer a acceder a la justicia para que se persiga el horrible crimen del que fue víctima no se debe ver de ninguna forma supeditado a su decisión de abortar o no. Si bien ambas cosas se integran en el marco del derecho a justicia y reparación de una mujer víctima de violación, no puede una depender de la otra.

Se ha dicho que la aprobación de esta ley deja solas a las mujeres, que el Estado da la señal de que no hará nada por esta violación. No veo de qué forma puede interpretarse esto. La aprobación de la causal no altera de ninguna forma las normas penales y procesales relativas al delito de violación. Esto es una norma que complementa dicha normativa, y que no deja solas a las mujeres, muy por el contrario: les dice que ahora, si deciden interrumpir su embarazo, ya no tendrán que hacerlo solas, escondidas como criminales y muchas veces en sitios clandestinos e inseguros, sino que lo podrán hacer en condiciones adecuadas y con acceso a acompañamiento.

Sigue la visión de desconfianza hacia las mujeres, a quienes se les ve como “locas” que escondidas en una supuesta “ideología de género” quieren tener sexo libre e irresponsable, y luego podrán mentir descaradamente para abortar cuando se les ocurra. Estoy haciendo una caricatura, es cierto. Pero a veces parece que es esta caricatura la que está detrás de ciertas opiniones.

Se ha dicho que el aborto serviría para esconder pruebas y facilitar la impunidad. Esto es falso derechamente. Si la mujer quiere perseguir judicialmente la violación, y ha abortado de manera segura en un centro de salud, existirán registros de su embarazo y de la intervención realizada. En caso contrario, cuando el aborto está prohibido y, por lo tanto, se realiza en la clandestinidad, obviamente no existirán dichos registros. En la actualidad, las mujeres no tienen opción.

Finalmente, se ha dicho que debe exigirse una denuncia puesto que de lo contrario el aborto en caso de violación serviría como puerta al aborto libre, porque cualquier mujer podría mentir y decir que fue violada para acceder a un aborto. Esta afirmación está cargada de prejuicios: sigue la visión de desconfianza hacia las mujeres, a quienes se les ve como “locas” que escondidas en una supuesta “ideología de género” quieren tener sexo libre e irresponsable, y luego podrán mentir descaradamente para abortar cuando se les ocurra. Estoy haciendo una caricatura, es cierto. Pero a veces parece que es esta caricatura la que está detrás de ciertas opiniones.

Todas estas posiciones parten de la base de estereotipos que ven a la mujer como alguien de quien se debe desconfiar: desconfiamos de su responsabilidad e inteligencia para “cuidarse”, desconfiamos de si acaso tuvo o no responsabilidad en su propia violación, desconfiamos de su capacidad para decidir por sí misma lo que es mejor para ella.

No perdamos el foco: el centro en esta discusión es la mujer, sus derechos humanos, su protección en situaciones vulnerables, su autonomía y su posibilidad de tomar decisiones por sí misma acerca de sí misma. Proteger a la mujer pasa primero por proteger sus derechos.

Comentarios del artículo: Violación y estereotipos - Publicado: a las 8:45 am

Etiquetas: , , » Publicado: 10/07/2015

Chile no protege a las mujeres y niñas

Es importante que proyectos complejos como la despenalización del aborto se debatan de manera amplia y se escuche la mayor cantidad de opiniones. Pero regular el aborto, al menos en las tres causales planteada en el proyecto del Gobierno, es un imperativo de derechos humanos y “no es negociable”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados decidió aplazar la votación en general del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales. Se señaló que se necesitaba más tiempo para la discusión, para escuchar más opiniones y para poder “negociar” de manera transparente el texto del proyecto. Por supuesto que es importante que proyectos complejos como éste se debatan de manera amplia y se escuche la mayor cantidad de opiniones. Pero hay un elemento fundamental con el que no es posible “negociar”: la criminalización del aborto es contraria a los derechos humanos.

Que las mujeres no puedan decidir de manera autónoma si continúan o no con el embarazo, ni siquiera cuando su vida o salud está en peligro; cuando el feto no podrá sobrevivir fuera del útero o cuando han sido violadas, implica negarles la protección que ellas necesitan en momentos tan difíciles como éstos. Lo anterior, afecta directamente su derecho a la vida, a su salud, a su libertad personal, a su privacidad, a un debido proceso, entre otros. Obligarlas a continuar su embarazo en estas condiciones y, más aún, amenazarlas con ir a la cárcel si abortaran, es equivalente a tortura: un trato cruel, inhumano o degradante que le impone el Estado.

Estas afirmaciones tienen un sustento legal: esa es la interpretación que los organismos competentes le han dado a los tratados internacionales de derechos humanos. Para dar el ejemplo más reciente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus recomendaciones finales al Estado de Chile tras su revisión periódica, emitidas en junio de este año, manifestó su preocupación porque sigue vigente la estricta prohibición del aborto, sin embargo vio favorable la discusión del proyecto de ley, y recomendó que se agilice la adopción de éste, garantizando su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, y considerando la ampliación de las circunstancias permitidas.

Una mujer con cáncer que queda embarazada es amenazada por su propio médico tratante con ser denunciada si aborta, viéndose enfrentada a sólo dos alternativas dentro de la legalidad: continuar su tratamiento contra el cáncer, arriesgando su embarazo, o bien suspender dicho tratamiento para continuar su embarazo, arriesgando su vida.

Estas interpretaciones se basan en el reconocimiento de la realidad que viven las mujeres y las niñas en estas circunstancias. Con la legislación chilena las mujeres y niñas que se enfrentan a esta situación quedan completamente desprotegidas, dado que los y las profesionales de la salud no pueden proporcionar genuinamente toda la información y todas las alternativas por temor a ser criminalizados/as también. Y así, se dan múltiples ejemplos.

Una mujer con un embarazo ectópico es obligada a esperar a que exista un riesgo inminente para su vida y ser operada de urgencia, por temor a que intervenirla tempranamente sea considerado un aborto punible. Una mujer con cáncer que queda embarazada es amenazada por su propio médico tratante con ser denunciada si aborta, viéndose enfrentada a sólo dos alternativas dentro de la legalidad: continuar su tratamiento contra el cáncer, arriesgando su embarazo, o bien suspender dicho tratamiento para continuar su embarazo, arriesgando su vida. Una mujer con un embarazo inviable que toma la difícil decisión de no continuar el embarazo en esas condiciones se ve obligada a gastar sus ahorros y reunir fondos a través de las redes sociales para poder costear un viaje al extranjero, a un país donde el aborto en ese caso sea legal, lejos de su familia y sus redes de apoyo. Una mujer violada enfrenta su situación completamente sola y atemorizada, sin posibilidad de decidir libremente cómo quiere afrontar su situación.

Todos los ejemplos descritos en el párrafo anterior están basados en casos reales. Son mujeres que han enfrentado esa situación y que dieron su testimonio a Amnistía Internacional, que han querido compartir su experiencia para mostrar los efectos que tuvo la legislación chilena en sus vidas y apoyar la necesidad de modificarla. Son mujeres como ellas las que deben seguir esperando a que el Congreso Nacional “negocie” y decida darles protección.

La legislación debe reconocer a las mujeres como sujetas de derechos y capaces de tomar decisiones por sí mismas, que el embarazo las afecta principalmente a ellas y que, por tanto, la decisión de continuar o no dicho embarazo en estos casos debe ser de ellas. Negarles esta posibilidad implica dejarlas desprotegidas y solas. El Estado en este escenario no puede imponer una sola solución a todas las mujeres, sino que debe cumplir dos roles: entregarle a la mujer toda la información que necesite para que tome una decisión libre e informada, y luego proporcionarle todos los servicios que esa mujer requiera para poder ejecutar su decisión, sea que decida continuar su embarazo o interrumpirlo.

Regular el aborto, al menos en estas tres causales, es un imperativo de derechos humanos y es un compromiso con la vida y salud de las mujeres y niñas.

Comentarios del artículo: Chile no protege a las mujeres y niñas - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 07/04/2015

Carabineros y derechos humanos

El uso excesivo de la fuerza y el uso indiscriminado de medios disuasivos, las detenciones masivas arbitrarias, los malos tratos durante las detenciones incluyendo la violencia sexual, son todas prácticas que han sucedido en Chile en los últimos años. Y denunciar estas violaciones de derechos humanos no es enlodar a Carabineros.

No puedo sino manifestar mi más profunda preocupación acerca de la polémica suscitada durante el fin de semana entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Carabineros, a raíz del informe de derechos humanos para jóvenes, en el que se menciona el uso excesivo de la fuerza y de las detenciones masivas como un mecanismo de represión utilizado por Carabineros que coarta el derecho a reunión.

La reacción del Cuerpo de Carabineros -criticando al INDH y amenazando incluso con acciones legales- resulta por decir lo menos, asombrosa.

¿Implica entonces esto que Carabineros niega que estas prácticas ocurran?

Mal podrían hacerlo. El actuar de la policía en el contexto del control de manifestaciones ha estado bajo la lupa del INDH, de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil desde hace ya varios años, quienes han venido documentando de diferentes formas estos abusos. En recientes revisiones del Estado de Chile en espacios de Naciones Unidas, como la revisión del Comité de Derechos Humanos o el Examen Periódico Universal, Chile ha recibido diversas recomendaciones ante la preocupación del actuar abusivo de Carabineros en ese contexto.

El uso excesivo de la fuerza y el uso indiscriminado de medios disuasivos, las detenciones masivas arbitrarias, los malos tratos durante las detenciones incluyendo la violencia sexual, son todas prácticas que han sucedido en Chile en los últimos años y que constituyen violaciones a los derechos humanos. Como tales, es fundamental asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas mediante una investigación independiente e imparcial y un juicio con las debidas garantías ante un tribunal civil.

Entonces, si no busca negar los hechos ¿pretende con esto Carabineros plantear que estas prácticas sí ocurren, pero no debieran difundirse públicamente ni darse a conocer a las personas jóvenes?

Esconder las violaciones de derechos humanos es la mejor manera de perpetuarlas. Es fundamental que todas las personas conozcan sus derechos y sepan claramente si agentes del Estado se han comportado de manera contraria a éstos. Esto aplica también para los/as jóvenes, quienes además con frecuencia han sido víctimas en estos hechos. Que las personas jóvenes en Chile sepan que se han producido estos abusos, sepan quién fue Manuel Gutiérrez y que fue un Carabinero quien lo mató, que sepan que eso es algo que no es aceptable y es contrario a los derechos humanos, es fundamental para tener alguna esperanza de que hechos como éstos dejen de repetirse.

Esto no es enlodar a Carabineros. Sin duda que la policía cumple una labor cotidiana que merece reconocimiento. Sin duda que cumple una tarea difícil en el control del orden público, pero un informe sobre derechos humanos en Chile no puede simplemente omitir hechos en los que el actuar policial sea abusivo.

Lo que se esperaría de Carabineros no es la negación o la ofensa, sino un compromiso de hacer frente a estas denuncias, investigarlas, facilitar las investigaciones judiciales y adoptar medidas preventivas eficaces. Carabineros deberían ser los primeros en proteger el prestigio de la institución dando garantías de que hechos como éstos nunca más vuelvan a suceder.

Comentarios del artículo: Carabineros y derechos humanos - Publicado: a las 11:57 am

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 02/03/2015

Chile: ¿Buenas noticias en derechos humanos?

El capítulo sobre Chile del informe anual de Amnistía Internacional puede parecer que sólo contiene buenas noticias. Pero no hay que celebrar prematuramente.

El reciente informe anual de Amnistía Internacional muestra un panorama sumamente preocupante para los derechos humanos. Conflictos armados que afectan mayormente a la población civil, millones de personas desplazadas y buscando refugio huyendo de estos conflictos, ataques crecientes a la libertad de expresión y una reducción de espacios para la sociedad civil.

En este brutal panorama, el capítulo sobre Chile del mismo informe puede parecer que sólo contiene buenas noticias. Pero es necesario hacer un análisis de mayor detalle para no celebrar prematuramente.

