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  • Alicia Castillo

Alicia Castillo

Directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Las Américas.

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 21/09/2015

Una nueva adopción para nuestra infancia

Todas las políticas públicas y personas que han trabajado el tema de la adopción por décadas están de acuerdo con que las nuevas indicaciones que hace el Ejecutivo al proyecto de Ley de Adopción son, realmente, un contrasentido.

Chile parece que ha perdido el rumbo en materia de protección a la infancia. Con el nuevo proyecto de Ley de Adopción no se entiende cuáles son los móviles que se tienen en vista al momento de legislar.

Todas las políticas públicas y personas que han trabajado el tema por décadas están de acuerdo con que las nuevas indicaciones que hace el  Ejecutivo a este proyecto son, realmente, un contrasentido.

Chile tiene altas tasas de niños institucionalizados que requieren con urgencia una familia que los acoja, que les dé el resguardo y protección en el seno de una nueva, y muchas veces, su primera familia.

Asimismo, las estadísticas muestran que en promedio un niño institucionalizado recorre un tiempo medio de 2 años y 7 meses antes de encontrarle un hogar.

Se ha criticado enormemente la Ley Nº 19.620, actual Ley de Adopción, que creó tres situaciones distintas y/o causales de adopción; sin perjuicio del procedimiento previo de susceptibilidad de adopción que es el realmente contencioso, quedando, un segundo e hipotético procedimiento, el de adopción propiamente tal, el que modifica el Estado Civil de un niño, sólo destinado a buscar a los eventuales padres candidatos para ese niño ya declarado susceptible.

Las críticas a la actual Ley Nº 19.620 no son gratuitas, de hecho ha sido modificada a lo menos en cinco oportunidades. Hoy, a 17 años de haber entrado en vigor (octubre de 1998), y sin siquiera alcanzar su mayoría de edad, se le quieren aplicar nuevas modificaciones sustanciales a la Institucionalidad de la Adopción y que, a criterio transversal, se volvería más engorrosa, lenta y perjudicial al interés superior de los niños, toda vez que el campo de acción que impone la indicación a los Tribunales de Familia para investigar el origen biológico de ese eventual niño a adoptar se extiende hasta el sexto grado de consanguineidad.

Si ya es complicado, farragoso y tremendamente burocrático el poder contar con los parientes más cercanos, como por ejemplo abuelos, imaginemos ahora seguir subiendo en la escala del árbol genealógico de ese niño para “preguntar” o solicitar el consentimiento o parecer de ese lejano pariente, que muchas veces ni siquiera sabe que existe un niño o niña de su sangre.

Sin perjuicio de estos problemas de la vida práctica, se vulnera gravemente la reserva y confidencialidad de esa madre o padre que voluntariamente quiere entregar a su hijo en adopción.

Los plazos que insinúa el proyecto en aras de la permanencia de un niño en un hogar, como los plazos procedimentales propios de la justicia de familia, son realmente una quimera. Establecer que el máximo de permanencia de un niño en un hogar será de seis meses es realmente una falta de realidad en los tiempos de respuestas de las instituciones del Estado (Registro Civil, Policía de Investigaciones, etc.), como de los Tribunales de Familia en su conjunto, dado que estos últimos son los únicos responsables en la investigación de esa familia de origen, investigación que muchas veces no va de la mano con las respuestas de los organismos encargados de entregarlas.

El Estado tiene que hacerse cargo de una realidad, la cual es que los tiempos de espera, de investigación y de respuesta del sistema para un niño institucionalizado son todos plazos vencidos; el Estado ya llegó tarde cuando existe un niño institucionalizado y, la obligación de éste, es aminorar los daños por ese tiempo perdido de la niñez.

Comentarios del artículo: Una nueva adopción para nuestra infancia - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , , , » Publicado: 08/06/2015

El ABC del Acuerdo de Unión Civil

Resulta evidente que el Acuerdo de Unión Civil generará avances para un importante número de parejas. Sin embargo, dependiendo de la situación particular de cada una de ellas, deberá ser analizado en detalle para obtener el mejor beneficio de esta ley.

Frente a la inminente llegada del Acuerdo de Unión Civil (AUC) que comenzará a regir en octubre del presente año, es inevitable que surja la pregunta entre quienes tienen interés en celebrarlo, sobre si es conveniente hacerlo o no.

Es innegable que la evolución del concepto de familia y la visión amplia e inclusiva de la legislación, reconoce a las parejas del mismo sexo, la posibilidad de celebrarlo.

En este caso, presenta múltiples ventajas ya que la calidad de “conviviente civil” que se adquiere luego de la celebración de este contrato les reconoce, entre otros, derechos hereditarios, homologándolos al cónyuge en el caso del matrimonio y que implican, por ejemplo, la posibilidad de contar con una proporción importante de la herencia. Lo mismo ocurre en el caso de los beneficios de salud, pues con esta ley el conviviente civil puede ser carga del otro, lo que antes no era posible.

Hay que tener claro que el AUC es un contrato entre dos personas que comparten hogar y que regula los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común. Quienes lo contraten deben ser mayores de edad y tener la libre administración de sus bienes. Al celebrarlo, los convivientes pueden pactar régimen de comunidad o sustituirlo por la separación de bienes.

La Unión Civil se realiza ante un Oficial del Registro Civil, igual que el matrimonio, pero su ceremonia es más “simple” ya que no requiere de la presencia de testigos. Puede celebrarse entre contrayentes de distinto o del mismo sexo. Es requisito básico que sean mayores de 18 años y que no estén casados al momento de contraer este nuevo vínculo. También su disolución es más simple y menos formal, porque no requiere de trámite judicial.

Entre las ventajas del AUC está el que cada conviviente civil será heredero del otro y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente. También, se estipula que en el caso de fallecer uno de los miembros de la pareja, el otro podrá optar al beneficio de la pensión de sobrevivencia, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ser  soltero, viudo o divorciado, contando con un acuerdo de unión civil vigente en el momento de fallecer.

Un punto importante es lo referido al cuidado de los  hijos. En caso de existir una inhabilidad física o moral en los padres, además de poder ser realizado por los parientes, puede también ser ejercido por “el  conviviente civil del padre o madre”.

Así, los hechos, resulta evidente que el Acuerdo de Unión Civil generará avances para un importante número de parejas. Sin embargo, dependiendo de la situación particular de cada una de ellas, deberá ser analizado en detalle para obtener el mejor beneficio de esta ley.

Comentarios del artículo: El ABC del Acuerdo de Unión Civil - Publicado: a las 7:28 am

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