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  • Alejandro Hurtado de la Fuente

Alejandro Hurtado de la Fuente

Profesor de Derecho Penal. Departamento de Derecho Procesal y Penal. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Central de Chile.

Etiquetas: , , , » Publicado: 29/10/2015

La crisis en torno a la Ley de Responsabilidad Adolescente

Más allá de las interrogantes específicas sobre la situación de la Ley 20.084, me parece que el problema deriva una vez más en la necesidad de una revisión completa del sistema penal en todo lo que involucra a menores de edad, tal como se ha planteado respecto de los adultos.

Hace unos años, cuando todavía ejercía como defensor penal público, viví más de una situación donde la aplicación de sanciones era como para sentarse a la mesa a discutir objetivamente sobre la efectividad de las mismas. Entre muchos casos, recuerdo una experiencia en particular en la que se aplicó la sanción de amonestación verbal, aún operativa en el sistema, que tiene por objeto reprender al menor por sus actos invitándolo a que no continúe cometiendo faltas o delitos penales, tal como lo hace un padre con su hijo. En ese momento, y luego de muchos años, mi pregunta sigue siendo ¿de qué han servido tales regaños?

Resulta urgente una mirada retrospectiva y analítica sobre el presente de la responsabilidad penal adolescente. Nuestra sociedad tiene una tarea pendiente en esta materia.

El ejemplo y la inquietud anterior dan pie para entrar en la pregunta de fondo, ¿la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en la práctica, ha funcionado como se esperaba? La respuesta, por mi parte, es negativa en atención a los muchos casos que puedo rememorar de mi vida profesional como abogado defensor y a la mirada que ofrecen las estadísticas concretas sobre esta materia.

En su momento, la ley 20.084 -que entró en vigencia el año 2007- se proyectaba como un gran y novedoso cambio en la forma en que se intentaría abordar el problema de los menores de edad infractores de la ley. A decir verdad, muchos pensamos que sería un giro positivo en cuanto se presentaba como una efectiva innovación, algo radicalmente distinto al vacío existente hasta esa fecha. Hoy, a casi 10 años de su implementación, un análisis retrospectivo permite concluir que los objetivos de dicho cuerpo legal no se lograron materializar en el tiempo y resulta urgente una refundación del mismo. Sólo basta ver los índices de reincidencia de los menores infractores de ley.

Nada de esto es casualidad y surgen muchas preguntas obvias: ¿a qué se debe?, ¿cuáles son los motivos reales?, ¿se da sólo porque la ley en cuestión es deficiente? Más allá de las interrogantes específicas sobre la situación de la Ley 20.084, me parece que el problema deriva una vez más en la necesidad de una revisión completa del sistema penal en todo lo que involucra a menores de edad, tal como se ha planteado respecto de los adultos.

En su momento, se quiso dar un tratamiento distinto a las situaciones que involucraban a menores de edad en la comisión de delitos, pero -con el correr del tiempo- el sistema penal adolecente se encasilló poco a poco en el extremo de las excesivas garantías. Esta realidad llegó a tal punto que las sanciones y medidas cautelares -en muchos casos- han resultado derechamente absurdas o al menos poco idóneas en relación a los ilícitos cometidos por menores de edad imputables. De tal forma, el sistema, lejos de producir algún efecto resocializador en estos, ha proyectado la imagen de un marco de impunidad funcional a intereses delictivos.

En el afán de mejorar el sistema, otra arista fundamental es la realidad del Servicio Nacional de Menores (Sename) y sus respectivas unidades. La pregunta lógica, en este punto, es si este organismo está cumpliendo debidamente su función y si en la actualidad está condiciones de generar la reinserción social que se espera. Las conclusiones, en función de los antecedentes que existen y la evidente falta de recursos para mantener de buena manera los distintos centros, es desalentadora, más allá de la buena voluntad que pueda existir por parte de los funcionarios.

Además de todo lo ya dicho, no podemos dejar de considerar en este ámbito, lo relativo a la segregación al interior de los centros mencionados, donde -entre otras cosas- conviven menores de edad infractores con quienes no lo son. Dicha situación no es menor, pues genera -sin duda- un resultado perverso, que se traduce en que estos últimos -en muchos casos- aprenden o asimilan conductas no adecuadas, que eventualmente podrían convertirlos en potenciales infractores de ley, como de hecho sucede.

En este contexto, resulta urgente una mirada retrospectiva y analítica sobre el presente de la responsabilidad penal adolescente. Nuestra sociedad tiene una tarea pendiente en esta materia. Es el momento ya de no solo evaluar el sistema penal, sino realizar profundas modificaciones pensando en lo que queremos para las actuales y futuras generaciones de chilenas y chilenos.