En primer lugar, es llamativo que si uno revisa el mismo capítulo en informes anteriores, los temas que aparecen destacados para Chile son siempre los mismos. Los avances y deudas para eliminar la impunidad por crímenes de la dictadura, los derechos de los pueblos indígenas y la violencia policial en comunidades mapuche, preocupaciones generales en lo relativo al actuar policial en el control de manifestaciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza, los derechos sexuales y reproductivos y la criminalización total del aborto y la discriminación a la diversidad sexual.

Este año el informe reporta buenas noticias en varios de estos temas, algunos de los cuales han sido asuntos pendientes de larga data. Pero estas buenas noticias deben tomarse con cautela.

En lo relativo a la impunidad por crímenes de la dictadura, siguen abiertos más de 1000 juicios y ha habido nuevas condenas. El Gobierno anunció su apoyo y urgencia al proyecto de ley que anularía al fin el Decreto Ley de Amnistía, lo que permitiría incluso -como debe ser- reabrir los casos en que éste se haya aplicado. Pero ¿se dará realmente a esto el impulso legislativo que se necesita para llevarlo a término? ¿Cómo se compatibiliza esto con el proyecto de ley enviado a fines de 2014 que interpreta las normas sobre amnistía y prescripción, y que pareciera tener sólo efectos hacia el futuro?

El Gobierno también ha anunciado la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para tipificar el delito de tortura en Chile, dado que hoy en nuestra legislación sólo existe un delito de “apremios ilegítimos”, cuya definición no está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. Pero, si bien este anuncio se hizo en junio del año pasado, todavía no se ha enviado un proyecto de ley ni ha habido un compromiso con fecha para hacerlo. ¿Se enviará realmente un proyecto en el corto plazo?

Otra buena noticia es que Carabineros hizo públicos sus protocolos de actuación en el control de manifestaciones, tras resistirse a publicarlos por muchos años, dando una señal de transparencia y posibilitando cierto control ciudadano. Pero, ¿qué pasa realmente si en la práctica un policía viola estos protocolos? ¿Qué consecuencias reales tendrá al interior de Carabineros, qué controles se establecerán y qué mecanismos de denuncia tiene la ciudadanía que detecte estas vulneraciones?

Y relacionado con lo anterior, las denuncias de violencia policial que llegan a la justicia, con frecuencia son vistas ante la justicia militar; que no da garantías de total independencia e imparcialidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile modificar esta normativa, en un fallo que este año cumplirá 10 años sin haberse terminado de implementar. Recientemente, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han fallado traspasando algunos de estos casos a la justicia ordinaria. Además, el gobierno ha expresado su intención de enviar un proyecto de ley para al fin concretar esta reforma. Pero, ¿qué prioridad legislativa se le dará realmente? Me pregunto esto, pues pese a su importancia esto no parece estar entre las “grandes reformas” que cuentan con la mayor atención pública. Y una vez que se presente un proyecto de ley, ¿avanzará realmente su tramitación en el Congreso?

Una excelente noticia es la presentación de un proyecto de ley que despenaliza y regula el acceso al aborto en algunos casos extremos. Pero, ¿estará el Congreso a la altura de este debate?

Algo similar ocurre con la reforma a la Ley de Migraciones, en la que el Gobierno ha estado trabajando. ¿Qué prioridad real se le dará una vez que ésta llegue al Congreso? ¿Qué atención se le dará a las normas internacionales de derechos humanos? ¿Se les mantendrá en el centro de la discusión?

En materia de diversidad sexual, se ve como avance la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, que al fin permite dar un reconocimiento legal a parejas del mismo sexo. Pero, ¿existirá voluntad para avanzar hacia una total igualdad para todas las parejas en las normas sobre matrimonio y filiación? Se ha avanzado también en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, pero algunos/as parlamentarios/as han presentado indicaciones que resultan en sí mismas discriminatorias y contrarias al propósito de la ley. ¿Será posible que el resultado sea una ley que reconozca debidamente el derecho a la identidad de género de manera alineada con los derechos humanos?

Finalmente, una excelente noticia es la presentación de un proyecto de ley que despenaliza y regula el acceso al aborto en algunos casos extremos. Esto es un primer paso importante a abrir un debate fundamental, dado que la criminalización total del aborto que hoy tiene Chile es contraria a los derechos humanos, y así lo han hecho ver diversos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Pero, ¿estará el Congreso a la altura de este debate? ¿Qué riesgo tenemos de que se apruebe una ley extremadamente reducida, o que regule restricciones tan estrictas que en definitiva no tenga mayor aplicabilidad y, por tanto, no genere efectos reales en la vida de las mujeres afectadas?

Sin duda hay buenas noticias. Pero claramente es pronto para celebrar. Podemos acoger y apoyar los avances, pero eso no es incompatible con mantener una actitud vigilante. La atención que se dé desde la ciudadanía será fundamental para asegurar que los anuncios se conviertan en proyectos de ley, que los proyectos de ley se transformen en leyes realmente alineadas con los derechos humanos, y que las leyes se implementen de manera que generen cambios reales en la vida de las personas en Chile.

Comentarios del artículo: Chile: ¿Buenas noticias en derechos humanos? - Publicado: a las 9:29 am

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 10/12/2014

Solidaridad internacional: no está pasando aquí, pero está pasando ahora

Al igual como sucede cuando un pequeño aporte a la Teletón contribuye a recolectar miles de millones de pesos, cada firma de esta campaña de Amnistía Internacional contribuye a hacer una presión real a los gobiernos para que tomen acciones reales.

Eventos como la Teletón nos han llevado a la convicción de que en Chile somos personas muy solidarias. Cuando hablamos de “solidaridad”, parece ser que siempre pensamos en esta manera de ayudar a otras personas: con una donación puntual, entregando víveres o ropa, para ayudar a nuestros/as compatriotas.

Eso está muy bien, pero no es la única forma de expresar la solidaridad. En esta ocasión, quiero hacer una invitación a mirar más allá de nuestro país, a las realidades que viven personas en diferentes continentes y por diferentes razones.

Por ejemplo, un hombre llamado Raif Badawi fue arrestado en julio de 2012 y actualmente cumple condena en la cárcel de Birman en Arabia Saudita. Raif es el fundador de “Liberales de Arabia Saudita”, un foro online destinado a promover el debate político y social en el país. A raíz de este foro, fue acusado de violar la ley informática de su país y de insultar al islam, e incluso la Fiscalía intentó que fuera juzgado por el crimen de “apostasía”, lo cual podría haberle significado una condena a muerte. Finalmente fue sentenciado a 10 años de prisión, 1.000 latigazos, una multa, la prohibición de viajar por 10 años y la prohibición permanente de expresar públicamente su opinión a través de los medios de comunicación.

Una mujer llamada Liu Ping fue condenada en julio de 2014 a una sentencia de 6 años debido a sus actividades contra la corrupción en China. Ella fue activista del llamado “Nuevo Movimiento Ciudadano”, un grupo que promueve la participación en la vida cívica. Los/as activistas de este movimiento han sido acosados/as o detenidos/as como parte de una ofensiva de las autoridades chinas. La ofensiva contra este grupo pone en serias dudas las afirmaciones de las autoridades chinas que afirman haber adoptado fuertes medidas contra la corrupción, mientras al mismo tiempo persiguen a aquellos/as que tratan de exponerla. Liu Ping fue torturada durante su detención previa al juicio en el que recibió su condena.

Eventos como la Teletón nos han llevado a la convicción de que en Chile somos personas muy solidaria (…) Eso está muy bien, pero no es la única forma de expresar la solidaridad. En esta ocasión, quiero hacer una invitación a mirar más allá de nuestro país, a las realidades que viven personas en diferentes continentes y por diferentes razones.

Chelsea Manning puede ser un caso conocido para algunas personas. Ella es una soldado del ejército de los Estados Unidos condenada a 35 años de cárcel por la filtración de material gubernamental clasificado al sitio Wikileaks. Parte de la información que Manning reveló muestra posibles violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las tropas estadounidenses en el extranjero, por las fuerzas afganas e iraquíes en conjunto con las fuerzas estadounidenses, por los contratistas militares y por la CIA, todo en el contexto de operaciones antiterroristas. Mientras esperaba su juicio, Manning fue detenida en régimen de aislamiento en una base militar por siete meses.

Ahora, más cerca en términos geográficos, un joven de 21 años, llamado Daniel Quintero participó en una manifestación contra el gobierno en la ciudad de Maracaibo en Venezuela en febrero de este año. En el camino a su casa fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y fue torturado en tres sitios diferentes antes de ser puesto en libertad. Hasta ahora no se ha hecho justicia por las torturas sufridas.

Por último, en un lugar llamado Mkhondo en Sudáfrica, se encuentran con gravísimas dificultades para acceder a atención prenatal temprana y continua para las mujeres embarazadas, al punto que un 25% de las muertes maternas podrían haberse evitado si no hubieran tenido un acceso tardío y poco frecuente a la atención prenatal. Mkhondo se encuentra en la Provincia de Mpumalanga, que es la única provincia de todo Sudáfrica donde las tasas de mortalidad materna han ido en aumento en lugar de disminuir.

Estas personas, hombres y mujeres, han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. No son chilenas y ni chilenos. No está pasando aquí, pero está pasando ahora, a personas como tú o como yo.

Amnistía Internacional, a través de su “maratón de cartas” –hito anual que realiza todos los años en diciembre en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos– estará trabajando arduamente para movilizar a millones de personas en todo el mundo, para firmar acciones, escribir cartas y enviar mensajes de solidaridad a éstas y otras personas. Al igual como sucede cuando un pequeño aporte a la Teletón contribuye a recolectar miles de millones de pesos, aquí cada firma individual, sumada a las demás, contribuye a hacer una presión real a los gobiernos para que tomen acciones y, en definitiva, se mejore la vida de estas personas, para que recuperen su libertad, cuenten con adecuados accesos a  salud, tengan derecho a acceder a la justicia, etc.

Mi invitación es a no dejar pasar una oportunidad como ésta, en especial hoy que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Apoyemos esta campaña y demostremos que nuestra solidaridad se extiende más allá de las fronteras del país.

Comentarios del artículo: Solidaridad internacional: no está pasando aquí, pero está pasando ahora - Publicado: a las 11:04 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 13/11/2014

Aborto: Mi cuerpo, mis derechos

A una niña de 13 años embarazada producto de una violación el Estado la está obligando a continuar su embarazo, infligiéndole un trato cruel, inhumano o degradante. No se trata de promover el aborto como “solución”. Se trata de que en casos tan extremos como éstos, exista la opción y que cada mujer pueda decidir, libre e informadamente.

En las últimas semanas presenciamos, una vez más, levantarse el debate en torno al aborto a raíz de un caso particularmente estremecedor. Esta vez, se trataba de una niña, a sus 13 años estaba embarazada producto de una violación. Habría sido violada por su hermanastro. El feto se diagnosticó como inviable, se sabía que no podría sobrevivir fuera del útero y, de hecho, falleció a los pocos días. Después de esto, no sabemos qué pasará con esta niña.

Ella sólo tuvo sólo una opción: vivir el trauma de la violación, mientras avanzaba el embarazo que fue su consecuencia, sabiendo además que tenía que esperar parir y luego ver morir a su hijo. ¿Es eso lo que ella hubiera querido? ¿Es esto lo que otras mujeres quieren vivir? ¿Es esa la mejor manera para que esta niña  pueda recibir la reparación y rehabilitación que necesita para rearmar su vida tras ser violada?

Lamentablemente, al parecer, ni siquiera vale la pena preguntárselo, pues la opción de interrumpir el embarazo no está sobre la mesa, sin arriesgarse ella y el profesional que lo practique a enfrentar la justicia penal.

En definitiva, a una mujer o una niña en esta situación, el Estado la está obligando a continuar su embarazo, independientemente de la opinión de ella acerca de cuál sería su mejor manera de sobrellevar el dolor.

Ha habido voces contrarias a la despenalización del aborto, que señalan que el aborto no es “la solución” en ningún caso. Que es necesario adoptar medidas de prevención, por una parte, para limitar la cantidad de embarazos no deseados y, por otra parte, medidas de acompañamiento a las mujeres embarazadas en situación vulnerable, de manera de permitirles un mejor embarazo y apoyarlas en la decisión de criar a su hijo/a o darlo/a en adopción. Y se plantea como una alternativa: “si hacemos todo esto, no será necesario despenalizar el aborto”.

