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Aldo Valle

Rector Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores

Etiquetas: , , , » Publicado: 30/06/2016

Más regulación que reforma

Si no es posible a partir de estos cambios incrementar las oportunidades de elegir entre lo público o lo privado, ni terminar con los incentivos a la mercantilización, si no contribuyen a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones públicas y la gratuidad –como parece ser- será el único eje del nuevo financiamiento público, esta ley no transformará el carácter del actual estado de cosas.

Hasta ahora los ejes que se han dado a conocer del proyecto de ley de reforma a la educación superior responden básicamente a la necesidad de una mayor regulación, pero están lejos de constituir una reforma.  Si la nueva legislación no modifica el carácter del actual sistema en algunos de sus componentes sustantivos no es conceptualmente válido hablar de reforma.

Si no es posible a partir de estos cambios incrementar las oportunidades de elegir entre lo público o lo privado, ni terminar con los incentivos a la mercantilización, si no contribuyen a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones públicas y la gratuidad –como parece ser- será el único eje del nuevo financiamiento público, esta ley no transformará el  carácter del actual estado de cosas. En consecuencia, la decisión en educación seguirá  respondiendo más a una lógica de mercado que a una relación de carácter cívico y de orden público.

La mayoría de los jóvenes y sus familias, no obstante el esfuerzo y el mérito, seguirían en el futuro  sin más alternativa que matricularse en universidades privadas de baja complejidad o dudosa calidad docente y las instituciones públicas, especialmente en regiones, seguirán recibiendo recursos que no les permitirán un desarrollo sustentable frente a un mercado educacional financiado por el propio Estado. Si el gobierno no se propone introducir cambios relevantes en la economía política del sistema de educación superior y sigue habiendo más dinero público disponible para los “emprendimientos educativos” por la vía de instrumentos como el Crédito con Aval del Estado o una gratuidad sin mayores exigencias para las instituciones, la llamada reforma terminará consolidando el mercado educacional, con la diferencia de que en  adelante estará más regulado. Pero esto, queda claro, es algo muy distinto de la reforma que necesita el país para el largo plazo.

Nadie responsablemente puede pedir que estos cambios estructurales se hagan de un día para otro. La gradualidad debe ser la regla en estos procesos, pero la nueva legislación debe contener las definiciones que claramente apunten hacia el diseño de un nuevo sistema de educación superior, que sea más serio y responsable con los intereses nacionales. Lo grave es que tampoco se advierte que la reforma se proponga ni siquiera gradualmente dichos efectos transformadores.  La propuesta que hemos conocido no es convincente porque carece de señales claras acerca de cómo se fortalecerá la educación pública, ni a las universidades regionales,  ni como las universidades serán parte de una política nacional de ciencia y tecnología. Tampoco se aprecia convicción en el sentido que los recursos públicos deben estar destinados exclusivamente a fines públicos, es decir, a proyectos estatales o no estatales, que promuevan principios, valores y virtudes de bien público democráticamente establecidos.

Si bien contiene avances, porque la regulación en si misma lo es, tal como fortalecer la institucionalidad del Estado constituye una necesidad que tiene en general en el proyecto una respuesta adecuada, lo que hemos conocido hasta ahora no es propiamente una reforma, porque se conservarán ciertos componentes estructurales y efectos sociales que no responden a los objetivos nacionales propios de la construcción de una sociedad democrática.

 

Comentarios del artículo: Más regulación que reforma - Publicado: a las 8:00 am

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