Comentarios del artículo: La crisis en torno a la Ley de Responsabilidad Adolescente - Publicado: a las 7:11 am

Etiquetas: , , , , , » Publicado: 27/08/2015

Los debates pendientes de la Ley 20.000

En la tramitación del cambio a la Ley 20.000 resulta preocupante la falta de participación del Ejecutivo. ¿Qué mecanismos de fiscalización se llevarán adelante? o ¿existe una evaluación presupuestaria de lo que significará hacer operativa la nueva ley? son dos preguntas que aún están sin responder.

La actualización de nuestra legislación penal a la realidad que hoy vive el país es una necesidad evidente y la reciente voluntad de modificar la Ley 20.000 es una muestra más de ello. Si bien la discusión específica de esta normativa se viene desarrollando hace ya largo tiempo, y parece existir consenso sobre una reforma, todavía queda un difícil camino que recorrer en cuanto a sus indicaciones y a las muchas implicancias que tendrá la nueva ley.

Hasta el momento, el debate está centrado en aspectos que, si bien son importantes, son específicos, por lo que resulta fundamental enfocarnos en una revisión global de la actual normativa. Esto, más allá de que las modificaciones propuestas apuntan a flexibilizar algunas conductas que muchos estiman como necesarias, tales como la posibilidad de portar en la vía pública un máximo de 10 gramos de cannabis seca; albergar un máximo de seis plantas al interior de un domicilio, cualquiera sea su altura, o guardar al interior de éste la cantidad de 500 gramos de marihuana seca; y, por último, el uso de esta droga como medida terapéutica, quizás una de las propuestas más importantes.

En el contexto de una discusión de fondo, una primera pregunta que cabe hacerse es si existe un análisis objetivo sobre los resultados o impacto que tendrá lo planteado hasta el momento por el proyecto, por cuanto las modificaciones que se buscan concretar son significativas. En este sentido, resulta preocupante la falta de participación del Ejecutivo, pues todo indica que la magnitud de los cambios requiere de una política de Estado en la materia, pues no debemos olvidar que será éste quien fiscalizará el cumplimiento de la ley.

Al respecto, surgen preguntas como ¿qué mecanismos de fiscalización se llevarán adelante para el cumplimiento material efectivo de la nueva normativa? o ¿existe una evaluación presupuestaria de lo que significará hacer operativa la nueva ley? Por esto, su participación es central. Sólo basta tener presente la importancia de la participación del Ejecutivo en materias tales como la despenalización del aborto, la intervención de éste en la redacción del nuevo Código Penal a través de comisiones o el trabajo realizado en su momento en la propia reforma procesal civil.

La discusión desarrollada hasta el momento parece insuficiente, en cuanto es necesario revisar materias como lo relativo a la imposición de penas privativas de libertad, acceso a medidas alternativas, beneficios intrapenitenciarios y políticas de rehabilitación y reinserción social efectivas, entre otros temas.

En relación a las modificaciones específicas propuestas, surge como principal inquietud si la cannabis sativa debe seguir permaneciendo en el círculo de las drogas duras. Si bien este tema no es parte de los puntos aprobados por el Congreso para la discusión final, debiera incluirse si consideramos que una de las principales intervenciones de la ley apunta a la “legalización” para tratamientos médicos o fines terapéuticos de esta droga, lo que -por cierto- no sucede con las demás drogas que se mencionan en dicha lista. Estas situaciones, a mi entender, van de la mano.

Todos los cambios a esta ley están dirigidos básicamente a la regulación del porte y la venta. Existen argumentos que sostienen que esta medida tendría como consecuencia indirecta la disminución del denominado “mercado negro” y la reducción progresiva de las conductas de tráfico, así como también la perpetración de delitos. Por lo mismo, la discusión desarrollada hasta el momento parece insuficiente, en cuanto es necesario revisar materias como lo relativo a la imposición de penas privativas de libertad, acceso a medidas alternativas, beneficios intrapenitenciarios y políticas de rehabilitación y reinserción social efectivas, entre otros temas.

Otro de los aspectos centrales en relación a la modificación del cuerpo legal dice relación con una definición precisa de qué se entiende por tráfico de pequeñas y grandes cantidades, pues la vaguedad actual de la norma deja la aplicación de las respectivas penas sujeta a la completa voluntad del juez. Desde el punto de vista penal, no es sino un conflicto donde no podemos quedar sujetos a criterios subjetivos.