Pero la posición a favor de despenalizar el aborto nunca se ha planteado como un asunto de “esto o lo otro”. No es “aborto o prevención”, “aborto o adopción”, “aborto o servicios a la mujer embarazada”. La adecuada protección a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres requeriría contar con todo esto y más: una adecuada educación sexual; apropiado acceso a información y servicios en distintas formas de anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia; la protección contra la violencia de género y la discriminación; una adecuada atención de salud durante el embarazo, incluyendo salud mental, y toda la gama de servicios sociales y de otro tipo necesarios para acompañar a la mujer embarazada, especialmente a las más vulnerables. Pero también requiere despenalizar el aborto, y contar con la provisión de servicios seguros y asequibles en caso de peligro de vida o salud de la mujer, inviabilidad fetal y en caso que el embarazo sea el resultado de violación o incesto.

No se trata de promover el aborto como “solución”. Se trata de que en casos tan extremos como éstos, exista la opción, y que cada mujer pueda decidir, libre e informadamente, qué camino quiere seguir en esos casos, qué es lo mejor para ella, desde sus convicciones y su manera particular de afrontar lo que está viviendo.

Por ejemplo, ¿qué pasa si el peligro para la vida de una mujer no es inminente, pero sabe que de continuar su embarazo lo probable es que llegue a un punto en que su vida estará en juego? ¿Debe estar obligada a esperar a que esté al borde de la muerte para poder interrumpir el embarazo? En el caso de un feto inviable, ¿debe estar obligada a llevar a término dicho embarazo, sabiendo que sólo será para ver morir a su hijo? Cuando el embarazo es resultado de una violación, ¿debe estar obligada a continuar un embarazo, incluso cuando éste le recuerde, cada día, el trauma de la violación que vivió?

Nuevamente: no se trata de promover el aborto como “solución en estos casos”. Se trata de que cada mujer, en sus circunstancias específicas, debe poder tomar esa decisión libre e informadamente. Puede haber mujeres que opten por continuar y llevar a término su embarazo en todos los ejemplos anteriores, y si existieran servicios y acompañamiento adecuado, puede que sean muchas más. Pero puede haber mujeres que, teniendo toda la información sobre la mesa, sin discriminación ni temor a ser criminalizadas, prefieran interrumpir su embarazo.

Y siendo así, al obligarlas a continuar embarazadas contra su voluntad, al impedirles decidir por sí mismas, el Estado les está infligiendo un trato cruel, inhumano o degradante; una violación a sus derechos humanos.

Comentarios del artículo: Aborto: Mi cuerpo, mis derechos - Publicado: a las 9:47 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 03/10/2014

Mujeres en El Salvador y en Chile: Criminalizadas y violadas en sus derechos

María Teresa representa las muchas caras de la injusticia en El Salvador. Ha sido condenada a 40 años de prisión como consecuencia de la violencia institucional y la prohibición total del aborto. Tuvo un aborto espontáneo, cuando ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Su caso no es único ni aislado.

No hay duda de que América Latina ha vivido un pasado reciente de dictaduras y conflictos armados internos durante el cual se cometieron espantosas violaciones de los derechos humanos. El Salvador, donde estuvo una misión de Amnistía Internacional, no es una excepción.

Si bien, como en muchos otros países de la región, todavía existen tremendas deudas pendientes con las víctimas de ese periodo, se ha logrado la paz en El Salvador y el país ha firmado numerosos tratados de derechos humanos que prometen proteger los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Sin embargo, todo los pasos por lograr la paz, y estos documentos firmados, pareciera que fueran a costa del silencio de las mujeres. Estos sin duda, no han ayudado a María Teresa, una mujer que representa las muchas caras de la injusticia en el país. Ha sido condenada a 40 años de prisión como consecuencia de la violencia institucional y la prohibición total del aborto. María Teresa tuvo un aborto espontáneo, cuando ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ella es una víctima de la profunda discriminación y criminalización de las mujeres en un contexto que limita sus decisiones reproductivas. María Teresa hoy se encuentra en la cárcel de Ilopango, donde ha estado recluida por más de tres años, y donde no se escapa de los estigmas y las humillaciones.

El caso de María Teresa es una historia que, sin duda, es injusta y muy triste. Pero este relato no es único ni aislado. Cada día, las mujeres y niñas de El Salvador están sufriendo, gracias a una ley represiva y desfasada, la prohibición total de aborto.

La draconiana ley en el país ha tenido como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos cada año. La criminalización de esta práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel, como María Teresa.

Esta ley era la razón por la que Amnistía Internacional estuvo en El Salvador la semana pasada. El 25 de septiembre la organización lanzó el nuevo informe titulado “Al borde de la muerte: La violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador.” El informe aborda las enormes barreras culturales e institucionales que afrontan las mujeres y las niñas para ejercer sus derechos humanos, particularmente las que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones expresas están en América.Uno de estos países es Chile. Afortunadamente, acá se ha anunciado que se va a revisar esta situación. En su programa de gobierno la Presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto.

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo. Las mujeres y las niñas no pueden acceder a él, incluso si llevar adelante su embarazo las mata o les puede crear una incapacidad de por vida. Ellas no pueden obtener un aborto, incluso si es una niña de nueve años que ha quedado embarazada como resultado de una violación. Estos no son ejemplos abstractos, durante años Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en circunstancias similares.

Lamentablemente, las violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas son extremas en El Salvador y, peor aún, estas vulneraciones no son únicas en nuestra región.

América Latina y el Caribe van en contradicción con el resto del mundo en relación a legislación sobre el derecho al aborto. Entre 1996 y 2013, el porcentaje de países que han despenalizado el aborto por alguna causal ha ido incrementándose gradualmente. En el mismo periodo solo ocho países lo han restringido, tres de los cuales están en nuestra región. El 98% de los países del mundo permiten el aborto por lo menos cuando la vida de la mujer está en riesgo y dos tercios lo permiten cuando la salud física o mental de la mujer está en peligro. Sin embargo, siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones expresas están en América.

Uno de estos países es Chile. Afortunadamente, acá se ha anunciado que se va a revisar esta situación. En su programa de gobierno la Presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto. Por ello, Amnistía Internacional presentó recientemente el documento “El aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Fundamentos de los derechos humanos”, buscando contribuir al debate en Chile desde nuestra mirada. El Salvador, así como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Suriname y Haití deberían seguir este ejemplo.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una clara correlación entre la penalización del aborto y la muerte de mujeres por esta causa. La razón de muerte materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto. 

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de El Salvador, y particularmente al Presidente Sánchez Cerén, derogar las leyes que penalizan el aborto y garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de aborto, por lo menos, en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud física o mental, donde hay malformación fetal grave, y en casos de violación o incesto. También ha pedido al gobierno de Chile que cumpla con el anuncio y se inicie prontamente el debate legislativo en este sentido.

Es la misma demanda de justicia e igualdad que reiteramos con ocasión del 28 de septiembre de 2014, día mundial de la despenalización del aborto, a todos los Estados de la región. Es precisamente en 2014 que se cumplen 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y al revisar los avances en la región, los gobiernos se comprometieron a “modificar las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.

En el 2014 también se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Para, donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Despenalizar el aborto es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de derechos humanos. El momento es ahora.

Comentarios del artículo: Mujeres en El Salvador y en Chile: Criminalizadas y violadas en sus derechos - Publicado: a las 10:23 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 02/06/2014

Derechos sexuales y reproductivos: no sólo aborto, pero no sin aborto

Centrar el debate sólo en aborto y en la falsa dicotomía de “pro-vida” versus “pro-aborto” es reducir un asunto mucho más complejo. Hay que mirar la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales el aborto debe ser parte fundamental pero en ningún caso exclusiva.

Ya se ha dicho y escrito mucho acerca del discurso de la Presidenta del 21 de mayo. Hubo dos cosas -entre otras- que llamaron la atención: la ausencia de temas vinculados a la diversidad sexual, y el anuncio de la intención de avanzar hacia la despenalización del aborto en tres causales. Ambas cosas se han hablado separadamente y desde distintas miradas.

Lo que no quisiera es que esto lleve a una mirada fragmentada de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a derechos humanos.

Los llamados derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos y libertades, consagrados o derivados de distintos tratados internacionales de derechos humanos, que tienen que ver con el disfrute pleno de la sexualidad y la capacidad de las personas de tomar decisiones libres, informadas y sin temor a represalias. Son derechos básicos para la realización de los derechos humanos de cualquier persona, porque se vinculan con el disfrute del bienestar físico, emocional, mental y social. Su realización puede mejorar la salud en general y las relaciones personales y, además, ayuda a conseguir la igualdad de género y el empoderamiento.

La demanda por normas igualitarias en materia de matrimonio y unión civil para todas las parejas, incluidas las del mismo sexo, se basa precisamente en estos derechos. Se vincula con la libertad de tener una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, determinando la propia orientación sexual o identidad de género; el derecho a elegir pareja sexual o conyugal; el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, y a vivir en diferentes formas de familia.

la demanda por la adopción de una ley de identidad de género, también tiene un sustento en derechos humanos. Se basa en el derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, con independencia del género asignado al nacer.

De la misma forma, la demanda por la adopción de una ley de identidad de género, también tiene un sustento en derechos humanos. Se basa en el derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, con independencia del género asignado al nacer.

La necesidad de contar con educación sexual e información oportuna sobre sexualidad y reproducción, también es materia de derechos humanos. El que se hagan realidad los derechos a decidir ser o no sexualmente activo, a tener una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, a mantener relaciones sexuales consensuales, a elegir pareja sexual y/o conyugal, a decidir libremente el número de hijos/as, el espaciamiento entre ellos/as y el momento de tenerlos/as, depende por completo de que las personas cuenten con la información y el empoderamiento necesario para hacer valer e implementar sus decisiones.

La exigencia de que se garantice el acceso a anticoncepción, incluyendo la de emergencia a todas las personas que lo requieran, también forma parte de esto. El derecho a decidir el número, espaciamiento y oportunidad para tener hijos/as, depende de este acceso e información, así como el acceso a servicios de salud adecuados.

La necesidad de tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual también es esencial. Toda persona tiene derecho a vivir libre de sufrir violación o cualquier forma de violencia de género (como embarazo o esterilización forzados, mutilación genital femenina o aborto forzado), y a acceder a reparaciones por los actos de violencia sexual o de género de que sea víctima.

Y sí, la necesidad de avanzar hacia la despenalización del aborto y a garantizar acceso a servicios seguros de salud para poder practicarse uno en caso que la mujer haya sido violada o si su vida o su salud están en peligro, o en caso de complicaciones surgidas a raíz de un aborto, también es parte de estos derechos. En esta línea, el anuncio del Gobierno al parecer estaría dando un paso adelante, pero parcial. La despenalización del aborto sólo en tres causales no necesariamente garantiza el acceso a servicios seguros.

El aborto puede verse como algo separado de todo lo anterior, pues éstos son temas de menor nivel de polémica en la actualidad. Si una persona cuenta con información suficiente para vivir su sexualidad y tomar decisiones acerca de su reproducción libremente, si tiene acceso a anticoncepción y a información suficiente acerca de cómo utilizar debidamente los diferentes métodos disponibles, es probable que disminuyan los embarazos no deseados y, por ende, los abortos. Si los anticonceptivos de emergencia están debidamente disponibles, también disminuyen los embarazos no deseados, pudiendo incluso disminuir los casos de embarazo como consecuencia de una violación. Si se logra disminuir la violencia de género, es probable que los embarazos productos de violación también disminuyan. Una mirada integral a los derechos sexuales y reproductivos puede, en la práctica, disminuir los casos de aborto.

El anuncio del Gobierno al parecer estaría dando un paso adelante, pero parcial. La despenalización del aborto sólo en tres causales no necesariamente garantiza el acceso a servicios seguros.