En definitiva, creo que la despenalización de algunas figuras, y en atención a requisitos determinados, podría ser el comienzo de una necesaria regulación general en esta materia. El debate, hasta el momento, se ha manejado en detalles, pero ya es valioso que se haya comenzado a discutir sobre la base de un proyecto concreto, independiente de que el debate real recién comienza.

Comentarios del artículo: Los debates pendientes de la Ley 20.000 - Publicado: a las 8:00 am

Etiquetas: , , , , » Publicado: 28/07/2015

Nuevo Código Penal: El debate que viene

La propuesta –al menos en sus lineamientos generales- resulta tan interesante como sustancial, más allá de las variadas y legitimas interrogantes como ¿qué pasa con los demás mecanismos de control?, ¿sólo basta la creación de un nuevo Código Penal o debemos ir más allá? o ¿no debiese revisarse el sistema penal en su conjunto?

Hace ya un tiempo se viene hablando de una reforma profunda a nuestro Código Penal, iniciativa que sin duda alguna resulta urgente. No es posible que se siga bajo un estatuto que no se adecúa a los tiempos actuales, sin perjuicio de lo cual debemos tener cuidado con los extremos. Ahora, la espera parece haber terminado con la entrega del ante proyecto por la comisión encargada a la ministra de Justicia.

En relación a los principales tópicos de la iniciativa, pareciera que el tenor de las variadas modificaciones que se proponen da cuenta de la voluntad de generar un nuevo Código Penal. Los antecedentes conocidos a la fecha permiten pensar que el avance será importante, más allá de ciertos conflictos que se generarán con nuestro Código Procesal Penal.

Lo anterior se colige de ciertos aspectos a los cuales ha hecho mención la comisión encargada, como -por ejemplo- la disminución de la discrecionalidad judicial al momento de aplicar las penas. Este sensible punto podría implicar un nuevo sistema donde sería la Ley la forma de aplicar la sanción al delito, lo que dejaría un menor margen de interpretación a los jueces. Por otra parte, la propuesta de una nueva ordenación y sistematización del Código resulta fundamental en relación a la aplicación práctica del Derecho, la simplificación de su estudio en las Universidades y el desarrollo de bases para sólidas para la investigación en esta área tan sensible.

Ahora bien, cabe señalar que existen muchísimas otras ideas tremendamente interesantes como -por ejemplo- lo relativo a la ampliación de los supuestos para imputar responsabilidad a las personas jurídicas. Dicha modificación es a mi juicio una de las más relevantes, tomando en consideración la importancia de estas entidades al interior de nuestra sociedad y la pobreza de la normativa que hoy las rige. Basta mencionar, al respecto, las dificultades y limitaciones del sistema expuestas en el transcurso de casos como el de las farmacias, La Polar, el cartel del pollo o Penta-SQM, sólo por nombrar los de mayor connotación social en los últimos años.

No obstante, entre las interrogantes queda lo que ocurrirá con las denominadas medidas de seguridad, que hoy día se vinculan directamente con la internación en establecimientos psiquiátricos o su custodia y tratamiento. Esto, debido a que las medidas propuestas en el proyecto trabajado durante el Gobierno del ex Presidente Piñera eran del todo discutibles, por cuanto se hacía mención -por ejemplo- a la prohibición de acercarse a determinados lugares o personas, a la prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado, a la libertad vigilada e incluso a la incorporación en el registro de huellas genéticas, mecanismos cuya naturaleza entran en evidente conflicto con algunas disposiciones de nuestro actual Código Procesal Penal. Estas situaciones serán -sin duda- objeto de un profundo análisis y, por qué no decirlo, de un acalorado debate.

Como conclusión, me parece que la propuesta –al menos en sus lineamientos generales- resulta tan interesante como sustancial, más allá de las variadas y legitimas interrogantes que de ahora en adelante manifestarán los actores que participan en el sistema. La adecuación del Código Penal a los tiempos actuales es totalmente necesaria. Eso sí, debemos recordar que el derecho penal es el mecanismo de control social más severo, por lo que debe seguir siendo el último de ellos y no el primero en ser utilizado, tal como viene sucediendo hace ya largo rato. Por ahora, surgen como interrogantes iniciales ¿qué pasa con los demás mecanismos de control?, ¿sólo basta la creación de un nuevo Código Penal o debemos ir más allá?, vale decir ¿no debiese revisarse el sistema penal en su conjunto?

Comentarios del artículo: Nuevo Código Penal: El debate que viene - Publicado: a las 7:08 am

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