Pero el aborto nunca puede quedar completamente fuera de la mesa. Cuando una mujer ha sido violada y su embarazo continúa, pues no tuvo acceso a la píldora del día después o no se atrevió a denunciar la violación (y por tanto no operaron los protocolos aplicables, que incluiría la administración de anticoncepción de emergencia); cuando está en peligro su vida o su salud, todo lo anterior no sirve. Por lo tanto, debe ser la mujer quien, libre e informadamente y sin temor a represalias legales o sociales, debe poder decidir si quiere continuar o no con su embarazo. Cada mujer debe tener la posibilidad de decidir de qué manera, de acuerdo a sus circunstancias, vivencias, experiencias, creencias, puede sobrellevar de mejor manera la difícil situación en que se encuentra.

Si al abortar corre riesgo de ser criminalizada, en la práctica, se la está obligando a continuar el embarazo. Ya se ha dicho en instancias internacionales: obligar a una mujer a continuar un embarazo en estas condiciones es equivalente a un trato cruel, inhumano y degradante infligido por el Estado en su contra.

Centrar el debate sólo en aborto y en la falsa dicotomía de “pro-vida” versus “pro-aborto” es reducir un asunto mucho más complejo. Si hablamos de aborto, sin hablar también del reconocimiento a distintas formas de vivir la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género, de cómo prevenir la violencia sexual y de género, de la necesidad de hablar abiertamente de sexualidad y control de natalidad, de cómo garantizamos el acceso a anticoncepción y anticoncepción de emergencia y a información acerca de cómo usarla, estamos mirando la cara más extrema de la problemática y dejando de mirar la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales el aborto debe ser parte fundamental pero en ningún caso exclusiva.

Comentarios del artículo: Derechos sexuales y reproductivos: no sólo aborto, pero no sin aborto - Publicado: a las 8:23 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 26/03/2014

El problema de la Ley Antiterrorista

Resulta urgente revisar la legislación antiterrorista chilena, para asegurar su excepcionalidad, utilizándola en casos en que la legislación penal común sea claramente insuficiente, garantizar mayor certeza en cuanto a los criterios para determinar su aplicabilidad y asegurar que la persona imputada enfrente un juicio justo.

A fines de enero de este año se realizó el Examen Periódico Universal del Estado de Chile. Tras recibir 185 recomendaciones en el marco del proceso, la delegación chilena informó que responderá si acepta o rechaza las recomendaciones con posterioridad. No obstante, adelantó que rechazará todas las recomendaciones que se refieran a ciertas materias. Entre ellas, dijeron, que se rechazarán las que se refieren a “la supuesta criminalización” de las reivindicaciones y la protesta social indígena con el uso de la ley antiterrorista”.

No aceptar esta recomendación resultaría preocupante desde dos perspectivas.

En primer lugar, resulta difícil descartar tan rápidamente la posibilidad de que la utilización de la ley antiterrorista esté impactando de manera discriminatoria a personas mapuche. Ya desde hace tiempo Amnistía Internacional ha estado levantando esta preocupación, señalando que de comprobarse una aplicación discriminatoria sería inaceptable.

El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo visitó Chile en julio de 2013. Tras su visita, emitió una declaración con su análisis preliminar de la situación y muy particularmente se refirió a la aplicación de la legislación antiterrorista al pueblo mapuche.

Entre sus conclusiones preliminares, indicó que a su juicio no existe duda alguna que la ley antiterrorista ha sido utilizada desproporcionadamente en contra de personas acusadas de delitos en conexión con las protestas territoriales mapuches, y que ésta ha antagonizado a los sectores más activos de la comunidad mapuche y es visto por ellos como un medio para estigmatizar su causa. Por todo ello, recomendó terminar con el uso de la ley antiterrorista en relación a las causas territoriales mapuche.

Además, se encuentra pendiente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle precisamente en una demanda contra el Estado de Chile por esta misma materia, en el caso Norin Catrimán y otros (Lonkos, Dirigentes y Activistas del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile.

No obstante, adicionalmente a la preocupación anterior en relación específicamente al pueblo mapuche, hay dimensiones de preocupación más generales respecto al texto y la aplicación de la ley, independientemente de a quién ésta se aplique, lo cual tampoco debiera descartarse tan ligeramente.

La definición de terrorismo en Chile incluye un elemento subjetivo: la intención de causar temor e influir en las políticas del gobierno, que la hace ser una definición muy amplia y abierta a muchas interpretaciones. En este sentido, el propio Relator Especial hizo ver que es imposible distinguir una línea divisoria clara y consistente entre casos donde se han presentado cargos como delitos penales comunes de aquellos en que se ha invocado la ley antiterrorista, pudiendo estar basados en consideraciones subjetivas, arbitrarias y políticas. En sus palabras textuales, “El único punto sobre el cual todos acordaron es que la aplicación actual de la ley antiterrorista es insatisfactoria e inconsistente”.

En recientes declaraciones, el intendente Francisco Huenchumilla ha señalado expresamente su opinión señalando que la ley antiterrorista no cumple con los estándares internacionales ni tampoco ha tenido los efectos deseados. Es de esperar que estas opiniones se traduzcan efectivamente en modificaciones legislativas y cambios en la aplicación práctica de la ley.

Lo anterior tiene efectos prácticos en los derechos de las personas: la aplicación de la ley antiterrorista implica que la detención preventiva puede ser de 10 días en lugar de 24 horas; el plazo para entregar a los abogados de la defensa las pruebas y declaraciones de apoyo a los cargos puede ser hasta de 6 meses. Y debido a las penas más largas es más probable la aplicación de la prisión preventiva por tiempo prolongado, como se ha visto, por ejemplo, en el caso de Víctor Hugo Montoya, imputado porque habría puesto la bomba en la comisaría de Las Vizcachas, que ya lleva más de un año en prisión preventiva en espera de juicio.

Finalmente, con frecuencia se recurre a la figura de los testigos protegidos, que si bien, como señala el Relator Especial, no es una violación automática al derecho a un juicio justo, siempre debe ir acompañada de salvaguardas para compensar el desequilibrio que su uso produce para la defensa, como por ejemplo, una regla que impida confiar en un testimonio anónimo como base única y decisiva para una condena, y una obligación específica de investigar e informar a la defensa de cualquier hecho que tienda a menoscabar la confiabilidad o credibilidad del testigo protegido. Sin embargo, como hace notar el Relator Especial, ninguna de estas salvaguardias pareciera estar presente bajo la legislación antiterrorista en Chile, cubriendo a los juicios de un manto de duda en cuanto a su cumplimiento de las normas del debido proceso y, por ende, de la confiabilidad de sus decisiones.

Sin duda, delitos como instalar una bomba en una comisaría o atentados incendiarios, son gravísimos y deben ser investigados y juzgados. La duda está en si la aplicación de la ley antiterrorista en estos casos realmente está contribuyendo a evitar hechos similares en el futuro o, si en realidad, debido a sus deficiencias está agregando dudas a las sentencias dictadas. El mismo Relator Especial concluyó que Chile actualmente no enfrenta una amenaza terrorista significativa en su territorio y la legislación penal existente ofrece suficientes elementos para abordar los delitos de extremismo violento en el país.

En recientes declaraciones, el intendente Francisco Huenchumilla ha señalado expresamente su opinión señalando que la ley antiterrorista no cumple con los estándares internacionales ni tampoco ha tenido los efectos deseados. Es de esperar que estas opiniones se traduzcan efectivamente en modificaciones legislativas y cambios en la aplicación práctica de la ley.

Como he repetido en diversas ocasiones y contextos, no puede existir seguridad sin derechos humanos. Resulta urgente revisar la legislación antiterrorista chilena, para asegurar su excepcionalidad, utilizándola en casos en que la legislación penal común sea claramente insuficiente, garantizar mayor certeza en cuanto a los criterios para determinar su aplicabilidad y asegurar que la persona imputada enfrente un juicio justo.

 

 

Comentarios del artículo: El problema de la Ley Antiterrorista - Publicado: a las 9:00 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 25/10/2013

Los derechos humanos no tienen nacionalidad

La marcha contra las personas migrantes en Antofagasta obliga a visibilizar y discutir la realidad de quienes llegan a Chile en busca de mejores oportunidades. Más allá de una legislación alineada con las normas internacionales, se requiere una política de integración clara y medidas que permitan prevenir la discriminación.

Este mes nos ha obligado a hablar acerca del fenómeno de las migraciones y los derechos de las personas migrantes. Comenzó con el impacto mundial de la llamada “Tragedia de Lampedusa”, donde cientos de personas, principalmente provenientes de África, fallecieron al naufragar el barco en el que trataban de llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Esto abrió un debate importante acerca de las políticas de migración y refugio en el viejo continente.

Pero luego la discusión se nos hizo más cercana. La semana pasada estuvo en el tapete la situación de las personas migrantes en Chile, particularmente en Antofagasta. Declaraciones abiertamente discriminatorias por parte del intendente en las que acusó a extranjeros y extranjeras de crear problemas y de ser responsables de los quiebres matrimoniales, fueron seguidas por una convocatoria a una marcha en contra de la migración colombiana en la ciudad. “No es racismo, no es xenofobia, no importa si es rubio, negro o verde. Si es extranjero y delinque en mi país lo queremos fuera”, se leía en algunos de los panfletos que circularon en torno a este tema.

La marcha, finalmente, tuvo bajísima convocatoria, y el Gobierno salió de inmediato a rechazar la actitud y la discriminación. Sin embargo, este episodio permitió visibilizar y discutir la realidad de quienes llegan a Chile en busca de mejores oportunidades.

Nuestro país progresivamente se está transformando en receptor de personas migrantes. Esto no es “un problema”. Es un fenómeno propio de la realidad mundial, que de alguna manera nos está poniendo a prueba: está revelando cuán racistas y discriminatorios somos, cuánto podemos aceptar la diversidad de colores de piel, costumbres, creencias y  formas de hablar.

La cantidad de personas extranjeras que viven en Chile representan actualmente más del 2% de la población. Las cifras se han triplicado en los últimos 20 años. El origen de las migraciones es diverso. Muchas personas lo hacen porque quieren mejorar sus condiciones de vida, para vivir en un entorno más agradable o para reunirse con sus familias, pero también hay quienes huyen de conflictos o desastres naturales o de redes de trata, entre otras cosas.

Me llama la atención no haber podido encontrar referencia a estas materias en los programas de Gobierno de los candidatos y candidatas presidenciales, al menos en lo que se ha dado a conocer hasta ahora. Quienes lo mencionan, señalan medidas muy específicas, sin que aparezca claramente una preocupación por abordar el asunto de manera integral.

Pero el crecimiento en la población extranjera en nuestro país, también está poniendo a prueba a nuestras instituciones y el actuar de nuestras autoridades. Si bien Chile ha ratificado el Convenio sobre Derechos de las personas migrantes y sus familiares, la legislación no incorpora expresamente los derechos garantizados en éste. Tener legislación alineada con las normas internacionales en materia de derechos sería un buen primer paso. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que la sola legislación no resulta suficiente.

Se requiere tener personal capacitado en los distintos ámbitos de cumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Ya en la actualidad hay diversas materias en que el problema no está en la normativa, sino en el conocimiento de los funcionarios y funcionarias de dicha normativa y la manera discriminatoria en que la aplican. Asegurar que esto no suceda es responsabilidad del Estado. Pero también es fundamental asegurar que la información sea accesible a las propias personas que llegan, de manera que puedan seguir los trámites, realizar los reclamos pertinentes y exigir sus derechos adecuadamente.

Y finalmente, se requiere una política de integración clara y medidas que permitan prevenir la discriminación. Políticas adecuadas de educación e integración pueden hacer mucho para reducir la discriminación cotidiana y la probabilidad de que sucedan hechos como los ocurridos recientemente en Antofagasta.

Es fácil caer en actitudes que parecen decir que las personas chilenas tienen “más derecho a tener derechos” que las personas extranjeras, más aún si están en Chile en situación irregular. Es posible caer en estigmatizar a “los extranjeros” o a personas de determinados países como delincuentes, ladrones u otras acusaciones peores. Es fuerte el riesgo permanente de caer en discriminaciones arbitrarias, no sólo entre personas chilenas y extranjeras, sino también entre personas extranjeras según su nacionalidad, basado en los prejuicios que tenemos acerca de los nacionales de cada país.

Pero es importante recordar siempre que estamos hablando de derechos humanos: la no discriminación, el derecho a la integridad física, la libertad de circulación, el acceso a salud y educación, el derecho a reagrupación familiar, entre otros. Y los derechos humanos no tienen nacionalidad. El hecho de que se trate de personas extranjeras, incluso si estuvieran en situación irregular en Chile desde un punto de vista migratorio, no es justificación para denegarles sus derechos humanos más básicos. Y como tema de derechos humanos, es responsabilidad del Estado de Chile abordarlo debidamente, quienquiera que sea que gobierne.

Me llama la atención no haber podido encontrar referencia a estas materias en los programas de Gobierno de los candidatos y candidatas presidenciales, al menos en lo que se ha dado a conocer hasta ahora. Quienes lo mencionan, señalan medidas muy específicas, sin que aparezca claramente una preocupación por abordar el asunto de manera integral. Los hechos recientes muestran la relevancia del fenómeno de las migraciones en Chile y en todo el mundo, y no abordarlo de manera apropiada puede tener como consecuencia graves vulneraciones a los derechos humanos. Y esto es lo que debiera importarnos en definitiva: estamos hablando de personas y sus derechos. La nacionalidad, cuando se trata de derechos humanos, no tiene importancia.

Comentarios del artículo: Los derechos humanos no tienen nacionalidad - Publicado: a las 7:00 am

Etiquetas: , , , , , , , » Publicado: 21/06/2013

Violencia policial, orden público y seguridad nacional

El uso de la fuerza por parte de Carabineros debe limitarse al mínimo necesario para lograr el objetivo. El objetivo, si la causa del ingreso era el delito flagrante, debiera ser detener únicamente a quien lo cometió, pudiendo quizá reducirlo en caso que se resista. ¿Cuál era el objetivo a conseguir pegándole una y otra vez a alguien que ya está en el suelo? ¿Cómo puede ser eso necesario para reducirlo o detenerlo? ¿Cómo podría eso ajustarse a la legalidad?

Hemos observado con alarma las imágenes del ingreso de Carabineros a la casa central de la Universidad de Chile. Estas imágenes impactaron a muchos, por muchas razones.

El ministro Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera han defendido el actuar de Carabineros basándose en la existencia de un delito flagrante. Otros, incluyendo el rector de la universidad han refutado esto y han alegado la autonomía universitaria para cuestionar el ingreso de Carabineros al recinto.

Quiero salirme de esa discusión por un momento.

No hay seguridad sin derechos humanos. Si se justifica la violencia policial por la necesidad de detener la violencia de los encapuchados, el resultado más probable es más violencia. Y si se enjuicia la violencia cometida por delincuentes comunes – encapuchados o no – pero no hay un enjuciamiento similar contra la violencia cometida por Carabineros – que son agentes del Estado – la señal que se está dando es de una tremenda inseguridad para todas las personas sin excepción y una desprotección de sus derechos humanos.

Lo que se vio en las imágenes que han circulado del actuar de Carabineros entrando a la Universidad generan dudas que son absolutamente independientes de la pregunta acerca de si podían ingresar o no. Se ve a carabineros pegándoles, con sus palos, a personas que están en el suelo. Se ve humo de gases lacrimógenos por doquier, en un recinto cerrado, lo que aumenta la concentración de esos químicos.

Asumiendo por un momento que hubiera sido legítimo el ingreso de Carabineros a la Universidad, asumiendo incluso que es cierto que se lanzó una bomba molotov desde el interior, nada justifica la violencia que se observa en esas imágenes.

Un ejemplo. El uso de la fuerza por parte de Carabineros debe limitarse al mínimo necesario para lograr el objetivo. El objetivo, si la causa del ingreso era el delito flagrante, debiera ser detener únicamente a quien lo cometió, pudiendo quizá reducirlo en caso que se resista. ¿Cuál era el objetivo a conseguir pegándole una y otra vez a alguien que ya está en el suelo? ¿Cómo puede ser eso necesario para reducirlo o detenerlo? ¿Cómo podría eso ajustarse a la legalidad?

Otro ejemplo. Cuando recibí las primeras noticias de las manifestaciones en Turquía, parte de lo que se informaba como un hecho escandaloso era precisamente que se habían usado lacrimógenas y lanza aguas para dispersar a los manifestantes. Lamentablemente eso que parecía tan excepcional allá, es algo a lo que acá estamos acostumbrados, como si fuera lo más natural, después de cada manifestación. Y esto no afecta sólo a “los encapuchados”, o a quienes cometen delitos, sino a todas las personas que se están manifestando pacíficamente.

Los gases lacrimógenos tienen  – o debieran tener – por finalidad dispersar a un grupo que esté causando disturbios  y que no haya sido posible dispersar de otra manera, menos lesiva. Ya carabineros nos tiene (mal) acostumbrados a un uso rutinario de lacrimógenas, de una manera que parece más represiva que disuasiva. Usarlas en contra de manifestantes pacíficos es desproporcionado. Usarlas en un recinto cerrado, donde no es claro para qué y hacia dónde se espera que se “dispersen” las personas, se sale de toda norma.

Lo más preocupante es que nada de esto son hechos aislados. Desde 2011 que estamos viendo periódicamente denuncias de episodios preocupantes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Desde esa fecha que el Ministerio del Interior, repartición pública de la que depende Carabineros, no hace nada para evitarlo. Ha señalado consistentemente que no pueden intervenir porque sólo tienen competencia respecto de asuntos administrativos de Carabineros. Lo cual, por cierto, no ha impedido que el ministro aparezca respaldando el actuar de Carabineros en diversas ocasiones.

Por otra parte, los protocolos sobre los cuales Carabineros basa su actuación en estos casos son desconocidos. Solicitados por transparencia, el Ministerio del Interior dijo no tenerlos y les derivó la solicitud a ellos. La institución luego los negó, señalando que entregarlos pondría en peligro la seguridad nacional. Por lo tanto, ¿cómo se reclama del actuar de Carabineros? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad nacional? La repartición de gobierno, de quien depende, se declara incompetente y no es posible saber bajo qué normas se rigen, como para poder reclamar su incumplimiento.

Si a esto se agrega que los incidentes de violencia policial, con frecuencia no tienen consecuencias para quienes los cometen, y si se judicializan, son vistos por la justicia militar – que no da garantías de independencia e imparcialidad – y usualmente absueltos, se completa un cuadro de impunidad que es un caldo de cultivo para que esto se repita indefinidamente y posiblemente en forma creciente.

Seguro se me acusará de estar “defendiendo a los encapuchados” una vez más. O que – como dijo una diputada – queremos que Carabineros “les tire confetti a los delincuentes”.  Lejos de eso. Quienes cometan delitos – en cualquier contexto, encapuchados o no – deben ser debidamente juzgados y sancionados. Carabineros realiza su trabajo en circunstancias muy complejas, y hay casos en que el uso de la fuerza por parte de las policías puede ser necesario, y existen estándares internacionales sobre la materia.

El Estado tiene el deber de resguardar el orden público y la seguridad de la ciudadanía, al igual que tiene el deber de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos.

Pero no hay seguridad sin derechos humanos. Si se justifica la violencia policial por la necesidad de detener la violencia de los encapuchados, el resultado más probable es más violencia. Y si se enjuicia la violencia cometida por delincuentes comunes – encapuchados o no – pero no hay un enjuciamiento similar contra la violencia cometida por Carabineros – que son agentes del Estado – la señal que se está dando es de una tremenda inseguridad para todas las personas sin excepción y una desprotección de sus derechos humanos.

Comentarios del artículo: Violencia policial, orden público y seguridad nacional - Publicado: a las 1:47 pm

Etiquetas: , , , » Publicado: 30/05/2013

40 años del golpe: No es cosa del pasado

Hablar de que se cumplen 40 años del golpe de Estado y de lo que eso significa, hablar de impunidad, no siempre es fácil. No es extraño encontrarse con personas que miran con hastío, y acusan rápidamente de estar quedándose en el pasado. ¿Hasta cuándo nos van a seguir hablando de esto? ¿No ha pasado ya suficiente tiempo, no es mejor preocuparnos de los problemas de hoy?, se preguntan muchas personas en la calle, y posiblemente también usted, mientras lee estas líneas.

Es cierto que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990 sucedieron hace ya mucho tiempo y que si bien no es posible decir que en los gobiernos democráticos no se han cometido violaciones de derechos humanos, al menos no han sucedido con la sistematicidad y masividad de entonces. No obstante, un pasado así de doloroso no puede dejarse atrás sin más. No puede y no debe. El pasado, inevitablemente es parte del presente y determina nuestro futuro como sociedad. La manera en que esa determinación se produzca dependerá absolutamente de la manera en que actuemos, de las decisiones que tomemos.

 Debiera preocuparnos como sociedad que estemos acostumbrándonos a las imágenes y denuncias de violencia policial después de cada manifestación. Estos actos de violencia están quedando también impunes. La frustración es aún más fuerte al ver que estos casos, cuando son llevados ante la justicia, son vistos por la justicia militar y por tanto en su mayoría quedan sin sanción. Así, la impunidad de ayer se perpetúa hoy y la herida se mantiene abierta.

El pasado se puede trasladar de una manera positiva, si aprendemos de él. Si el Estado se compromete con la defensa de los derechos humanos y adopta todas las medidas necesarias para impedir que algo así vuelva a suceder. Tres son los elementos fundamentales para lograrlo: verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares. Como parte de las medidas de reparación, el Estado debe asegurar la memoria histórica y el respeto a los derechos humanos en el futuro, dando garantías de no repetición.

Pero el pasado también se puede trasladar de manera dolorosa y negativa si lo anterior no se hace. Lamentablemente, hoy en Chile podemos dar varios ejemplos. Quizá lo más obvio es la ausencia de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares. La falta de mecanismos permanentes de calificación de casos de violaciones a los derechos humanos, la vigencia del decreto ley de amnistía, la aplicación de la “media prescripción”, el hecho de que la mayor parte de los condenados por crímenes de la dictadura no cumplirán ni un solo día de cárcel. Una situación frustrante para las víctimas y sus familiares, hasta el día de hoy, pero también para todos quienes componemos esta sociedad y nos indignamos al ver que no hay justicia.

Pero también podemos citar ejemplos más actuales, mas “del presente”. Debiera preocuparnos como sociedad que estemos acostumbrándonos a las imágenes y denuncias de violencia policial después de cada manifestación. Estos actos de violencia están quedando también impunes. La frustración es aún más fuerte al ver que estos casos, cuando son llevados ante la justicia, son vistos por la justicia militar y por tanto en su mayoría quedan sin sanción. Así, la impunidad de ayer se perpetúa hoy y la herida se mantiene abierta. Puede que esta violencia sea menos sistemática y menos masiva, pero se transforma en un riesgo desde el momento en que parece estar enviando una señal persistente: si un Carabinero hace uso excesivo de la fuerza en contra de un manifestante, no importa tanto, o importa mucho menos que cuando la violencia se da en el sentido contrario.

Por ello, debemos mirar el futuro sin perder de vista el pasado. Por eso terminamos con un último ejemplo con mirada a futuro. Es fundamental mantener la memoria histórica: si no aprendemos del pasado, corremos el riesgo de repetirlo. Es necesario contar con políticas claras de creación y mantención de sitios de memoria, de educación en derechos humanos, de difusión completa de nuestra historia reciente. Necesitamos hacernos cargo de las heridas que dejaron y siguen dejando las violaciones a los derechos humanos.

Todo esto no es “cosa del pasado”: urge tomar medidas hoy, para asegurar que en el futuro vivamos en una cultura de promoción y respeto a los derechos humanos de todas las personas. Sólo así podremos decir “nunca más” con verdadera fuerza y convicción de que es una promesa que se va a cumplir.

Comentarios del artículo: 40 años del golpe: No es cosa del pasado - Publicado: a las 8:32 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 08/05/2013

Candidatas/os: ¿hablemos de derechos humanos?

La falta de propuestas en materia de derechos humanos es llamativa si se considera que las obligaciones internacionales vinculan al Estado de Chile, independientemente de quién esté en el gobierno. Sólo se necesita de voluntad política para hacer cumplir esas normativas que nos protegen a todas y todos y esa voluntad debe ser independiente del color del partido que gobierne.

El escenario político sin duda ha estado agitado. Mucho se ha hablado acerca de quiénes serán o no serán candidatos/as y de cómo se definirán las candidaturas. Algunos nos han sorprendido con cambios de último momento y decisiones inesperadas. Vemos que poco se ha hablado sobre las propuestas de gobierno, sobre los contenidos específicos de las mismas. Y cómo no, los derechos humanos han estado  mayoritariamente ausentes en todo debate.

La falta de propuestas en materia de derechos humanos es llamativa si se considera que las obligaciones internacionales vinculan al Estado de Chile, independientemente de quién esté en el gobierno. Sólo se necesita de voluntad política para hacer cumplir esas normativas que nos protegen a todas y todos y esa voluntad debe ser independiente del color del partido que gobierne. Por ello, es de esperar que todas las personas que presentan sus candidaturas a las elecciones, presidenciales y parlamentarias, tengan propuestas concretas que logren cerrar las brechas que aún persisten entre la legislación y políticas en Chile y los tratados internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional emitió la semana pasada una Carta Abierta que está siendo enviada a cada uno/a de las y los candidatas y candidatos presidenciales. Allí se detallan algunas de las brechas a las que me refiero y que tienen que ver con seis materias fundamentales: institucionalidad y legislación de derechos humanos; impunidad por violaciones de derechos humanos; problemas y desafíos en materia de derechos humanos en el contexto de la protesta social; derechos de los pueblos indígenas; derechos sexuales y reproductivos, y medidas contra la discriminación.

Sigue pendiente la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad que podría impedir la aplicación de la prescripción a juicios por violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo de Pinochet.

Algunos de los temas incluidos en la Carta de Amnistía Internacional ya los han mencionado algunos/as candidatos/as, como la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es lamentable que no todas las respuestas a estos temas estén alineadas con las normas de derechos humanos ratificadas por Chile.

Sin embargo, hay temas que aún no han sido mencionados.

¿Qué pasa con los tratados internacionales pendientes de ratificación? Por ejemplo, sigue pendiente la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad que podría impedir la aplicación de la prescripción a juicios por violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo de Pinochet. El actual gobierno ha intentado que la ratificación se haga con reservas, de manera que sólo aplique a delitos cometidos después de su entrada en vigencia. ¿Impulsarían los candidatos/as su ratificación sin reservas?

¿De qué manera afrontarían las deudas en materia de verdad, justicia y reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado? Ante la persistencia de flancos de impunidad, incluyendo la vigencia del Decreto Ley 2191, conocido como “decreto ley de amnistía”, ¿qué medidas proponen para eliminarlos? ¿Qué medidas proponen para asegurar el mantenimiento de la memoria histórica, dando mayores garantías de no repetición?

¿Qué posición tiene cada candidato y candidata ante las reiteradas denuncias de violencia policial en el control de manifestaciones? Estas denuncias han continuado durante 2013 e incluyen uso indebido de medios disuasivos – a veces causando graves lesiones – detenciones arbitrarias e ilegales, malos tratos en detención. Es urgente tomar medidas para la adecuada investigación, sanción y prevención de estos hechos. ¿Qué medidas proponen quienes están camino a la presidencia?

¿Y en materia de derechos de los pueblos indígenas? Mucho puede decirse en términos generales acerca de la intención de beneficiar a los pueblos indígenas e implementar el derecho a la consulta. Pero lo verdaderamente importante es cómo: ¿qué medidas concretas proponen para asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en proyectos que los afecten de manera de obtener su consentimiento previo, libre e informado? ¿De qué manera piensan afrontar la situación particular del pueblo mapuche, incluyendo las reiteradas denuncias de violencia policial en algunas comunidades? ¿Volverían a utilizar la ley antiterrorista en su contra y en qué términos? Es urgente afrontar estos temas partiendo de la base de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Estos son sólo algunos ejemplos. Son obligaciones de derechos humanos, que protegen a todas las personas y obligan al Estado de Chile, independientemente del color político del gobierno de turno. Y es sorprendente que, pese a la importancia crucial que tienen estas materias, estén casi completamente ausentes en el debate actual. Es de esperar que de a poco el debate se vaya centrando en los contenidos programáticos y que al hacerlo, estas temáticas empiecen a adquirir el protagonismo que siempre debieran tener.

 

Comentarios del artículo: Candidatas/os: ¿hablemos de derechos humanos? - Publicado: a las 10:44 am

Etiquetas: , , » Publicado: 27/03/2013

Daniel Zamudio y la ley

La eliminación de la discriminación es una obligación del Estado de Chile de cara a los tratados de derechos humanos, quizá la obligación más importante de todas: es difícil hablar de derechos humanos cuando éstos no se garantizan en condiciones de igualdad a todas las personas.

Cuando se conmemora un año desde la muerte de Daniel Zamudio tras el brutal ataque homofóbico del que fue víctima, es imposible no hacer una reflexión acerca de los efectos que tuvo su muerte, uno de los cuales fue la aprobación, tras 7 años en el Congreso, de la Ley Antidiscriminación, a la que ahora también se conoce como “Ley Zamudio”.

Pese a que no era la primera (y probablemente tampoco será la última) muerte por un ataque homofóbico o transfóbico, algo sucedió con ese caso en particular que hizo eco en la población y movió al gobierno a dar urgencia a la ley y adoptar medidas concretas para asegurar su aprobación. Si bien es lamentable que haya sido necesario un hecho trágico como éste para lograrlo, al parecer permitió crear una mayor conciencia de lo que significa la homofobia y la transfobia, y en general, cualquier forma de discriminación, y cómo en su forma más extrema puede transformarse en violencia.

Pero en ningún caso éste es el final de la historia. Ni menos el final de la discriminación en Chile.

Es positivo que se haya aprobado la ley, es positivo contar con una declaración legal clara de que la discriminación está prohibida en Chile. Es un avance contar con un mecanismo de reclamo contra la discriminación que no existía y que ha dado sus primeros frutos, como en el primer fallo de la justicia que condenó al motel Marín 014 por negar el ingreso a una pareja de lesbianas porque adujeron que allí no admitían parejas del mismo sexo. Nos alegró también que se haya incluido la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas pese a diversos intentos por excluirlas, y la incorporación de estas mismas categorías a la agravante penal para casos en que determinados delitos se cometen con un móvil discriminatorio.

No obstante, se trata de una ley incompleta. Una de las razones por las que es incompleta, es que lo único que regula en detalle es la acción judicial, lo cual es sólo una arista sobre cómo abordar el problema de la discriminación en Chile. Esto debiera combinarse con prevención, capacitación, medidas de acción afirmativa, respecto de lo cual no existen normas explícitas en la ley. Esta falencia se reveló también en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Karen Atala que, entre otras cosas, ordenó otorgar capacitación a funcionarios clave para prevenir discriminaciones futuras. Tampoco hay normas que creen o definan una institucionalidad con responsabilidad para adoptar estas medidas.

En otras palabras, se castiga a las personas que discriminan, pero no se explicita ninguna medida para reducir la cantidad de personas que discrimina o para incrementar la diversidad en diferentes instancias.

Tiempo atrás dijimos que una ley Antidiscriminación puede salvar vidas. Pero también dijimos que esto es un primer paso, que una discriminación persistente no se elimina sólo por ley. El respeto y protección de los derechos humanos es un trabajo continuo, que no se agota con la dictación de una ley y menos cuando se trata de una ley incompleta. La existencia de una “ley Zamudio”, más aun teniendo en consideración sus falencias, es insuficiente para asegurar que no existan otras personas que, como Daniel, mueran víctimas de la discriminación sólo por lo que ellos son.

Resulta fundamental avanzar en la implementación de medidas de prevención. La eliminación de la discriminación es una obligación del Estado de Chile de cara a los tratados de derechos humanos, quizá la obligación más importante de todas: es difícil hablar de derechos humanos cuando éstos no se garantizan en condiciones de igualdad a todas las personas.Es cierto que habría sido ideal que la ley lo dijera expresamente, pero no es necesario que lo haga para que el Estado asuma esta obligación e implemente a la brevedad este tipo de medidas, de manera de ir construyendo no sólo una legislación, sino también una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción.

Comentarios del artículo: Daniel Zamudio y la ley - Publicado: a las 3:33 pm

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 25/02/2013

Los Estados no han cumplido los acuerdos sobre igualdad de género y equidad

En 1994, se celebró la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo, Egipto. El resultado de esta Conferencia dio lugar a una declaración pionera adoptada por consenso por 179 gobiernos: por primera vez los Estados miembros de la ONU hicieron hincapié en la importancia de los principios de igualdad de género, equidad y sobre todo en convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central para las estrategias y políticas efectivas sobre población y desarrollo.

En 1994, se celebró la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo, Egipto. El resultado de esta Conferencia dio lugar a una declaración pionera adoptada por consenso por 179 gobiernos: por primera vez los Estados miembros de la ONU hicieron hincapié en la importancia de los principios de igualdad de género, equidad y sobre todo en convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central para las estrategias y políticas efectivas sobre población y desarrollo..

Sin dudas, el resultado fundamental de esta Conferencia fue que los Estados reconocieron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El respeto a estos derechos es de suma importancia para la dignidad humana y para el disfrute del bienestar físico, emocional, mental y social.

El Programa de Acción de El Cairo implicó un compromiso expreso de los gobiernos a garantizar el acceso universal a la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. La idea central fue garantizar que éstos ocupasen un lugar destacado en las políticas sobre población adoptadas por países de todo el mundo.

Desde su aprobación en 1994, el Programa de Acción se ha revisado cada cinco años: en 1999, 2004 y 2009. La CIPD+20 es el próximo examen operacional de la ejecución de dicho programa y comenzó a revisarse en 2012 para finalizar en 2014, todo bajo la dirección del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En este marco, de acuerdo a Amnistía Internacional los Estados no han adoptado plenamente los compromisos adquiridos y no sólo eso, algunos de esos compromisos no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos y por lo tanto debieran modificarse. Para Amnistía Internacional la revisión operacional CIPD+20 brinda una importante oportunidad para movilizar a los gobiernos, a la ONU y a la sociedad civil para que actúen con mayor determinación y refuercen los compromisos y la acción de los gobiernos, a fin de garantizar la igualdad de género y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, con un enfoque integrado e integral.

<blockquote>”… Decidir si ser o no una persona sexualmente activa y buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, mantener relaciones sexuales consensuales, vivir libre de violación y otras formas de violencia basadas en género, incluyendo el embarazo, esterilización y aborto forzado, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. La libertad y derecho a decidir el número de hijos o hijas y el momento de tenerlos, elegir pareja, casarse y formar una familia y el tipo de familia que se quiera conformar”.</blockquote>

Cuando se habla de enfoque integral e integrado, significa que los principios de igualdad de género y no discriminación deben estar primeros en la lista y deben adoptarse medidas de aplicación práctica que garanticen el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos en plenitud. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva, a disfrutar del acceso igualitario a la información y a la atención a su salud sexual y reproductiva.

Todo lo mencionando anteriormente incluye derechos y libertades como: decidir si ser o no una persona sexualmente activa y buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, mantener relaciones sexuales consensuales, vivir libre de violación y otras formas de violencia basadas en género, incluyendo el embarazo, esterilización y aborto forzado, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. La libertad y derecho a decidir el número de hijos o hijas y el momento de tenerlos, elegir pareja, casarse y formar una familia y el tipo de familia que se quiera conformar

El derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, independientemente del sexo que le fue asignado al nacer.

El derecho a promover los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los derechos de las personas cuya expresión sexual y de género no se ajusta con los modelos hétero-normativos.

El derecho a vivir libre de amenazas, de persecución criminal u otras sanciones por relaciones sexuales consensuadas, aborto y transmisión de VIH. Sin olvidar, el derecho al acceso – por ley y en la práctica – a información sobre derechos y salud sexual y reproductiva, incluyendo atención integral en los servicios de salud, acceso a la anticoncepción y anticoncepción de emergencia y aborto para todas la mujeres y niñas que lo requieran en casos de embarazos no deseados como resultado de violación o incesto, y embarazos que representen un riesgo a la vida o grave riesgo a la salud de la mujer o niña.

De la descripción anterior no resulta difícil concluir que en nuestro país tenemos aún mucho por avanzar en estas materias. Los recientes debates vinculados con la entrega de la llamada “píldora del día después”, la despenalización del aborto terapéutico, el matrimonio igualitario y la no discriminación por identidad de género, son desde esta perspectiva, discusiones que requieren una mirada desde los derechos humanos.

Por eso es tan importante dar seguimiento al proceso de CIPD+20. Los resultados no sólo tendrán fuerza en sí mismos, sino que además se integrarán al nuevo programa de desarrollo que los y las líderes mundiales debatirán a partir de 2015. Y si el resultado de la revisión produce un retroceso, por no alinearse con los derechos humanos internacionalmente establecidos, se agregará una dificultad para lograr avances en esta materia, en Chile y el mundo.

Comentarios del artículo: Los Estados no han cumplido los acuerdos sobre igualdad de género y equidad - Publicado: a las 2:28 pm

Etiquetas: , , , » Publicado: 18/01/2013

¿Un nuevo texto para la Ley Hinzpeter?

Sólo haciendo un debate transparente, teniendo siempre en consideración las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos, será posible concluir seriamente si se necesita o no un proyecto de ley de esta naturaleza y – si lo hubiera – asegurar que no implique una vulneración a los derechos humanos.

Recientemente hemos recibido mensajes contradictorios respecto de la tramitación del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público. En primer lugar, el Presidente Piñera anunció que el gobierno insistiría con la suma urgencia del proyecto –urgencia que está vigente desde octubre de 2012– con el fin de lograr su pronto despacho. Días después, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Cristián Monckeberg, dijo que esta urgencia sólo empezará a contarse desde marzo, entre otras razones, porque se introducirán modificaciones al proyecto de ley de manera de lograr consensos sobre la materia.

Parto desde la premisa que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y garantizar la seguridad de sus habitantes. Es cierto, y en cumplimiento de este deber, el Estado puede adoptar medidas de diverso tipo, incluyendo legislación que permita sancionar determinadas conductas que pongan en riesgo el orden público.

Habiendo dicho eso, el Estado debe también cumplir con otra obligación: el respeto y protección de los derechos humanos. Por lo tanto, las medidas que se adopten para el resguardo del orden público o la seguridad pública no pueden ser justificación para vulnerar los derechos humanos. Por el contrario, es imposible tener verdadero orden público o garantizar la seguridad de quienes habitan en el país, sin asegurar como mínimo el respeto a sus derechos más básicos.

Se puede justificar la limitación a determinados derechos, como la libertad de expresión o el derecho a reunión, en aras del orden público. Sin embargo, ese límite debe cumplir con un “test” de 3 partes: debe estar establecido por ley, debe tener un propósito legítimo y debe ser demostrablemente necesario y proporcional para el logro de ese propósito. Más aún, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que las restricciones nunca pueden ser tan extensivas como para poner en entredicho el derecho mismo.

Esta fue la preocupación que Amnistía Internacional planteó desde el inicio de la tramitación del proyecto de ley para Fortalecer el Resguardo del Orden Público, conocida luego como “ley Hinzpeter”: que se crearía un delito que podría significar una limitación desproporcionada del derecho de reunión o a la libertad de expresión. Este es un riesgo que existe en cualquier proyecto de ley que intente resguardar el orden público por la vía de penalizar de manera específica delitos cometidos en el contexto de manifestaciones sociales.

Un ejemplo: si la tipificación del delito incluye conductas que ya se encuentran establecidas como delito fuera del contexto de las manifestaciones, es posible caer en una sobre-penalización de la conducta, pudiendo constituir esto en una restricción a los derechos asociados a las manifestaciones, como los ya citados derecho de reunión y libertad de expresión.

Otro ejemplo: si la tipificación del delito no es clara en términos de cuál es la conducta punible, o cómo se considerará que una persona ha participado en su comisión, podría limitarse la esencia misma del derecho a la libertad de expresión y de reunión.

La falta de claridad en el tipo penal – una de las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto del proyecto de ley original – redunda en que resulte difícil para las personas saber si la conducta que están desarrollando es o no constitutiva de delito, lo cual dependerá de la interpretación de las personas encargadas de hacer cumplir la ley: inicialmente Carabineros al momento de la detención, luego Fiscalía y finalmente los jueces. Esto contribuye a limitar efectivamente la posibilidad de las personas de manifestarse pacíficamente sin temor a que sus conductas terminen siendo interpretadas como “desórdenes” y castigadas con años de cárcel.

Puede ser que el anuncio de que se trabajará en un nuevo texto sea positivo, en la medida que recoja estas preocupaciones y no se sobre-penalicen conductas que tengan lugar en el contexto de manifestaciones sociales ni se penalice de ninguna forma conductas que corresponden al ejercicio de derechos humanos.

En este sentido, sería tremendamente positivo que este debate del nuevo texto no se haga –como sucede con frecuencia– sólo entre parlamentarios y parlamentarias de las diferentes bancadas con información que no es dada a conocer públicamente sino hasta que se emite el informe de la Comisión.

Esperamos que esta discusión pueda hacerse de cara a la ciudadanía y con las múltiples organizaciones de la sociedad civil que han estado desde un inicio dando seguimiento al proyecto y manifestando sus preocupaciones.

Es importante además, que la suma urgencia que el gobierno ha dado al proyecto no sea una limitación para que se pueda realizar este debate en profundidad de los nuevos textos propuestos.

Sólo haciendo un debate transparente, teniendo siempre en consideración las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos, será posible concluir seriamente si se necesita o no un proyecto de ley de esta naturaleza y – si lo hubiera – asegurar que no implique una vulneración a los derechos humanos.

Comentarios del artículo: ¿Un nuevo texto para la Ley Hinzpeter? - Publicado: a las 4:35 pm

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 10/12/2012

En el Día de los DDHH: deudas, más que avances

Queda un año de gobierno para el Presidente Piñera, en el que todavía es posible avanzar con medidas que permitan cerrar las brechas que persisten en Chile respecto de las normas de derechos humanos que el Estado de Chile ha aceptado como obligaciones.

En marzo de este año, Amnistía Internacional envió una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera haciendo presentes diversos aspectos en que a juicio de la organización, el Estado de Chile no está garantizando el debido respeto y protección a los derechos humanos en Chile. Hoy, en el Día de Internacional de los Derechos Humanos, resulta oportuno hacer un alto para ver si ha habido avances en los puntos de preocupación planteados en esa carta y en qué materias sigue habiendo deudas.

Lamentablemente, en ese balance las deudas son más que los avances.

Por cierto que han existido algunos avances. Chile ha adoptado una posición de protección a los derechos humanos en diversas materias internacionales, tales como la adopción de un Tratado de Comercio de Armas ante la ONU y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Quizá la deuda más profunda existente en Chile en materia de derechos humanos es la que existe con los pueblos originarios del país. Pese a los anuncios y las críticas, el Decreto 124 que regulaba el derecho a la consulta sigue vigente, y el proceso de consulta propuesto por el gobierno ha sido objeto de diversas críticas tanto por parte de los propios pueblos indígenas.

La Ley Antidiscriminación puede considerarse también como un paso adelante. Si bien no debemos olvidar que esta ley “quedó corta” en diversos aspectos, la entrada en vigencia de la ley N° 20.609 sí constituye un primer paso para dar protección contra la discriminación en Chile. El primer fallo en aplicación de esta ley, relativo al caso de Pamela Zapata y Carla de la Fuente que denunciaron discriminación por parte de un motel de Santiago, demostró cómo ésta puede dar protección efectiva a personas concretas, incorporando en su argumentación no sólo la normativa legal y constitucional interna, sino también la normativa internacional ratificada por Chile en materia de derechos humanos. En refuerzo de este argumento, el fallo citó la intervención de Amnistía Internacional en el Congreso durante la tramitación legislativa (considerando décimo tercero).

Los proyectos de ley sobre acuerdo de vida en pareja (AVP) y para la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos son –posiblemente– pasos adelante. Sin embargo, ambos proyectos dejan una serie de dudas y temas pendientes que hacen que nuevamente sea sólo el primer paso, más que medidas definitivas alineadas con los estándares internacionales.

Lamentablemente, a la hora de enfocarnos en las deudas o temas pendientes destacados en la mencionada carta, la lista parece ser más larga.

Los dos principales instrumentos que permiten una adecuada protección y exigibilidad a nivel internacional de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran aún sin ratificar: a nivel internacional, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, a nivel interamericano, el llamado Protocolo de San Salvador. El primero ni siquiera ha sido enviado al Congreso para su discusión y ratificación, pese a haber sido firmado por Chile en 2009.

En materia legislativa persisten a lo menos dos grandes deudas: la derogación de la Ley de Amnistía y la modificación de las normas de competencia del Código de Justicia Militar.

Si bien el Decreto Ley 2.191, también conocido como “Ley de Amnistía”, no ha sido aplicado recientemente, el hecho que permanezca vigente es inaceptable de cara a los derechos humanos, como lo señaló incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs Chile en 2006.

De la misma forma, se encuentra pendiente la urgente reforma al Código de Justicia Militar, de manera de excluir de su competencia delitos comunes cometidos por las fuerzas armadas y de orden. En la práctica, esto implica que los hechos de violencia cometidos por Carabineros que terminan en muerte o lesiones graves, son llevados ante la justicia militar en lugar de la justicia ordinaria, levantando serias dudas en cuanto a la independencia e imparcialidad de las investigaciones, que usualmente terminan sin sanciones o con sanciones excesivamente bajas para la gravedad de los hechos. En esta materia el Estado de Chile está en incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne vs Chile el año 2005 y el proyecto de ley en tramitación para ello ha tenido escasísimos avances.

Y finalmente, las tres grandes temáticas planteadas como preocupación por Amnistía Internacional en marzo han tenido también nulos avances: la represión de la protesta social y violencia policial, la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la situación de los pueblos indígenas.

En lo relativo a las protestas sociales, éstas han continuado siendo fuertemente reprimidas y en la mayor parte de ellas termina con una gran cantidad de denuncias de violencia policial en diferentes formas, incluyendo violencia sexual contra mujeres y niñas. Ahora, sin ir más lejos tenemos casos más recientes como los vividos en Huasco y Freirina. Desde el gobierno se han emitido algunas declaraciones señalando que serán “implacables” frente a estas denuncias, pero lamentablemente estas declaraciones no se han materializado en medidas concretas, señalando que en esta materia no tienen facultades para intervenir ante el actuar de Carabineros y que éstos tienen la responsabilidad de adoptar las medidas correspondientes, dejando el asunto sin solución posible. El hecho que la Ley de Resguardo del Orden Público –más conocida como “ley Hinzpeter”– continúe en tramitación agrega a la señal que la protesta social es algo esencialmente negativo y que debe reprimirse tanto por vía del actuar policial, como por otros mecanismos legislativos, visualizándose como un elemento de control del orden público pero sin tener debidamente en cuenta la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas.

La situación de los derechos sexuales y reproductivos no ha tenido avance alguno. Tras el rechazo de la idea de legislar de los proyectos de ley que intentaban despenalizar el aborto terapéutico, el asunto quedó completamente detenido y el aborto sigue estando penalizado en todos los casos, incluso cuando una mujer o niña está embarazada a causa de una violación o esté en peligro su vida, lo cual se encuentra en directa contradicción con la Convención de Belem do Pará y con las recomendaciones de diversas instancias internacionales y nos deja entre los poquísimos países en el mundo que se encuentran en esta situación. Incluso recientemente el Comité contra la Tortura concluyó que la penalización de toda forma de aborto en un país constituye una medida que vulnera derechos humanos fundamentales.

Finalmente, quizá la deuda más profunda existente en Chile en materia de derechos humanos es la que existe con los pueblos originarios del país. Pese a los anuncios y las críticas, el Decreto 124 que regulaba el derecho a la consulta sigue vigente, y el proceso de consulta propuesto por el gobierno ha sido objeto de diversas críticas tanto por parte de los propios pueblos indígenas, como también por el Relator Especial de Naciones Unidas en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas. La mayor parte de las recomendaciones del propio Relator en 2004 y 2009 se mantienen incumplidas.

Por otra parte, la situación particular del pueblo mapuche no ha tenido cambios positivos. Las denuncias de violencia policial en allanamientos a comunidades y en la represión de protestas continúan repitiéndose a lo menos una vez al mes, afectando incluso a mujeres embarazadas, niñas y niños. Estas denuncias, por regla general, quedan en completa impunidad. El año 2012 termina con la decisión de la Corte Marcial de eximir de responsabilidad al carabinero que causó la muerte de Jaime Mendoza Collío y la posibilidad de que el carabinero condenado por la muerte de Matías Catrileo se reintegre al servicio activo. Las medidas adoptadas por el gobierno para la Araucanía son de carácter asistencial y de control del orden público, pero en ningún caso se hacen cargo claramente de cómo se pondrá fin a la violencia policial ni a soluciones basadas en los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos indígenas en particular.

Queda un año de gobierno para el Presidente Piñera, en el que todavía es posible avanzar con medidas que permitan cerrar las brechas que persisten en Chile respecto de las normas de derechos humanos que el Estado de Chile ha aceptado como obligaciones. Siendo el próximo año un año eleccionario, marcado por el cumplimiento de 40 años del golpe de Estado en 1973, se abre una oportunidad única de abrir al fin el debate en materia de derechos humanos, revelar las posiciones de todos los involucrados y avanzar en la adopción de medidas que permitan que en Chile se respeten y protejan debidamente los derechos humanos en términos que dé garantías razonables de que las violaciones no se volverán a repetir y si sucedieran, serán sancionadas de acuerdo a la gravedad del acto.

 

Comentarios del artículo: En el Día de los DDHH: deudas, más que avances - Publicado: a las 1:09 pm

Etiquetas: , , , , » Publicado: 09/07/2012

¿Qué significa la Ley Hinzpeter?

El Estado tiene el deber de resguardar el orden público y por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos y, desde este punto de vista, la aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría la vulneración de derechos humanos.

El proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público, usualmente llamada “ley Hinzpeter”, entre otras cosas, modifica el delito de desórdenes. Se ha dicho que busca detener el vandalismo y la violencia ocasionada por encapuchados en las marchas estudiantiles, al igual que los saqueos y las tomas violentas. Se ha dicho que la legislación vigente está obsoleta y esa es la razón por la que quienes causan estos hechos de violencia siguen cometiéndolos sin ser detenidos ni juzgados, y que por ello este proyecto de ley es necesario: para detener la violencia en el contexto de las manifestaciones.

Esta argumentación es discutible desde varios puntos de vista. Aquí nos enfocaremos sólo en uno, que es el que ha hecho presente Amnistía Internacional en la carta enviada a las y los parlamentarios/as: la mirada de los derechos humanos.

Partimos desde el reconocimiento de que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos y, desde este punto de vista, la aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría la vulneración de derechos humanos.

La aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría una protección desproporcionada de la noción de orden público.

De acuerdo al texto propuesto por el gobierno, quien cause “desórdenes” que impidan o alteren la libre circulación de vehículos o personas, podría ser castigado con hasta 3 años de cárcel. El proyecto de ley en ningún momento define el concepto de “desórdenes”.

Es cierto que el orden público es reconocido como límite a la libertad de asociación y de expresión, pero ese límite debe cumplir con un “test” de 3 partes: debe estar establecido por ley, debe tener un propósito legítimo y debe ser demostrablemente necesaria y proporcional para el logro de ese propósito. Más aún, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que las restricciones nunca pueden ser tan extensivas como para poner en entredicho el derecho mismo.

Transformar el ejercicio de derechos humanos en delito es posiblemente una de las maneras más graves y directas de bloquear su ejercicio, lo cual iría en vulneración directa de los tratados de derechos humanos que el propio Estado de Chile ha ratificado.

Cualquier protesta pública, incluso cuando es pacífica, probablemente cause una perturbación a la libre circulación de personas, por la sola naturaleza de la actividad. Quienes protestan están haciendo un uso del espacio público tan legítimo como el de las personas que quieran pasar por ahí. Desde esta perspectiva, el texto pasa a ser sumamente cuestionable: criminalizar cualquier perturbación asociada a este tipo de reuniones que bloquean el tráfico resulta desproporcionado y puede minar la esencia del derecho de reunión en sí mismo.

La aprobación de la “Ley Hinzpeter” significaría que podrían criminalizarse hechos de protesta que no son más que el ejercicio de derechos humanos.

La misma pena de hasta 3 años de cárcel podría aplicarse a conductas tan disímiles como el participar en una marcha pacífica que interrumpa el tránsito o el bloquear el tránsito con violencia; el participar de una toma de un establecimiento o el saquear dicho establecimiento. Llevado al extremo, quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daños a las personas. Incluso, quien en Twitter promueva la participación a una marcha que impida la libre circulación – y sabiendo que lo probable es que cualquier marcha impida la libre circulación – podría cometer delito e incurrir en las mismas penas.

Sin embargo, una marcha pacífica, detener el tránsito con pancartas, manifestarse en la vía pública, promover estos actos en redes sociales, constituyen un ejercicio de derechos humanos. Transformar el ejercicio de derechos humanos en delito es posiblemente una de las maneras más graves y directas de bloquear su ejercicio, lo cual iría en vulneración directa de los tratados de derechos humanos que el propio Estado de Chile ha ratificado, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente, la aprobación de la “Ley Hinzpeter” daría una señal que apunta hacia restringir los derechos a la libertad de expresión y asociación.

Resulta preocupante que la presentación del proyecto “Ley Hinzpeter” viene a coronar una serie de preocupaciones vinculadas con el respeto a los derechos humanos involucrados en la protesta social.

Ya se había manifestado preocupación respecto de las denuncias de violencia policial en Chile, tanto en la disuasión de manifestaciones, como también tras la detención de los manifestantes. Estas denuncias han provenido – en muchos casos – de personas que se estaban manifestando pacíficamente y que han visto en este tipo de conductas un mecanismo que busca coartar su derecho a manifestarse y que han quedado en completa impunidad.

El proyecto de “Ley Hinzpeter” parece apuntar justamente hacia continuar coartando ese derecho. Más aún, la falta de claridad del tipo penal implica que las personas difícilmente podrán saber qué conducta en el contexto de una manifestación será punible y cuál no, pudiendo ello conllevar a limitaciones a la esencia misma del derecho a la libertad de expresión y reunión.

Nuevamente, partimos del reconocimiento de que es necesario mantener el orden público y detener a quienes estén cometiendo hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones, pero una ley como ésta resulta claramente desproporcionada para estos efectos. Para detener a un grupo pequeño de personas cometiendo desmanes, no es necesario ni proporcional, arremeter con el carro lanzaaguas y gases lacrimógenos contra todos quienes están marchando pacíficamente e incluso los vecinos del sector. Para castigar de manera más efectiva a quienes causen desmanes, no es necesario ni proporcional, criminalizar a quienes se manifiestan legítimamente.

No se pueden eliminar los desmanes intentando eliminar por completo las manifestaciones y dejando en la impunidad las denuncias de violencia policial. Hay que detener a la minoría que causa los desmanes, pero dentro del marco del pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas.

Comentarios del artículo: ¿Qué significa la Ley Hinzpeter? - Publicado: a las 11:53 am

Etiquetas: , , » Publicado: 06/06/2012

CIDH no debe perder su autonomía e independencia

En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada los últimos días en Cochabamba, Bolivia, se han debatido temas que pueden afectar directamente la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.

La Asamblea General realizada el año pasado en San Salvador, constituyó un Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estudiar y elaborar propuestas sobre el sistema, en teoría con el fin de lograr su fortalecimiento. El 13 de diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo aprobó un informe final con sus deliberaciones, el que contiene una detallada serie de recomendaciones que buscan influir sobre la CIDH para que realice ciertas modificaciones en cuanto a sus prioridades y sus procesos internos. Este informe final fue aprobado por el Consejo Permanente de la OEA el 25 de enero de 2012.

Muchas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo deben interpretarse como resultado del enfrentamiento que varios de los países de la región mantienen con la CIDH, ya sea debido a casos individuales, por la adopción de medidas cautelares, o por acciones tomadas por entidades dependientes de la CIDH, como por ejemplo la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión. Este enfrentamiento, que continúa hasta el día de hoy, involucra a países tales como Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y, más recientemente, Venezuela.

En preparación para la Asamblea General de Cochabamba, se prepararon diversos proyectos de resolución con observaciones al sistema interamericano de DDHH en diferentes aspectos, incluyendo cambios a textos ya aprobados en periodos de sesiones pasadas, que apuntarían a negar relevancia a la labor de la CIDH, ejercer presión a través de la Asamblea General para que la CIDH implemente las recomendaciones del Grupo de Trabajo y seguir ejerciendo presión sobre la CIDH por el tema financiero, tratando de limitar los recursos de la relatoría sobre libertad de expresión.

En este sentido, organizaciones tales como Amnistía Internacional han realizado diversas acciones con el fin de hacer presente tres puntos centrales.

Primero, que la Asamblea General debe reiterar “la importancia de que los Estados Miembros atribuyen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su función de promoción y protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, como elemento fundamental en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia en el hemisferio”, de acuerdo a lo señalado en el propio informe del Grupo de Trabajo aprobado por el Consejo Permanente. En este sentido, lo normal sería que la Asamblea General reitere el rol fundamental que ha cumplido la CIDH en la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.

Segundo, que se reitere el reconocimiento, también establecido en el informe final del Grupo de Trabajo, de que “la autonomía e independencia de la CIDH […] es un factor esencial para mantener su credibilidad, legitimidad y funcionalidad”. Por lo tanto, debe establecerse con claridad que cualquier recomendación que los Estados de la OEA realicen a la CIDH – como las contenidas en el informe del Grupo de Trabajo – sean hechas siempre dentro del marco de la autonomía e independencia de la CIDH. Esto implica que corresponde a la propia CIDH valorar si es conveniente o no implementarlas, y sólo debe implementar aquellas cuya puesta en práctica tienda a una mejor y mayor promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, y no a debilitarlos.

Segundo, que se reitere el reconocimiento, también establecido en el informe final del Grupo de Trabajo, de que “la autonomía e independencia de la CIDH […] es un factor esencial para mantener su credibilidad, legitimidad y funcionalidad”.

Finalmente, que se tenga en cuenta la importancia de la independencia operacional de la CIDH, y por tanto, de tener un adecuado financiamiento. Muchas de las recomendaciones contenidas en el informe, dignas de consideración, sólo podrían ser implementadas sin detrimento de las labores fundamentales que la CIDH hoy cumple, en la medida que cuente con los recursos financieros necesarios para hacerlo. La existencia de los recursos necesarios es clave para un buen funcionamiento de la CIDH y del sistema interamericano de Derechos Humanos como un todo. Una postura adecuada a la intención de fortalecer el sistema interamericano de Derechos Humanos sería la de incrementar los recursos financieros de todas las reparticiones existentes y que se crearán en el futuro. No sería consistente “nivelar hacia abajo”, con lo cual todas ellas tendrían dificultades para cumplir adecuadamente sus mandatos.

Amnistía Internacional ha hecho presente estas preocupaciones a todos los gobiernos parte de la OEA. En Chile, se hizo llegar una carta al efecto al Ministro de Relaciones Exteriores. Una delegación de Amnistía Internacional, al igual que decenas de otras ONGs y de la sociedad civil ha participado en la Asamblea General.

En los debates actuales y por venir en esta materia, es necesario recordar siempre que una de las razones por las cuales los Estados crearon el sistema interamericano de Derechos Humanos fue para garantizar a su población una instancia superior a la cual acudir cuando no habían obtenido justicia y reparación por violaciones a los derechos humanos en los sistemas de justicia interno, reconociendo los desafíos que existen para garantizar dichos derechos a nivel interno. Los casos en los cuales el Estado de Chile ha sido materia de revisión por parte de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la censura de “La Última Tentación de Cristo”, el caso Palamara Iribarne sobre justicia militar, el caso de Karen Atala, por nombrar algunos), son prueba de ello. Sería lamentable que ahora los mismos Estados “se arrepientan” e incorporen modificaciones que en la práctica implican retroceder en este espíritu inicial del sistema interamericano.

Comentarios del artículo: CIDH no debe perder su autonomía e independencia - Publicado: a las 5:32 pm

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